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octubre de 2003 Masacre en El Alto – Descontento entre las tropas – Trabajadores de todo el país en pie de lucha Arde Bolivia: La guerra del gas Mineros bolivianos en La Paz, el 17 de octubre, cuando se anunció La apremiante necesidad: forjar una dirección bolchevique
trotskista 14 DE OCTUBRE – Desde hace un mes, Bolivia ha sido sacudida por movilizaciones masivas en contra del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y su proyecto de exportación de gas a un consorcio imperialista. Ya el saldo de los muertos confirmados a manos de las fuerzas represoras del régimen se acerca a un centenar, y en los últimos tres días suman más de 60. En la masacre perpetrada el domingo 12 en El Alto – ciudad empobrecida de unos 600.000 habitantes ubicada estratégicamente a la entrada de la capital, con fuerte presencia de indígenas aymaras entre sus habitantes – fueron asesinados más de 30 civiles. A esto se añade ahora la noticia de unos 15 soldados conscriptos ultimados a tiros por los oficiales por rehusarse a disparar contra el pueblo. En la guerra del gas, la ira cunde mientras la sangre obrera y campesina corre en el altiplano. Hoy se vio a columnas de trabajadores bajando las laderas que circundan la capital, portando los féretros de sus compañeros asesinados y gritando la consigna, ¡obreros al poder! El presidente títere, impuesto por la embajada norteamericana con sólo el 22 por ciento de los votos, vitupera contra la “amenaza” de una “dictadura sindical”, como en el pasado se vociferaba contra la “amenaza comunista”. Sin embargo, aunque en el fondo se trata de una batalla de clases, los dirigentes campesinos, indígenas y sindicales tergiversan esta realidad tras una retórica de estrecho nacionalismo. Fustigan a Chile y Perú, como si quisieran reanudar la Guerra del Pacífico de 1879 a 1883. ¡No! La lucha tiene que dirigirse contra el imperialismo yanqui – y sus lacayos burgueses criollos – que hoy día invade e intenta sujetar al coloniaje a Afganistán e Irak. Es evidente para todos que se aproxima un enfrentamiento decisivo, y en este duro combate contra un enemigo poderoso se necesita la unidad con los trabajadores chilenos, peruanos y norteamericanos. El 15 de octubre, las fuerzas armadas atacaron una marcha de mineros a Patacamaya a 80 kms. de La Paz, asesinando a los mineros Zenón Arias y Eloy Pilco Colque e hiriendo a varios otros. (Aquí, los cuerpos de los mineros muertos en el Hospital Hispano Boliviano. Foto: Nacho Calonge/AP.) Se informa que las fuerzas represoras utilizaron una avioneta para disparar a la gente. Desde Oruro se nos informa que cientos de universitarios se dirigen a pie a la capital boliviana para sumarse a las movilizaciones que siguen extendiéndose. Los trabajadores de Bolivia manifiestan de nuevo el heroismo que les ha caracterizado en tantos momentos de su historia. Pero a pesar de su enorme combatividad, el elemento clave aún está ausente: una dirección revolucionaria internacionalista, con el programa clasista y la decisión necesaria no sólo para derribar al odiado “Goni” sino para barrer también con toda la burguesía y su aparato represivo, mediante la revolución socialista que se extienda internacionalmente. La tarea del momento es combatir a todas las fuerzas que buscan desviar esta lucha en un sentido democratizante, nacionalista y de colaboración de clases. Es urgente mostrar un camino clasista y revolucionario: comités de huelga elegidos, de delegados revocables en cualquier momento por las bases; comités y grupos de autodefensa obrera. Ni el vicepresidente Carlos Mesa ni una “constituyente” burguesa sino consejos revolucionarios de obreros, campesinos y soldados rumbo al gobierno obrero-campesino-indígena. Hay que dar carne y hueso al grito “Los obreros al poder”. Para hacerlo, urge conformar el núcleo de un verdadero partido revolucionario, un partido bolchevique trotskista. Desde hace varios años se repiten las luchas contra la “globalización” y el “neoliberalismo” en Bolivia. En abril de 2000 se dio la “guerra del agua” en Cochabamba contra la privatización del líquido vital por la empresa Aguas del Tunari, controlada por la “multinacional” norteamericana Bechtel. En esa ocasión hubo seis muertos, y a pesar de que el gobierno del dictador Hugo Bánzer decretó el estado de sitio las acciones culminaron en la toma de la ciudad por sus habitantes y la cancelación del contrato. No obstante su derrota en la guerra del agua, la Bechtel, una de las empresas más ricas del mundo, demandó a Bolivia, uno de los países más pobres del mundo, por US$25 millones en los tribunales de California. Ahora vuelve al ataque con la guerra del gas. El consorcio Pacific LNG que organiza el megaproyecto de exportación del gas boliviano (con un valor estimado de unos US$7 mil millones) está compuesto por Bechtel, Amoco, British Petroleum y Repsol-YPF, empresas estadounidenses, británicas y españolas, o sea, de las mismas potencias imperialistas que recién invadieron a Irak. El gas está destinado a resolver la crisis eléctrica en California, cuyo nuevo “gobernator” Arnold Schwarzenegger es un reputado hombre del cártel energético. Desde los tiempos de la “Rosca” de los barones del estaño hasta el régimen nacionalista “revolucionario” de Víctor Paz Estenssoro, la serie de dictadores militares y la democracia pactada, la burguesía ha mantenido el yugo de la explotación capitalista. Los personajes y el régimen político son elementos secundarios. No se trata tan sólo del “modelo” neoliberal o de una economía globalizada. Las masas bolivianas sufren bajo el yugo del capitalismo y del imperialismo, y la solución no se limita a la cancelación de un contrato o la caída del mandatario de turno: lo que hace falta es una revolución obrera. En su primer período presidencial, de 1993 a 1997, Sánchez de Lozada implementó a rajatabla el plan de privatización al que dio comienzo en 1985 cuando fungía como ministro de planeación en la tercera presidencia de su correligionario del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Víctor Paz Estenssoro, desguazando la Corporación Minera Boliviana por medio del odiado Decreto 21060. Con la “descentralización” de la Comibol, impuesta bajo el estado de sitio, llevó a cabo el desmantelamiento de la minería estatizada y la destrucción del sector más fuerte del proletariado (bajo el disfraz de “relocalizar” a los mineros). Esto y la posterior “capitalización” (venta a inversionistas imperialistas) de varias empresas públicas le ofreció a “Goni” y sus compinches de la nueva Rosca la oportunidad de enriquecerse con el saqueo en gran escala de los bienes del estado. Cuando a principios de este año se agregó a esto un alza de los impuestos sobre la renta, afectando a su propia base en la clase media, fue la gota que hizo colmar el vaso. Hubo una explosión de ira popular contra el “impuestazo”. Tren
de carga volcado por manifestantes desde un puente de ferrocarril entre
El Alto y La Paz para bloquear la carretera aledaña, 15 de octubre.
(Foto: Juan Karita/AP)
El estallido comenzó el 12 de febrero con un motín de policías descontentos por la ausencia de un alza salarial en el nuevo presupuesto. En la izquierda boliviana, casi todos se solidarizaron con los policías, incluso lanzando “vivas” al “levantamiento de los trabajadores de uniforme”, como hizo un volante del seudotrotskista Partido Obrero Revolucionario (POR) de Guillermo Lora. Otros, como la pequeña Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional (LOR-CI), más tímidos, enarbolaron “una política que condicionara el apoyo al motín” al mismo tiempo que proclamaba que los días 12 y 13 de febrero eran “jornadas revolucionarias” (Lucha Obrera, marzo de 2003). Esto, a pesar de que la clase obrera sólo fue débilmente movilizada, y sólo el segundo día. No obstante el apoyo de la izquierda, entusiasta o condicionada, las “jornadas” acabaron después de un día y medio cuando se otorgó un aumento del 40 por ciento a los policías. Los profesionales de la represión antiobrera volvieron a sus faenas, golpeando tanto a saqueadores como a trabajadores. Fue correcto intentar utilizar la brecha abierta por la crisis en las instituciones armadas de la burguesía, pero los trotskistas auténticos no ofrecen ningún apoyo a la acción de la policía y no ensalzan como “revolucionario” lo que era un motín con tintes bonapartistas. Obligado a dar marcha atrás con el “impuestazo”, Sánchez de Lozada volvió a la carga con el proyecto de venta del gas. Esto provocó un paro cívico de repudio en El Alto el 15 de septiembre, seguido por una jornada nacional de movilización el día 19 y la convocación de una huelga general indefinida por la Central Obrera Boliviana (COB) conjuntamente con el bloqueo de carreteras por parte de organizaciones campesinas. Sin embargo, la COB, bajo el minero Jaime Solares, no movilizó ampliamente para la huelga fuera de la capital, el magisterio paceño decidió volver a clases después de dos días, los bloqueos se limitaron al altiplano norte de La Paz dominado por el sector de la confederación sindical campesina (CSUTCB) liderado por Felipe Quispe (el “Mallku”), quien aceptó “dialogar” con el gobierno, y Evo Morales, del Movimiento al Socialismo (MAS), líder de los campesinos cocaleros del Chapare, estuvo fuera del país tratando de eludir el tema. Así que la acción se limitó a sectores de clase media y fue debilitada por las riñas de sus dirigentes burocráticos. Pero entonces vino otro golpe. El gobierno, en la persona de su prepotente ministro de defensa, Carlos Sánchez Bersaín, actuando bajo órdenes del soberbio procónsul norteamericano David Greenlee (antiguo agente capo de la CIA en Bolivia en los años 80), decidió atacar a Sorata y Warisata, a fin de “rescatar” a turistas que habían llegado a la región, cerca del lago Titicaca. Esta zona era un “santuario de la educación indígena”, donde se fundó en 1937 la famosa Escuela Ayllu Warisata, una de las primeras normales rurales en América Latina en preparar maestros para la enseñanza bilingüe. El ataque no fue casual. El mismo presidente Sánchez de Lozada dijo después que “estudian otra cosa y no para ser profesores” y el ministro de gobierno, Yerko Kukoc, alega que los profesores son “gente con ideas radicales” que dan “formación altamente radicalizada” (Pulso, 10 de octubre). Entonces, como señala un relato que hemos recibido de La Paz: “Se sabe que después de unos diez días de que estos turistas estuvieron retenidos en la región por razones del bloqueo, la población estaba enfurecida contra el gobierno porque no daba soluciones a las demandas planteadas. La llegada del ministro a la zona provocó una reacción que en realidad tenía como objetivo recriminarle su tardanza. Ante la multitud el ministro huyó en su helicóptero hasta la ciudad. Fue desde aquí que ordenó que se organizara una caravana militar que acompañaría a los buses de los turistas y otros. Antes de llegar a Warisata, el ejército intentó despejar el camino bloqueado por los campesinos y comenzó a disparar impunemente. Murieron 7 personas, entre ellas una niña de 8 años. Esa fue la chispa.”En los medios se difundió la imagen de una madre aymara, cargando su wawa (hijo) en la espalda, empuñando un viejo fusil Mauser de tiempos de la Guerra del Chaco para defenderse de las tropas. La
Masacre de El Alto
A esta provocación gubernamental le siguió otra, sobre la elección del “defensor del pueblo”, cuando el parlamento impuso al candidato designado por el presidente. Mientras tanto, se decretó un paro indefinido en El Alto a partir del 8 de octubre (día del aniversario del asesinato del “Che” Guevara por el ejército boliviano y la CIA), con el efecto de bloquear el abastecimiento de La Paz. Aunque convocado por la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE), fue dominado por la combativa Central Obrera Regional (COR), con fuerte participación de estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA). Al día siguiente, jueves 9, llegó un contingente de cientos de trabajadores mineros de Huanuni a la localidad de Ventilla para apoyar la lucha, y entonces comenzó la masacre en serie. Los militares dispararon armas de guerra, ocasionando la muerte del minero José Luis Atahuichi Ramos y del trabajador y estudiante Ramiro Vargas Astilla. A esto siguieron los enfrentamientos en varias de las villas alteñas, Río Seco, Villa Adela, Tunari, Alto Lima y sobre todo Santiago II, donde viven muchos mineros despedidos (“relocalizados”). Pero los camiones de carga no pudieron atravesar los piquetes. La Masacre de El Alto llegó a su punto culminante el domingo 12, cuando el gobierno intentó romper el cerco a la capital. Comenzando en la madrugada, el ejército emprendió un operativo para trasladar combustible en 12 camiones cisterna desde la planta de almacenaje de Senkata. Sigue el relato: “El sábado, durante todo el día, escuchamos la transmisión de la Radio Pachamama, radio alteña, la única que pudo moverse en el conflicto con cierta seguridad debido a que es reconocida como la radio de los alteños. Los relatos fueron terribles. Muertos por aquí y por allá. Los jóvenes reporteros se movilizaban a pie o en bicicleta. La autopista que vincula la ciudad de La Paz con El Alto fue otro campo de guerra. Uno de los momentos más críticos sucedió en las siguientes circunstancias: una granizada dispersó a los bloqueadores por un momento. El ejército aprovechó el momento para sacar dos camiones cisterna con gasolina e intentar trasladarlos a La Paz. Durante todo el trayecto hubo enfrentamientos sangrientos, según el gobierno a nombre del sufrimiento del pueblo paceño, de la hoyada, que estaba necesitado de gasolina... Fue terrorífico. La paradoja es que ahí fue que comenzó la politización del pueblo paceño. La tragedia fue de todo el día y continuó el domingo, el lunes...” La Caravana de la Sangre. Soldados del ejército
boliviano escoltan un convoy de camiones cisterna en las afueras de El Alto,
rumbo a La Paz. Durante el trayecto de 20 kms., los militares asesinaron
a más de 30 civiles. (Foto: Dado Galdierei/AP)
De la planta de Senkata hasta el centro de La
Paz son unos 20 kms. Ese día fueron asesinados 31 civiles por las
“fuerzas del orden”, más de un muerto por kilómetro. Con 95
heridos, los hospitales alteños estaban desbordados. Tan alto es
el precio en vidas humanas que este gobierno vampiro está dispuesto
a cobrar para mantenerse a flota en la guerra del gas.“Hasta ahora hay 57 muertos a bala. Desde el domingo el movimiento siguió desplazándose por las laderas, esta vez de la ciudad de La Paz. La movilización se extiende al resto del país. Dos muertos en Santa Cruz. Dos muertos en Cochabamba. Sucre en huelga general, igual Potosí. Los mineros de Huanuni han decidido tomar las minas de Sánchez de Lozada. Los universitarios están movilizados. “En la noche del lunes, Sánchez de Lozada sacó un decreto anunciando que la decisión sobre la exportación del gas se iría a tomar en diciembre, después de consultar al pueblo. Fue otra bofetada. Después de tanto muerto la gente esperaba al menos que su ministro de defensa renunciara, junto al de gobierno, o que se desmilitarizara la ciudad. Nada de eso. Enseguida, muy temprano, el vicepresidente dio una conferencia de prensa. Anunciaba su alejamiento de Sánchez de Lozada, sin renunciar a la vicepresidencia.”Los ministros de la Nueva Fuerza Republicana (NFR), partido populista de derecha, anunciaron su retiro del gabinete. Sin embargo, la embajada norteamericana publicó un comunicado de apoyo a SdeL. Enseguida Jaime Paz Zamora del MIR anunció el su apoyo al presidente; fue seguido por Manfred Reyes Villa, jefe de la NFR. Como muestra de la furia masiva, fueron incendiadas la casa del primero y la sede partidaria del segundo. “Todo indica que la política norteamericana está en plena acción: endurecerse y matar.” La
lucha por un partido bolchevique trotskista en Bolivia
En los enfrentamientos anteriores, tanto en abril de 2000 como en febrero de este año, la oposición fue dominada por organismos con carácter frentepopulista. Incorporaban o buscaban una alianza de colaboración de clases con sectores burgueses – un “frente popular” como en Francia y en la Guerra Civil Española en los años 30, o la Unidad Popular de Salvador Allende a principios de los 70 en Chile. (En el 2000 fue la Coordinadora del Agua, en febrero el Comando del Pueblo.) Actualmente, las cúpulas sindicales pro capitalistas y los dirigentes campesinos pequeñoburgueses no tienen un control sólido sobre el conflicto, que es dominado cada vez más por el combate abierto entre la clase obrera y la clase capitalista. “¡Obreros al poder!” gritan los trabajadores de El Alto con los ataúdes de sus mártires, retomando la consigna que gritaron 12.000 mineros hace dos décadas cuando ocuparon La Paz en contra del gobierno de frente popular de Hernán Siles Zuazo, cuyos ataques al proletariado minero prepararon el escenario para el funesto Decreto 21060. Ante el peligro de que la crisis se les salga de las manos, los dirigentes sindicales vendidos buscan ansiosamente un arreglo con el imperialismo. Hasta hace un par de días pidieron sólo que Sánchez de Lozada cancelara la venta del gas. Ya que eso no sirve más para calmar a las masas después de la masacre del fin de semana, Evo Morales del MAS pide que el presidente renuncie y que el vicepresidente Carlos Mesa tome las riendas del poder, y que se convoque una “asamblea constituyente para refundar el país”. Esta consigna también fue enarbolada hace un año por una convergencia política frentepopulista de oposición al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que abarcaba el MAS, la NFR, el Partido Socialista y el Movimiento Indígena Pachakuti de Felipe Quispe. Asimismo, el llamado a una asamblea constituyente (enderezado con el adjectivo “revolucionaria”) es el eje de la plataforma política de la LOR-CI, que lo heredó de Nahuel Moreno, el seudotrotskista argentino fallecido en 1987. En boca de los politiqueros burgueses y pequeñoburgueses, esta consigna es una medida para impedir que la lucha escape de los límites de la “democracia” capitalista; para grupos de izquierda, es una política para evadir la necesidad de luchar de a de veras por la revolución obrera, una suerte de “programa mínimo”. En el actual contexto boliviano, donde ya existe una raquítica “democracia” burguesa típica de países semicoloniales, con toda su telaraña de fraudes electorales, la consigna de asamblea constituyente (llámese “revolucionaria” o no) no tiene nada de revolucionario. Esta consigna democratizante disuelve al proletariado en la “ciudadanía”, diluye la lucha de clases en una sopa “democrática” no más y apunta hacia una “salida” electorera. No es para eso que tantos han dado la vida. Por su parte, el POR de Guillermo Lora reivindica una nueva versión de la Asamblea Popular de 1971, asamblea que no resultó de la elección de representantes revocables por las bases obreras y campesinas sino de componendas con las direcciones reformistas y burguesas. En realidad servía para atar a los trabajadores al gobierno burgués del general J.J. Torres. No es casual que la Asamblea Popular de 1971 no haya hecho nada para preparar a las masas para resistir el “golpe anunciado” de Bánzer, ni que su “continuación” (como siempre lo llama Lora), el Frente Revolucionario Antiimperialista, fuera un frente popular de colaboración de clases con Torres, sectores emenerristas y otros elementos burgueses. Las consignas centrales de una vanguardia revolucionaria en Bolivia hoy deben señalar el camino para desarraigar toda la explotación y opresión capitalista mediante la revolución proletaria que establezca el gobierno obrero y campesino. En las bases radicalizadas algunos hablan ya de la necesidad de la toma del poder. La Liga por la IV Internacional llama a conformar comités de huelga, con delegados elegidos revocables en cualquier momento; por comités de fábrica, mina y otras empresas; y la ampliación de estos organismos en consejos de obreros, campesinos y soldados, como los “soviets” en las Revoluciones Rusas de 1905 y 1917. En lugar de la fraudulenta “democracia representativa” electoral del estado burgués, estos comités servirán de órganos de la democracia obrera directa para organizar la lucha revolucionaria, y luego sentarían las bases de un estado obrero. En lugar de tergiversar y obstaculizar la voluntad de las masas trabajadoras con la maquinaria electorera burguesa, que le permite al “elector” votar periódicamente para quien le explotará durante el siguiente período, la democracia soviética sirve como correa de transmisión que permite que los sentimientos combativos de las bases se expresen sobrepasando las trabas burocráticas de los sindicatos. La dinamita de los mineros es símbolo de su combatividad, y ha servido para cortar rutas de una forma bastante eficaz. Sin embargo, dista mucho de ser suficiente para la autodefensa de las masas frente al terror blanco del gobierno burgués. Hay que formar comités y grupos de defensa obrera, que apunten hacia la formación de milicias obreras y campesinas. Partiendo de un núcleo proletario, abarcarían a los campesinos y también al creciente número de soldados que quieren “dar vuelta a la gorra” y sumarse a los trabajadores en plena rebelión. Todo esto tiene que desembocarse en la lucha por un gobierno obrero-campesino-indígena, la dictadura del proletariado que derrocaría a la sangrienta dictadura del capital y abriría paso para una verdadera liberación de las masas oprimidas al expropiar a la burguesía y pasar de las medidas democráticas a las socialistas. La lucha por la revolución obrera contra el imperialismo y la burguesía “nacional” tiene que ser internacional, extendiéndose por toda la región en una federación de repúblicas obreras andinas y unos Estados Unidos Socialistas de América Latina. Para todo esto, el elemento esencial es forjar un partido bolchevique trotskista.
Manifestación
en Cochabamba, el 19 de septiembre, contra la venta del gas. Dirigentes
pro capitalistas trafican con veneno nacionalista, intentando enfrentar
a los trabajadores bolivianos con sus compañeros chilenos y peruanos.
¡Por el internacionalismo proletario! (Foto: Danilo
Balderrama/Reuters)
Un auténtico partido trotskista combatiría al veneno nacionalista burgués que enfrenta a los trabajadores bolivianos con sus hermanos y hermanas de clase chilenos y peruanos. El internacionalismo trotskista es lo contrario de la vieja verborrea nacionalista del POR lorista sobre la recuperación de la “salida al mar” y del silencio de los grupos que ni siquiera mencionan los ataques antichilenos de los dirigentes. Una política de internacionalismo proletario tiene que concretarse en los hechos. Actualmente, un verdadero partido de vanguardia en Bolivia lucharía por unir sus fuerzas con los obreros chilenos, que acaban de realizar la primera huelga general en muchos años, con los obreros peruanos que libraron una dura huelga magisterial contra el gobierno de Toledo, y con los trabajadores e indígenas ecuatorianos, frente a los ataques del ex coronel golpista Lucio Gutiérrez, elegido con los votos de la izquierda (ver nuestro folleto Ecuador: Hervidero al borde del estallido [julio de 2003], disponible también en Internet). Más allá de Sudamérica, la suerte de los trabajadores bolivianos está íntimamente ligada con la lucha de clases a escala mundial. Para golpear a los amos imperialistas es urgente luchar por la derrota de la ocupación colonial de Irak y Afganistán. Hay que defender a Cuba contra el imperialismo y la contrarrevolución interna. Al mismo tiempo, los trabajadores norteamericanos y de todo el mundo deben expresar concretamente la solidaridad proletaria con las masas bolivianas, bloqueando el transporte de armas al régimen asesino mediante el boicot obrero. Gonzalo Sánchez de Lozada se ha jactado varias veces que “sólo muerto” lo sacarían del palacio presidencial. Goza, hasta ahora, del apoyo irrestricto de sus amos de la Casa Blanca, expresado en la declaración a la OEA por la consejera de seguridad nacional del carnicero en jefe Bush, Condoleezza Rice. Pero el imperialismo yanqui no es exactamente leal para con sus sátrapas y virreyes semicoloniales cuando éstos se vuelven inconvenientes: considérese tan sólo la suerte que corrieron Rafael Trujillo (1961) en la República Dominicana, Ngo Dinh Diem (1963) en Vietnam del Sur, y Manuel Noriega (1990) en Panamá. No obstante los elogios de “Condi”, “Goni” muy bien podría terminar como Villarroel, colgado de un farol. Pero para la clase obrera, no es suficiente tumbar al tirano de turno, hay que echar abajo todo el sistema de explotación feroz que ha sometido al país del altiplano a siglos de miseria. Bolivia ha sido saqueada desde los tiempos de la mita cuando la plata salía en chorros de las entrañas del Cerro Rico de Potosí a costa del indecible sufrimiento de los mineros indígenas, para ser acuñada por esclavos negros y proveer gran parte de las monedas de España. A los señores de la plata les siguieron los barones del estaño, pero la “Revolucion Nacional” de 1952, acaparada por el MNR burgués de Paz Estenssoro y Siles Zuazo, no destruyó ni pudo destruir el yugo imperialista, porque no fue más allá del marco capitalista. El mismo MNR que se vio obligado a nacionalizar las minas en el 52 cerró la mayoría de ellas en el 85. Hoy está representado por el más descarado títere del imperialismo yanqui, el odiado “Goni”. Sin embargo, la izquierda oportunista quiere seguir amarrando a las masas al marco del nacionalismo burgués. Hay que dejar bien claro que el imperialismo nunca sacará sus garras ensangrentadas del cuerpo vivo de Bolivia y de toda América Latina sin una revolución proletaria que se extienda a escala internacional, sobre todo a la clase obrera multirracial y multinacional de los Estados Unidos de Norteamérica, llegando así a destruir de una vez para siempre al monstruo imperialista. En este momento, cuando los valientes trabajadores bolivianos enfrentan la embestida represora de los lacayos del imperialismo, la Liga por la IV Internacional plantea:
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