8 de DICIEMBRE – El nuevo gobierno mexicano de Felipe Calderón se inicia bajo el signo de la represión en masa. Tras la brutal arremetida del 25 de noviembre, cuando la Policía Federal Preventiva atacó a los participantes en la séptima megamarcha, se ha establecido un verdadero estado de sitio en Oaxaca. Actualmente se calcula en más de 500 el número de apresados en el estado, de los cuales unos 300 siguen detenidos. Estos se suman a los más de 100 detenidos en semanas anteriores, unos 60 desaparecidos y 21 muertos entre los opositores del sanguinario gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz. Ahora la cacería se ha extendido a la capital con la detención en la noche del lunes, 3 de diciembre de Flavio Sosa Villavicencio, el más visible vocero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Pese a tener tres amparos de la justicia federal, Sosa fue arrancado de un taxi en la Colonia Roma junto con otros cuatro integrantes de la APPO. Al día siguiente, los asesinos del periodista-activista norteamericano Bradley Will salieron libres.

El propósito del flamante presidente y su siniestro secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, es llevar a cabo un “quinazo”. Lo que quieren es dar un golpe fatal a la huelga de masas que ha convulsionado Oaxaca durante más de medio año. El nuevo mandatario panista busca repetir la “hazaña” del priísta Carlos Salinas de Gortari, otro presidente que entró a Los Pinos en medio de protestas contra una megafraude electoral, quien inició su sexenio enviando el ejército a arrestar al dirigente moral del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Joaquín Hernández Galicia (La Quina). Salinas logró su acometida debido a la ausencia de una respuesta contundente de parte del movimiento obrero. Hoy la Liga por la IV Internacional y su sección mexicana, el Grupo Internacionalista, llaman por una huelga nacional contra la represión y por acciones obreras a escala internacional para exigir la libertad inmediata de todos los detenidos y la aparición con vida de los decenas de desaparecidos.

Felipe Calderón al procurador general Medina Mora (ex jefe de la Policía Federal Preventiva). Se refiere a la promesa de su antecesor Vicente Fox de resolver el problema de la rebelión zapatista en Chiapas en 15 minutos. (Cartoon by Rocha/La Jornada).

Al asumir poderes el 1° de diciembre, Calderón hizo hincapié en su supuesta apertura al diálogo. “Reitero formalmente mi invitación a un diálogo con todas las fuerzas políticas. Por el bien de México este diálogo no puede esperar”, externó. No obstante esta declaración formal, dos días después, el más visible vocero de la APPO fue aprehendido por agentes de la Agencia Federal de Investigación a la salida de una conferencia de prensa donde anunció un próximo encuentro con el gobierno federal. No es la primera vez que pasa: el 28 de noviembre, su hermano, Erick Sosa fue detenido dos horas antes de discusiones programadas con el delegado de Gobernación en Oaxaca. Si el gobernador asesino URO busca una paz de los cementerios, el presidente represor busca el “diálogo” tras las rejas. Imitando a la dictadura de Porfirio Díaz, que en 1902 desterró a indígenas yaquis capturados en Sonora al lejano Yucatán, en 2006 Gobernación, ya bajo la supervisión de Ramírez Acuña, ha deportado 141 detenidos oaxaqueños a Nayarit.

Con cada día que pasa, se incrementa el número de arrestos; los cateos prosiguen, lo mismo que los secuestros en la calle de todo aquel que parezca “sospechoso” de ser “appista”. Quieren amedrentar a la gran mayoría de la población oaxaqueña, trabajadora e indígena, que ha luchado por la destitución de Ulises Ruiz. Contra los detenidos siguen acumulando los cargos más absurdos de sedición, secuestro, robo, lesiones, daño en propiedad ajena, despojo, etc. El propósito de las autoridades no es tanto probar la comisión de delitos sino mantener fuera de acción a los dirigentes opositores. Por eso los recluyen en penales federales para reos de “alta peligrosidad” lejos de Oaxaca. Se ha emprendido una cacería de dirigentes magisteriales de la sección XXII del SNTE-CNTE; al menos 90 maestros oaxaqueños se encuentran detenidos actualmente. Sin embargo, los docentes del sector de Valles Centrales no se dejen intimidar: han amenazado reanudar su huelga si no reciben satisfacción hasta mañana, 8 de diciembre.

Ruiz busca crear en Oaxaca las condiciones imperantes bajo una dictadura bonapartista, mientras Calderón, que recibió la banda presidencial de manos de un militar en una ceremonia privada, promete gobernar con “mano firme”.  Su nuevo secretario de gobernación (que como gobernador de Jalisco orquestó la brutal represión en mayo de 2004 contra quienes protestaban contra la Cumbre Iberoamericana en Guadalajara) es tristemente célebre por el empleo de la tortura contra “revoltosos”. Su técnica favorita parece ser la de romperles los dedos a los detenidos, práctica que ya han experimentado varios de los arrestados del 25 de noviembre. Le gusta hacer detenciones en masa “para que aprendan los demás”. Ante el empuje hacia un estado policíaco, no es suficiente (si bien absolutamente necesario) una campaña de defensa de los derechos legales; urge movilizar la fuerza de la clase obrera en una huelga nacional, preparada por contundentes paros nacionales de los sectores más directamente tocados (maestros, universitarios) y combativos (electricistas, siderúrgicos).

Después del sangriento accionar de la PFP en estrecha colaboración con la policía ministerial estatal de Ruiz Ortiz, el PRD busca copar y encauzar (o sea, contener) la lucha en Oaxaca. Ahora, pero no antes cuando el movimiento estuvo en auge, la Otra Campaña zapatista llama a acciones para el 22 de diciembre (¡después de sus burlones llamados por “paros nacionales” el 20 de noviembre y el 1° de diciembre, casualmente días feriados). Parlamentarios perredistas promueven una iniciativa de ley por la “amnistía”. ¿De qué hay que perdonar a los maestros, a los trabajadores, a los estudiantes oaxaqueños que han resistido heroicamente durante más de medio año todos los intentos de los patrones, sus partidos y su gobierno para aplastarlos? ¡De nada! Su verdadero “delito” – de ahí la evidente “ingobernabilidad” de Oaxaca – ha sido poner en entredicho los dictados de la clase dominante. La respuesta de la clase obrera mexicana a la embestida represiva debe ser un aplastante despliegue de propio poder, infinitamente mayor que el de los patrones, su estado y sus partidos.

Los trabajadores mexicanos deben entender que si la burguesía logra derrotar la lucha de sus hermanos y hermanas oaxaqueños, ellos serán los próximos en enfrentar un nuevo ataque burgués. La “reforma” de la industria energética ya está preparada. Los electricistas, los mineros, los maestros deben salirles al paso a los asesinos gobiernos privatizadores y estallar una huelga ya. Aunque han logrado imponerse, ni Ulises Ruiz ni Felipe Calderón podrán gobernar en condiciones normales. Con su escalada represiva están inexorablemente creando las condiciones para un estallido colosal de lucha de clases. Para que ésta pase de la defensiva y se convierta en una ofensiva revolucionaria, hace falta sobre todo una dirección revolucionaria. El Grupo Internacionalista insta a los trabajadores a romper con todos los partidos burgueses y patronales (PRI, PAN, PRD, PT, Convergencia, PVEM y otros) y a iniciar la construcción de un partido obrero que luche por un gobierno obrero y campesino y por la revolución socialista internacional. Para derrotar a la contrarrevolución galopante hay que empuñar el estandarte de la revolución permanente. n

¡Abajo con el PRI, el PAN y el PRD!
¡Romper con el frente popular de López Obrador!
¡Forjar un partido obrero revolucionario!

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