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agosto de 2003 Indígenas y trabajadores no aguantan más El hervidero ecuatoriano Marcha
de maestros, trabajadores petroleros, jubilados e indígenas
contra la política económica del gobierno de Lucio Gutiérrez. Foto: Página de los Pueblos del Ecuador ¡Por un gobierno obrero, campesino e indígena! La ruptura de Lucio Gutiérrez con Pachakutik fue precedida por la salida del gabinete de los del Movimiento Popular Democrático, expresión parlamentaria del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador (PCMLE), partido que demuestra cabalmente que el estalinismo es reformismo y colaboración de clases. Aunque hoy aparentan una postura combativa, estos reformistas y los políticos burgueses indígenas le ayudaron a Gutiérrez a engañar a las masas, imponer las medidas antiobreras del FMI y mantener la presencia militar norteamericano en la base aérea de Manta. La mayor parte de la “izquierda” internacional les ayudó en esta decepción. Ahora, tras usarlos el régimen de militares pro imperialistas les tira como a limones exprimidos. Ahora aparecen en los muros escritos como “Lucio sucio y traidor”. Pero los que traicionaron a los trabajadores fueron aquellos que decían que este gobierno iba a ser amigo de los oprimidos. Los trotskistas, en cambio, hemos dicho siempre la verdad, de que el reputado “cogobierno” de corte frentepopulista presidido por Gutiérrez no sería otra cosa que el fiel administrador de la burguesía y los amos imperialistas. Lo que se esta exprimiendo en realidad en el Ecuador de hoy es la sangre y el sudor de las masas trabajadoras para acuñar oro y dólares para la banca imperialista. Ante la nueva oleada hambreadora y represiva, hay que romper con todas las direcciones traidoras y mentirosas que coadyuvaron a instalar a Lucio Gutiérrez en la silla presidencial. Hay que sacar las lecciones de esta dura experiencia para sentar las bases de un verdadero partido obrero revolucionario. Esto significa luchar por la revolución socialista, por el gobierno obrero, campesino e indígena y los estados unidos socialistas de América Latina, extendiendo la lucha (en parte a través del “puente humano” que constituyen los trabajadores emigrados a los EE.UU. y Europa) al proletariado de los centros imperialistas y del mundo entero. Es la única vía para vencer a los eternos enemigos de los explotados. I. El coronel Gutiérrez
en apuros
25 DE JULIO – El ex coronel golpista Lucio Gutiérrez, elegido como presidente de la república en octubre pasado después de una campaña populachera, comenzó su administración firmando una “carta de intención” con el Fondo Monetario Internacional. Siguiendo la batuta del cartel internacional de banqueros a órdenes de Washington, Gutiérrez subió bruscamente los precios del combustible y los medicamentos, alzó las tarifas del transporte público y la electricidad, y congeló los salarios de los trabajadores públicos. Instado por el FMI, amenazó también con eliminar el subsidio al gas doméstico, cuestión explosiva en el Ecuador. Estas medidas provocaron descontento entre sus aliados de la izquierda reformista y del movimiento indígena, y desataron una serie de protestas de estudiantes, profesores y otros sectores. Ya en febrero, la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador (CONAIE) y su brazo político, el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País (MUPP-NP), le exigieron al presidente que cambie de rumbo, ultimátum que el coronel rechazó con desprecio (ver nuestro artículo, “Ecuador: el ‘coronel del hambre’ impone los dictados del FMI”, El Internacionalista N° 3, mayo de 2003). Maestras en huelga, el 4 de junio de 2003. La Unión Nacional de Educadores (UNE) tuvo que luchar durante un mes, lanzando una huelga de hambre, por una mejora mínima de sus salarios raquíticos. Foto: AP Desde entonces los roces en la coalición gubernamental se han agudizado hasta producirse una ruptura en curso, con la renuncia de un ministro “de izquierda” tras otro. Comenzó a mediados de mayo cuando los 120 mil maestros de la Unión Nacional de Educadores (UNE) se lanzaron a una huelga indefinida, exigiendo el pago de los salarios atrasados, un incremento de 20 dólares a sus raquíticos sueldos (de unos $250 mensuales en promedio), y el aumento del presupuesto nacional para la educación fiscal. No obstante la justeza y extrema modestia de estas demandas, el ministro de economía, Mauricio Pozo, insistió en que no había dinero para cubrirlas – una mentira evidente dadas las superganancias de la exportación de petróleo debido a la guerra contra Irak. Después de una semana del paro magisterial, entraron en huelga también los trabajadores de la salud, mientras los petroleros comenzaron paralizaciones escalonadas contra la amenaza de privatización de refinerías y campos petrolíferos de Petroecuador. En todo el país hubo manifestaciones, bloqueos de calles y carreteras, tomas de dependencias gubernamentales y enfrentamientos con la policía. “El país se caotiza con los paros”, se quejó el diario quiteño La Hora (17 de mayo), expresando los temores de la burguesía. En todo esto, la dirección de la UNE y sus correligionarios del Movimiento Popular Democrático (MPD), frente electoral del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador (PCMLE), dirigieron todo su fuego contra el ministro de economía Pozo, pidiendo su renuncia. Casi eximieron de toda responsabilidad a la titular del Ministerio de Educación, la ministra Rosa María Torres, por ser integrante de Pachakutik, y se esforzaron por atraer al presidente Gutiérrez al buen camino. No obstante, durante tres semanas de huelga los maestros se enfrentaron la cerrazón completa del gobierno. Finalmente, a principios de junio unos 250 educadores decidieron emprender una huelga de hambre, junto con varios estudiantes y padres de familia. Tal medida, por muy expresiva que sea, no se basa en la movilización de la fuerza de clase de los trabajadores sino en apelar a la “conciencia” o “sensibilidad” de los gobernantes capitalistas. Pero al mismo tiempo, los petroleros iniciaron su propia huelga por tiempo indefinido, lo que pronto causó zozobra y largas colas en las estaciones de servicio. Frente a esta medida de fuerza, el gobierno decidió ceder ante los maestros, concediendo bonos de unos $10 mensuales desde julio, un aumento salarial de $10 en octubre y la misma cantidad en enero de 2004. Para vengarse, Gutiérrez lanzó ataques furibundos contra los 4 mil trabajadores petroleros, amenazándoles con aplicar “el máximo rigor de la ley”. Militarizó las plantas de hidrocarburos, amenazó con decretar el estado de emergencia y satanizó a los líderes de la Federación de Trabajadores Petroleros del Ecuador (FETRAPEC), encabezados por Diego Cano. Desde el palacio presidencial de Carondelet acusó a los dirigentes sindicales de ser egoístas, privilegiados y culpables de acciones de lesa patria “con sabotajes terroristas que afectan la integridad y el patrimonio nacional”, por lo cual se ordenó su arresto (La Hora, 17 de junio). Sin embargo, algunas detenciones no se realizaron – según se informa, debido a reticencias en las altas esferas de las fuerzas armadas – y los dirigentes de FETRAPEC siguen en la clandestinidad. También hubo entre los generales objeciones a decretar la amnistía para los coroneles que junto con Gutiérrez tomaron parte en el levantamiento del 21 de enero del 2000. Vociferando contra “oscuras fuerzas conspiradoras”, por segunda vez en pocos meses el presidente cesó a todo el Comando Conjunto y los altos mandos de la policía. Aunque los petroleros volvieron al trabajo, la burguesía ecuatoriana se quedó profundamente preocupada. “Pugnas en Carondelet: Lucio Gutiérrez en la encrucijada”, “fuego cruzado”, “grave crisis política” anunciaron los titulares. La coalición gubernamental se precipita hacia el crac definitivo. En la última semana han renunciado la ministra de educación Rosa Torres y dos altos funcionarios, todos de Pachakutik. Antes se dio la salida del ministro del ambiente Edgar Isch y los demás miembros del MPD en el gobierno. Huyen mientras se hunde el barco de Gutiérrez y de los ex militares sublevados del Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP). A mediados de junio, la CONAIE celebró una “1ª Cumbre de las Nacionalidades, Pueblos y Autoridades Alternativas” en Quito, que calificó al gobierno como “un continuismo con anteriores regímenes” y aprobó un “mandato” dirigido al mismo constando de 82 puntos “cuyo cumplimiento es taxativo y obligatorio”. Este texto incluyó una serie de demandas (como llevar a cabo una investigación de la deuda externa, pública y privada, y “suspender el pago de la deuda externa hasta que se conozcan los resultados de la auditoria”), que, por muy limitadas que sean, chocarían con el verdadero “mandato” que tiene Gutiérrez de sus amos imperialistas en Washington. Por lo tanto, como los varios ultimátums anteriores de la CONAIE y Pachakutik, fue desechado sin más. Simultáneamente, se celebró una Convención Nacional Campesina en el Ministerio de Agricultura que también pidió “redireccionar la política social y económica del gobierno”. Afirmó “apoyar al gobierno nacional en todo lo positivo que beneficie a los ecuatorianos y rechazar y oponernos a todo aquello que vaya en contra de la economía de los ecuatorianos y del interés nacional”. Por su parte, el Movimiento Popular Democrático, sintiéndose cada vez más incómodo como parte del régimen, sobre todo después de la huelga magisterial, finalmente decidió marcharse del gabinete. Tras una convención del MPD a principios de julio, sus representantes en el gobierno – encabezados por el ministro del ambiente Isch, el asesor presidencial Carlos Ciro Guzmán y el gobernador de la provincia de Bolívar, Carlos Bonilla – presentaron sus renuncias “irrevocables”. Sin embargo, estos seudoizquierdistas hacen hincapié en que no serán una “oposición beligerante” al gobierno. Simplemente “nos declaramos con independencia política”, lo que significa “apoyar medidas de beneficio para el pueblo” y oponerse a otras, abundó el diputado emepedista Luis Villacís (La Hora, 8 de julio). Estos izquierdistas oportunistas siguen retorciéndose para justificar su vergonzosa política claudicante frente a Gutiérrez. El resolutivo de su 14a convención comienza: “El MPD respaldó al binomio de Sociedad Patriótica–Pachakutik con la ilusión de que cumpliría con los cambios anhelados por nuestro pueblo...” (Rebelión, 9 de julio). Esta esperanza fue ilusoria desde el principio, porque se basó en la concepción de que un gobierno capitalista, cuyo eje lo constituyó un sector de las fuerzas armadas burguesas, podría defender los intereses de los explotados y oprimidos. “El Gobierno ha avalado una política guerrerista y agresiva”, sustuvo Isch, agregando que había iniciado “un proceso de persecución, despidos, enjuiciamientos y encarcelamientos de algunos dirigentes sindicales”. Seguro, pero a la sazón, Isch estaba sentado en su sillón ministerial. Continuar en el gobierno “puede ser entendido como dar un aval a la aplicación irrestricta de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional”, dice la resolución. Lo que no dice, es que el gobierno desde su primer día ha aplicado “irrestrictamente” las órdenes del FMI. Como miembros del “cogobierno” con Gutiérrez, el MPD y el PCMLE son corresponsables de estos ataques a los trabajadores. “Alianza
con burgueses y militares = derrota para los explotados”
Mientras los ilusionistas estalinistas siguen intentando justificar su alianza con una inventada ala “progresista” de la burguesía, otros izquierdistas hablan de una “traición” de Gutiérrez con respecto al programa de su campaña electoral. Sin embargo, el coronel “rebelde” ya ostentó su sometimiento a los dictados de la Casa Blanca y Wall Street después de su éxito en la primera ronda de las elecciones, cuando viajó a los EE.UU. para recibir el aval del imperialismo yanqui. Los trotskistas señalábamos en el periódico de nuestra sección brasileña al momento de la investidura de Gutiérrez como presidente: “La Liga por la IV Internacional advierte que este populista burgués en verde olivo no es ningún ‘rojo’; gobernará el país andino a favor de los ricos y poderosos, implementando fielmente las medidas hambreadoras del Fondo Monetario Internacional y demás instituciones ‘multinacionales’ a ordenes de Washington.”De hecho, como escribimos dos años antes, Gutiérrez ya acató el “mandato” del Departamento de Estado y el Pentágono al momento decisivo del “levantamiento” del 21 de enero del 2000, cuando dimitió de la junta cívico-militar para hacer lugar para el general Carlos Mendoza, quien luego pasó el bastón de mando al entonces vicepresidente Gustavo Noboa, que impuso la dolarización contra la cual se habían alzado los trabajadores e indígenas. Escribimos en ese entonces: “[Antonio] Vargas, de la CONAIE, se quejó amargamente de que ‘el ex general Mendoza traicionó al pueblo y al país’. En realidad, los que engañaron y traicionaron a los oprimidos fueron los dirigentes ‘populares’ como Vargas y los grupos de ‘izquierda’ oportunistas que desde el principio buscaron una alianza con la burguesía y los militares.”Luego de citar un llamado del PCMLE por la formación de un “Gobierno Patriótico de Unidad Nacional”, comentamos: “Esta soñada alianza con oficiales ‘democráticos’ es la expresión más acabada de la bancarrota del programa estalinista de una revolución ‘por etapas’. La etapa ‘democrático-antiimperialista’ significa entregar a los obreros y los campesinos indígenas a sus verdugos cívico-militares.”Resumimos en el título de ese volante, “Alianza con burgueses y militares = derrota para los explotados”. Hoy, toda una gama de “progresistas” critica a Gutiérrez y el rumbo de su gobierno, pero sin pronunciarse contra la colaboración de clases. Algunos comentaristas analizan los varios tramos que se preparan tras bambalinas. El catedrático latinoamericanista Heinz Dieterich pronosticó “El fin de Lucio Gutiérrez” (Rebelión, 24 de mayo). Cita a un alto oficial de las FF.AA. ecuatorianas que afirmó que el presidente ya “está fuera de la jugada” y “la percepción generalizada en el país de que el Coronel tiene sus días contados en el poder”. El politólogo reporta que “en la medida en que la propia torpeza de Gutiérrez aumenta su aislamiento de los movimientos sociales, de las bases indígenas y de las Fuerzas Armadas, se acerca el momento de su sustitución”. En conclusión, aboga por ... “formar un amplio bloque democrático nacional en el país, que impida el éxito de la nueva conspiración de la oligarquía” – o sea, otra variante del mismo frente popular con “la corriente democrática nacionalista” del ejército. El presidente Lucio Gutiérrez arenga a los estudiantes que protestaban contra su política económica de hambre, el 19 de febrero de 2003. Foto: AP En respuesta, el ex diputado de Pachakutik Napoleón Saltos Galarza de la Coordinadora de Movimientos Sociales califica al artículo de Dieterich como “un tratamiento conspirativista de la política”. Sostiene que el “desenlace de un período largo de crisis” será el resultado de “la caída del modelo económico” y que “pasará por un alineamiento diferente de las fuerzas al que tuvimos en el 2000” (“Los ritmos de la crisis en el Ecuador”, Rebelión, 11 de junio). Advirtiendo que “bajo el terno y la corbata del Coronel aparece el peligro de las camisas pardas”, agrega que para evitar “una salida autoritaria” el “alineamiento diferente” sería la “reconstitución de una fuerza política alternativa que retome el mandato histórico del 21 de enero” – en otras palabras, el mandato de la “alianza indígena-militar”. También en torno al movimiento indígena hay voces que critican la falta de orientación y parálisis de Pachakutik y la CONAIE frente a la política derechista de Gutiérrez. El connotado periodista Kintto Lucas escribe que “tras el triunfo del coronel en la primera vuelta, la dirección de Pachakutik no tuvo visión política, se desorientó”, y que luego del triunfo de la segunda vuelta, “en lugar de pelear por el poder, peleó por cargos” (“El movimiento indígena no pierde el rumbo”, Quincenario Tintají, 1ª quincena de junio). Pero después de este juicio severo, sólo recomienda que el partido indígena “reencuentre su camino”. “El coronel en su laberinto”, “Lucio Gutiérrez, instrumento del imperio”: las advertencias se multiplican, pero muy tardíamente. Algunos agitan el espectro de un golpe militar por “círculos oscuros” alrededor de Gutiérrez liderados por el ex coronel Patricio Acosta, que estaría organizando un equipo especial de seguridad; otros señalan el peligro de un “autogolpe” como el fujimorazo peruano, por el mismo presidente y los ministros derechistas de economía (Pozo) y energía (el también ex coronel Carlos Arboleda). Un tercer tramo sería un relevo “institucional”, parlamentario, animado por el ex presidente León Febres Cordero, cacique del reaccionario Partido Social Cristiano (PSC), que involucraría el vicepresidente Alfredo Palacio y hasta la Primera Dama y diputada por el PSP, Ximena Bohórquez. Pero para enfrentarse a ese peligro, sólo ofrecen una actualización de la política frentepopulista que colocó al “coronel del pueblo” en la silla presidencial. La dura realidad es que, desde los académicos “progresistas” hasta los ideólogos del movimiento indígena y la izquierda estalinista-reformista, todos o llamaron por la malograda “alianza” con los oficiales militares “democráticos”, o se quedaron bien callados. Dieterich constata que “desde la misma campaña electoral estaba claro que Lucio Gutiérrez iba a ser el Caballo de Troya de Washington y de la oligarquía ecuatoriana”. Correcto. Critica también a los que hicieron creer a las masas ecuatorianas “que Lucio Gutiérrez fue el gran héroe del levantamiento indigena-popular-militar del 21 de enero y que iba a ser un presidente patriótico y popular para el país. Todos aquellos lideres que sabían quien era y, pese a saberlo, hicieron alianza electoral con él, cargan con una enorme responsabilidad histórica, por ese silencio cómplice de la mentira.” También acertado. Pero durante la campaña electoral, el mismo Dieterich mantuvo un silencio discreto sobre el coronel. Anteriormente había escrito un libro entero, La cuarta vía al poder (Ediciones desde Abajo, 2001), analizando la “insurrección” del 21 de enero, que incluyó una entrevista con Gutiérrez en la que se vanagloriaba de su papel protagonista en la misma. El propósito del libro es de teorizar la toma de poder por militares “bolivarianos” como una “cuarta vía” – distinta a las de centro-derecha, de centro-izquierda y de la guerrilla – para lograr gobiernos nacionalistas en la “Patria Grande”. El politólogo se ha orientado desde hace tiempo a una “vía castrense” al poder. Esta predilección es bastante común entre los nacionalistas latinoamericanos, quienes buscan una figura bonapartista para sustituir a la débil clase capitalista: el prototipo sería el general argentino Juan Domingo Perón. El periodista Kintto Lucas, que hoy acusa a Pachakutik de seguidismo tras Gutiérrez, hace apenas ocho meses se jactó de haber servido de enlace entre los dos aliados ahora en el poder. Lucas participó en una reunión entre el MUPP-NP, el PSP y el coronel porque “algunos” (concretamente Gutiérrez, que le habría enviado un correo electrónico pidiendo su intervención) “pensaban que yo podía tender un puente entre los dos sectores [indígenas y militares] ya que en diversas oportunidades había señalado que esa alianza era la única capaz de reivindicar el 21 de enero de 2000 y llevar a la izquierda y centroizquierda a la segunda vuelta electoral en las elecciones del 20 de octubre” (“Ecuador: Los laberintos del coronel”, Rebelión, 12 de noviembre de 2002). Ahora los explotados y oprimidos del país cosechan los frutos amargos del “triunfo” preconizado por este ideólogo del movimiento indígena. Más significativas que la capa de intelectuales “progresistas” son las organizaciones de la izquierda oportunista en el Ecuador. Algunas agrupaciones que a menudo son identificadas con la izquierda, sobre todo en función de sus nombres, en realidad son aliadas de fuerzas notablemente derechistas. Es el caso de la Izquierda Democrática (ID), partido burgués (hermanado con Acción Democrática en Venezuela) que en las elecciones presidenciales del año pasado postuló a su caudillo, el ex presidente Rodrigo Borja, y el Partido Socialista Ecuatoriano-Frente Amplio (PSE-FA), que presentó al ex vicepresidente León Roldós en contubernio con la Unión Nacional (ex Partido Conservador) y Democracia Popular (el antiguo partido de Mahuad). Así que en la práctica, en cuanto a corrientes seudosocialistas, nos referimos al PCMLE y su vehículo electoral, el MPD. Como ya señalamos, estos estalinistas reformistas dirigen el sindicato magisterial, la UNE, e tienen influencia también entre los petroleros.
Partidarios del PCMLE marchan en Cuenca, el 1° de mayo, con pancartas alabando a Stalin, “el
gran organizador de derrotas”.
Hoy por hoy, el PCMLE-MPD se “independizó” de Gutiérrez. Pero durante los últimos cinco meses se enorgulleció de su ministro (del ambiente). Como es típico de los estalinistas, y los oportunistas en general, hacían un doble juego, al punto de jactarse de que Luis Villacís, jefe de la fracción parlamentaria del MPD, “es designado a la vez dirigente de los parlamentarios gubernamentales y dirigente de la oposición” (entrevista con Carlos Alvarado del PCMLE en Solidaire, 18 de junio, periódico de sus correligionarios del PTB, Partido del Trabajo Belga). Incluso, en la edición del 6 de junio de En Marcha, órgano del PCMLE, critican a la CONAIE por llamar al “distanciamiento definitivo” del régimen en lugar de la “movilización de sus bases para enderezar la acción del gobierno”, política que estos “comunistas” recomendaron. No obstante, cuatro semanas después, “El MPD le dijo adiós a Lucio Gutiérrez” (El Comercio, 6 de julio). Al mismo tiempo insiste que la “renuncia definitiva” de sus representantes en el gobierno no representa su paso a la oposición. Así como el PCMLE dijo de la CONAIE, su motivo es “proteger su base social” que ya no soporta más la política derechista del régimen. No es la primera vez que esto sucede. En febrero de 1997, el gobierno de Abdalá Bucaram fue destituido por una ola masiva de huelgas, pero fue reemplazado por otro gobierno igualmente reaccionario, presidido por Fabián Alarcón. En enero de 2000, después de un año de numerosas huelgas y repetidos levantamientos contra la política de austeridad del gobierno, dictada por el FMI, escribimos: “La actual ola de protestas, igual que las de años anteriores, está dominada por la política populista burguesa y nacionalista de un ‘frente popular’ de colaboración de clases. Y esto, aun en caso del ‘triunfo’, implicaría más de lo mismo” (“Ecuador se tambalea ante crisis capitalista”, El Internacionalista suplemento, 16 de enero de 2000). Gutiérrez, la CONAIE, el PCMLE, todos coinciden en que el 21 de enero fue una victoria, o al menos no una derrota, mientras los trabajadores sufrieron una caída desastrosa de sus salarios reales con la dolarización de la economía ecuatoriana. La elección de Gutiérrez en octubre del 2002 fue anunciada como un nuevo triunfo, “sísmico” en algunas bocas. Pero, ¿cuál es el resultado? Un gobierno que se proclama el mejor aliado y amigo de Bush, que mantiene la dolarización e impone a rajatabla las medidas hambreadoras del FMI. Las masas de obreros, campesinos e indígenas ecuatorianos, los trabajadores de las ciudades y del campo, han dado muestras de sobra de su voluntad de lucha. Reiteramos que una dirección revolucionaria es decisiva. He aquí el saldo desastroso de la política del frente popular, enemigo de los explotados y oprimidos. Es la prueba contundente de la urgencia de forjar un partido obrero revolucionario, auténticamente comunista, que rompa con el nacionalismo para luchar por la revolución socialista internacional. II. El Movimiento indígena
ante la ruptura
Las contradicciones agudas entre las pretensiones de Pachakutik y la CONAIE de representar los intereses de las masas indígenas del Ecuador, por un lado, y por otro la política del gobierno capitalista de Gutiérrez, que no habría ganado las elecciones sin su respaldo y en el cual desempeñan responsabilidades ministeriales, ha llevado al movimiento indígena al borde de la ruptura. A las tensiones ya mencionadas entre el presidente y sus aliados electorales, hay que agregar el escándalo desencadenado por la revelación del traspaso del fideicomiso de la quebrada Empresa Eléctrica del Ecuador (EMELEC) del detenido ex banquero Fernando Aspiazu a Miguel Lluco, el coordinador nacional del Pachakutik. La misma gerente general de la Agencia de Garantía de Depósitos Wilma Salgado, también de Pachakutik, se negó a reconocer la validez del Progreso Repatriation Trust, elaborado secretamente en las Bahamas, por favorecer a Aspiazu, que tiene fama de ser el banquero más corrupto del país. Gutiérrez se rehusó a entrevistarse con una delegación de Pachakutik por estar harto de sus críticas, pero el día anterior el presidente tuvo una reunión personal con Lluco, quien pidió su intervención para salvar su jugoso negocio en el caso de EMELEC (Hoy, 15 de julio). Este asunto ha sido tratado en la prensa como una corruptela más, pero en realidad se trata de algo mucho más ambicioso: el intento de utilizar el triunfo electoral de Pachakutik para obtener un arraigo económico en la clase capitalista, y así ir formando una burguesía indígena como sector integrante de la burguesía ecuatoriana. No debe sorprender: es el mismo proceso de ordeñar el erario público que han utilizado los demás clanes burgueses del país. Al mismo tiempo van agudizándose las tensiones entre los diversos componentes del movimiento indígena. En un congreso a finales de abril Ecuarunari, la organización de los pueblos Kichwas* y el principal componente de la CONAIE, rompió con el ejecutivo y llamó a una “movilización general en rechazo a la política neoliberal de Lucio Gutiérrez, por su sometimiento” a los EE.UU. y el FMI. A mediados de junio, la CONAIE en la cumbre ya citada emitió su “mandato” a Gutiérrez. Ahora, no obstante el empeño de los notables del MUPP-NP a aferrarse a sus carteras ministeriales, el coronel presidente los dejó plantados en la antesala de Carondelet. Al otro día pidió la renuncia de la ministra de educación, miembro de Pachakutik. El periodista Lucas comenta: “Ecuarunari tiene muy claro hacia dónde va, la CONAIE empezó a clarificarse, Pachakutik todavía es una interrogante...” (“El movimiento indígena ecuatoriano no pierde el rumbo”, Quincenario Tintají, 1ª quincena de junio). En realidad, el movimiento indígena ecuatoriano en su conjunto ya no puede escaparse de sus contradicciones internas y las consecuencias de su política de sometimiento al estado capitalista que lo ha caracterizado durante más de 15 años. Desde antes de la formación de la CONAIE en 1986, sus diversos componentes fueron organizados como respuesta y oposición al movimiento indígena hasta entonces existente, estrechamente ligado a la izquierda. La Federación Ecuatoriano de Indios (FEI), formada por el Partido Comunista Ecuatoriano (PCE) después de la “gloriosa revolución de mayo” de 1944 (que reemplazó a la dictadura de Arroyo del Río con la junta liberal-populista burguesa de Velasco Ibarra), encabezó luchas campesinas e indígenas durante tres décadas. Junto con la Federación de Trabajadores Agrícolas del Litoral (FTAL) luchó por la reforma agraria. Pero aunque adoptaron un lenguaje de clase, la FEI y la FTAL limitaron su accionar estrictamente al marco capitalista, reflejando la política reformista del PCE. Según el esquema “etapista” del estalinismo, insistieron en que: “la sociedad ecuatoriana sería semi-feudal, ubica a ciertos sectores burgueses en calidad de posibles aliados o, al menos, elementos neutralizables por los obreros y los campesinos; asume que el imperialismo norteamericano está interesado en el mantenimiento de la tradicional estructura de producción en el campo y, finalmente, postula la realización de la revolución nacional liberadora, antifeudal y antiimperialista, cuya función sería la de remover los obstáculos al desarrollo capitalista autónomo....”Cuando se implementó una reforma agraria capitalista en el Ecuador, llevada a cabo por gobiernos militares siguiendo las indicaciones del imperialismo norteamericano (en el marco de la “Alianza para el Progreso”, diseñada para cercar a la Revolución Cubana) y apoyada por sectores “desarrollistas” de la burguesía, el PCE y sus frentes FEI y FTAL pronto perdieron su papel hasta entonces dominante entre los campesinos e indígenas. La reforma agraria se implementó en dos momentos, primero en 1964 bajo la junta militar que en contubernio con la CIA derrocó al gobierno de centro-izquierda de Julio Arosemena y enseguida implementó el proyecto diseñado por éste. Esta reforma se limitó a un programa de colonización de tierras baldías y la abolición de las formas de servidumbre, sobre todo el huasipungo, una suerte de peonaje según el cual el indio estaba ligado a la tierra, con frecuencia por medio de deudas, siendo obligado a darle al terrateniente entre cuatro y seis días semanales de trabajo en cambio de un salario minúsculo y el derecho al uso de una pequeña parcela para el sustento de su familia. Aun más precaria fue la situación de los arrimados, que trabajaban en la hacienda en cambio de un jornal y anhelaban llegar a ser huasipungueros. Aunque con rasgos semifeudales, estas relaciones serviles representaban formas de renta-trabajo características de un estadio temprano del capitalismo. Junto con esta primera reforma agraria, los militares desataron una feroz represión anticomunista. Luego, en 1970 se aprobó una ley de abolición del trabajo precario, y en 1973 el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara dictó una nueva reforma que permitió la incautación de terrenos no productivos, permitiendo a los hacendados deshacerse de sus peores tierras. A raíz de estas reformas disminuyeron las revueltas campesinas que habían sacudido el agro ecuatoriano a principios de los años 60. Desde entonces, las protestas consistían en exigir la acción de la agencia de reforma agraria, el IERAC. No se abolió el latifundismo, aunque se redujo substancialmente su extensión (las propiedades de más de 100 has. pasaron de 64 por ciento de la tierra agrícola en 1954 a 35 por ciento en 1985, según estadísticas del Instituto Ecuatoriano de Investigación Geográfica). En cambio se impulsó la modernización de muchas haciendas, se creó una capa de medianos agricultores capitalistas (las propiedades de entre 20 y 100 has. pasaron de 19 por ciento a 44 por ciento de la tierra agrícola en el mismo lapso). Los integrantes de esta capa se asemejan así a los kulaks, los campesinos ricos en Rusia que explotaban el trabajo de campesinos pobres. Los campesinos sin tierra se proletarizaron: habiendo perdido todo acceso a la tierra, muchos se vieron obligados a emigrar a las ciudades o al exterior en búsqueda de trabajo. Simultáneamente surgieron varias organizaciones indígenas en el campo, iniciadas por la iglesia, con una agenda de reivindicaciones “étnicas” en lugar de las demandas “clasistas” de las luchas campesinas anteriores. Son precisamente estos kulaks y granjeros capitalistas, hombres de negocios ligados a la comercialización de los productos agrícolas y textiles, junto con una capa de profesionales burgueses (abogados, educadores) y burócratas gubernamentales de medio y alto nivel los que dominan el movimiento indígena hoy. Pachakutik lucha...por carteras ministeriales. El presidente Gutiérrez y su vice Palacios (segunda y tercera de la izquierda) presentan a los ministros indígenas, Luis Macas (izquierda), agricultura, y Nina Pacari, exteriores. Foto: AP Ya antes del levantamiento del 90 (ver “El marxismo y la cuestión indígena en el Ecuador”), en 1988 se logró un acuerdo con el Ministerio de Educación que fundó la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, así como direcciones provinciales de educación bilingüe, bajo el control expreso de la CONAIE. Esta medida le proporciona a la máxima organización indígena una cantidad considerable de empleos y puestos directivos. Posteriormente, luego del levantamiento del año 97 que provocó la caída de Bucaram, se formó el Consejo de Planificación y Desarrollo de los Pueblos Indios y Negros, presidido en ese entonces por Nina Pacari de Pachakutik, dotado con recursos para auspiciar proyectos comunales. En el mismo año se celebró la Asamblea Nacional Constituyente, en gran parte debido a las demandas de la CONAIE. No se proclamó un estado “plurinacional”, pero el Artículo 1° de la Constitución fue alterado para declarar al Ecuador un país “unitario, descentralizado, pluricultural y multiétnico”; el castellano sigue siendo la única lengua oficial, pero “el quichua y las demás lenguas indígenas son reconocidas dentro de sus respectivas áreas de uso”, y la educación bilingüe ya goza de garantía constitucional; se reconocen los consejos indígenas, sin aprobar su autonomía, etc. Así la burguesía ecuatoriana dio una serie de pasos limitados para integrar (comprar) a la dirigencia indígena, con el resultado que observamos hoy. Notamos ya en enero que la “lucha” de los dirigentes indígenas ha sido más que todo una pelea por ocupar puestos ministeriales: Pacari en relaciones exteriores, Torres en educación, Lucas Macas en agricultura. Esto no representa una capitulación, como sugieren algunos, sino una estrategia de investirse con los poderes del estado burgués. Esto ha sido su propósito al menos desde la formación de Pachakutik en 1996. Segundo Moreno Yánez comenta en su libro, El levantamiento indígena del Inti Raymi de 1990 (Editorial Abya-Yala, 1992): “los prerrequisitos, para que el discurso etnicista tomara la fuerza que en este momento tiene dentro del movimiento indígena, eran la disolución de la hacienda y el aparecimiento de un grupo social indígena con fuerza tanto en términos políticos como económicos”. Más adelante, señala “un proceso de acumulación capitalista, en amplios sectores indígenas, que produce una diferenciación social, que desarrolla grupos minoritarios de elites”, y a la vez “amplios sectores de campesinos indígenas, cuya economía no está únicamente determinada por la producción de medios de subsistencia, sino por la producción de excedentes que son canalizados hacia el mercado....”. Estas elites indígenas luchan sobre todo por su “cuota de poder”. La realidad es que el programa político de la CONAIE y de Pachakutik expresa los intereses de una capa pequeñoburguesa arribista y de unos empresarios medianos que sueñan convertirse en parte integrante de la clase capitalista ecuatoriana. Al contrario de los gritos alarmistas de sectores ultrarreaccionarios y racistas, los actuales dirigentes del movimiento indígena nunca han tenido nada de separatista ni de comunista. Su lucha por puestos ministeriales en lugar de oponerse a las medidas hambreadoras del gobierno refleja sus verdaderos propósitos. Su discurso etnicista sirve para cimentar una clientela como masa maniobrable en el cambalache de la política burguesa. Las ONG (“organizaciones no gubernamentales”) sirven para canalizar fondos del gobierno y de las instituciones internacionales imperialistas. Para las masas indígenas agobiadas por la economía capitalista dolarizada y los ataques fondomonetaristas a su sustento; para la “famélica legión” de campesinos sin tierra o minifundistas cuyos lotes no alcanzan para alimentar sus familias; para los cientos de miles de indios obligados a migrar del campo a la ciudad, o de marcharse del país para encontrar trabajo en el exterior, las “conquistas” de los políticos indígenas burgueses no les valen un pito. Ha llegado la hora de la verdad: los que en las filas del movimiento indígena ecuatoriano buscan luchar contra los opresores tienen que romper con sus dirigentes vendidos y sumarse a la lucha por una dirección proletaria y revolucionaria. La liberación de los indígenas del yugo capitalista, ya sea “globalizado” o “nacional”, sólo puede darse en una lucha común de todos los explotados y oprimidos, dirigida por un partido obrero auténticamente revolucionario. Su lema: ¡Por un gobierno obrero, campesino e indígena del Ecuador, en una federación andina de repúblicas obreras y los estados unidos socialistas de América Latina! n |
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