octubre de 2014

Otra vez: matanza, desaparecidos e impunidad

Masacre en Iguala
exige movilización y revolución obrera

Estudiantes normalistas de Ayotzinapa bloquearon una caravana de tropas en la Autopista del Sol, el 5 de octubre, obligándola finalmente a dar vuelta atrás.  (Foto: Reuters)

PRI, PAN, PRD: asesinos partidos burgueses
¡Forjar un partido obrero que luche por la revolución socialista!

En las primeras horas de la tarde del sábado 4 de octubre, los despachos noticiosos comenzaron a informar desde Guerrero sobre el descubrimiento de una serie de fosas en las afueras de Iguala. Conforme pasaron las horas, se reportó el hallazgo de 9, luego 20 y finalmente 28 cuerpos calcinados y desmembrados en seis fosas. Muchos indicios apuntan a que serían algunos de los 43 estudiantes arrestados por la policía municipal una semana antes. De confirmarse que los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos fueron ejecutados, se trataría de la peor masacre de estudiantes en México desde la del aciago 2 de octubre de 1968.

La matanza de Iguala ya es noticia mundial. Exigen una “investigación limpia” organismos de derechos humanos, Naciones Unidas y hasta el gobierno norteamericano (que asesina a decenas diariamente en su ocupación de Afganistán y su guerra en Irak y Siria). Contra esta hipocresía oficial, los parientes de los estudiantes muertos y desaparecidos de Ayotzinapa junto con los combativos maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han llamado para hoy, 8 de octubre, a marchas y paros a escala nacional. También habrá piquetes frente a consulados mexicanos a escala internacional, uno de ellos en Nueva York donde nuestros camaradas del Grupo Internacionalista iniciaron una protesta de emergencia el domingo pasado.

En estas movilizaciones es fundamental responsabilizar al gobierno mexicano y a sus amos imperialistas por el crimen de Iguala. La cortina de humo sobre el narcotráfico sólo busca lavar las manos ensangrentadas del gobierno, siendo el estado capitalista el que hay que enjuiciar. Ha habido hasta 100 mil asesinados y otros tantos desaparecidos en la “guerra contra las drogas” bajo los gobiernos de Felipe Calderón (PAN) y ahora Enrique Peña Nieto (PRI), a órdenes de EE.UU. Mientras persista el capitalismo, seguirán las matanzas, las desapariciones y la impunidad. Por eso urge una movilización de clase de los trabajadores contra el sanguinario estado de los patrones, paralizando sectores claves de la economía y apuntando hacia la revolución socialista.

¿Por qué?

Enrique Peña Nieto envió la Gendarmería Nacional (izquierda), una nueva unidad de la Policía Nacional, para vigilar la ciudad de Iguala junto con tropas del ejército (derecha), el mismo ejército responsable de la masacre de Tlatlaya a finales de junio. (Arriba) Resguardando el Ayuntamiento, 6 de octubre.  (Foto: AP)

El asesinato de seis personas en Iguala en la madrugada del viernes 27 de septiembre, fue apenas el preludio de la carnicería. Hay imágenes de los estudiantes desaparecidos que son transportados en vehículos de la policía municipal hacia las afueras de la ciudad. La versión oficial del gobierno de Guerrero, del gobernador Ángel Aguirre Rivero (PRD), es que un capo del cartel Guerreros Unidos, un tal Chucky, ordenó al jefe de la policía de Iguala que aprehendiera a los estudiantes para entregarlos a sus sicarios, que los habrían ejecutado. Pero cualquiera que haya sido la participación del narco en el secuestro y desaparición de los normalistas, es preciso subrayar que es el aparato estatal burgués el responsable directo de lo ocurrido.

¿Por qué este crimen abominable? Las primeras versiones acusaban a los estudiantes de haber “robado” unos camiones para transportarlos a casa, aunque eso fue acordado con los choferes. Luego se alegó que el alcalde de Iguala, José Luís Abarca Velázquez (PRD), “ilocalizable” desde la semana pasada, consideró como un agravio imperdonable el que los normalistas botearan en Iguala el día en que su esposa ofrecía una “gala” tras leer su informe como jefa del DIF local. Involucrado con el tráfico de drogas, este financiero del gobernador Aguirre y narcoalcalde prófugo se sentía intocable: el año pasado habría asesinado con sus propias manos a tres dirigentes de la organización campesina Unión Popular Emiliano Zapata, con total impunidad. Pero incluso hoy, sigue sin haber acusación alguna contra el alcalde por la matanza del 27 de septiembre, afirma la PGR.

No obstante, la responsabilidad no recae exclusivamente en el asesino alcalde perredista. El gobernador perredista inició su sexenio con el asesinato a manos de la policía estatal (y federal) de dos estudiantes normalistas de Ayotzinapa en la Autopista del Sol. Sólo tuvo que pedir disculpas tiempo después. El mismo Aguirre Rivero era jefe del PRI de Guerrero en 1995 cuando el gobierno priísta de Rubén Figuera Jr. masacró a 17 campesinos en Aguas Blancas. Jamás hubo consecuencias penales. Hoy muchos manifestantes exigen la renuncia de Aguirre, pero el jefe del PRD nacional, Carlos Navarrete, se opone, porque en ese caso habría que defenestrar a varios gobernadores. (El alcalde igualteco pertenecía a la misma corriente perredista, Los Chuchos, que Navarrete.)

En otros tiempos: el alcalde prófugo de Iguala, José Luís Abarca (PRD), a la izquierda, se reune con el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre (PRD). (Foto: Antonio Rosas./Gobierno de Guerrero)

Ahora, el presidente priísta Enrique Peña Nieto envía a la flamante Gendarmería Nacional (el nuevo cuerpo de la Policía Federal anunciado con bombo y platillo al principio de su mandato) para vigilar Iguala, junto con el ejército. Se trata del mismo ejército cuyos integrantes son responsables de la masacre de Tlatlaya en Edomex a finales de junio, donde se ejecutó a más de una veintena de “sujetos”. Pero el pueblo de Guerrero no ha dado la bienvenida a la tropa, que sólo promete más represión. El domingo pasado, cientos de integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), que engloba a los de Ayotzinapa y todas las normales rurales del país, bloquearon en la autopista a un convoy castrense y lo obligaron a dar vuelta atrás.

Cualquiera que sea el motivo inmediato que desencadenó el baño de sangre de Iguala, la razón fundamental de la masacre es la satanización de los combativos estudiantes y el empeño de los gobiernos de todas las siglas de cerrar las escuelas normales rurales. Esto forma parte de la ofensiva privatizadora de la educación pública ordenada por Washington y las instituciones financieras mundiales. Hoy, esta política nefasta es implementada en México por Peña Nieto y su secretario de educación, Emilio Chuayffet, quien fue secretario gobernación cuando la masacre de Acteal en 1997. Cabe señalar que una demanda judicial en EE.UU. contra el ex presidente Ernesto Zedillo por Acteal recién fue desestimada por gozar el ex mandatario de inmunidad.

Las normales rurales han sido blancos predilectos de los “reformadores” educativos, al ser tenidas como “nidos comunistas” o “kínderes bolcheviques”, como anota la investigadora Tanalís Padilla (“La criminalización de los normalistas rurales”, La Jornada, 4 de octubre). Sus estudiantes han sido perseguidos y brutalmente reprimidos por oponerse a los constantes intentos de asfixiar económicamente o cerrar sus escuelas. La propia Elba Esther Gordillo, otrora “secretaria general vitalicia” del corporativista Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), organismo de control policial de los mentores, llamó a eliminar las normales rurales. En un seminario sobre “una nueva educación” la charra responsable de cientos de asesinatos de maestros dijo:

“Hemos planteado muchas veces a las autoridades que si se cierran algunas de las normales rurales va a haber mucho alboroto de los jóvenes. No se olviden que las normales rurales han sido semilleros de guerrilleros, pero si no hacemos esto, van a seguir con lo mismo”.

–citado por Luis Hernández Navarro, “Asalto contra las normales rurales”, La Jornada, 10 de agosto de 2010

De Guerrero rebelde a la revolución obrera

Manifestantes frente al Consulado de México en Nueva York denuncian al “gobierno asesino” por la masacre de Iguala, en una protesta de emergéncia iniciada por el Grupo Internacionalislta/U.S., el 5 de octubre.  (Foto: The Internationalist)

Guerrero ha sido el escenario de combativas movilizaciones de “los de abajo”, y también de un ciclo infernal de masacres, guerra sucia y represión por parte de “los de arriba” – la clase dominante capitalista. En la accidentada Sierra Madre del Sur, las aisladas poblaciones viven como en generaciones pasadas de la siembra de temporal, con frecuencia insuficiente para la autosubsistencia. Comunidades indígenas nahuas, amusgas, tlapanecas y mixtecas dispersas en la región de la Montaña, junto con importantes concentraciones afromexicanas en la Costa Chica, han padecido una opresión étnica y lingüística secular que subsiste hoy en día. En años recientes son acechadas también por los talamontes y bandas asesinas del narcotráfico.

“¡Guerrero en pie de lucha!” reza un popular coro en las manifestaciones del D.F. Así es, desde las guerrillas de Genaro Vázquez Rojas (en los años 1960) y Lucio Cabañas (a principios de los 70), ambos egresados de la normal rural de Ayotzinapa. (Cabañas también fue presidente de la FECSM.) Siguieron los campesinos insurgentes entre los copreros y cafetaleros, hasta las combativas movilizaciones de los maestros de la CETEG (filial estatal de la CNTE) y sus aliados los normalistas. El año pasado, la CETEG inició la más grande y larga movilización magisterial en México en décadas, aunque no fue secundada a tiempo por otras secciones de la CNTE. Sin embargo, cada una de estas luchas se ha mantenido aislada del poder que sí tiene la capacidad de derrotar a los sanguinarios capitalistas: el de la clase obrera urbana.

El estado tiene una historia revolucionaria notable, comenzando con Vicente Guerrero, comandante militar en la guerra de independencia de México, originario de Tixtla donde se encuentra la normal de Ayotzinapa, quien llegó a ser el primer y único presidente negro de México (sus padres eran de origen afromexicano e indígena) y que realizó la abolición de la esclavitud. Lamentablemente, Vicente Guerrero también apoyó el Plan de Iguala que pregonó la “unión” de las clases sociales y sometió su ejército insurgente al ejército realista del futuro “emperador” Agustín de Iturbide. De ahí hasta la instalación de gobiernos perredistas en la entidad compuestos por politiqueros ex priístas, la colaboración de clases ha socavado la rebeldía guerrerense. Como en Chile con Salvador Allende, “el pueblo unido” es un lema para la derrota. El nuestro es ¡Luchar, vencer, obreros al poder!

Hoy, resulta evidente que pedir investigaciones “limpias”, exigir la renuncia de un alcalde, un gobernador o incluso del presidente de la república no solucionará nada. El llanto y la ira de los parientes y compañeros de los normalistas desaparecidos, que reclaman airadamente en sus mantas “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, se repetirán. La débil burguesía mexicana, sometida al imperialismo y enfrentada por un poderoso proletariado y un campesinado pobre, no puede prescindir de la represión sangrienta para mantener su dominio. Como señaló el gran revolucionario ruso León Trotsky, fundador del Ejército Rojo y de la IV Internacional, en la época imperialista, en países semicoloniales como México se requiere un gobierno obrero y campesino para resolver las tareas democráticas al iniciar la revolución socialista internacional.

Habrá quienes sueñen con echarse al monte e iniciar la lucha armada como en el pasado. Pero igual que en el pasado los gestos heroicos no logarán la victoria, pues los campesinos no tienen el poder económico y social ni un interés de clase coherente para revertir el capitalismo. Hemos señalado que las actuales “autodefensas” de la Tierra Caliente de Michoacán son de hecho patronales, y las policías comunitarias indígenas de Guerrero son controladas por el mismo gobierno de Aguirre. A la vez, seguimos exigiendo la libertad de Nestora Salgado y los comunitarios presos por portar armas. Desde el levantamiento de los zapatistas en 1994 hasta la sublevación magisterial y popular de Oaxaca en 2006, la lección de los años recientes – y de tres revoluciones democrático-burguesas fallidas – es que la próxima revolución mexicana será obrera, o no será.

Es preciso romper con el PRI, el PAN y el PRD, partidos capitalistas cuyas manos están manchadas de sangre, y también con el Morena de Andrés Manuel López Obrador, uno de cuyos operadores en Guerrero, el actual secretario de salud estatal, Lázaro Mazón, es el principal padrino político de José Luis Abarca, el asesino alcalde de Iguala. Hace falta construir una dirección revolucionaria, armada con el programa trotskista de la revolución permanente, para forjar el núcleo de un partido obrero leninista como los bolcheviques en Rusia, que sirva como tribuno del pueblo al dirigir a todos los explotados y oprimidos a la toma del poder.

Enviamos nuestro mensaje de solidaridad proletaria desde la Ciudad de México (y Berlín y Nueva York) a los aguerridos estudiantes normalistas de Guerrero, sus compañeros y padres: “¡estamos con ustedes, ahora y siempre!” Que sepan los gobiernos de turno de la burguesía, tanto en México como en Estados Unidos y todo el mundo, que sus crímenes no escaparán a la vista de la clase obrera mundial. Sobre la masacre de Iguala de 2014 igual que la de México del 2 de octubre de 1968, no habría ni olvido, ni perdón... ¡Luchar, vencer obreros al poder! ■