abril de 2005
Cae el
“dictócrata” Gutiérrez... ¿Y luego?
Se instala otro presidente
igual
Manifestantes frente al Palacio de
Carondelet después de que el Congreso destituyó
al presidente Lucio Gutiérrez, 20 de abril. (Foto: Guillermo Granja/Reuters)
La “rebelión de los
forajidos”: un análisis marxista
Hay
que poner fin, de una vez por todas, a este ciclo infernal de brutales
gobiernos sumisos y levantamientos frustrados que no rompen el marco
capitalista. En Quito, en medio de la satisfacción generalizada
por la huida
del coronel golpista, muchos se quejan de que no recibió su
merecido. El
“dictócrata” Gutiérrez (como se autotildó), un
dictador disfrazado de
demócrata, pudo salvarse por un pelo, volando a un asilo dorado
en el Brasil de
Lula; los cleptócratas prófugos como Bucaram, Gustavo
Noboa y Alberto Dahik se
han escapado una vez más. Pero no se trata de un solo hombre, o
de un puñado de
ladrones, por muy odiados que resulten. Más allá del
carácter descaradamente
ilegítimo de la Corte Suprema instalada por el presidente
recién fugado, nunca
habrá justicia para los explotados en los tribunales burgueses.
Los intentos de
las masas de trabajadores, campesinos e indígenas para
deshacerse de la
avariciosa casta de politiqueros que ha dominado la política
ecuatoriana desde
tiempos de la colonia siguen frustrándose. “¡Que se vayan
todos!” gritan los
manifestantes. Pero, ¿cómo se los echará?
¿Qué los reemplazará?
Hartos
de las corruptelas en el régimen de Lucio Gutiérrez,
muchos de los
manifestantes quiteños en estos días provienen de la
clase media o, incluso, de
la burguesía. Por mucho ruido que hagan con sus cacerolazos,
reventones
de globos y cláxones, no harán nada para cambiar el
sistema que produce los
presidentes Gutiérrez, Noboa, Mahuad y Bucaram y otros de su
calaña. En
realidad, buena parte de la oposición proviene de la tradicional
clase alta
oligárquica, de generales a los que nunca les gustó
recibir órdenes de un
coronel, y de matronas decentes que consideran a Gutiérrez, el
antiguo edecán
de Bucaram, un vulgar e inculto arribista. Lo que urge es una respuesta
obrera,
una ofensiva revolucionaria clasista, para echar a toda la
podredumbre
que habita los círculos del poder. Gutiérrez era
candidato de un frente
popular, que encadena los trabajadores a sectores de la clase
dominante
burguesa. Desde España en los años 30 hasta Chile en los
70 y Ecuador hoy en
día, estas coaliciones de colaboración de clases siempre
terminan mal para los
trabajadores que las eligen. No basta con derribar al presidente o
dictador en
turno: hay que barrer con todo el sistema capitalista que produce y
reproduce
la miseria, ahora dolarizada, de sus hambrientos esclavos asalariados.
No
olvidemos ni por un minuto que Lucio Gutiérrez fue elegido
presidente con el
apoyo de prácticamente toda la izquierda ecuatoriana y del
movimiento indígena.
Fue considerado un héroe por su papel durante el levantamiento
de enero de
2000, cuando formó parte de la efímera Junta de
Salvación Nacional. Mientras
los oportunistas alababan la falsa “unidad” indígena-militar,
los trotskistas
de la Liga por la IV Internacional advertimos sobre el peligro de
aliarse con
la oficialidad del instituto castrense. Afirmamos en el título
de nuestro
volante, fechado el 27 de enero de 2000, que la “Alianza con burgueses
y
militares = derrota para los explotados”. Al momento de la investidura
de
Gutiérrez, señalábamos en el periódico de
nuestra sección brasileña: “este
populista burgués en verde olivo no es ningún ‘rojo’;
gobernará el país andino
a favor de los ricos y poderosos, implementando fielmente las medidas
hambreadoras del Fondo Monetario Internacional y demás
instituciones
‘multinacionales’ a órdenes de Washington” (Vanguarda
Operária N° 7,
enero-febrero de 2003). Y así fue.
Para
que todo ya no siga igual, la LIVI subraya que hay que ir
más allá de las
repetidas rebeliones populares y asumir la lucha por un gobierno
obrero,
campesino e indígena que emprenda la revolución
socialista,
no solo en este estrecho país andino, sino que se extienda por
toda la región,
desde Bolivia hasta Venezuela, hoy un polvorín de descontento
social, y hasta
los mismos centros imperialistas, donde viven cientos de miles de
trabajadores
ecuatorianos. Entre las tareas principales para los trabajadores,
campesinos e
indígenas ecuatorianos, y para todos los que luchan contra la
opresión secular en
el país del huasipungo, deben figurar: luchar por derrotar
al
imperialismo, concretada en la movilización
obrera para echar
los militares EE.UU. fuera de la base de Manta y del
país y ahogar
el Tratado de Libre Comercio; al contrario del enfoque
“democrático” de
los reformistas, hay que luchar por consejos obreros y
campesinos, potenciales
órganos de poder proletario, y por que los más
conscientes se unan para forjar
el núcleo de un partido obrero revolucionario que se
base en el
programa de la revolución permanente y se erija en un tribuno
del
pueblo, un defensor de todos los oprimidos.
Las
protestas contra el gobierno de Gutiérrez fueron constantes casi
desde el
inicio de su mandato. A pocos meses de su entrada en funciones, los
ministros
indígenas y de izquierda fueron obligados a renunciar con las
manos sucias por
haber ayudado a embellecer al gabinete dominado por economistas de
derecha y
siniestras figuras militares del partido de Gutiérrez, la
Sociedad Patriótica
21 de Enero. En la segunda mitad del año pasado hubo una serie
de marchas y
ocupaciones por parte de trabajadores jubilados, que exigían el
alza de sus
míseras pensiones y se oponían a los planes de privatizar
el Seguro Social.
También hubo huelgas de trabajadores públicos y de la
salud. Pero las luchas
obreras sólo influyeron indirectamente en la actual
movilización
antigubernamental, y por primera vez en 15 años el movimiento
indígena estaba
ausente de las protestas. El punto de partida fue una disputa entre la
burguesía en torno a la depuración de la Corte Suprema de
Justicia ordenada por
Gutiérrez en diciembre. La antigua corte estaba dominada por el
Partido Social
Cristiano (PSC) de León Febres Cordero, la nueva por jueces del
Partido
Roldosista Ecuatoriano (PRE) de Bucaram, aliado de Gutiérrez.
El 16 de febrero, el PSC e
Izquierda Democrática (ID) convocaron a una manifestación
de 200.000 personas
en la capital, entre las cuales hubo un contingente de 14.000
empresarios. Las
recientes protestas fueron desencadenadas por la decisión de la
Corte Suprema
de Gutiérrez a finales de marzo de cancelar los procesos penales
contra
Bucaram, Gustavo Noboa y Alberto Dahik, el vice de Sixto Durán.
La medida
desató una explosión de ira popular. Al mismo tiempo, los
sindicatos
protestaban contra la llamada “Ley Topo”, que sería discutida en
el Congreso el
6 de abril. El proyecto gubernamental quería responder a
exigencias del Fondo
Monetario Internacional, al modificar 18 leyes con el fin de privatizar
los
servicios públicos y criminalizar las protestas. Habría
penas de hasta 16 años
de reclusión, por ejemplo, para quienes afecten a la actividad
(o sea, hagan
huelgas) en los campos petroleros. Debido a la presión de la
calle y las riñas
entre los partidos burgueses, la Ley Topo fue rechazada por el Congreso
el día
7.
Con
las protestas en aumento, el alcalde de Quito, Paco Moncayo,
llamó a un paro
cívico para el 13 de abril, que resultó poco concurrido.
Moncayo no ha ganado
la simpatía de los trabajadores quiteños con sus despidos
de empleados
municipales. No obstante, la misma noche la radio La Luna, una emisora
local,
convocó a los primeros cacerolazos. Al próximo
día, Gutiérrez afirmó que
sus contrincantes sólo eran unos cuantos “forajidos”. Radio La
Luna respondió
al imprimir letreros diciendo “yo también soy forajido”. Luego,
asediado en el
Palacio de Carondelet, el día 15, Gutiérrez
decretó el estado de sitio. La
respuesta de la población quiteña fue inmediata:
salió a la calle para desafiar
a las fuerzas militares y policiales.
La
policía desató una represión feroz. Se
lanzó incontables bombas de gas
lacrimógeno – hasta 1.500 en una hora – dejando un saldo de 3
muertos y 130
asfixiados. Desde el Ministerio del Bienestar se disparó a
mansalva sobre los
pacíficos manifestantes que, en respuesta, quemaron el edificio.
Gutiérrez
intentó traer autobuses del oriente con sus partidarios de la
Federación de
Indígenas Evangélicos (FEINE) para formar grupos de
choque. Esta medida desesperada
fracasó cuando fueron bloqueados por los manifestantes
quiteños. Durante toda
una semana, del 13 al 20 de abril, día tras día, noche
tras noche, decenas de
miles marcharon en distintos puntos de la capital. Se autoconvocaron
con
celulares y por correo electrónico. El día 19, con los
estudiantes en frente,
se concentraron alrededor de 100.000 personas en la Plaza Grande. Se
anunció el
fin de Lucio Gutiérrez.
Si
bien las protestas callejeras sirvieron como el detonador, la
destitución del
presidente se llevó a cabo desde dentro del aparato estatal
burgués y con el
beneplácito de Washington. El día 20 a las 8 a.m., la
embajadora
norteamericana, Kirstie Kenney, fue a consultar con el presidente en
Carondelet. Al final, la portavoz de la embajada declaró que
Washington estaba
preocupado por la crisis, y que era preciso solucionarla pronto.
Minutos
después, el jefe de la policía renunció a su
cargo. Ya antes, cuando Gutiérrez
proclamó el estado de sitio, fue notoria la ausencia a su lado
del comandante
general del ejército, Luis Aguas. Ante la persistencia de las
manifestaciones,
al mediodía del 20, el jefe del Comando Conjunto informó
que las fuerzas
armadas habían decidido “retirar el apoyo al presidente
Gutiérrez”, para que el
país “retorne a un ambiente de paz”. Diez minutos
después, el Congreso, al
final de una sesión maratónica que duró toda la
noche, votó la destitución del
presidente, por “abandono del cargo”, aunque Gutiérrez en ese
momento se
encontraba en el Palacio dando órdenes. Fue así como en
el 97 depusieron al
“Loco” Bucaram por “insania”.
“¡Se
fue el dictócrata! ¡Victoria forajida!” proclamaba
eufórica una editorial de Llacta!
(20 de abril). Se fue un presidente antiobrero y ahora hay otro. El
sistema
sigue intacto: ¿dónde está la victoria? Hasta el
archirreaccionario ex
presidente Febres Cordero saludó al pueblo de Quito por haber
“dado una lección
histórica y haber dicho a la dictadura basta”, aunque su n°
2, Jaime Nebot,
alcalde de Guayaquil, agregó “No aceptaremos anarquía de
ningún tipo” (Hoy,
21 de abril). Si EE.UU. demoró un poco la aprobación del
nuevo gobierno por
parte de la Organización de Estados de América (OEA),
denominada por el “Che”
Guevara el “ministerio yanqui de colonias”, eso tiene el objetivo de
dejar bien
en claro para el nuevo mandatario quien realmente manda. El presidente
Palacio
ha nombrado un ministro de finanzas, Rafael Correa, que antes de asumir
el
cargo declaró “inmoral” que un país pague el 40 por
ciento de su presupuesto
para cubrir los intereses de la deuda externa. El ministro de Gobierno,
Mauricio Gandará, habló de revisar el tratado sobre la
base de Manta. Pero en
un país semicolonial como Ecuador, tales declaraciones para el
consumo interno
serán pronto sustituidas en los hechos por la sumisión a
los dictados de sus
amos imperialistas. El 25, Palacio se encontró con la embajadora
Kenney y
anunció al final que no se tocaría al tratado sobre
Manta, ni ningún otro
acuerdo con EE.UU.
Con
la caída de Lucio Gutiérrez, y el insistente reclamo de
la calle de “¡Que se
vayan todos!” los políticos burgueses y reformistas están
nerviosos. Si todos
los políticos se van, “entonces, quién
gobernaría”, pregunta el diputado
Salvador Quishpe de Pachakutik, y responde: “Sería el caos”.
Quishpe dice que
se resolverá el asunto de la Corte Suprema, se
adelantarán las elecciones, “y
entonces sí nos vamos.” Pachakutik, partido indígena
burgués, que por temor a
perder sus puestos ministeriales no quiso romper con el presidente en
el 2003
hasta que fueron finalmente puestos a la calle por Gutiérrez, no
va a tocar al
estado burgués. El jefe del Partido Comunista (PCE), estalinista
de orientación
cubana, era asesor de Gutiérrez hasta mediados de 2004, y el PCE
se quedó con
el presidente casi hasta el final. Por su parte, Luis Villacís,
diputado del
Movimiento Popular Democrático (MPD), frente electoral del
Partido Comunista
Marxista-Leninista de Ecuador (PCMLE), respondió a la demanda
que se vayan
todos: “Es respetable que un sector piense así, pero nosotros no
cabemos en el
mismo saco de los que se vendieron.” No señor: ustedes caben
perfectamente en
ese saco. El MPD se vendió primero para tener un ministro, un
asesor
presidencial y un gobernador en recompensa por su apoyo a
Gutiérrez, y después
de que ellos fueron defenestrados en julio de 2003, se vendió de
nuevo en
diciembre de 2004 a cambio de un juez en la Corte Suprema fantoche del
presidente.
En
cambio, los trotskistas de la Liga por la IV Internacional
señalamos desde el
primer minuto cómo Gutiérrez se declaró “mejor
aliado y amigo” del presidente
norteamericano Bush en América Latina, y subrayamos los “frutos
amargos” del
apoyo de la izquierda y el movimiento indígena al presidente
populista
(“Ecuador: el
‘coronel del hambre’ impone los dictados del FMI”, El
Internacionalista
N° 3, mayo de 2003). Mientras ministros del Movimiento Popular
Democrático y de
Pachakutik se acomodaron en las poltronas ministeriales, el presidente
alzó las
tarifas de combustible, electricidad, transporte público y
medicamentos, además
de conceder el uso de la base militar de Manta a las fuerzas armadas
norteamericanas, que la utilizaron para su “Plan Colombia” contra los
insurgentes
en el vecino país. El mismo año publicamos un folleto,
“Ecuador: Hervidero al
borde del estallido” (julio de 2003), advirtiendo que frente a la
bancarrota
evidente de los politiqueros indígenas burgueses y reformistas
estalinistas
urgía más que nunca conformar el núcleo de un
partido que enarbole la teoría y
estrategia de León Trotsky de la revolución permanente.
Basándose en el análisis de
las
tres revoluciones rusas (de 1905, febrero de 1917 y octubre de 1917),
Trotsky
subrayó que en los países de desarrollo capitalista
tardío, semifeudales y/o
semicoloniales, es imposible en la época imperialista realizar
las metas
democráticas de las grandes revoluciones burguesas sin que el
proletariado tome
el poder, con el apoyo de los campesinos pobres y sin tierra, para
enseguida
pasar a las primeras tareas de la revolución socialista
internacional. Ese fue
el programa de la Revolución Bolchevique, liderada por V.I.
Lenin y Trotsky. El
mismo 7 de noviembre de 1917, Lenin anunció desde la tribuna del
congreso de
los soviets (consejos de obreros, soldados y campesinos): “Debemos
ahora
iniciar la construcción de un estado proletario socialista en
Rusia. ¡Viva la
revolución socialista mundial!” Sin embargo, luego de la muerte
de Lenin en
1924, un triunvirato encabezado por Stalin se apoderó del
gobierno del estado
soviético e impuso otra política, nacionalista y
conservadora. Ante el cerco
imperialista en torno a Rusia y la ausencia de revoluciones proletarias
en
Europa, la naciente burocracia sucumbió al derrotismo inventando
el dogma del
“socialismo en un solo país”.
Este
engendro contradice por el vértice al marxismo, que sostiene que
aunque la
revolución puede estallar en cualquier lugar, el socialismo, una
sociedad de
abundancia, sin clases ni estado, sólo puede construirse a
escala
internacional, con la participación de los países de
más alto desarrollo
económico. La contrapartida en el exterior del contrabando
antimarxista de
Stalin y sus secuaces fue la revolución “por etapas”, en la que
la primera
etapa sería la “democrática” (burguesa). Hace 70
años, esta política reformista
fue sintetizada en la forma de los frentes populares, que atan a los
trabajadores y sus organizaciones (sindicatos, partidos) a sectores
burgueses,
supuestamente progresistas. La etapa socialista se posterga hasta “las
calendas
griegas” (tiempos que nunca han de llegar), y la democrática
termina siempre en
una derrota para la clase obrera – y con gran frecuencia en una masacre
de
izquierdistas llevada a cabo por los demócratas o
“dictócratas” burgueses. La
experiencia del gobierno de Lucio Gutiérrez, elegido por los
votos de obreros,
campesinos e indígenas, es otro resultado nefasto del
frentepopulismo.
Los
estalinistas ecuatorianos (y otros reformistas) pretenden que no existe
un
proletariado en este depauperado país con gran población
campesina e indígena.
Esta no es la opinión de la burguesía, en todo caso, que
moviliza sus huestes
uniformadas para reprimir con golpes y tiros a trabajadores en huelga.
Cada vez
que los petroleros entran en acción, decretan el arresto de sus
líderes
sindicales. Este falso esquema sociológico es sólo un
pretexto para justificar
la política “etapista” de no luchar por la revolución
obrera, y en lugar de eso
apoyar a todo populista burgués que se presente, llámese
Lucio Gutiérrez o como
se quiera. Para Ecuador, al igual que para casi todos los países
capitalistas
de América Latina, Asia y África, la perspectiva
trotskista de la revolución
permanente preserva toda su vigencia, mientras el frentepopulismo
estalinista o
francamente socialdemócrata representa el camino a la derrota.
Sin embargo,
muchos de los que se reclaman del trotskismo hoy han abandonado el
camino de la
revolución obrera y hablan de “democracia”.
Una
constante de casi todas estas corrientes, es que buscan formar un ala
de
izquierda de un movimiento “democrático” burgués.
Consecuentes con eso, los
seguidores del seudotrotskista Secretariado Unificado (S.U.) del
difunto Ernest
Mandel se disolvieron tiempo atrás en las filas de Pachakutik.
La mayor
tendencia seudotrotskista latinoamericana, la Liga Internacional de los
Trabajadores (LIT), anuncia a bombo y platillo que “Ecuador vive una
revolución” (nota fechada el 22 de abril, publicada por el
Partido Socialista
dos Trabalhadores Unificado [PSTU] brasileño, el principal
partido de la LIT).
¡Hasta ofrecen una salvapantalla de computadora con este lema!
Prueba de tal
“revolución” es que “las masas ecuatorianas...pasaron por encima
de todas las
instituciones del Estado burgués – la Justicia, el Congreso, la
Presidencia y
las Fuerzas Armadas – para exigir ¡Lucio Fuera! ¡Que se
vayan todos!’”. La LIT
pasa por alto que el grueso de esas “masas” eran de la clase media, y
que esta
consigna se originó en Argentina en las manifestaciones contra
el gobierno del
presidente radical De La Rua a finales de 2001, donde junto con los cacerolazos,
se expresó la exasperación de una pequeña
burguesía arruinada por la crisis
económica. Los obreros industriales estaban en gran parte
ausentes de aquella
movilización, y después de tener cinco presidentes en
espacio de dos semanas,
terminaron con elecciones que instalaron... a un nuevo presidente
peronista,
Néstor Kirchner.
Si
Ecuador vive ya una revolución, en lugar de un período
agitado que podría
volverse una situación prerevolucionaria, cabe preguntarse qué
clase de
revolución está en curso. El artículo de la LIT
habla de formar un “poder
popular” basado en “asambleas populares” que serían
“órganos alternativos a las
instituciones del Estado burgués”. “Popular” en la boca de los
oportunistas
quiere decir no obrero, y siendo que no hay otro tipo de
estado
intermedio, esto quiere decir que serían órganos de otro
tipo de estado
burgués. El Movimiento al Socialismo (MAS) en Ecuador, afiliado
a la LIT, en un
volante del 30 de abril (“¡Fuera Lucio y el TLC! ¡Que se
vayan todos!”) donde
hace suya la consigna popular, habla de un “gobierno de la clase
trabajadora
en unidad con los campesinos y los sectores oprimidos”, pero con un
programa
democrático-burgués: no pagar la deuda externa, no al TLC
y al ALCA, no al Plan
Colombia y la base militar de Manta, reforma agraria (en lugar del
llamado de
Trotsky por una revolución agraria en conjunto con la
insurrección obrera),
cumplir las exigencias de las naciones indígenas, defensa de los
derechos de
los trabajadores, más dinero para la educación y la
salud, y punto.
El enfoque reformista
pequeñoburgués de correr a los politiqueros corruptos
dista mucho del programa
obrero revolucionario de luchar contra el capitalismo y hasta puede ser
cooptado
por fuerzas derechistas. Otra corriente seudotrotskista que se
entusiasma por
el “que se vayan todos” es el grupo Militante, que aboga por
generalizar las
asambleas barriales que se formaron en algunas partes de Quito y de
elegir
delegados a un “cabildo general” (“Ecuador: La rebelión popular
derroca a Lucio
Gutiérrez”, 21 de abril). Este programa
democrático-burgués no es casual: en
México, el grupo Militante forma parte del PRD (Partido de la
Revolución
Democrática), un partido capitalista nacionalista; en Venezuela
Militante da
apoyo político entusiasta a otro presidente coronel de un
ejército burgués,
Hugo Chávez. Una corriente morenista disidente, el PTS (Partido
de Trabajadores
por el Socialismo) argentino, llama en un artículo sobre Ecuador por establecer “formas
democráticas
de autoorganización” y de un “frente único de las masas”,
conceptos que nada
tienen de obrero en cuanto a su carácter de clase. “Las masas
deben pelear para
que se Vaya Palacio y se Vayan Todos y luchar por una Asamblea
Constituyente
verdaderamente libre y soberana”, escribe (La Verdad Obrera, 22
de
abril). Los llamados por una asamblea constituyente, siempre y en todas
partes,
caracterizan a los morenistas desde que su maestro descubrió la
“revolución
democrática” en los años 80.
En
determinados momentos, sobre todo en la lucha contra una dictadura
bonapartista
o regímenes autoritarios semifeudales y precapitalistas (como
fue la Rusia zarista),
sería correcto para los revolucionarios proletarios presentar
tácticamente la
consigna de una asamblea constituyente para movilizar las masas
campesinas y
pequeñoburguesas en general, a favor de demandas
democráticas incumplidas.
Durante más de siglo y media de independencia, Ecuador
negó a los indígenas en
los hechos el derecho de votar, se mantuvo la servidumbre en forma del huasipungo
y persistía el latifundio semifeudal. Pero hoy es una
típica
seudodemocracia burguesa semicolonial, con todo lo que esto implica:
violencia
policíaca contra los trabajadores, discriminación contra
indígenas y negros,
sumisión incondicional al imperialismo. Ecuador ha tenido siete
asambleas
constituyentes en el último siglo, la última en 1997,
superando así incluso el
número de golpes de estado. La respuesta al fracaso de los
múltiples
levantamientos indígenas desde comienzos de los años 90,
y ahora de la
“rebelión de los forajidos” de la pequeña
burguesía urbana, no es tener otra
asamblea constituyente o hacer revivir el “parlamento de los pueblos”,
en un
intento de darle a una futura revolución un carácter
democrático (burgués),
sino luchar por un gobierno obrero, campesino e indígena
para
iniciar la revolución socialista.
Esta
revolución, por su propia naturaleza, debe ser internacional en
su extensión e
internacionalista por su programa. El “socialismo” nacional en un
pequeño país
andino es un sueño nacionalista reaccionario e imposible. La
“rebelión de los
forajidos” ha estado marcada por un fuerte nacionalismo, sobre todo al
principio cuando fue omnipresente la tricolor ecuatoriana. Varios de
sus
artífices son figuras nacionalistas burguesas, como el alcalde
de Quito, Paco
Moncayo de ID, el ex general que dirigió las fuerzas
ecuatorianas en la guerra
del Cenepa en 1995 contra el Perú. (Gutiérrez
participó en esa guerra también,
mientras el PCMLE acusó al gobierno de “vendepatria” por
abandonar territorio
nacional.) Una organización trotskista en Ecuador habría
tomado una posición derrotista
en esa reaccionaria guerra fronteriza (como lo habrían hecho los
trotskistas
peruanos también), y hoy debe ser el abanderado de la unidad con
la clase
obrera peruana. Dada las constantes movilizaciones antigubernamentales
de los
obreros, campesinos e indígenas en Bolivia, las luchas de los
trabajadores
peruanos contra el gobierno de Alejandro Toledo, la tenaz guerra de
guerrillas
en Colombia, y la creciente radicalización de los trabajadores
venezolanos bajo
el régimen populista burgués de Hugo Chávez, la
perspectiva de una federación
andina de repúblicas obreras, y de unos estados
unidos
socialistas de América Latina, es bien actual.
La
clave es construir núcleos de partidos auténticamente
trotskistas en todos los
países, organizaciones de vanguardia revolucionaria que no
abandonen en los
hechos el programa de la revolución permanente, sin la cual no
habrá liberación
de los trabajadores ecuatorianos, bolivianos, peruanos, colombianos y
venezolanos. Un núcleo trotskista lucharía contra todo
apoyo político a los
gobiernos populistas, sea el de Gutiérrez en Ecuador o Hugo
Chávez en
Venezuela; contra todo tipo de nacionalismo, frentepopulismo y
reformismo
democratista, advirtiendo sobre el carácter burgués de la
“rebelión de los
forajidos” (bien diferente del levantamiento obrero e indígena
de Bolivia en
2003). Al mismo tiempo, buscaría maneras de abrir brechas para
que la rebelión
de las masas trabajadoras pueda romper los cauces capitalistas, que de
otro
modo traerían consigo otra derrota para los explotados y
oprimidos. Lucharía
también en estrecha colaboración con los trotskistas en
los países
imperialistas, en particular de Estados Unidos y Europa, a favor de una
movilización obrera en contra de las invasiones y ocupaciones
coloniales y para
aplastar el sistema imperialista mediante la revolución
socialista
internacional. ¡Por el reforjamiento de una IV Internacional
auténticamente
trotskista! n