octubre de 2018

Voto nulo en las elecciones y salir a la calle para movilizarse en
una respuesta clasista de los trabajadores contra la burguesía!

Elecciones en Brasil:
¡Acción obrera contra el fraude
electoral y el peligro militarista!

Huelga general en contra de las reformas laboral y pensionaria, el 28 de abril de 2017, en São Paulo. Necesitamos contundentes acciones obreras contra el fraude electoral, la escalada militarista y los ataques a los derechos de los trabajadores.  (Foto: Ricardo Stuckert / El País)

El artículo que publicamos a continuación es traducido de Vanguarda Operária n° 14, octubre-noviembre de 2018, publicado por la Liga Quarta-Internacionalista do Brasil, sección de la Liga por la IV Internacional. En la primera vuelta de los comicios, celebrada el 7 de octubre, el militarista ultraderechista Jair Bolsonaro salió en primer lugar con un 46% de los votos, mientras Fernando Haddad del Partido dos Trabalhadores quedó en segundo con 29% entre 13 candidates. La segunda vuelta de la elecciones entre los dos candidatos más votados tuvo lugar el 28 de octubre, en la cual Bolsonaro ganó con una ventaja de 55% contra 45%.

Las actuales elecciones generales en Brasil son ya las más explosivas desde el nacimiento de la “Nueva República” bajo la Constitución de 1988, y las tensiones no harán sino incrementarse. El carácter descaradamente antidemocrático de este proceso comienza con el veto del poder judicial en contra del candidato que, según todas las indicaciones, habría ganado la presidencia: el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder histórico del Partido dos Trabahadores (PT). Al mismo tiempo, se acumulan los llamados a favor de la intervención del ejército para, supuestamente, combatir la corrupción. La intervención militar en Rio de Janeiro ya desembocó en el asesinato de la concejal Marielle Franco a causa de sus críticas en contra del creciente número de matanzas organizadas por policías. La incendiaria retórica de la campaña a favor del impeachment mediante el cual se destituyó a la presidenta Dilma Rousseff del cargo, y luego a favor de la Operación Lava Jato, se traduce en ataques armados contra la caravana electoral de Lula. Y luego del apuñalamiento del candidato de las fuerzas armadas, Jair Bolsonaro, la alta oficialidad castrense multiplica sus amenazas de intervención militar para mantener la “gobernabilidad”.

La entrada al aeorpuerto Guarulhos de São Paulo bloqueada por piquetes durante la huelga general del 28 de abril de 2017. 
(Foto: Sebastiao Moreira / EFE)

Sin embargo, la violencia verbal y física de la campaña electoral no es más que el reflejo de la violencia social contra los de abajo, que tiene su origen en las cúpulas capitalistas. La contienda electoral se ha polarizado en torno a dos polos negativos: por un lado, los que buscan impedir a toda costa el regreso del PT al Palacio do Planalto en la figura de Fernando Haddad; por otro lado, los que quieren ir con todo para derrotar el peligro mortal que representa la candidatura del misógino racista Bolsonaro. Advertimos que el peligro bonapartista –es decir, de un régimen autoritario basado en las fuerzas represivas del estado capitalista– es bien real, pero no será conjurado por medio de mecanismos electorales. Además, advertimos que el peligro no viene únicamente del lado de los bolsonaristas. La realidad es que la burguesía brasileña en su conjunto está decidida a imponer por la fuerza su política de “austeridad” que busca recortar drásticamente los derechos de los trabajadores. La alianza burguesa del “frente popular” en torno al PT también tendrá que aplicar, de una manera u otra, esas mismas “reformas” antiobreras. A menos de que les pongamos un alto.

Ante estas elecciones fraudulentas, manipuladas por los jueces y tuteladas por los militares, la Liga Quarta-Internacionalista do Brasil llama por la movilización de la fuerza de la clase obrera y de todos los oprimidos en contundentes acciones proletarias para:

• aplastar la “reforma” laboral mediante huelgas combativas en las plantas metalúrgicas;
• paralizar escuelas y hospitales para romper el techo de gastos sociales impuesto por la PEC 55¹;
• responder a la Operación Lava Jato y a las subastas privatizadoras de Petrobras con la ocupación de las refinerías por parte de los petroleros y la imposición del control obrero en esta rama de la industria; y
• luchar por un gobierno obrero y campesino.

I: Un fraude electoral bien planificado

El fraude es un componente esencial de las elecciones burguesas en casi todo el planeta. Se comete al por mayor mediante la manipulación de los distritos electorales, la influencia del dinero de las empresas y de los grandes donantes, el monopolio de los medios de comunicación, las reglas creadas para obstruir la participación de organizaciones revolucionarias y mediante muchos otros trucos. En países como México, el fraude en los comicios mismos es tan tradicional que las prácticas más comunes tienen nombres propios: robo de urnas (operación mapache), votación múltiple (carrusel), alteración electrónica de los resultados (caída del sistema), añadir boletas (urnas embarazadas), etc. En Brasil, en cambio, en esta ocasión hay una operación especial de la derecha, planeada hace mucho tiempo, para sacar al PT de la presidencia y asegurar que nunca vuelva a gobernar. Esto comenzó la noche misma de la segunda vuelta electoral de 2014, cuando Aécio Neves, del Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), se negó a aceptar que perdió la votación (por más de 3 millones de votos) frente a Dilma Rousseff y exigió el recuento de los votos.

En marzo de 2015 comenzaron las movilizaciones masivas iniciadas por los tucanes (partidarios del PSDB) y financiadas por la Federación de Industria del Estado de São Paulo (FIESP) y otros organismos de la cúpula capitalista del país. Para ellos, el crimen de Dilma fue que, por temor a enfurecer a la base del PT, no eliminó suficientes programas sociales que beneficiaban a los pobres y atrasó las “reformas” laboral y pensionaria. En el proceso de impeachment, la acusación central en su contra fue la de usar estratagemas fiscales (las famosas “pedaladas”) para evitar cortes en los programas Bolsa Familia y Mi Casa Mi Vida. Las protestas callejeras estuvieron marcadas por marcadas diferencias sociales: los actos de la derecha reunían a elementos de clase media-alta (conocidos como coxinhas), contra los de la izquierda, de composición más plebeya (mortadelas), organizados por el PT. Pero en la medida en que se extendía e intensificaba el conflicto, las movilizaciones derechistas estuvieron dominadas de manera creciente por elementos de ultraderecha fascistoide (Movimiento Brasil Libre) y marcadas por llamados a favor de la intervención de las fuerzas armadas. Al mismo tiempo, el juez Sérgio Moro enfocó su Operación Lava Jato en el objetivo de acusar, condenar y sentenciar a Lula para evitar que fuera nuevamente candidato a la presidencia en 2018.

El juez del operativo Lava Jato Sérgio Moro, títere del imperialismo norteamericano, entrenado por el FBI en Washington, fue premiado por la revista Time en Nueva York como uno de los personajes más influyentes del mundo. Su esposa, Rosangela Wolff Moro, es abogada representando la petrolera Shell en el Brasil. Moro funciona como punto de lanza de un poder judicial politizado que ha pisoteado brutalmente los derechos democráticos rumbo a una “dictadura de los togados.”  (Foto: Getty Images)

Las acusaciones contra el ex presidente petista son absurdas y se basan en delaciones premiadas sin ninguna prueba concreta. Están relacionadas con eventos ocurridos en 2013 y 2014, es decir, después de su período en la presidencia, de modo que no podía corresponder con supuestos favores a empresas (como OAS y Odebrecht). Se refieren a un departamento tríplex en Guarujá, en el litoral paulista, y otro en Atibaia (SP). En el primer caso, se alega que el departamento era propiedad de Lula y su esposa Marisa Leticia, a pesar de que no existe prueba documental de ello y del hecho de que nunca ocuparon el lugar. La acusación es que la empresa OAS hizo reformas en el departamento como forma de soborno, lo que representaría de parte de Lula “corrupción pasiva” (porque el acusado no habría hecho nada directamente). El hecho de que Lula negara haber recibido dinero sería evidencia de “lavado de dinero”. En el segundo caso, el hecho de que Marisa Leticia había comprado “pedalinhos” (pequeñas lanchas de pedales) para uso de sus nietos en el lago vecino sería prueba de que ese apartamento también sería propiedad de la pareja.

“Pedaladas” y “pedalinhos”: en gran parte del resto del mundo, tales acusaciones serían objeto de risa. Pero en el Brasil del Lava Jato fueron suficientes para que un Congreso corrupto destituyera a una presidenta electa con 54 millones de votos, y para sentenciar a un ex presidente a 12 años de prisión y a pagar una multa de 32 millones de reales (8 millones DE dólares estadounidenses). ¿Por qué? Porque responde al empuje de la burguesía de agilizar sus ataques contra la clase obrera. Es posible, incluso, que el juez Moro no esté particularmente preocupado por ganar definitivamente el caso contra Lula: su objetivo principal era asegurarse de que estuviera preso durante las elecciones de 2018. De hecho, en una encuesta de IPSOS publicada el 14 de abril, pocos días después de que Lula se entregara a la policía, el 73 por ciento de los encuestados opinaba que “los poderosos quieren sacar a Lula de las elecciones”. Además, el 66 por ciento creía que, con la detención de Lula, los políticos intentarían terminar con la operación Lava Jato, y el 55 por ciento concordaba con que “La operación Lava Jato representa una persecución política contra Lula”.

Por nuestra parte, exigimos la libertad de Lula y la anulación de esos procesos ridículos. Además, repudiamos el veto del Supremo Tribunal Federal (STF) a la candidatura de Lula e insistimos en que la población tiene el derecho irrestricto de votar en quien quiera. Lejos de ser apologistas de Lula, la LQB nunca llamó a votar por el PT desde que formó un frente popular con sectores burgueses en los años 1990. Desde la perspectiva de los trabajadores revolucionarios, los crímenes que Lula y PT consisten en que han establecido una alianza política con los enemigos de los trabajadores; en que los sobornos del mensalão fueron usados para comprar votos de la “base aliada” burguesa; en el hecho de haber favorecido proyectos de Odebrecht, que utilizaba mano de obra prácticamente esclavizada en Angola, y de constructoras en Brasil que practicaban el homicidio industrial en virtud de peligrosas condiciones de trabajo.

Lo esencial: no contenderá Lula en 2018

Lula rodeado por sus partidarios en la sede del sindicato metalúrgico del ABC, la zona industrial cerca de São Paulo, el 7 de abril. No obstante la movilización multitudinaria, el lider del PT aceptó el dictámen de la burguesía, como en el pasado.  (Foto: Francisco Proer / Reuters)

Sin embargo, a pesar del apoyo masivo entre los trabajadores y los pobres, reflejado en las encuestas sobre preferencias electorales en las que obtenía más del doble que cualquier otro candidato; a pesar de los bloqueos de carreteras alrededor del país que realizó el Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) contra su orden de detención; a pesar de la afluencia de algunos miles de sus partidarios a San Bernardo para acompañarlo, y no obstante las ilusiones entre algunos sectores sindicales y de la izquierda en el sentido de que “no se va a entregar” (Vagner Freitas de la CUT) y “¡Lula no se entregó! “¡No lo van a detener!” (Diário Causa Operária, 6 de abril), a pesar de todo eso y después de algún teatro en el Sindicato de los Metalúrgicos de ABC, Lula finalmente se entregó, como era previsible. En su discurso de despedida, explicó: “No piensen que estoy en contra de la Operación Lava Jato, no .... Voy a cumplir con su mandato... Quiero probar que ellos están cometiendo un crimen, un crimen político”. Lula resumió: “Si yo no creyera en el sistema judicial, no habría creado un partido político. Habría propuesto una revolución en este país. Sin embargo, creo en el sistema judicial, en un sistema judicial justo” (Brasil de Fato, 7 de abril).

Todo marxista revolucionario sabe perfectamente que creer en el sistema judicial burgués brasileño es una bobada, una ilusión peligrosa. Pero Lula no es ni marxista, ni socialista, ni, mucho menos, comunista (como alega la ultraderecha), ya no digamos un revolucionario. Él mismo lo dice. Desde el principio, fue un burócrata sindical, cuyos sueños, como dijo en ese emotivo momento, eran pequeñoburgueses y burgueses: consistían en realizar avances en el marco de esta sociedad capitalista: que los pobres tengan casa y educación, puedan viajar, ser fiscales o jueces. Lula comenzó su carrera en los seudosindicatos pelegos (corporativistas) de la dictadura y formó parte del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), el partido de la seudo-oposición tolerada por los militares. Igual que otro sindicalista pro capitalista con quien tiene ciertas semejanzas, Lech Walesa (del movimiento nacionalista antisoviético Solidarność en Polonia), Lula siempre ha seguido los mandamientos del imperialismo. Walesa lideró una contrarrevolución que luego destruyó los astilleros en donde se originó su “sindicato”. Lula actuó como sheriff de Estados Unidos en el Caribe, enviando tropas brasileñas para ocupar Haití e imponiendo políticas neoliberales en Brasil: recortar derechos de los trabajadores y establecer programas asistencialistas para los pobres.

Lula comprendió que la burguesía brasileña no quiere que él sea nuevamente presidente del país y aceptó el dictamen. Fue arrestado, puede defender su honor y, en función del resultado del escrutinio, podría salir libre en poco tiempo, o no. En todo caso, lo imprescindible es que no habrá “Lula lá” en 2018. Todo el drama de lanzar su candidatura cuando estaba preso para entonces, en el último momento, hacer transferencia de votos a favor de Haddad, los festivales de Lula Livre y todo lo demás, no fueron más que una gran puesta en escena para mejorar las posibilidades del PT en la contienda electoral. Ahora el PT tiene un programa bien “moderado”: revocar la reforma laboral de Temer, sí, pero habrá otra “reforma” para “asegurar la sustentabilidad económica del sistema” y en particular “el equilibrio de las cuentas de pensiones”. Reforma del sistema de justicia, pero sin ninguna mención del Lavo Jata, etc. Con eso y un lema de buenos sentimientos aprobado por los mercadólogos políticos, “Brasil feliz de nuevo” que recuerda el exitoso jingle de 1989 (“sin miedo de ser feliz”), el sucesor de Lula puede negociar la alianza que necesita con sectores burgueses.

Arriba: Lula habla en la sede del PT después de ser condenado bajo acusaciones fraudulentas, julio de 2017. Abajo: jóvenes petistas fueron detenidos en Parintins, Amazonas, por garabatear en un muro, “Una elección sin Lula es un fraude.” (Foto: Miguel Schincariol / AFP; Amazonas Atual)

Miles de carteles petistas proclamaban: “Elección sin Lula es fraude”. ¿Y qué hace el PT en esa situación? Participa plenamente en el fraude. De hecho, la prohibición judicial del candidato que cuenta muchísimo mayor apoyo popular que cualquier otro es una negación del derecho democrático de la población a votar libremente, y así garantiza que el resultado, cualquier que sea, sea fraudulento. Entonces, ¿qué haría un partido obrero que realmente luchara por los intereses de los trabajadores? Desataría movilizaciones tumultuosas en las calles y frente a oficinas de las autoridades electorales, estallaría huelgas políticas, etc. La contradicción radica en que estaría plenamente justificado un boicot electoral, pero no existen actualmente en Brasil las condiciones para hacerlo realidad. Se necesita un alto nivel de combatividad obrera y, también, una dirección revolucionaria, pero ambas faltan. Más que faltar, el Partido dos Trabalhadores forma un frente popular que subordina a los trabajadores a sus “aliados” burgueses precisamente para constituir una barrera para impedir una revolución. Como escribimos en vísperas de la elección de 2002:

“La Liga Quarta-Internacionalista de Brasil (LQB), sección de la Liga por la IV Internacional, y el Comité de Lucha Clásica (CLC) luchan por la independencia política revolucionaria de la clase obrera contra todos los candidatos, partidos y alianzas burguesas. Advertimos que el frente popular encabezado por el PT va a trabajar para disciplinar a la clase obrera para pagar la cuenta de los banqueros  y los industriales…. Nosotros, los trotskistas, llamamos por el voto nulo en estas elecciones y por la oposición proletaria al frente popular. Subrayamos que la resolución de los más fundamentales derechos democráticos, una revolución agraria, la liberación del yugo imperialista y la emancipación de todos los explotados y oprimidos por la miseria producida por el sistema capitalista exige una revolución socialista internacional.

–“Oposición proletaria al frente popular! ¡Por la revolución socialista internacional!” El Internacionalista N° 3, mayo de 2003 (traducido de Vanguardia Obrera boletín n° 14, septiembre de 2002)

Hoy el fraude electoral continúa diariamente. 24 de septiembre: El Tribunal Superior Electoral (TSE) cancela 3,4 millones de credenciales de elector por no haber sido actualizadas con datos biométricos. De esos electores, 1,5 millones están en el Nordeste, donde el PT es más fuerte (70 por ciento votó por Rousseff en 2014). Esto podría determinar la balanza de la elección. 25 de septiembre: La Policía Federal en Rio de Janeiro y en el Nordeste confisca propaganda electoral que tiene retrato de Lula. 28 de septiembre: El ministro Luiz Fux, presidente del TSE, prohíbe una entrevista de Folha de São Paulo con Lula en la cárcel, una grave violación del derecho a la información. 29 de septiembre: se revela que un juez de Goiás planeaba conceder una orden judicial en vísperas del escrutinio para que el ejército recogiera las urnas electrónicas. 1º de octubre: a menos de una semana de la votación, el juez Moro pone en circulación fragmentos de un testimonio de Antônio Palocci en el que el ex ministro alega, sin prueba, que el PT recibió sobornos en las campañas en 2010 y 2014. 2 de octubre: la esposa del juez Moro publica insistentemente en Instagram mensajes en contra de “votar por el bandido”; la hija del comandante del ejército Villas Bôas hace campaña contra que un “presidiario gobierne” en el país.

En todo ese proceso, es notorio el papel protagonista del poder judicial. En junio, el ministro Fux amenazó incluso con que el TSE podría anular el resultado de la elección si se determinara que ésta fue influida por fake news. En los cursos de educación cívica el sistema judicial es retratado como “neutro” e “independiente”. La imagen que lo representa es la de una mujer de ojos vendados con balanza y espada en las manos. Los marxistas, por el contrario, insistimos en que los tribunales forman parte del aparato represivo junto a la policía, fuerzas armadas y prisiones, que constituyen el núcleo duro del estado capitalista. Actualmente en Brasil, en la ofensiva de fuerzas reaccionarias que impulsan un estado fuerte bonapartista, el poder judicial ha desempeñado un papel destacado. Esto resulta de un esfuerzo del imperialismo norteamericano en imponer su control de forma más sofisticada que mediante el recurso usual de los golpes militares. Y el PT está profundamente involucrado. No es sólo que casi todos los jueces del STF y del TSE fueron nombrados por Lula y Dilma, sino que también está el hecho de que en la Asamblea Nacional Constituyente que definió la Constitución de 1988, el PT tuvo un papel destacado en la creación de un Ministerio Público y un Poder Judicial con poderes prácticamente irrestrictos.²

El fraude de la democracia burguesa

Carteles de la Liga Quarta-Internacionalista do Brasil y del Comitê de Luta Classista en la megamarcha de #EleNão (#lElNo) contra Bolsonaro en Rio de Janeiro, el 29 de septiembre. La LQB el CLC luchan por los derechos de la mujer en contra de los derechista misógenos y también contra el frente popular, el cual durante 13 años de gobierno no legalizó el aborto. El cartel en medio tiene las tapas del tabloide del CLC con el título, “La revolución obrera vengará a Marielle Franco,” la consejal negra asesinada en marzo pasado por su denuncia de las masacres policíacas en las favelas de Rio.  (Foto: LQB)

Sin embargo, el fraude electoral no se limita a las acciones abusivas y autoritarias de jueces y tribunales ni a las amenazas de los militares. También se refleja en la manera en que la “democracia representativa” logra no representar los intereses de los trabajadores. Por ejemplo, una encuesta del Datafolha (1º de mayo de 2017) reveló que el 71 por ciento de los entrevistados están en contra de la reforma de la seguridad social. Sin embargo, ninguno de los partidos más grandes –y ninguno de los principales candidatos– se opone a la reforma de la seguridad social en sí. El PT sólo dice que rechaza la “reforma de Temer y Bolsonaro”. Pero cuando un asesor económico del PT, Marcio Pochman, comentó que una “Reforma de las jubilaciones no será una prioridad”, Haddad lo desmintió. Para calmar a los mercados, el candidato petista dijo que “tenemos un problema fiscal” y que “Esa reforma de Temer (...) tiene cosas útiles. Los regímenes propios de los fondos de pensiones deberían ser el objeto inicial de la reforma” (Folha de S. Paulo, 17 de septiembre). Entonces, para satisfacer el capital, Haddad ataca los intereses de los trabajadores: la experiencia universal es que las cuentas individuales (IRA en los Estados Unidos, Afores en México) llevan directamente a la destrucción de las pensiones con beneficios garantizados.

Lo mismo ocurre con Petrobras, objeto de ataques de la derecha y de la Operación Lava Jato, cuya campaña “contra la corrupción” propicia la incursión de empresas imperialistas en detrimento de la empresa otrora estatal. Otra encuesta del Datafolha (26 de diciembre de 2017) muestra que la gran mayoría (70 por ciento) del público está en contra de la privatización de Petrobras; incluso la mayoría de los partidarios del PSDB se muestra contraria. Pero un comunicado de la Federación Única de los Petroleros (FUP) del 28 de septiembre revela que, tras la quinta ronda de las subastas en el régimen de reparto de producción, “En total, 13 multinacionales ya se apropiaron del 75 por ciento de las reservas de los campos petrolíferos de la capa presalina”. ¿Qué hacer? La FUP hace manifestaciones, presenta solicitudes al sistema judicial, sin resultado ... y llama a votar por el PT. Pero el programa de gobierno del PT, luego de unas palabras dulcificadas sobre la necesidad de “fortalecer a Petrobras”, establece lo siguiente: “el régimen de reparto en el área presalina debe ser mantenido”. Es así que aún con una abrumadora mayoría de la población contraria a la política de todos los partidos parlamentarios, no hay manera de hacer efectiva su oposición.

¿El derecho al aborto? Ninguno de los partidos principales lo defiende. De hecho, la PEC 181 criminalizaría al aborto en todos los casos, incluso cuando hay anencefalia o cuando la vida de la mujer esté amenazada. Los políticos capitalistas y reformistas, aunque sean favorables a la legalización del aborto, no se arriesgan ante el poder de la bancada evangélica en el Congreso y la Iglesia Católica. Citan las investigaciones que muestran que el 75 por ciento de la población brasileña está en contra del derecho al aborto. Pero cuando se pregunta quién debería decidir si terminar o no un embarazo no deseado, casi dos tercios opinan que la decisión debería ser de la propia mujer. No obstante, en las condiciones actuales, no hay vía electoral para legalizar, y ni siquiera para despenalizar, el aborto. Dependerá de la movilización en las calles de los que defienden los derechos de la mujer. En la gran movilización del #EleNão (él no) del 29 de septiembre contra Bolsonaro, protesta instrumentalizada por las diferentes fuerzas burguesas, la Liga Quarta-Internacionalista y el Comité de Lucha Clasista  portaban una pancarta que decía: “Por el derecho al aborto libre, seguro y gratuito – Contra la derecha, (PP, PSDB, DEM, etc.) y contra el frente popular (PT, PCdoB, PSB y PSOL), enemigos de los derechos de la mujer – ¡Por un partido obrero revolucionario!”

En resumen, el fraude electoral inherente a la “democracia” burguesa y su sistema parlamentario incluye diluir, desviar e impedir la expresión y la realización de la voluntad de los trabajadores y de los oprimidos. Sus pretensiones democráticas y hasta los derechos democráticos básicos son negados por el poder del dinero, la influencia de los lobbies y todos los trucos como el de “equilibrio de poderes”, que en realidad sólo sirven para defender los intereses del capital. Para combatir y derrotar este fraude electoral y el fraude de la “democracia” burguesa como sistema político de dominio capitalista, debemos movilizar la fuerza del proletariado al frente de todos los oprimidos en una lucha que se enfoque en la necesidad de la revolución socialista internacional.

II: Militarización de la política en marcha

Todas las elecciones en Brasil desde 1988 han enfrentado a dos polos burgueses: los conservadores, aglutinados alrededor del Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) y los “progresistas”, unidos en el frente popular en torno al reformista Partido dos Trabalhadores. Esta vez, sin embargo, debido a la polarización producida por la Operación Lava Jato y la batalla en torno al impeachment de la presidenta petista Dilma Rousseff, el polo anti-PT quedó dominado por el capitán retirado Jair Bolsonaro, candidato del Partido Social Liberal (PSL), con un programa de ultraderecha y militarista. Bolsonaro, que se jacta de haber sido paracaidista del ejército, defiende abiertamente la tortura y el retorno a la dictadura militar que dominó Brasil durante más de dos décadas. Su candidato a vicepresidente, el general retirado Antônio Hamilton Martins Mourão, ha llamado en múltiples ocasiones a favor de la intervención de los militares. Aunque algunos izquierdistas engañados los tachan de “fascistas”, la realidad, no menos peligrosa, es que la fórmula Bolsonaro-Mourão es el nuevo partido militar, una ARENA en gestación.³ Atención: este partido militar no va a ser derrotado en las urnas.

Los congresistas Alberto Fraga del partido ultraderechista DEM and Jair Bolsonaro imitan disparar en la Cámara de diputados. Al afiliarse con el PSL, Bolsonaro anunció que llevaría mas militares al Congreso.  “La bancada de la bala será la bancada de la metralladora,” dijo.
(Fhoto: Alan Marques / Folhapress)

Durante 26 años en el Congreso, aunque era de extrema derecha, Bolsonaro formó parte del “bajo clero”, e integraba la “base aliada” de apoyo a los gobiernos de frente popular. Como uno de los principales portavoces de la “bancada de la bala” de los militares (en activo en retiro) consiguió ser titular de las comisiones de defensa y de la seguridad pública de la Cámara. Se afilió a ocho partidos distintos (PDC, PPR, PPB, PTB, PFL, PP y PSC) antes de su nueva adquisición, el PSL. Este partido, anteriormente marginal, renegó su pasado liberal y se pasó a la ultraderecha nacionalista una vez que Bolsonaro asumió su control a principios del año. Su lema ahora es “Brasil por encima de todo” – lo que recuerda las palabras de la primera estrofa del himno nacional alemán entonado por los Nazis, “Deutschland über alles” – seguido por “¡Dios por encima de todos!” para así satisfacer las sensibilidades religiosas de la derecha brasileña. El candidato utiliza las redes sociales más que casi todos los demás diputados, donde se perfila como anticomunista feroz y como defensor del “imperio de la ley”, de la policía y del judicial en particular.

Bolsonaro es famoso por sus elogios al golpe de 1964 (“una imposición popular”) y su justificación de la dictadura militar (el general golpista “Castelo Branco fue elegido por el Congreso”). Cuando se le preguntó en 2015 si apoyaría la instalación de una dictadura hoy, él respondió “sí”. En 2016, al votar a favor del impeachment de Rousseff, el capitán retirado homenajeó al coronel Brilhante Ustra, comandante del centro de inteligencia militar donde fue torturada quien más tarde sería presidenta. Pero Bolsonaro no sólo elogia a golpistas: en 1988 fue arrestado durante 15 días y expulsado de la academia militar por haber elaborado dos años antes (y luego publicado por la revista Veja) una “Operación Callejón Sin Salida”. El operativo consistió en colocar bombas en varias instalaciones militares y en la principal planta de abastecimiento de agua de Rio de Janeiro para protestar contra los bajos salarios de la tropa. A pesar de este plan claramente terrorista, el alto mando le permitió pasar a la reserva y, aprovechando su notoriedad, de inmediato comenzó su carrera política como concejal de Rio.

El candidato misógino y racista ha jugado constantemente con las amenazas de violencia, sobre todo contra las mujeres, los homosexuales, los negros, los indígenas, los comunistas y la izquierda en general, pero no sólo contra ellos. En 1999, en una entrevista con TV Bandeirantes, insistió en que sería imposible realizar cambios en Brasil a través de las elecciones. “Usted sólo va a cambiar esto, por desgracia, cuando tengamos una guerra civil aquí dentro”, gritaba. Agregó: “Y haciendo un trabajo que el régimen militar no hizo: matando a 30 mil personas, comenzando con FHC [Fernando Henrique Cardoso, el entonces presidente derechista]”.⁴ En 2002, Bolsonaro dijo en el Congreso a la diputada María del Rosario: “no te violo porque no te lo mereces”, y luego lo repitió en 2014. En la campaña actual, cuando se le preguntó sobre las muertes de personas en tiroteos entre policías y narcotraficantes, Bolsonaro defendió que se debía “ir con todo para someterlos... Si mata 10, 15 o 20, con 10 o 30 tiros cada uno, [el policía] tiene que ser condecorado, no procesado “(G1, 28 de agosto). No se trata sólo de opiniones. Las amenazas tienen efecto. Si Bolsonaro resulta elegido como presidente, podría comenzar un reino de terror contra pobres, negros, mujeres.

“Autogolpe” e intervención militar por “aproximaciones sucesivas”

El president no electo Michel Temer y el general Eduardo Villas Bôas, comandante del Ejército Brasileño, pasan revista a la parada militar en el Día del Ejército, el 18 de abril.  (Foto: Diário do Centro do Mundo)

Mientras tanto, luego de su apuñalamiento en Juiz de Fora (en el estado de Minas Gerais) el 7 de septiembre, el equipo del candidato Bolsonaro explicitó su vocación bonapartista-militarista. La misma noche, el candidato a vicepresidente de la fórmula del PSL, el general Mourão, declaró en una entrevista a GloboNews que “el país va hacia una situación anómala, la anarquía generalizada, en donde no hay más respeto por la autoridad, grupos armados andan por la calle”. Y enmendó: para “garantizar que el país se mantenga en funcionamiento”, siendo el presidente comandante jefe de las Fuerzas Armadas, “Él puede decidir emplear a las Fuerzas Armadas”. Agregó: “pero eso es un autogolpe”. En 2015, el general Mourão fue relevado del mando del Comando Militar del Sur por sus críticas a la presidenta Rousseff y sus comentarios provocadores sobre una “caída controlada” de la presidenta, la “discontinuidad” del gobierno o una situación de “caos” en el contexto de la crisis política.⁵

Hace un año, el general volvió a la carga, esta vez contra el presidente Temer, impuesto por el impeachment de Dilma, al opinar en una conferencia promovida por una logia masónica en Brasilia, que “O las instituciones solucionan el problema político” – es decir, “retiran” a los políticos acusados ​​por el poder judicial de haber cometido “ilícitos” – “o entonces tendremos que imponer una solución”.⁶ Sobre la posibilidad de la intervención militar, Mourão dijo que “tenemos planes muy bien hechos”, pero por el momento permiten que “los poderes” resuelvan la situación. “Si no lo consiguen, llegará la hora en que tendremos que imponer una solución. Y esa imposición, no será fácil”. Su visión, dijo, “que coincide con mis compañeros del alto mando del Ejército”, es que la intervención militar podría realizarse por medio de “aproximaciones sucesivas”. En esa visión, un gobierno Bolsonaro-Mourão podría ser una primera aproximación al régimen militar-bonapartista que ambicionan. Elegido, o impuesto.

Otro alto mando castrense que en 2016 insinuó que “el Ejército puede ser llamado a intervenir”, el general Eduardo Villas Bôas, el comandante del ejército, causó conmoción en abril por su intervención para impedir la candidatura de Lula. En el momento en que el STF debatía si el Lula debía ser encarcelado, el jefe militar advirtió en un tuit que el ejército “comparte el anhelo de todos los ciudadanos de bien de repudio a la impunidad” (El País, edición Brasil, 4 de abril). Los ministros acataron, y el juez Moro ordenó arrestar al ex presidente. Recientemente, un día después de la declaración de Mourão sobre un autogolpe, Villas Bôas agitó el espectro de que un nuevo gobierno encabezado por Bolsonaro “podría ser cuestionado con respecto a su legitimidad” (O Estado de S. Paulo, 9 de septiembre). “El peor escenario”, afirmó, lo representaría el que “alguien sub judice [bajo juicio]” –es decir, Lula– enfrentando la Constitución y la Lei da Ficha Limpa (ley de expediente limpio),⁷ “le reste legitimidad, dañe la estabilidad y la gobernabilidad” y “divida aún más la sociedad brasileña”. Cuando se le preguntó si Bolsonaro era el candidato de los militares, él respondió que “obviamente” el capitán “tiene respaldo entre los militares, porque trata de identificarse con las cuestiones que son importantes para Fuerzas Armadas”.

Entre ciertos sectores imperialistas crece la preocupación por la militarización de la política en Brasil. Hace unos meses, el New York Times (22 de julio) publicó un detallado reportaje con el título “Los militares brasileños entran en la política y provocan miedo de una dictadura”. En el artículo se dice que “Generales jubilados y otros ex oficiales con vínculos estrechos con el alto mando militar están montando una campaña electoral de gran envergadura, respaldando a alrededor de 90 veteranos militares señalados para ocupar una serie de puestos –entre ellos la presidencia del país– para las elecciones que se celebrarán en ese país en octubre próximo”. En realidad, la operación electoral castrense es considerablemente mayor. Una investigación de la agencia noticiosa UOL (21 de septiembre) con datos del TSE revela que hay 214 militares retirados se están presentando como candidatos este año, además de 82 miembros en activo de las Fuerzas Armadas, así como 594 elementos de la Policía Militar. Contando a los bomberos militares, hay 990 militares en el proceso, esto representa casi un batallón de candidatos uniformados. El partido de Bolsonaro, el PSL, tiene 135 candidatos que citaron sus rangos militares, y el “partido” Patriota del cabo Daciolo tiene 37.

Los generrales Hamilton Mourão (izquierda) and Eduardo Villas Bôas, cuando el actual candidato a la vicepresidencia era comandante del Comando Sur del ejército. Hoy ambos generales hablan de intervención castrense. (Foto: YouTube)

Después de las declaraciones de Mourão sobre la intervención militar, la controversia no ha parado. En seguida él lanzó una ráfaga de ataques contra mujeres (familias sin padre, constituidas de madre y abuela, serían “fábricas de desajustados” que entran en el narcotráfico, dijo), indígenas (“indolencia”) y negros (“malhechores”); propone eliminar el 13° salario (diciendo que es una “yabuticaba [fruta exótica] brasileña”) e imponer una nueva constitución, diseñada por “notables” (“la constitución no necesita ser hecha por elegidos por el pueblo”).

Para calmar los ánimos, el ministro de defensa aseguró más tarde que las “Fuerzas Armadas van a respetar ar el resultado de las urnas” (Folha de S. Paulo, 22 de septiembre). Pero ¿quién decide cuál fue el resultado de las urnas? No se preocupen, respondió, los militares van a “seguir a pie juntillas” lo que dice el artículo 142 de la Constitución brasileña, y que describe como la “biblia de las Fuerzas Armadas”. ¿Y qué dice esa disposición constitucional? El texto especifica que la misión de las Fuerzas Armadas, además de la “defensa de la Patria”, es de “proteger a los poderes constitucionales y, por iniciativa de cualquiera de éstos, la ley y el orden”. Por iniciativa de cualquiera de éstos significa que el presidente (Temer) o el poder judicial (STF y TSE) podrían convocar al ejército para que imponga la “ley y orden”. Y quien dice eso es el general Joaquim Silva y Luna, el ministro de defensa que por primera vez desde la fundación de la Nueva República no es un civil. En otra novedad, el presidente del STF ahora tiene un “asesor” nombrado por las fuerzas armadas, el general Fernando Azevedo e Silva. La militarización de la política en Brasil avanza a pasos agigantados.

III: El espectro del bonapartismo

Nos encontramos ante un aumento significativo de la influencia y del control de los institutos armados en todos los niveles de la sociedad. Ya llegó a la educación pública, donde vemos un incremento dramático del número de escuelas regidas por los militares. No se trata de academias militares, sino de escuelas “normales” que forman parte de las redes públicas, en las que mandan oficiales de la Policía Militar, con disciplina castrense. Allí los padres están obligados a pagar cientos de reales para comprar el uniforme; los alumnos son organizados en pelotones y toda representación estudiantil ha sido abolida. En el estado de Goiás, el número de escuelas bajo administración de la PM ha aumentado de ocho a 46 en los últimos cinco años; hay 122 en toda la república, según un reportaje de la revista Época (23 de julio). La justificación del gobierno estatal es que sería una “medida para atenuar altos índices de violencia en áreas de periferia”. Un portavoz del Sindicato de los Trabajadores en Educación de Goiás comenta: “Un policía uniformado y con un arma en la cintura dentro de una escuela es coacción”. Pero el sindicato está impedido siquiera de entrar en las escuelas gestionadas por la PM.

La militarización de la calle está en pleno florecimiento en Rio de Janeiro. En febrero, el presidente no electo Michel Temer decretó la intervención militar en el estado de Rio, alegando la necesidad de adoptar “medidas extremas para poner orden en las cosas”. La justificación fue que había habido “desórdenes” durante el Carnaval. Sin embargo, los incidentes más notables fueron las redadas de la policía y el contenido político de los sambas, críticos del gobierno de Temer. Con la supuesta intención de combatir la “violencia”, la intervención militar de hecho llevó a una escalada de asesinatos perpetrados por la policía. Así, el Observatorio Legislativo de la Intervención Federal en la Seguridad Pública de Rio de Janeiro registró que el número de muertes debidas a la intervención policíaca se disparó de 80 por mes en 2017 y alcanzó las 895 personas muertas en los primeros ocho meses de este año, o sea 112 por mes en promedio. De esas muertes, 105 ocurrieron en matanzas durante enfrentamientos con la policía, sobre todo en favelas como Lins y Rocinha, según el laboratorio de datos Fogo Cruzado (G1, 30 de agosto). Como siempre, la abrumadora mayoría de las víctimas eran personas negras y pobres.

En síntesis, para combatir la violencia, la primera medida debe ser expulsar a la PM y a los militares de las favelas y de los morros de Rio, y de las periferias de todas las zonas metropolitanas del país. Entonces, ¿dónde están las multitudinarias manifestaciones exigiendo “PM fuera de las favelas, Ejército y Marina fuera de Rio”? No las hay. En vez de eso, la izquierda está concentrando su actividad en estas elecciones fraudulentas, manipuladas por el sistema judicial y vigiladas por los militares. En particular, en estos días están culminando los llamados a favor del “voto útil”, es decir, del voto de miedo, a favor de la candidatura del PT de Fernando Haddad como presidente y Manuela D'Avila del PCdoB como vicepresidenta, para evitar una victoria del Bolsonaro. De haber una segunda vuelta electoral, podemos estar seguros de que prácticamente toda la izquierda estaría defendiendo el voto a favor de la candidatura petista, que sería la continuidad del frente popular que gobernó el país de 2003 hasta 2016. Pero la militarización no comenzó con Bolsonaro, ni con Temer ni con el supuesto “golpe” del impeachment. La intervención federal en Rio es una novedad, sí, la primera bajo la Constitución de 1988, pero fue precedida por innumerables intervenciones militares en los estados ordenadas por Lula y Dilma a partir de 2006.

La policía invade la favela Da Maré en Rio de Janeiro, el 27 de marzo de 2014.  (Foto: Ricardo Moraes / Reuters)

No vamos a olvidar la brutal ocupación de Rio de Janeiro durante la Copa Mundial de 2014, y las Olimpiadas en 2016, cuando las fuerzas armadas –despachadas por Dilma– desataron un reino de terror en las favelas cariocas. Tampoco olvidaremos que la represión de las fulminantes protestas de 2013 también fue obra del gobierno petista, en colusión con el tucano Alckmin en São Paulo. En realidad, el número de muertos a manos de la policía en Rio está en constante aumento desde 2013 (416) hasta superar los mil en 2017 (UOL, 9 de marzo y 18 de diciembre de 2017). La escalada de este año es sólo el capítulo más reciente de este baño de sangre. Recordemos también que la Fuerza Nacional de Seguridad (FNS) que se movilizó para aplastar las protestas de los petroleros contra las subastas de la capa presalina fue creada por Lula en 2004. La verdad es que para combatir las matanzas, hay que organizar la autodefensa obrera y campesina, domo dijimos cuando ocurrió la matanza de la Baixada Fluminense en abril de 2005.⁸ Durante las movilizaciones de 2013, 2014 y 2016, la Liga Quarta-Internacionalista y el Comité de Lucha Clasista luchamos por movilizar la fuerza de la clase obrera, logrando que el sindicato del magisterio fluminense, el SEPE-RJ, aprobara una moción que llamaba por:

“–¡Movilizar a la clase obrera y su fuerza, y ​​en particular a los sindicatos, en defensa contra los ataques de la policía!

“–¡Por la formación de comités obreros de defensa basados ​​en los sindicatos para proteger las protestas y las favelas!

“–¡Derribar las murallas de acero que cercan a la favela de Maré!

“–¡Expulsar las tropas de ocupación proimperialista de Haití, las favelas y los movimientos sociales!”

–“No a la Copa de la represión en Rio: el frente popular lanza guerra contra las favelas”, Vanguarda Operaria, edición especial, 1º de mayo de 2014

El fascismo: qué es, y cómo luchar contra él

Tal movilización clasista obliga a librar un combate político no sólo contra la derecha fascistoide y militarista, sino también contra la izquierda frentepopulista que gestionó los negocios de la burguesía durante 13 años. Mientras la LQB desde los años 1990 reivindicó el voto nulo en las elecciones y llamó al combate político contra el frente popular, la abrumadora mayoría de la izquierda sucumbió a las presiones de ese frente de colaboración de clases y llamó a votar a favor del PT en las segundas vueltas de las elecciones; parte de esa izquierda apoyó a los policías, en las “huelgas” de la Policía Militar y de los bomberos militares. Marcelo Freixo del PSOL, quien hoy dirige su fórmula de candidatos para la Cámara de Diputados federal, incluso pidió más UPPs (Unidades Policíacas de Pacificación) en las favelas.

En la medida en que se está calentando la carrera electoral, estamos escuchando llamados a votar “contra los fascistas y golpistas”. Muchos identifican a Bolsonaro con el fascismo: Haddad hace comparación del ex capitán Bolsonaro con el ex cabo Hitler. Recurren a la definición estalinista y liberal del fascismo como cualquier gobierno o movimiento notablemente represivo. Así, algunos izquierdistas como Diario Causa Operaria (3 de octubre) consideran que João Doria del PSDB en São Paulo sería “aún más fascista que Bolsonaro” porque daría la orden a la policía de “disparar a matar”. Con ese criterio se califica al golpista Pinochet en Chile como fascista, cuando en realidad el régimen pinochetista fue una dictadura militar (apoyada, claro, por los auténticos fascistas como los de Patria y Libertad). El fascismo no es una idea. Se trata de un movimiento de masas enfurecidas, principalmente de pequeñoburgueses arruinados, utilizados por el gran capital para aplastar al movimiento obrero. Como estableció el revolucionario bolchevique León Trotsky, dirigente junto a Lenin de la Revolución de Octubre y fundador del Ejército Rojo:

“El régimen fascista ve llegar su turno porque los medios ‘normales’, militares y policiales de la dictadura burguesa, con su cobertura parlamentaria, no son suficientes para mantener a la sociedad en equilibrio. A través de los agentes del fascismo, el capital pone en movimiento a las masas de la pequeña burguesía irritada, a las bandas del lumpenproletariado desclasadas y desmoralizadas y a todos esos innumerables seres humanos a los que el mismo capital financiero ha empujado a la rabia y la desesperación”.

–Trotsky, ¿Y ahora? Problemas vitales del proletariado alemán [1932]

No es simplemente una cuestión de definiciones. Detrás del discurso sobre un peligro fascista que representaría Bolsonaro existe un programa, también de origen liberal-estalinista: formar un “frente antifascista” o “democrático” con sectores de burguesía. En algunos casos, se trata de un llamado a favor de votar por Haddad, es decir por el frente popular, desde la primera vuelta. En otros casos, defienden formar un frente mucho más “amplio”. Uno de esos llamados argumenta que el “#EleNão debería inspirar la formación de un frente”. El candidato de ese frente sería Haddad, dicen. “El candidato es de izquierda moderada; el frente sería más moderado aún” (“Sin un frente amplio democrático, será más difícil derrotar a Bolsonaro y el golpismo en la segunda vuelta”, The Intercept Brasil, 2 de octubre). Quieren poner un candado para impedir la radicalización de la izquierda. Al hacerlo, están ayudando al verdadero peligro bonapartista, el peligro que representa un régimen militar-policíaco-judicial que busca reprimir la lucha de los trabajadores y los oprimidos. Ya dijimos que el frente popular no es ninguna barrera para los militaristas, y que éstos no serán derrotados en las urnas.

Como escribió Trotsky en el Programa de Transición (1938): “Los ‘Frentes Populares’ por una parte, el fascismo por otra, son los últimos recursos políticos del imperialismo en la lucha contra la revolución proletaria”. El objetivo del programa de la IV Internacional es ayudar a los trabajadores en el proceso de sus luchas a construir un “puente entre sus reivindicaciones actuales y el programa de la revolución socialista. Este puente debe consistir en un sistema de reivindicaciones transicionales, partiendo de las condiciones actuales y de la conciencia actual de amplias capas de la clase obrera a una sola y misma conclusión: la conquista del poder por el proletariado”. Esto requiere una fuerte lucha para echar a la burocracia pro capitalista de todas las centrales sindicales, tanto las derechistas como Forza Sindical, las medio pelegas (corporativistas) de la UGT, la CUT petista, pero también de la Intersindical y Conlutas (controlados por el PSOL y el PSTU). Así, la LQB y el CLC llaman hoy por el voto nulo en esas elecciones falsificadas y salir a las calles para organizar poderosas acciones obreras contra el fraude electoral y el peligro bonapartista.

–Huelga nacional en todo el sistema educativo para exigir: ¡militares fuera de las escuelas!

–¡Ocupación de las refinerías para imponer el control obrero de Petrobras!

–Movilización obrera para exigir: ¡fuera Policía Militar de las favelas, militares fuera de Rio de Janeiro!

–¡Preparar la huelga general para revocar la “reforma” laboral e impedir la “reforma” pensionaria!”

El espectro de un régimen plenamente bonapartista aún no se ha concretado. Tal vez llegaría “por aproximaciones sucesivas” como sugirió el general Mourão en su conferencia en la reunión masónica del Gran Oriente de Brasil. Quien grita antes de tiempo “golpe” corre el riesgo de no reconocerlo cuando el peligro se presente de verdad. Pero la posibilidad se inscribe en el marco de la crisis económica capitalista que ya ha durado diez años sin que se haya superado el desempleo masivo, la precarización del trabajo, la caída de los salarios de los trabajadores, la quiebra de amplios sectores pequeñoburgueses, la deuda y otros flagelos. En la ausencia de una dirección revolucionaria, esta crisis produce la base que alimenta los movimientos racistas y fascistas, el populismo de derecha, la xenofobia antiinmigrante y el impulso a favor de una salida que combine el “estado fuerte” militar-policíaco con el puño de hierro para aplastar a los sectores en lucha contra el ruinoso dominio del capital.

El avance de fuerzas militaristas y de la ultraderecha va de la mano de los ataques a los derechos de los trabajadores. Es un fenómeno internacional que ocurre en la vecina Argentina, donde los gobernantes pagan a los banqueros imperialistas, lanzan a más trabajadores en la penuria y niegan el derecho de las mujeres al aborto, hasta la lejana Europa, donde los gobernantes imperialistas condenan a la población griega a la miseria y dejan a los inmigrantes ahogarse en el mar. En el coloso imperialista de Estados Unidos crecen fuerzas abiertamente fascistas a la sombra del régimen de Donald Trump. Pero también hay lucha de los revolucionarios para movilizar a la clase obrera para aplastar esa peste antes de que sea demasiado tarde. La tarea principal en todos estos frentes de batalla de la guerra de clases es forjar, en medio de luchas encarnizadas, el núcleo de auténticos partidos obreros revolucionarios, leninistas y trotskistas, que luchen en una IV Internacional reforjada por la revolución socialista internacional. Esta es la receta “electoral” de los trotskistas de la LQB. ■