junio de 2015

¡Abajo la racista ley dominicana de nacionalidad!
¡Solidaridad obrera haitiano-dominicana!

¡Alto a la expulsión de haitianos
de la República Dominicana!

Policía dominicana reprime dominicanos haitianos que intentaron registrarse para poder evitar la deportación y permanecer (temporalmente) en el país en donde muchos de ellos nacieron. Se ha anunciado el inicio de deportaciones masivas para el 18 de junio al vencer el plazo para la registración. Cientos de miles de personas serán afectados.  (Foto: Nehemías Alvino/Diario Libre)

¡En EE.UU. y en RD: ¡Plenos derechos de ciudadanía para todos!
¡Movilización obrera contra las deportaciones y los ataques racistas!

El siguiente artículo es una versión ampliada del volante del Grupo Internacionalista que fue distribuido en la protesta realizada en Nueva York el 15 de junio, descrita a continuación.

NUEVA YORK, 16 de JUNIO – A partir de esta semana, el gobierno de la República Dominicana pretende iniciar la expulsión en masa de haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana. El desastre humanitario que se aproxima ha sido virtualmente ignorado por la prensa norteamericana e internacional. Sobre la base de una racista ley de nacionalidad, cientos de miles de dominicanos han sido despojados de su ciudadanía y corren el riesgo de ser detenidos en la calle, en sus centros de trabajo o en sus casas en los terriblemente pobres bateyes en que habitan, para ser arrojados al otro lado de la frontera con Haití. Muchos han pasado toda su vida en la República Dominicana, no hablan kreyòl ni tienen parientes en el país vecino. Son ahora oficialmente “apátridas”, despojados de ciudadanía de cualquier país, y no tienen derechos en ningún lugar.

Una protesta de emergencia fue realizada el 15 de junio frente al consulado dominicano en Nueva York. El Grupo Internacionalista, los Clubes Internacionalistas de CUNY y los Class Struggle Education Workers (trabajadores de la educación clasistas) participaron en la protesta llamando a favor de acción obrera contra las deportaciones y los ataques racistas, exigiendo también plenos derechos de ciudadanía para todos los que residen en la República Dominicana. En contra de los racistas defensores de la antihaitiana “dominicanidad”, llamamos por una revolución obrera en toda Quisqueya (Hispaniola). La clave radica en la solidaridad obrera haitiano-dominicana, y ahí donde ésta puede originarse es precisamente la ciudad de Nueva York, donde cientos de miles de inmigrantes dominicanos y haitianos carecen por igual de derechos en virtud de las racistas leyes migratorias norteamericanas.

Además, señalamos que las tensiones entre dominicanos y haitianos son azuzadas por el imperialismo norteamericano. El sistema de importación de trabajadores haitianos para realizar las labores más duras en la República Dominicana, careciendo de derecho alguno, fue iniciado cuando ambos países se encontraban bajo la ocupación norteamericana, que comenzó hace un siglo. Por añadidura, la policía fronteriza dominicana, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (CESFRONT), fue establecida por incitación de Washington en 2006, como parte de su empeño para militarizar las fronteras norteamericanas, y sus elementos han sido entrenados por la Patrulla Fronteriza norteamericana. El año pasado, el vicepresidente de EE.UU., Joe Biden, durante una visita a Santo Domingo, grotescamente alabó la ley dominicana de nacionalidad al decir que constituye un “sólido paso” que daría “una vía hacia la ciudadanía” a la población de ascendencia haitiana, cuando de hecho oficializa la eliminación de su ciudadanía (¡!).

En lugar de apelar a políticos norteamericanos y al gobierno de Obama –que deporta a más de 400 mil personas al año, incluidos miles de haitianos y dominicanos– para que presione a los administradores de su semicolonia dominicana, exigimos el fin inmediato de las deportaciones, la liberación de todos los que se encuentran en las cárceles y campos de concentración migratorios y plenos derechos para todos los inmigrantes en EE.UU. también.

Contingente internacionalista en la protesta frente al Consulado Dominicano en Nueva York, el 15 de junio, para repudiar la racista ley de nacionalidad dominicana y exigir que cesen las deportaciones, tanto en República Dominicana como en Estados Unidos.  (Foto: The Internationalist)

El 17 de junio se cumple el plazo para registrarse en el Programa de Identificación y Documentación de Inmigrantes Haitianos (PIDIH) y en el Programa Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE). Estos dos programas fueron establecidos para implementar la Sentencia TC168-13 del Tribunal Constitucional dominicano y la subsecuente Ley No. 169-14 que decretó que toda persona nacida en la República Dominicana cuyos padres, abuelos, bisabuelos o progenitores previos hayan migrado al país sin documentos desde 1929, serían despojados de su ciudadanía. En la práctica, esta agresión racista se aplicará exclusivamente a los dominicanos de ascendencia haitiana.

En contravención de las normas que en todo el continente americano proveen el derecho a ciudadanía a todos los que nacen en el país (jus soli), la República Dominicana se suma a Chile bajo la dictadura pinochetista al basar la ciudadanía en una “ley de sangre (jus sanguinis), según la cual, ésta no ha de otorgarse a los hijos de los “extranjeros”. Y al excluir a un grupo en particular del otorgamiento de la ciudadanía, la RD e suma también al Tercer Reich alemán, cuyas infames Leyes de Núremberg despojaron de ciudadanía a los judíos. Estas leyes y decretos de estilo nazi “desnacionalizan” a más de medio millón de dominicanos, además de que azuzan la persecución de otro medio millón de inmigrantes nacidos en Haití y que son un componente clave de la fuerza laboral dominicana. Todo defensor de los derechos democráticos debe exigir la inmediata abrogación de la racista ley de nacionalidad de la República Dominicana.

Bajo estas grotescas leyes y decretos, todo “extranjero” que no cuente con los papeles requeridos será objeto de deportación inmediata. No debe caber la menor duda de que el gobierno dominicano está preparándose para deportaciones en masa, en una escala industrial. Ya ha contratado una flota de autobuses capaz de deportar a 2 mil personas diarias. Se ha firmado un acuerdo formal con el Ejército Dominicano para que realice estas tareas, además de establecer instalaciones de detención en la zona fronteriza.

El general que encabeza el departamento de migración anunció que “a partir del jueves” (18 de junio) equipos de esa institución acompañados por miembros del ejército “recorrerán las zonas urbanas con amplia presencia de inmigrantes para detener y deportar a quienes no se hayan registrado en el programa” (El Nacional, 16 de junio). Sus agentes han sido “capacitados” para “detener en la calle a quienes por su apariencia puedan ser extranjeros sin permiso de residencia”. El Nacional añade que aunque unas 250 mil personas se han registrado para legalizar su estatus, sólo unos cuantos cientos han recibido un permiso temporal de residencia, y “muchos de los inmigrantes, especialmente aquellos que han vivido por décadas en República Dominicana, no cuentan con ningún tipo de identificación”, de modo que no pueden inscribirse.¹

Las autoridades dominicanas han realizado expulsiones en masa en el pasado. En 1999, decenas de miles fueron deportados a Haití en apenas dos semanas. Los autobuses recorrían las calles de Santo Domingo, la capital dominicana, para pescar a cualquiera que “parezca haitiano”, incluidos cientos de dominicanos de piel oscura. Aunque las autoridades dominicanas afirman que las deportaciones habían sido suspendidas a lo largo del año pasado, éstas se han incrementado notablemente en el principal puente fronterizo en el norte, alcanzando las 6,700 en los primeros cuatro meses del año, triplicando así la tasa de 2014. Hasta el momento, unos 53 mil dominicanos se han visto despojados de su ciudadanía, y aunque supuestamente esto fue revertido más tarde, aún no reciben credenciales de identidad, de modo que podrían ser detenidos y expulsados.

Entretanto, como siempre ocurre cuando las autoridades dominicanas desencadenan una andanada represiva antihaitiana, se han intensificado el racismo y los brutales ataques, linchamientos y pogromos, contra los haitianos. El 10 de febrero, un haitiano, Henry Claude Jean (conocido como “Tulile”), de 35 años, de oficio lustrador de calzado, fue encontrado colgado de un árbol en el parque Santiago. Un día antes, una pandilla de dominicanos enmascarados que blandían machetes se reunió en Santiago para pisotear y quemar una bandera haitiana, exigiendo deportaciones en masa. Han circulado videos en Internet de un ataque multitudinario realizado el 8 de abril en la ciudad de Moca que expulsó a 300 haitianos. Las imágenes muestran a jóvenes golpeando mujeres, irrumpiendo en hogares y rompiéndolo todo, con la complicidad de la Policía Nacional.

En medio de esta histeria antihaitiana galopante, mientras se aproxima el plazo del 17 de junio, miles de dominicanos indocumentados buscan registrarse, ¡como extranjeros! para evitar ser deportados. Pero aunque largas filas se han formado afuera de las oficinas de registro, sólo unos cuantos han sido admitidos. Ha habido airadas protestas a diario en Santo Domingo, que han sido dispersadas con gas lacrimógeno por la policía. Se aseguró al Sindicato de Trabajadores Cañeros de los Bateyes emitir unos 10 mil permisos para quienes reciben pensiones tras trabajar durante décadas en los campos de caña de azúcar, pero únicamente 2,900 personas han recibido la aprobación, puesto que la mayoría carece incluso de documentos haitianos, y de éstos sólo un pequeño número ha recibido documentos. Entretanto, unas 49 mil personas viven en los bateyes de los ingenios azucareros.

El gobierno de la República Dominicana es tristemente célebre por sus continuos ataques racistas y xenófobos en contra de la población haitiana. Esto se retrotrae a la masacre de “perejil”² de 1937 lanzada por el títere de EE.UU., el generalísimo Rafael Leónidas Trujillo, El Chivo. Más de 30 mil haitianos y dominicanos de piel oscura fueron masacrados entre el 2 y el 8 de octubre de ese año, en lo que en Haití es denominado como “Río Masacre”.³ Trujillo encabezaba a la Guardia Nacional, establecida por las autoridades de ocupación norteamericanas, y el gobierno de EE.UU. efectivamente condonó la masacre incluso al acordar pagar unos miserables 525,000 dólares de indemnización. Pero de los supuestos 30 dólares que correspondían a cada víctima, los sobrevivientes únicamente recibieron dos centavos cada uno. El racista decreto migratorio “Sentencia 168/13” es tan sólo la continuación de estos ataques que tienen como blanco a los dominicanos de ascendencia haitiana, esta vez por medios “legales”.

Durante décadas, los haitianos han provisto fuerza de trabajo muy barata a la burguesía dominicana. No sólo se ocupan de las durísimas labores de corte de caña de azúcar en la zafra, en condiciones cercanas a la esclavitud, sino que los trabajadores haitianos también constituyen el núcleo de la fuerza de trabajo en el sector de la construcción civil en la República Dominicana, incluyendo la construcción del metro de Santo Domingo. Los haitianos, lo mismo que sus hijos nacidos en la República Dominicana, son parte integral de la clase obrera dominicana. Pero debido a la histeria racista azuzada por las autoridades, son constantemente hostigados, perseguidos y atacados. Los bateyes donde viven carecen casi siempre de la más elemental infraestructura de agua potable y electricidad, y ahí son presa fácil para las bandas de linchadores.

Arriba: Sindicato de Trabajadores Cañeros (UTC) se manifiesta frente al cuartel general de la policía en Santo Domingo, el 25 de mayo, para exigir la entrega de documentos. Abajo: aun con documentos haitianos de identidad, la trabajadora cañera jubilada no ha podido obtener los documentos necesarios para evitar la deportación, 15 de junio.  (Fotos: 7dias.com.do)

Ya desde la dictadura trujillista, la política oficial del gobierno ha sido de condenar todo lo haitiano como malo, que deben ser erradicado. La masacre de 1937 desencadenó un proceso de “blanqueamiento” de la población dominicana. Después de que Trujillo fuera asesinado en 1961 (con la complicidad de la CIA, una vez que el gobierno demócrata de Kennedy había llegado a la conclusión de que El Chivo se había convertido en un lastre), EE.UU. invadió al país por segunda vez, en 1965, esta vez bajo el demócrata Lyndon Johnson, para impedir que la República Dominicana “se volviera comunista”. Joaquín Balaguer, quien durante largo tiempo fuera un cercano colaborador de Trujillo, fue instalado como la nueva marioneta dominicana de EE.UU., y las políticas racistas continuaron durante sus siete períodos como presidente.

La actual “desnacionalización” de los dominicanos de ascendencia haitiana ha sido realizada bajo las presidencias de Leonel Fernández y Danilo Medina, ambos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). No obstante, está basada en la ley migratoria de 2004 aprobada bajo el gobierno de Hipólito Mejía del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que clasificaba a los residentes indocumentados como “en tránsito”. Cuando una de los afectados, Juliana Deguis Pierre, presentó una apelación judicial, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia el 23 de septiembre de 2013 a favor de la ley racista, y la hizo retroactiva para que se aplicara a quienquiera cuyos ancestros hubieran ingresado a la República Dominicana en los últimos 84 años (¡!). Cientos de miles de dominicanos fueron así declarados “en tránsito”, aunque hubieran nacido y vivido en la RD toda su vida.

De la ley migratoria de 2004 en adelante, estamos presenciando una verdadera “limpieza étnica en el Caribe”, como lo expresó en el título de un artículo⁴ Sonia Pierre, la difunta presidente del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA). Aunque no fuera nada radical (fue galardonada dos veces por el gobierno imperialista de EE.UU.), la dirigente del MUDH recibió constantes amenazas de muerte por su defensa de dominicanos de origen haitiana. Pierre murió en diciembre de 2011 de un infarto debido a la hipertensión en medio de una feroz campaña de odio y persecución en su contra orquestado por el gobierno, medios de comunicación y sectores empresariales. El mundialmente famoso escritor dominicano Junot Díaz también ha sido satanizado y tildado de “traidor” por repudiar la infame Sentencia 168/13.

Mientras los partidos gobernantes burgueses de la República Dominicana, la policía y el ejército están metidos hasta el cuello en la racista persecución de dominicanos de origen haitiano, la izquierda y el movimiento obrero dominicanos han hecho poco o nada para combatirla. El Partido de los Trabajadores Dominicanos criticó suavemente la sentencia de 2013, pero no apoya el derecho de los dominicanos de ascendencia haitiana a la ciudadanía. Además, participa en un bloque electoral con el PLD. Narciso Isa Conde, dirigente de Izquierda Revolucionaria (remanente del antiguo Partido Comunista Dominicano), emitió un pronunciamiento en contra de las leyes excluyentes, pero la mayor parte de la izquierda ha estado vergonzosamente ausente de la lucha contra este ataque virulentamente racista contra el sector más vulnerable de los trabajadores dominicanos.

Aunque debilitados, hay aún varias federaciones sindicales en la República Dominicana (CASC, CNTD, CNUS), que aunque ocasionalmente convocan huelgas nacionales contra la política económica del gobierno del PLD, no se han unido a los trabajadores dominicanos de ascendencia haitiana de la Unión de Trabajadores Cañeros de los Bateyes (UTC). Cuando la UTC se ha manifestado para exigir seguro médico, para extender e incrementar las pensiones y ahora para obtener documentos legales, lo ha hecho sola. El Movimiento de Trabajadores Independientes (MTI) se ha manifestado a favor de los derechos para los dominicanos de origen haitiano, pero el Primero de Mayo, el día internacional de la clase obrera, y en reciente notas acerca de una posible huelga general, este asunto candente no fue mencionado. Eventuales acciones de solidaridad de los sindicatos dominicanos contra las deportaciones en masa en Haití generarían una tormenta política en el país, pero el programa internacionalista que hace falta para librar la combativa lucha de clases que se necesita es anatema para los actuales falsos dirigentes procapitalistas del movimiento obrero.

El clamor internacional en contra de la xenófoba “Sentencia 168/13” ha sido muy fuerte, incluso entre organizaciones imperialistas como las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y “organizaciones no gubernamentales” proimperialistas como Amnistía Internacional. Esto, por supuesto, no tendrá ningún efecto. El imperialismo norteamericano está tan preocupado por el espectro de un éxodo masivo desde Haití (cuya pobreza es resultado directo de la política norteamericana, dese al destrucción del cultivo de arroz hasta la superexplotación de los trabajadores haitianos en los talleres de constura) que ha destacado permanentemente a la Guardia Costera para que impida que “balseros” escapen, además de mantener a Haití bajo la ocupación de las tropas mercenarias de la ONU (la MINUSTAH) desde 2004 y de haber invadido al país tras el terremoto de 2010 para impedir disturbios.

Después de que el tribunal dominicano emitiera su sentencia, hubo varias protestas en Nueva York en 2013 para exigir que ésta fuera revertida. En 2008, el Grupo Internacionalista ayudó a iniciar y organizar una manifestación para reunir a izquierdistas y activistas sindicales dominicanos, haitianos y norteamericanos para protestar contra el racista trato que reciben los haitianos el al República Dominicana. Tales protestas, sin embargo, no son suficientes.⁵ Lo que hace falta es un programa de lucha de clases que busque movilizar el poder de la clase obrera en ambas mitades de la isla de Quisqueya en defensa de los haitianos y de sus hijos, así como aquí en Nueva York, donde viven más de 100 mil haitianos y más de 600 mil dominicanos.

La “Sentencia 168/13”, la ley de nacionalidad de 2004 y todas las demás, no son más que trozos de papel que pueden triturarse. Lo que se requiere es una clase obrera con conciencia de clase que luche contra el veneno chovinista del nacionalismo. El Grupo Internacionalista y la Liga por la IV Internacional proclaman, como se dice en el Manifiesto Comunista, que los trabajadores no tienen patria. Hacemos un llamado a la unidad en lucha de los trabajadores haitianos, dominicanos y norteamericanos en contra del capitalismo y sus racistas gobernantes.

¡Alto a las expulsiones de haitianos de la República Dominicana!

¡Defender a los haitianos en la República Dominicana contra la violencia y la persecución!

¡Abajo las racistas leyes antihaitianas de la RD!

¡Abajo los intentos de privar de derechos a los dominicanos de origen haitiano!

¡Plenos derechos de ciudadanía para todos los que residen en República Dominicana … y en EE.UU.!