febrero de 2015

En Guerrero, la guerra sucia
nunca terminó

La guerra sucia nunca terminó: estudiantes de Ayotzinapa en protesta por la matanza de sus compañeros por la policia estatal y federal en diciembre de 2011.  (Foto: Lenin Ocampo/Jornada)

Que el crimen de Iguala no es ninguna anomalía, sino un eslabón más de la cadena de violencia asesina que caracteriza la política burguesa de este país, puede corroborarse echando un breve vistazo a la historia de Guerrero en el último medio siglo.

Ya para finales de los años 50, Guerrero vivió un reino de terror desatado por el tiránico gobernador, el general Raúl Cabaellero Aburto, del Partido Revolucionario Institucional, quien fue culpado de haber asesinado a más de 30 personas y torturado muchas más. Para combatirle se formó la Asociación Cívica Guerrerense (ACG), que incluyó a militantes del Partido Comunista Mexicano y del Partido Popular Socialista. Varios de los muertos fueron arrojados en el Pozo Meléndez (o Boca del Diablo) cerca de Taxco, donde también terminaron muchas de los perseguidos de la Guerra Sucia en los 60 y 70. Además queda muy cerca de donde fueron desaparecidos los estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre pasado.

Caballero Aburto fue destituido finalmente luego del asesinato por tropas del ejército de 19 estudiantes en Chilpancingo, el 30 de diciembre de 1960. Luego, protestas contra el fraude electoral orquestado por el PRI se saldaron con una matanza el 31 de diciembre de 1962, en Iguala. La ACG, dirigida por el maestro Genaro Vázquez Rojas, egresado de la Normal Rural de Ayotzinapa y militante del Movimiento Revolucionario del Magisterio, había organizado una “parada cívica” frente al palacio municipal. Con el respaldo de la policía y el ejército, guardias blancas atacaron la manifestación dejando ocho muertos y 280 detenidos. A esta masacre siguió un operativo de “tierra arrasada” para recuperar los municipios tomados por los “cívicos”.

Después de algunos años como maestro rural, Genaro Vázquez fue capturado por la policía de Guerrero en 1966. El 18 de mayo de 1967, la policía judicial realizó otra masacre, esta vez en contra de maestros que protestaban en Atoyac de Álvarez, en la Costa Grande. Los judiciales dispararon contra la multitud desde las azoteas de las casas, dejando un saldo de entre cinco y nueve personas muertas y varias heridas. Véase la vívida descripción de la matanza en el magistral libro de Carlos Montemayor,Guerra en el paraíso (1991).

Esto también fue el detonante del levantamiento guerrillero de Lucio Cabañas, quien dirigía el mitin de protesta en Atoyac. Por su parte, Genaro Vázquez, después de ser liberado en 1968 por un comando armado, pasó a la guerrilla en las regiones de la Montaña y la Costa Chica bajo el rótulo de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. Murió en un accidente de carretera en febrero de 1972 en circunstancias oscuras. Según el relato/novela del siempre bien informado Carlos Montemayor, Genaro fue ultimado por un militar.

Durante los años 1970 y 1980, Guerrero fue el escenario de los episodios más encarnizados de la guerra sucia contra la guerrilla. El estado fue sometido, literalmente, a estado de sitio militar. La 27ª Zona Militar, con sede en Acapulco, contó con el equipo de guerra más moderno de la época. La Dirección Federal de Seguridad y el Ejército realizaron matanzas de poblaciones campesinas enteras, aplicando brutales técnicas contrainsurgentes para barrer con el apoyo popular a la guerrilla. Según comenta Laura Castellanos, autora de México armado (2007):

“Guerrero, además, tiene el infamante honor de ser el primer lugar en América donde se inauguraron los ‘vuelos de la muerte’, aun antes que en las dictaduras sudamericanas: a decenas, quizá cientos de civiles se les trasladó en aviones militares para ser arrojados, vivos, en altamar. A otros más se les incineró o arrojó a fosas clandestinas.”

“Antes y después de Iguala” en Milenio, 20 de noviembre de 2014

El informe final de la Comisión de la Verdad para Guerrero relata que entre 1974 y 1981 fueron arrojadas al mar cerca de mil 500 personas, algunas vivas (La Jornada, 18 de octubre de 2014).

El control militar del estado fortaleció a los caciques y sus bandas paramilitares. En varias zonas el ejército permitió la siembra en gran escala de mariguana y amapola, lo que generó una suerte de “base social” contrainsurgente ligada al narcotráfico. Pese a la política de exterminio, algunos grupos herederos de las guerrillas de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez lograron sobrevivir. Para reavivar la represión en contra de las comunidades campesinas que pudieran darles cobijo, el gobernador priísta Rubén Figueroa Jr. emprendió la matanza de 17 militantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur en Aguas Blancas, el 28 de junio de 1995. Un año después, se anunció la formación del Ejército Popular Revolucionario.

La guerra sucia nunca terminó: cientos de personas macharon desde la comunidad de Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez, Guerrero, el 28 de junio de 2014 para marcar el 19 aniversario de la matanza de 19 mililtantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. (Foto: Javier Verdin/La Jornada)

Debido al furor en torno a la masacre de Aguas Blancas, el gobernador fue obligado a pedir licencia y fue sustituido por Ángel Aguirre Rivero. Pero no cesaron las matanzas. El 7 de junio de 1998, en la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, elementos del ejército mexicano lanzaron granadas de fragmentación que mataron a 11 indígenas dormidos en una escuela primaria. A eso le siguieron los devastadores efectos de la guerra de Calderón contra el narcotráfico, en la que fueron muertos más de 100 mil personas, entre ellos un 8 por ciento en Guerrero (Alejandro Poiré en Nexos, febrero de 2011). Unos 8 mil guerrerenses perdieron sus vidas en esta guerra ordenada por la Casa Blanca, el Pentágono y sus títeres en Los Pinos.

Como defensores acérrimos de los derechos democráticos, los marxistas revolucionarios nos oponemos a toda ley contra la producción, comercio y consumo de drogas, al igual que a leyes relativas al uso de alcohol o tabaco, por atentar contra las libertades de la persona. Como hemos enfatizado, la “guerra contra el narco” es una disputa entre sectores de la burguesía que tiene por objeto mantener una presencia militar y policíaca omnímoda en las regiones empobrecidas del campo y en los barrios de trabajadores en las ciudades. Asimismo, refleja la subordinación de los gobiernos burgueses mexicanos al imperialismo yanqui, en sus nefastas guerras contrainsurgentes en América Latina desde los años 1960.

Aún así, la guerra sucia en Guerrero no terminó. El asesinato de dos estudiantes de Ayotzinapa por policías estatales en la Autopista del Sol, el 12 de diciembre de 2011, fue el evento más sobresaliente del primer año del segundo mandato de Ángel Aguirre Rivero como gobernador del estado (esta vez por el Partido de la Revolución Democrática). Y ahora terminó con su solicitud de licencia por la masacre de Iguala del 26 de septiembre de 2014, la peor que todas, pero no la primera … ni la última. Los tambores de la guerra sucia seguirán batiendo sus ritmos funestos, y las campanas doblando sus repiques de luto, hasta que una revolución socialista ponga fin, una vez por todas, a esta diabólica maquinaria capitalista de la muerte.