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junio de 2005 Dirigentes proclaman una “Asamblea
Popular” en El Alto
Trabajadores bolivianos se movilizan
contra la amenaza de un “golpe blanco”
¡Por un gobierno obrero, campesino e indígena! LA PAZ, 9 DE JUNIO – Miles de
mineros y campesinos se han movilizado para rodear el centro de Sucre,
donde el
Congreso boliviano ha programado reunirse esta mañana para
decidir quién será
el nuevo presidente. Enormes manifestaciones exigiendo la
nacionalización de
los hidrocarburos obligaron al presidente no electo Carlos Mesa a
renunciar.
Ahora, los partidos de las dictaduras militares y del régimen de
Gonzalo
Sánchez de Lozada, que masacró a manifestantes en octubre
de 2003, se proponen
instalar a Hormando Vaca Díez en la presidencia. Este senador de
línea dura de
Santa Cruz ha prometido “poner orden”
ante las movilizaciones
masivas que han paralizado la capital y una buena parte del país
a lo largo de
las últimas semanas. Su intento de asumir el poder ha sido
caracterizado como
un “golpe blanco”. Mientras tanto, sigue siendo bien real la amenaza de
un
golpe militar tal cual.
La radio informa que hasta
6.000 mineros de Potosí, Oruro, Uyuni y
otras áreas se han unido a
campesinos de Potosí y de Cochabamba para converger en Sucre, en
demanda de que
Vaca Díez abandone sus intentos de convertirse en presidente.
Simultáneamente,
mineros de la Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin)
marcharon en El
Alto, la empobrecida ciudad que ocupa los altos arriba de La Paz,
afirmando que
si Vaca Díez no renuncia, habrá “guerra civil”. Incluso,
a algunos sectores de
la burguesía les preocupa que el país se desintegre: el
alcalde de La Paz
comenzó una huelga de hambre en contra del plan de Vaca de
hacerse de la
presidencia. Evo Morales, el principal dirigente del Movimiento al
Socialismo
(MAS), partido que tiene como base a los campesinos cocaleros de la
región de
Cochabamba, ha pedido al presidente de la suprema corte que asuma la
presidencia y que convoque a nuevas elecciones. A cambio de ello,
Morales ha
ofrecido terminar con las protestas, apuñalando por la espalda a
los mineros y
a los trabajadores urbanos y rurales. Ayer, sin embargo, cientos de
miembros de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de
Bolivia (FSTMB),
que históricamente ha sido la columna vertebral del movimiento
obrero, encabezó
una enorme manifestación en La Paz coreando “Muera el parlamento
burgués”, “Ni
30 ni 50 [por ciento de regalías por las exportaciones de gas]:
nacionalización”, “Con gas, sin gas, mineros en La Paz” y otras
consignas. En
un comunicado, la FSTMB criticó la demanda de nuevas elecciones,
calificándola
como un intento de “eludir la nacionalización de los
hidrocarburos” y afirmando
que “el actual sistema democrático se ha degenerado y
está colapsado”, además
de pronunciarse por un “gobierno popular y revolucionario” y una “Gran
Asamblea
Popular Nacional”. El llamado por una “asamblea
popular” ha sido el lema central de lo que la prensa burguesa ve como
el ala
“radical” de las protestas, contrapuesta en ocasiones al llamado de
Morales a
favor de una “asamblea constituyente”. Frecuentemente, la demanda se
vincula
con consignas a favor del “poder popular” y de un “gobierno popular” o
“gobierno del pueblo”. La referencia a la asamblea “del pueblo”
constituye un
intento deliberado de distinguir tal cuerpo de un consejo obrero
del
tipo de los soviets que fueron los centros organizativos de las
revoluciones rusas de 1905 y 1917. El llamado por una “asamblea
popular” expresa una perspectiva de
colaboración de clases, lo que significa buscar una alianza con
elementos
“progresistas” de la burguesía, digan lo que digan aquellos
componentes con
discurso más izquierdizante. Como en el caso del gobierno de la
Unidad Popular
de Salvador Allende en Chile, la colaboración de clases
frentepopulista
significa la derrota de los explotados y oprimidos.
Ayer en la mañana, una
reunión
en El Alto fundó una “Asamblea Popular Nacional Originaria”. La
reunión fue
convocada por la Central Obrera Boliviana (COB), la FSTMB, la
Confederación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB),
el sindicato
nacional de gremialistas (pequeños comerciantes y vendedores),
la Central
Obrera Regional (COR) de El Alto y la Federación de Juntas
Vecinales (FEJUVE)
de El Alto, con delegados de más de 60 organizaciones, entre
ellas el sindicato
del transporte provincial de La Paz, el sindicato del magisterio urbano
de La
Paz, la Universidad Pública de El Alto, entre otras. La primera
resolución
aprobada por la “APNO” declara que El Alto es el “cuartel general de la
revolución boliviana”, mientras que otras resoluciones la
describen como un
“instrumento de poder popular”, establecen que los delegados deben ser
elegidos
en asambleas y cabildos y llaman a la formación de
comités de autodefensa y de
autoabasto para cada sector. Varias
organizaciones de izquierda oportunistas se apresuraron a aclamar a la
nueva
APNO como un “contrapoder” en oposición al estado capitalista.
La prensa
derechista enloqueció: un rabioso editorial de La
Razón de hoy acusa a
los militantes de El Alto de “intimidación”, “terror”, de
intentar imponer un
“régimen totalitario” como el “nazismo de Hitler, el fascismo de
Mussolini” y
otras cosas del estilo. En realidad, en octubre de 2003 El
Alto fue blanco de un verdadero reino de terror lanzado por un
régimen dictatorial, que los medios burgueses apoyaron sin
reparo alguno.
Sin embargo, la incipiente Asamblea Popular, tal como está
actualmente
constituida, dista mucho de constituir un órgano de poder dual.
Fue conformada
durante un “vacío” temporal en la cúpula del gobierno,
aunque el estado
capitalista encarnado en el ejército y la policía queda
firmemente establecido.
Para varios dirigentes de la APNO, su proclama representó una
suerte de plan B,
como en el caso del dirigente de la COB Jaime Solares, quien en
momentos claves
se ha esforzado por concretar un régimen “cívico-militar”
con oficiales
“patrióticos” del ejército, o el de Abel Mamani,
dirigente de la FEJUVE, quien
ha estado buscando un diálogo nacional bajo la égida de
la iglesia católica. La actual Asamblea Popular es
en lo esencial, un cártel de direcciones de distintas
organizaciones cuya
evolución futura sigue siendo incierta. Un verdadero
órgano centralizador de un
poder dual, un soviet, tendría que emerger de cuerpos de poder
dual
establecidos alrededor del país, que en este momento no existen
aún. Más allá
de las movilizaciones de masas, es necesario formar consejos obreros de
delegados, revocables en todo momento, así como de consejos de
campesinos y
consejos de soldados. Estos consejos deben instaurar el control obrero
de
fábricas, minas, centros de transporte y comunicación
claves; actuar como
cuerpos deliberativos y ejecutivos bajo dirección proletaria, y
no como una palestra para el intercambio de retórica
vacía;
organizar grupos de autodefensa (el
núcleo de milicias obreras y campesinas) bajo la égida de
las organizaciones de
masas de los trabajadores; y emprender la distribución de
víveres y artículos
vitales a la población. No se ganará la batalla a
la
burguesía atrincherándose únicamente en
una huelga indefinida, es necesario
emprender acciones positivas para establecer el poder obrero. Hoy, por
ejemplo,
cuando las reservas de gas para cocinar se han prácticamente
agotado en la
capital, el impacto de la huelga y el bloqueo de El Alto puede intensificarse mediante la
distribución de gas a vecindarios pobres, clínicas, etc.,
bajo estricto control
de las comisiones de los trabajadores de la planta Senkata YPFB,
mineros y
vecinos. Acciones como ésta, subrayarían de manera
impresionante la capacidad
de los obreros para gobernar, en contraste con las corruptas
autoridades
burguesas. Cuando esto comience a ocurrir, se puede abrir la vía
para terminar
con este impasse y avanzar hacia la revolución obrera. Los llamados a favor de una
Asamblea Popular evocan el cuerpo que con ese nombre
existió
brevemente en 1971 y que desde entonces ha sido mitificado por diversas
corrientes oportunistas. La “Asamblea Popular” de 1971, encabezada por
Juan
Lechín, dirigente minero con una orientación nacionalista
de izquierda, apoyó
en realidad (a pesar de ocasionales declaraciones izquierdistas) al
gobierno
militar-populista del general Juan José Torres, y dejó a
los obreros política y
físicamente desarmados ante el largamente anunciado golpe del
general
derechista Hugo Banzer. Los dirigentes de esta AP formaron más
tarde un “Frente
Revolucionario Antiimperialista” con el (ya para entonces depuesto)
general
Torres y otros sectores burgueses y reformistas. De hecho, los llamados
actuales a favor de una asamblea popular en Bolivia están
formulados de manera
que dejan la puerta abierta precisamente para el tipo de “alianzas” de
colaboración de clases que desembocaron en sangrientas derrotas
para los
obreros, campesinos y pueblos indígenas bolivianos en el pasado. Lejos de llamar por repetir la
debacle de la Asamblea Popular del 71, un partido trotskista en Bolivia
debería
luchar ahora por la formación de comités
de obreros, campesinos y
soldados, como los que los bolcheviques rusos dirigieron a la
toma del
poder en octubre de 1917, que podrían constituir la base de un gobierno
obrero, campesino e indígena. Los soviets
auténticos estarían basados en el
internacionalismo proletario, y
no en el nacionalismo burgués y pequeñoburgués,
extendiendo la mano solidaria a
los trabajadores chilenos, peruanos y argentinos, así como a los
obreros de los
centros imperialistas. Ésta es la única manera de
defender a los trabajadores y
oprimidos de las amenazas que se tornan más y más
peligrosas a cada hora que
pasa. n
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