AMLO abroga la
contrarreforma educativa,
insiste en el dictado
del estado capitalista

El presente artículo se distribuyó como como suplemento de El Internacionalista en Oaxaca y la Ciudad de México durante las movilizaciones magisteriales desde principios del año. Extractos fueron publicados en Revolución Permanente n° 9, mayo de 2019.

Once días después de su toma de posesión como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador firmó una iniciativa de ley para cancelar la contrarreforma educativa impuesta en 2013, por el entonces cogobierno del Pacto por México (PRI, PAN y PRD) encabezado por Enrique Peña Nieto. Al firmar la iniciativa, AMLO remató: “Compromiso cumplido, maestras y maestros de México”. Muchos docentes estaban llenos de alegría. Pero su proyecto de reforma no ha puesto fin a la arremetida capitalista contra la educación pública, ni a la necesidad de una lucha clasista para derrotarla. El presidente populista insiste: “El estado tampoco renuncia a ser el rector de la política educativa” (Proceso, 12 de diciembre). Al mismo tiempo, quiere reintegrar a la disidencia magisterial en el corporativista Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sometiéndola así a la batuta del estado burgués.

De ser aprobada, la iniciativa de ley que el gobierno de AMLO ha entregado a la Cámara de Diputados eliminaría al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE). Sin embargo, crearía en su lugar un “Instituto Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación”. En la conferencia en la que AMLO anunció su iniciativa de ley, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, afirmó que se realizará un censo de los cerca de mil profesores que, estima, fueron despedidos durante la pasada administración por motivo de la “reforma” para su reinstalación. El nuevo gobierno promete también convertir en obligatoria la educación superior, abrir un centenar de universidades públicas en todo el país y garantizar becas para unos 300 mil estudiantes universitarios.

Asimismo, el 21 de diciembre se anunció la excarcelación diez mentores oaxaqueños de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), encarcelados por su oposición a la contrarreforma educativa, conforme a la promesa de campaña de liberar una serie de “presos políticos”. Una semana más tarde se anunció la liberación del profesor Lauro Atilano Grijalva Villalobos y de los activistas Leonel Manzano Sosa, Sara Altamirano Ramos y Damián Gallardo Martínez que fueron apresados en mayo de 2013 en medio de la represión peñanetista a la resistencia magisterial de Oaxaca. La Sección XXII había exigido su libertad en una campaña continua. Y el 18 de diciembre López Obrador encabezó la reapertura de la Escuela Normal Rural en El Mexe, Hidalgo, clausurada luego de que en 2000 decenas de policías fueron capturados cuan-do intentaron reprimir a los estudiantes izquierdistas.

Las medidas están contenidas en un proyecto de enmienda constitucional principalmente al artículo 3° de la Constitución Política de México que entraña la anulación de gran parte de las enmiendas de 2013 que encaminaron la nefasta “reforma educativa”. Para que se vuelva ley, se requiere el voto favorable de las dos terceras partes los legisladores presentes en ambas cámaras del Congreso de la Unión además de la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales. Aun siendo mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes, la coalición del populista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de López Obrador, el ultrareaccionario Partido Encuentro Social (PES) y el palero Partido del Trabajo (PT), carece del apoyo parlamentario necesario para promulgar las nuevas leyes sin el apoyo de sectores de otras fuerzas políticas.

Si al final de este proceso es aprobada la abrogación de la “reforma” que buscó privatizar la educación pública y aniquilar al sindicalismo magisterial que se rebeló contra el corporativista SNTE, significaría que la lucha encarnizada y hasta heroica de los profesores de la CNTE en Oaxaca, Chiapas y Guerrero habría resultado en una victoria. La Coordinadora ha declarado que no se trata de una “concesión” de AMLO, o sea un regalo, sino el producto del combate de la CNTE, lo que es cierto. Pero sí es una concesión al magisterio disidente, y subraya la necesidad de una movilización de clase de los trabajado-res de la educación independiente de todos los partidos y políticos burgueses, incluso de Morena, y en contra del control por el estado capitalista de la educación pública y del sindicalismo magisterial que busca la reforma educativa de AMLO.

Es necesario, además, dejar bien en claro que, con todas sus promesas de defender la educación pública de calidad y de atender a los sectores necesitados del país, López Obrador llegó la presidencia con la promesa a los patrones capitalistas de recuperar la “paz social” perdida durante los últimos dos sexenios. Más allá del componente militar de la guerra contra el “narco”, AMLO pretende pacificar el “frente civil” de la lucha de clases ganando el favor del que fue el principal sector de la clase obrera que resistió con firmeza el asedio antieducativo de Calderón y Peña Nieto. La política de AMLO debe verse, entonces, como parte de una tregua que la clase dominante burguesa necesita para concentrar sus esfuerzos en otros ámbitos.

Adicionalmente, un objetivo principal del gobierno populista burgués de López Obrador consiste en fortalecer los mecanismos de control social que los capitalistas nacionales y sus amos imperialistas requieren para que sus negocios funcionen con fluidez. AMLO pretende ganar el favor del magisterio tradicionalmente disidente y combativo para llevarlo de vuelta al aparato corporativista del SNTE con cuya cúpula, y particularmente con la defenestrada Elba Esther Gordillo, selló una importante alianza electoral. De hecho, el SNTE charro ha sido fundamental para la imposición de todas y cada una de las medidas antieducativas y de persecución de los maestros disidentes desde su formación misma, no como un genuino sindicato de trabajadores, sino como un aparato policíaco de control sobre los maestros.

Incluso cuando Peña Nieto ordenó asestar un charrazo en contra de la charra Gordillo, su objetivo no fue jamás atacar al SNTE, sino apretar las tuercas del sistema de control heredado del viejo priato. Ante el fracaso evidente del anterior presidente de imponerlo por la fuerza, López Obrador busca subordinar a la CNTE con métodos persuasivos más sutiles. Éste se propone eliminar la “reforma” educativa privatizadora y remplazar el hostiga-miento al magisterio independiente con una “valoración positiva del esfuerzo que realizan los docentes en las aulas”. Pero su “nuevo modelo educativo que garantice el desarrollo con equidad” –con toda su retórica ensalzando la educación indígena, sobre la importancia de la enseñanza de civismo y que el “pueblo conozca sus derechos”– tiene el propósito de adiestrar mejor una nueva generación de esclavos asalariados

En la presentación de los resolutivos del Primer Congreso Político Educativo de la CNTE, celebrado en-tre el 26 y 28 de octubre pasado, se habla de construir “un Proyecto de Educación Alternativa que retoma como principios un carácter revolucionario, democrático y clasista, gratuito, público y equitativo … con el propósito de construir una educación emancipadora que sirva a la clase explotada para su liberación”. Esto requiere una lucha revolucionaria en contra de la burguesía entera, incluso contra el régimen populista de Morena. El nuevo gobierno de AMLO, aún si ahora vela las armas, guarda los garrotes y ofrece más zanahoria, es también enemigo de los derechos de los trabajadores, y si auspicia la educación pública como elemento de su “cuarta transformación del país”, lo hace para auspiciar la viabilidad del capitalismo mexicano.

En la lucha de clases, como en todo combate, es preciso saber quiénes son sus amigos, y quiénes sus enemigos. Para los combativos maestros de la CNTE, que anhelan una “educación emancipadora” que sirva a la liberación de los explotados, para pertrecharse para librar las batallas que enfrentan urge tener una valoración adecuada del carácter burgués del nuevo gobierno. Si la retórica, el personal y algunas de las políticas han cambiado, la estructura, los fines y la naturaleza de clase de la máquina de dominación siguen siendo los mismos. Atañe a los marxistas revolucionarios señalar que la educación sólo podrá servir a los intereses de los explotados y oprimidos cuando se arrebate su control a la burguesía. Lograr esto exige una revolución obrera que se extienda internacionalmente.

Lustros de ataques contra el magisterio y la educación

La contrarreforma educativa de Peña Nieto elevó a rango constitucional una ofensiva de larga data en contra de la educación pública en general, y de los trabajadores de la educación en particular. Esta ofensiva a favor de un sistema educativo “guiado por el mercado” ha sido orquestada por los institutos financieros imperialistas, como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) el Fondo Monetario Mundial (FMI) y el Banco Mundial (BM). Denunciamos en su momento como un contrato del BM para un préstamo de US$180 millones exigiendo “generar recursos adicionales, mediante cuotas” fue el detonante de la huelga de la Universidad Nacional en 1999-2000 (ver “Maquilización de la Universidad”, El Internacionalista, marzo de 2000). Con su huelga de diez meses y el apoyo de sectores obreros importantes, aguantando más de mil arrestos, los estudiantes ganaron la batalla y la UNAM sigue sin cuotas.

Las modificaciones al Artículo 3º de la Constitución aprobadas en febrero de 2013 por la alianza entre el PRI, PAN y PRD establecieron lo que algunos expertos calificaron como un “régimen laboral de excepción” para los docentes en el país. Para la contratación de nuevos profe-sores, la contrarreforma consolidó el esquema privatizador que ya había sido introducido por el presidente panista Felipe Calderón en alianza con Gordillo y su SNTE mediante su “Alianza por la Calidad Educativa” (en realidad, una alianza burguesa contra la educación). En ese entonces escribimos:

“La primera intención del plan Gordillo-Calderón consiste en que todas las plazas disponibles estén sujetas a concurso. Esto significa que los maestros tendrían que competir entre sí para quedarse con uno de los cada vez menos puestos de trabajo. ¿Sobre la base de qué criterios se evaluaría a un profesor como apto o no apto? ¿Qué estándares de ‘calidad’ educativa estarían en juego? Ciertamente, lo decisivo en las evaluaciones a que serán sometidos los maestros para su supuesta ‘profesionalización’, no serán cuestiones pedagógicas, sino políticas. Como ya ha quedado claro, los maestros premiados serán los que cumplan a pie juntillas con los dictados de las autoridades escolares y los del SNTE corporativista. Los demás serán despedidos y, si acaso, podrán ‘concursar’ por una plaza que no ganarán.”

–“ACE = Alianza Contra la Educación pública: ¡Apoyar a los maestros de Morelos en huelga!” (suplemento de El Internacionalista, octubre de 2008)

La contrarreforma de Peña Nieto fortaleció los mecanismos punitivos para el despido de mentores inconformes. En particular, impuso el uso de pruebas estandarizadas para la evaluación del desempeño docente y otorgó al infame Instituto Nacional para la Evaluación Educativa amplios poderes para despedir maestros. En los estados donde la disidencia magisterial de la CNTE es significativa, incluso utilizaron la Policía Federal para llevar en helicópteros artillados a los maestros a los sitios donde se realizaban estos exámenes magisteriales, como en el caso de Michoacán en 2015. Otro elemento de estas “evaluaciones” punitivas fue el utilizar las marcas de sus alumnos en semejantes pruebas estandardizadas: bajas marcas indicarían “mal desempeño” docente, sin consideración del quebranto económico y social que agobia a los estudiantes y sus familias.

A escala nacional, una campaña mediática presentó durante años a los maestros como los principales responsables del “rezago” educativo. Un ejército de “comentadores” sostuvo que habría que “recuperar” la gestión de la educación supuestamente secuestrada por los docentes. La campaña combinaba anuncios televisivos de Mexicanos Primero de Claudio X. González y de Fundación Televisa con películas fantasmagóricas como El panzazo denunciando profesores “perezosos” y “corruptos” que no sólo no darían clases, sino que incurrirían en la “venta y herencia de plazas”. La campaña presentaba al sindicalismo magisterial como el obstáculo a eliminar, pero siempre cuidándose de distinguir a los “malos” de la CNTE de los “buenos” del SNTE, supuestos campeones de la “modernización educativa”.

La contrarreforma educativa acompañaba las otras “reformas estructurales” capitalistas dictadas por los “científicos” neoliberales, a semejanza de los últimos años del porfiriato. No sólo querían convertir la educación pública en una fuente de ganancias, sino que en nombre de la “calidad” querían hacerla más elitista, dificultando aún más el acceso y permanencia de los hijos de los pobres del campo y la ciudad. Así la ofensiva en contra de la educación indígena, que buscaba concentrar las escuelas primarias en los cascos urbanos (lo que entrañaría la muerte de muchos poblados rurales), fue de la mano con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que arruinó a millones de campesinos (considerados “inútiles” por los paladines de la “ventaja comparativa” y la ganancia máxima), y despobló al campo en gran parte del nordeste de México.

En Oaxaca, Guerrero y Chiapas, la lucha de los maestros de la CNTE y los padres de familia que los apoya-ron, sobre todo de las zonas indígenas, llegó a niveles inusitados, a lo que el gobierno peñanetista respondió con una represión sin cuartel. Junto con la militarización del país made in USA, la campaña burguesa en contra del magisterio cobró un saldo sangriento que no puede olvidarse. Desde el brutal desalojo el 14 de septiembre de 2013 del plantón docente en el Zócalo de la Ciudad de México hasta la masacre del 19 de junio de 2016 en Nochixtlán, pasando por el asesinato, secuestro y “desaparición” de los normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, la patronal y su gobierno no tuvieron empacho en recurrir a la más feroz represión. Como escribimos después de la masacre de Iguala y de la desaparición de los 43 normalistas:

“Cualquiera que sea el motivo inmediato que desencadenó el baño de sangre de Iguala, la razón fundamental de la masacre es la satanización de los combativos estudiantes y el empeño de los gobiernos de todas las siglas de cerrar las escuelas normales rurales. Esto forma parte de la ofensiva privatizadora de la educación pública ordenada por Washington y las instituciones financieras mundiales.”

–“Masacre en Iguala exige movilización y revolución obrera”, suplemento de El Internacionalista, octubre de 2014

Pero los mentores resistieron con ahínco. Movilizados, realizaron huelgas, bloqueos en contra de la nefasta evaluación, así como acciones para intersecar otros gremios bajo ataque. En junio de 2015, decenas de mentores fueron arrestados por participar en el boicot electoral en Guerrero y Oaxaca para protestar contra el crimen contra los normalistas de Ayotzinapa y la reforma privatizadora de la educación. Un año más tarde, los huelguistas magisteriales cortaron las carreteras de Oaxaca con al menos 37 barricadas, en efecto aislando el estado entero. Como represalia, Peña Nieto mandó la Policía Federal para romper la huelga magisterial. Llevaron a cabo el horripilante Domingo Sangriento de Nochixtlán, dejando un saldo de once muertos y más de un centenar de heridos. No obstante, hubo resistencia en cada pueblo hasta que arribaron a la capital oaxaqueña. Pero ni siquiera esto logró hacer que los maestros desistieran de la lucha.

“Reconciliación” corporativista

Tras el triunfo electoral del primero de julio, López Obrador anunció la realización de “foros educativos” en todo el país para “escuchar a los maestros” y delinear los objetivos de la reforma educativa del nuevo gobierno. Un aspecto notable de dichos foros es que tuvieron el propósito expreso de “reconciliar” a los profesores de la CNTE con el corporativista SNTE. Desde febrero, AMLO había forjado una alianza con Elba Esther Gordillo, la antigua jefa del “sindicato” que pasó prácticamente todo el sexenio de Peña Nieto encarcelada en la torre médica del Reclusorio Sur. ¹

A pesar de los desencuentros previos entre AMLO y Elba Esther (sobre todo por el apoyo de ésta a la campaña electoral de Felipe Calderón en 2006), queda claro que estos personajes llegaron al entendimiento mutuo de que, de resultar electo, AMLO no obstaculizaría el regreso de Gordillo a la secretaría general del SNTE. Como comprendieron muy bien Fox y Calderón, los caudillos corporativistas y las estructuras que controlan son esenciales para mantener la “pax capitalista” que requiere tanto la burguesía de este país semicolonial como sus amos imperialistas. López Obrador necesita al SNTE para implementar su plan de “pacificación”, y por ello requiere que la CNTE deje de disputar espacios al gremio charro. Así busca una “reconciliación” en la que la CNTE vuelva a integrarse al SNTE en el marco de la integración al aparato estatal burgués.

Este empeño del nuevo gobierno no pasó inadvertido a los maestros de la CNTE. Cuando el 7 de octubre pasado un “foro educativo” realizado en Acapulco bajo la batuta de Moctezuma Barragán incluyó únicamente a los charros del SNTE, miembros de la CETEG (la instancia guerrerense de la CNTE) intentaron tomar la palabra. Los enardecidos charros se los impidieron, lanzándoles botellas de agua y sillas. Tras la trifulca el foro fue cancelado. Ante esta experiencia, la Sección XXII advirtió a Moctezuma Barragán: “No vamos a permitir que entren los charros del Sindicato Nacional [SNTE], mucho menos gente de Elba Esther Gordillo, gente espuria del SITEM [Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México], de la Sección 59 [rompehuelgas del SNTE en Oaxaca], etc.” (El Universal, 16 de octubre).

El SNTE charro de Elba Esther Gordillo (y de los delfines que asumieron el cargo tras su defenestración) es uno de los baluartes del viejo sistema de control social corporativista que permitió al régimen del PRI-gobierno mantenerse en el poder durante siete décadas –y que aún hoy es instrumental para obstaculizar la movilización de los trabajadores contra la arremetida patronal. En México, los “sindicatos” corporativistas culminaron su integración al aparato estatal burgués al terminar la Segunda Guerra Mundial, cuando mediante los charrazos auspiciados por la policía y el ejército, el gobierno mexicano expulsó a los militantes izquierdistas e impuso a cuadrillas de golpeadores y rompehuelgas en las direcciones. No se trata de algo abstracto. La corporativizacion de los sindicatos implicó su transformación en órganos del esta-do capitalista. Los gremios pasaron a ser policías laborales. Elba Esther Gordillo es directamente responsable del asesinato de decenas de profesores izquierdistas que pelearon contra el control estatal sobre el magisterio. Ella, junto con Ramón Martínez Martín, cuando fungía como secretaria de Trabajo y Conflictos de Educación Preescolar de la Sección 36 del gremio corporativista en la zona oriente del Valle de México, contrató a los policías judiciales que asesinaron al profesor Misael Núñez Acosta. Como escribimos en nuestro artículo “¡Alerta! Charrazo contra la charra Gordillo busca aniquilar la resistencia magisterial” (Revolución Permanente No. 2, mayo de 2013):

“Al crimen contra Misael Núñez siguió el asesinato de más de 150 maestros en las dos décadas siguien-tes por encomienda de Gordillo en contubernio con el gobierno y el partido que hoy la han desechado y encarcelado. La responsabilidad de Gordillo por el asesinato de maestros se extiende hasta la actualidad. A finales de las luchas convulsivas en Oaxaca lideradas por la disidente Sección XXII del SNTE, afiliada a la CNTE, Gordillo montó una Sección 59 que consiste de esquiroles y asesinos a sueldo para ayudar al gobierno de Vicente Fox (del PAN) a combatir a la XXII. En los años subsiguientes escuadrones de la muerte de esta “Sección 59” han matado una y otra vez a mentores de la CNTE.”

Mientras AMLO se las arregla para entenderse con los corporativistas del SNTE, su proyecto de abrogar la “reforma educativa” es una movida para lograr una componenda con la disidencia magisterial. Lo prueba el hecho de que esta iniciativa está en flagrante contradicción con su postura previa con respecto a las luchas de la CNTE. Durante la huelga de 2016, en una entrevista radiofónica, López Obrador “puntualizó que respeta ‘el punto de vista de los maestros’ de la CNTE, pero que él no considera que se deba derogar la reforma educativa, sino revisarse” (El Universal, 14 de julio de 2016). Agregó: “Nosotros no queremos construir el nuevo México a partir de escombros, tiene que haber autoridad y tenemos que llegar a 2018 con estabilidad, con paz social… si se le vence por completo a Peña Nieto, pues no va a haber estabilidad, no va a haber gobierno”.

También debe llamar la atención de los educadores el que prácticamente nada de esta “reforma educativa” de López Obrador figura en las 461 páginas de su Proyecto de Nación, 2018-2024, editado en noviembre de 2017. De hecho, lejos de insistir en el carácter público de la educación hace toda una valoración positiva de “las instituciones de educación superior particulares que han alcanzado altos estándares de desempeño”, incluyendo explícitamente a las instituciones privadas “con fines o sin fines lucrativos”. Pero si esto no fuera suficiente para convencer que la oposición de AMLO a la “reforma educativa” privatizadora es sólo táctica, basta revisar las trayectorias de varios de los elementos clave del gabinete de AMLO.

• Marcelo Ebrard, su canciller, fue como jefe de gobierno del Distrito Federal el principal instigador de un ataque sostenido en contra de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) en 2012. Tras haber colocado a su personera como rectora, la infame Esther Orozco, Ebrard se proponía imponer restricciones al ingreso y la permanencia en esta universidad pública de reciente creación. Esto desembocó en una huelga estudiantil que concluyó con la destitución de la rectora de Ebrard.
• Juan Ramón de la Fuente, quien fungirá como el em-bajador de México ante la ONU, fue instalado como rector de la UNAM en 1999 a instancias del gobierno zedillista con el encargo de reprimir la huelga estudiantil en curso en contra de la imposición de cuotas. De la Fuente solicitó la entrada de la flamante Policía Federal Preventiva a las instalaciones universitarias el 6 de febrero de 2000 para capturar al pleno del Consejo General de Huelga, resultando en el arresto de 600 estudiantes. Con todo, los huelguistas de la UNAM, que contaron con el respaldo efectivo de varios sectores sindicales independientes, especialmente los electricistas del SME y los trabajadores universitarios del STUNAM y el SITUAM, lograron derrotar esta arremetida privatizadora contra la más grande universidad pública de América Latina.
• El propio titular de la Secretaría de Educción Pública, Esteban Moctezuma Barragán, ha sido durante años el “intelectual” a sueldo más prominente de Ricardo Salinas Pliego, dueño de Televisión Azteca. Moctezuma fue jefe de la Fundación Azteca, triste-mente célebre por el desvió de dinero público para el financiamiento de las “actividades educativas” de su fundación privada. Más aún, fue Moctezuma Barragán el secretario de gobernación durante el primer año del gobierno de Ernesto Zedillo, y en esa capacidad fue el principal responsable de la política represiva en contra de los zapatistas en Chiapas.

Los asesores de López Obrador incluyen al “experto” en evaluación educativa Gilberto Guevara Niebla, ex izquierdista que formó parte de la dirección del movimiento estudiantil de 1968 y luego fungió como subsecretario de educación básica durante el gobierno de Car-los Salinas de Gortari. En esa posición, su principal aliada fue la dirigente charra Gordillo, instalada por Salinas como jefa del SNTE en el sótano de Los Pinos. Otro de los hombres clave del nuevo gobierno es el asesor jurídico Julio Scherer Ibarra (hijo del difunto director de la revista Proceso), que acompañó a AMLO y Moctezuma Barragan en la presentación del proyecto de reforma constitucional. Scherer, quien tuvo una larga trayectoria dentro del PRI, incluso como secretario privado del presidente del tricolor, es otro allegado de La Maestra.

Sobre todo, hay que tener presente el que Andrés Manuel López Obrador es un político burgués, y que comenzó su carrera en el Partido Revolucionario Institucional cuando todavía era el “partido de estado”, el eje del sistema de gobierno unipartidista que rigió México durante siete décadas. A partir de los años 1980, las políticas privatizadoras impuestos por el imperialismo redujeron drásticamente los recursos derivados de una economía capitalista altamente estatizada. Ese dinero constituyó la grasa que hizo funcionar el sistema corporativista que sometió a todos los sectores de la sociedad a un férreo control estatal. Pero mientras ese régimen bonapartista se desmoronaba, los mandatarios del PAN, PRD y PRI (nueva época) del esquema semibonapartista de la “alternancia” no podían prescindir del corporativismo en el ámbito laboral. A todas luces, AMLO busca resucitar elementos de ese sistema caduco para restablecer la autoridad del estado.

Entonces, cuando el nuevo presidente insiste en que el estado debe mantener el papel “rector de la política educativa” no es una cuestión secundaria. Cuando su proyecto de reforma al artículo 3ro. de la Constitución dice, “El Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República” –aunque asegura que “estimará la opinión” de los “diversos acto-res involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia”–, eso significa que será el estado capitalista el que decida. Los marxistas siempre han sido entre los primeros y más consecuentes defensores de la educación pública. Pero mientras El Manifiesto Comunista abogó por la “Educación pública y gratuita de todos los niños”, también habló de “sustraer la educación a la influencia de la clase dominante”. Luego en la Crítica al Programa de Gotha (1875), Karl Marx es aún más explícito:

“Eso de ‘educación popular a cargo del Estado’ es absolutamente inadmisible. ¡Una cosa es determinar, por medio de una ley general, los recursos de las escuelas públicas, las condiciones de capacidad del personal docente, las materias de enseñanza, etc., … y otra cosa completamente distinta es nombrar al Estado educador del pueblo! Lo que hay que hacer es más bien sustraer la escuela a toda influencia por parte del gobierno y de la Iglesia.”

La actual derogación propuesta de la contrarreforma educativa de Peña Nieto, es vista por AMLO como un fortalecimiento del gobierno al que los directivos de la CNTE quieren hacer claudicar. Mientras luchamos por la eliminación total de esa “reforma” que busca la destrucción de la educación pública, advertimos que, más temprano que tarde, el gobierno de López Obrador utilizará su control del sistema educativo para disciplinar el magisterio disidente. Al control de la educación por parte del estado, oponemos el control por parte de consejos de profesores, trabajadores y estudiantes –y en el caso de la educación básica, también de los padres. ¡Las escuelas deben ser gobernadas por quienes estudian y trabajan en ellas! Por ello, sigue siendo indispensable que los mentores del país luchen por la más completa independencia de clase. La política de buena parte de la dirección de la CNTE, en cambio, ha consistido en buscar el favor de supuestos “aliados” burgueses, precisamente como AMLO.

Las y los docentes en México han demostrado una disposición para la lucha a toda prueba. Sin embargo, la política de sus direcciones ha sido esencialmente la de presionar al estado burgués para que cambie de política. Nosotros del Grupo Internacionalista insistimos en que la única manera de afianzar el carácter público del sistema educativo y de encarar una educación liberadora y emancipadora es de luchar, aquí y ahora, por derrocar al capitalismo, sistema decadente que hoy sólo puede significar más explotación, hambre, racismo y opresión omnímoda. Hace falta una dirección revolucionaria capaz de conducir la voluntad de lucha de los trabajadores a la toma del poder por parte de la clase obrera, el establecimiento de un gobierno obrero y campesino y la extensión internacional de la revolución socialista.

Para ello la tarea indispensable es forjar el núcleo de un partido como el de los bolcheviques de Lenin, armado con el programa político de la revolución permanente de Trotsky. Es a la construcción de un partido obrero revolucionario de esa naturaleza que el Grupo Internacionalista, sección mexicana de la Liga por la IV Internacional, dedica sus esfuerzos. ■