CIUDAD DE MÉXICO, 24 de abril – Esta tarde el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó, por una amplia mayoría, una reforma a la legislación vigente sobre el aborto. El cambio más significativo consiste en una nueva formulación del Artículo 144 del Código Penal que a partir de ahora define al aborto como “la interrupción del embarazo después de la décimo segunda semana de la gestación” (Milenio, 20 de abril). O sea, durante los primeros tres meses de gestación, terminar un embarazo no estará penalizado, al no considerarse jurídicamente como un aborto. En virtud de otra reforma legislativa, la operación será practicada gratuitamente a las mujeres que la soliciten en instalaciones de salud (hospitales y clínicas) del gobierno del D.F.

La medida tiene un carácter limitado: el aborto en el segundo y tercer trimestres sigue siendo un delito –sólo reduce las penas de prisión para la mujer que ejerce su derecho de terminar un embarazo no deseado. Además, las jóvenes de menos de 18 años se verán obligadas a obtener el permiso de sus padres, una restricción nefasta que incluso podría causar muertes. No obstante, la reforma ha provocado una desenfrenada histeria retrógrada por parte del clero y sus representantes políticos. Grupos feministas, en cambio, cantaron victoria. Alrededor de América Latina, la despenalización parcial del aborto en la capital mexicana está siendo vista como una grieta en el muro de la reacción católica que podría abrir la vía para derribar la prohibición del aborto en Brasil y otros países del continente.   

Contra los oscurantistas religiosos y los políticos reaccionarios, lo mismo que contra los tímidos reformadores burgueses, todos opresores de la mujer, los comunistas internacionalistas luchamos por el irrestricto derecho al aborto, libre y gratuito, a decisión exclusiva de la mujer, con atención médica de alta calidad y en cualquier momento de su gravidez. Exigimos también la amplia distribución sin costo de anticonceptivos así como el acceso a medicamentos seguros para la interrupción de una gravidez incipiente. A la vez, subrayamos que la plena liberación de la mujer de su opresión secular sólo puede lograrse con el derrocamiento del capitalismo, eliminando la pobreza que torna imposible a millones de madres alimentar adecuadamente a sus hijos. Esto haría posible su emancipación de la esclavitud familiar con su plena participación en el trabajo fuera del hogar en condiciones de igualdad y con la socialización de las tareas domésticas. ¡Por la liberación de la mujer mediante la revolución socialista!

Ante esta reforma limitada, el Partido Acción Nacional del presidente Felipe Calderón, la Iglesia Católica en México y toda una serie de organizaciones ultrarreaccionarias y hasta fascistoides, como Provida, han lanzado una cruzada bajo el lema de “proteger a los inocentes”. A esta cruzada se ha sumado el papa Benedicto XVI, que envió a México al cardenal colombiano Alfonso López Trujillo como delegado especial antiaborto del Vaticano, y que dirigió una carta a la Conferencia del Episcopado Mexicano. El cardenal Norberto Rivera, primado de los obispos mexicanos, ha amenazado en sus prédicas con fuego infernal para los que quieren legalizar el aborto. Ahora la jerarquía eclesiástica está amenazando con excomulgar a todo el que vote a favor de su despenalización. La defensa de los “valores familiares” encabezada por la reacción clerical se muestra nítidamente en su verdadera naturaleza: es una embestida contra los derechos más elementales de la mujer y por el fortalecimiento de los aberrantes estereotipos machistas que sirven para “justificar” su opresión en el seno de la familia, institución angular de la sociedad burguesa para inculcar valores conservadores que sirven para el sustento de ésta.

Jóvenes del Comité Internacioanlista en el CCH-Sur del Distrito Federal en lucha por el aborto libre.
(Foto: El Internacionalista)

Las iniciativas de ley que convergieron en esta reforma fueron inicialmente presentadas por diputados del Partido Revolucionario Institucional y de Alternativa Socialdemócrata y Campesina. La bancada del Partido de la Revolución Democrática, la fuerza preponderante en la ALDF, generó la redacción final, en tanto que los trasnochados mochos del PAN gritaron su consternación. Sin embargo, es significativo que durante los seis años de la gestión del abanderado del PRD, partido populista-nacionalista burgués, Andrés Manuel López Obrador, como jefe del GDF no se realizó ningún avance para establecer el derecho al aborto. Además de que no quería poner en riesgo sus ambiciones presidenciales, resulta que AMLO era gran amigo del ultra reaccionario cardenal Rivera.

En último término, la opresión de la mujer es producto directo de la división de la sociedad en clases. Por ello, en tanto que el derecho a abortar constituye un elemental derecho democrático de la mujer, para hacerlo realidad no basta con una lucha meramente democrática constreñida a los marcos institucionales de la “democracia” capitalista. De hecho, todos los partidos burgueses se oponen a la plena legalización del aborto. Diputados comunistas hubieran votado críticamente a favor de la mínima reforma que se aprobó en la Asamblea Legislativa y que parcialmente despenaliza el aborto, proponiendo a la vez la eliminación de todo el artículo contra el aborto. Sin embargo, la cuestión trasciende con mucho la acción legislativa. En realidad, la lucha por los derechos de la mujer exige una revolución social, que hoy sólo puede ser socialista.

La lucha por la emancipación de la mujer se enfrenta a las fuerzas combinadas de la represión estatal, la reacción clerical y sus turbas sedientas de sangre, la violencia machista en el seno de la familia y en prácticamente todas las esferas de la vida, el fardo de la ignorancia, el oscurantismo y los prejuicios religiosos, así como del ruinoso estado en que se encuentra el sistema de salud, que ofrece servicios de muy deficiente calidad a los trabajadores, y prácticamente ningún servicio a los desempleados. Es por ello que la lucha por el aborto libre, gratuito y seguro es un componente fundamental de la lucha por la revolución socialista internacional.

En México hasta ahora, el aborto ha estado legalmente prohibido con pocas excepciones. En el D.F., éstas se limitaron a los casos en que el embarazo hubiera resultado de una violación, en que estuviera en peligro la vida de la mujer o cuando el feto tuviera graves deformaciones. En estas condiciones, un aborto clandestino conlleva serios riesgos: la mujer enfrenta una seria amenaza a su vida por hemorragia e infección masiva.  Además, ella y quienes realizan la operación, son considerados como criminales por parte del estado. Periódicamente la policía realiza redadas en las clínicas clandestinas, apresando a mujeres, médicos y enfermeras.

A pesar de lo anterior, la práctica del aborto es muy extendida. Esto muestra la verdadera desesperación de las mujeres que enfrentan la terrible disyuntiva de correr el riesgo de un aborto o procrear niños no deseados a los que no pueden mantener. En México, donde las propias cifras del gobierno admiten que la mitad de la población vive sumida en la pobreza y el 20 por ciento en la pobreza extrema, la posibilidad de alimentar a un nuevpo hijo dista de ser una cuestión abstracta. Apenas iniciado el nuevo gobierno de Calderón, el tortillazo de enero aumentó en un 40 por ciento en el precio de la tortilla, mientras el Congreso eliminaba los subsidios de la leche Liconsa. Así, cuando el gobierno literalmente retira los alimentos básicos de las mesas de los pobres de la ciudad y del campo, el problema de tener o no un hijo no se limita al “derecho a decidir”. Por ello, resulta particularmente obscena la retahíla sobre “salvar bebés”, en un país en el que se criminaliza el aborto, pero todavía mueren 30 de cada mil niños (cuando en Cuba el índice es de menos de 6), en gran parte debido a infecciones gastrointestinales y a enfermedades que podrían erradicarse con el uso de vacunas.

Las cifras más serias calculan que se realizan más de un millón de abortos al año. La abrumadora mayoría de las mujeres que deciden tener un aborto deben practicárselo ellas mismas, o acudir subrepticiamente a sitios en los que personal poco calificado lo lleva a cabo, y donde además es frecuente que sean tratadas como basura. Cada año en México, según las estadísticas de la ONU unas 106,000 mujeres son hospitalizadas tras practicarse abortos inseguros. En el Distrito Federal, los abortos mal practicados representan la tercera causa de muerte materna. Según datos de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, cada año mueren en el país 100 mujeres por abortos inseguros (y las cifras reales deben estar muy por encima de lo que reconocen las agencias gubernamentales). Y todo esto cuando, de practicarse adecuadamente, el aborto es una de las intervenciones quirúrgicas más sencillas y seguras.

Manifestación a favor del derecho al aborto frente a la Asamblea Legislativa del D.F., 29 de abril.
(Foto: Dario López-Mills/AP)

Estas cifras reflejan, nuevamente, la opresión propia de una sociedad dividida en clases. ¿Quiénes son las mujeres que mueren en las planchas de los abortos clandestinos insalubres? ¿Las acomodadas, que tienen el dinero suficiente para costearse un buen hospital en el extranjero? Obviamente no. Las que sufren las consecuencias de la criminalización del aborto son las mujeres pobres, cualquiera lo sabe.

La lucha por despenalizar el aborto en el Distrito Federal tiene una larga historia. Ya en 1983 se presentó una iniciativa para legalizar el aborto dentro de los primeros tres meses, pero fue derrotada. En 1979, la efímera fracción parlamentaria del Partido Revolucionario de los Trabajadores (que falsamente se ostentaba como trotskista), junto con varias feministas del Partido Comunista, presentó una iniciativa a favor de la “maternidad voluntaria” que pedía la completa legalización del aborto. Al igual que ahora, las fuerzas reaccionarias organizaron manifestaciones en las calles, e incluso organizaron ataques físicos contra los que defendían la reforma.

En el caso actual, las limitaciones de esta enmienda de ley no se restringen a que se sigue considerando al aborto como un delito. Aun cuando fuera legal su práctica, nada garantizaría que una mujer pudiera realizarlo de manera libre y efectiva. Ya es legal en todo el país, por ejemplo, que una mujer aborte si su embarazo ha resultado de una violación. (Es significativo que hasta a esto se oponen los reaccionarios clericales.) Sin embargo, incluso cuando una mujer violada y embarazada ha conseguido una orden legal autorizando un aborto, las autoridades hospitalarias y del DIF, agencia gubernamental para el “desarrollo integral de la familia”, con frecuencia se niegan a llevarlo a cabo. 

Considérese el muy conocido caso de Paulina para probarlo. Paulina Ramírez Jacinto fue violada a los 13 años y sin embargo se le negó la realización de un aborto en Mexicali. El obispo y hasta el gobernador de Baja California Norte intervinieron personalmente para disuadirla, y cuando esto no dio resultado, para impedir que ella pudiera terminar el embarazo. Un informe de Humans Rights Watch (marzo de 2006) titulado “Víctimas por partida doble: Obstrucciones al aborto legal por violación en México” presenta los casos de mujeres que atravesaron periplos semejantes en Guanajuato, Yucatán y el Distrito Federal a lo largo de 2005. Una trabajadora social que en Mérida ayudó a una niña de doce años embarazada como producto de una violación cuenta lo siguiente:

“Las autoridades dicen: ‘no es posible’. Les llevé el artículo [del Código Penal estatal] donde dice que [el aborto después de una violación] está dentro de los causales. … En el DIF [donde yo trabajaba] querían que la niña tuviera al hijo a como dé lugar. … [Las autoridades] decían que ya muchos meses [así que el aborto era imposible] y les dije: ‘Porque iban pasando los meses mientras [ustedes] me dicen que no’.”

Incluso en Estados Unidos, donde el aborto es legal, el acceso real al aborto se encuentra fuertemente restringido. Apenas la semana pasada, la Suprema Corte ilegalizó un procedimiento de aborto en el tercer trimestre, que podría abrir la puerta para una ofensiva reaccionaria para desmantelar el derecho al aborto trecho a trecho. Un caso reciente que demuestra los obstáculos que enfrentan las mujeres que quieren terminar un embarazo es el de la adolescente inmigrante Amber Abreu, quien ahora enfrenta cargos penales en el estado de Massachusetts (¡bajo una arcaica ley de la década de los 1840!) por un intento de abortar. Como escribieron nuestros camaradas del Internationalist Group en un artículo en su defensa:

“El caso de Amber Abreu subraya el hecho de que lo que está en juego no es simplemente el derecho legal a ‘elegir’, sino la posibilidad real de acceder a los servicios necesarios para abortar. En muchos estados han sido aprobadas leyes que impiden que adolescentes embarazadas terminen con su embarazo sin haber avisado a sus padres. Las clínicas han estado bajo sitio de ‘escuadrones de dios’ derechistas que no sólo se proponen hostigar a las mujeres que desean abortar, sino también acabar con ese tipo de centros. En varios estados del centro de Estados Unidos, esto ha llegado hasta el punto en que sólo siguen abiertas una o dos clínicas en las que se puede abortar. Encima de todo, los fanáticos antiabortistas recurren al asesinato descarado, publicando en Internet los nombres y direcciones de doctores que practican abortos, asesinándolos en sus casas y poniendo bombas en las clínicas. El terrorista derechista John Salvi asesinó a dos trabajadores en la clínica Planned Parenthood (paternidad planeada) en Brookline [Massachussets], e hirió a otras cinco personas en 1994. El Internationalist Group lanza un llamado a favor de una combativa defensa proletaria de las clínicas donde se practican abortos.”

Ahora en México los reaccionarios van a recurrir a semejantes métodos terroristas, como ya ha señalado Jorge Serrano Limón de Provida. En realidad, la lucha apenas comienza: más allá de lo que diga la ley, habrá que oponerse a toda traba jurídica o extralegal que se intente imponer, así como defender al personal médico y a las mujeres en las clínicas y hospitales donde se realicen abortos. Seguramente los médicos reaccionarios dirán que son “objetores de conciencia” para rehusarse a realizar el aborto, tal como hicieron los médicos con Paulina en Mexicali. ¡De ningún modo! Será necesario movilizar a los trabajadores con conciencia de clase, a las mujeres y a todos los defensores de los derechos democráticos para imponer este derecho y garantizar el recurso irrestricto al aborto. En efecto, la lucha por el aborto libre y gratuito en el marco de un sistema de atención médica de la más alta calidad atañe fundamentalmente a la clase obrera en su conjunto.

La prohibición legal del aborto en México ofrece una medida clara del grado de opresión que sufren las mujeres en este país. Que una mujer dé a luz o no, debe ser producto de su propia decisión, no una determinada por el Papa en turno, políticos de la clase dominante, jueces reaccionarios, o cualesquiera otras personas. “Nosotras parimos, nosotras decidimos”, dice una consigna que corean muchas mujeres que luchan por este derecho fundamental. En eso tienen toda la razón. Pero la lucha por el aborto libre y gratuito no es un asunto que sólo concierna a las mujeres, sino que afecta a todos los trabajadores. La opresión de la mujer no será abolida por una serie de medidas legislativas. Para hacer realidad su emancipación, es necesario acabar con los fundamentos materiales de esta opresión: la propiedad privada y la institución familiar que le asigna a la mujer el trabajo doméstico y la crianza de los niños. Se requiere una socialización de tales funciones familiares para liberarla de este fardo.

No sólo para los marxistas, el grado de emancipación de la mujer de su opresión particular es el indicador más preciso del grado de emancipación de una sociedad de la opresión general. La división de la sociedad en clases y la consiguiente aparición de la propiedad privada trajeron consigo la necesidad de garantizar la transmisión de la herencia del varón propietario a “sus” hijos. Esto implicó que las mujeres fueran separadas de la producción social y relegadas al trabajo del hogar y de la dura crianza de los niños. Convertida en propiedad de los hombres, encarcelada en el seno de la familia, la mujer ha sido históricamente oprimida por su género. Si además pertenece a una clase social económicamente oprimida como esclava, sierva o trabajadora, y/o un grupo sujeto a la discriminación étnico-racial, ella sufre una doble y hasta una triple opresión.

En los últimos decenios, la reducción constante de los salarios de los trabajadores debido a una ofensiva patronal ha resultado en la reinserción de un sector cada vez más grande de las mujeres en la producción social por su necesidad de supervivencia económica y el afán de los capitalistas de reducir los costos de producción. No es ninguna casualidad que la enorme mayoría de las empresas maquiladoras en México contraten casi exclusivamente a mujeres muy jóvenes, a las que mantienen oprimidas y aterrorizadas de múltiples maneras (los asesinatos de Ciudad Juárez, por ejemplo, se enmarcan en este contexto). La integración de las mujeres a la producción social en el marco del capitalismo (que a la vez es una condición indispensable para su emancipación social), implica que a la opresión machista en el seno de la familia se suma la explotación que sufren las mujeres como trabajadoras. Después de laborar fuera de la casa por salarios de hambre, la mujer debe llegar a la casa a realizar las tareas del hogar.

Trabajadoras de la industria de la maquila, nueva capa del proletariado mexicano, sometidas a dura explotación, obligadas a vivir en condiciones infrahumanas. Arriba: Llegando al trabajo en una ensambladora de televisores en Tijuana, septiembre de 2003. Abajo: rancho donde casi todos trabajan en las maquiladoras cercanas de Tijuana, diciembre de 2003.
(Fotos: David Maung/AP)

No sólo se oprime a la mujer trabajadora al impedirle terminar un embarazo no deseado, sino que también se la oprime al expulsarla del trabajo por tener los hijos que sí quiere tener. Como escribimos en nuestro artículo “Obreras mexicanas de las maquiladoras luchan por sus derechos” (El Internacionalista No. 1, mayo de 1998), “es un procedimiento común en las maquiladoras a lo largo de la frontera, aplicar pruebas de embarazo a las aspirantes, así como a las trabajadoras ya contratadas, para evitar las disposiciones del código laboral mexicano que estipulan tres meses de licencia de maternidad pagada así como la protección de las mujeres embarazadas frente a tareas peligrosas”. Así los marxistas que luchamos por el derecho de terminar un embarazo no deseado también defendemos el derecho a la maternidad deseada. 

 Es importante señalar que, a pesar de que la burguesía emplea a mujeres únicamente para explotarlas mejor, en los momentos de insurgencia obrera, cuando las masas oprimidas se rebelan, la burguesía en su conjunto se pone en contra de las conquistas de las mujeres, pues sus propios privilegios están en juego. En el régimen nazi, por ejemplo, fruto de la necesidad de la burguesía alemana de destruir a las poderosas organizaciones obreras alemanas, alcanzó su punto culminante la campaña para sacar a las mujeres de las fábricas y regresarlas al hogar. El lema de los nazis para las mujeres era “Kinder, Kirche, Küche” (niños, iglesia, cocina). Hoy día podría ser repetido sin empacho alguno por un Carlos Abascal, integrante de la siniestra organización fascistoide El Yunque. Un repugnante dicho machista mexicano – “A la mujer, como a la carabina, siempre cargada y detrás de la puerta”– hace eco del de los nazis. Que la mujer deba estar “cargada”, esto es, embarazada, da cuenta precisa de cuál es el papel que esta sociedad asigna a la mujer: la de mera reproductora anclada en la cárcel de la familia nuclear.

A pesar de lo moderado de la reforma ahora votada por la ALDF, la arremetida de la reacción clerical no se ha hecho esperar. El obispo Felipe Arizmendi ha lanzado amenazas de excomunión para los “asesinos exterminadores”; el cardenal Rivera lanzó un llamado a frenar la  “embestida del mal”. El ahora secretario general adjunto del PAN, Abascal (secretario de Gobernación y del Trabajo bajo el gobierno foxista afirma con total desempacho que las mujeres deben dejar de trabajar fuera de la casa y regresar a ser el “corazón del hogar”). El mismo proyectó en el noticiero Primero Noticias de Televisa, una serie de grotescas imágenes de bebés descuartizados, diciendo falazmente que esto es lo que provocará a gran escala la aprobación de la iniciativa de ley.

Grupos fascistoides como Provida mobilizan sus “escuadrones de dios” contra el derecho al aborto.
(Foto: Daniel Aguilar/Reuters)

A las peregrinaciones que estas fuerzas reaccionarias han organizado en Guadalajara y Querétaro y el Distrito Federal hay que añadir ahora la declaración del presidente Felipe Calderón y su esposa “a favor de la vida”, una declaración conjunta de las iglesias cristianas y católica en contra del aborto, y las múltiples actividades y amenazas de las organizaciones clerical-reaccionarias como Provida y los Caballeros de Colón. En un país en donde soldados con frecuencia violan y embarazan mujeres indígenas; en donde militares violaron y asesinaron a una anciana nahua, Ernestina Asunción de Zongolica, Veracruz, y en el que luego hasta el presidente de la república y el ombudsman responsable de los “derechos humanos” disculpan a los violadores; en donde decenas de mujeres mexicanas mueren cada año por las secuelas de abortos clandestinos, es asqueroso oír a los propios gobernantes asesinos culpar de “asesinos” a los que luchan por el derecho al aborto en condiciones médicas seguras.

La arremetida reaccionaria “en defensa de la familia” y de la ideología burguesa del machismo también está acompañada de ataques contra los derechos de los homosexuales y pone en entredicho el principio democrático de la separación de la iglesia del estado. A principios del año, el clero católico despotricó contra la aprobación por la ALDF de una  “ley de sociedades de convivencia”, que otorga a las parejas homosexuales algunos derechos elementales como la posibilidad de heredar y de gozar de los servicios médicos otorgados a cualquiera de los miembros de la pareja. Esta nueva ley, sin embargo, no reconoce para los gays y las lesbianas el derecho de adoptar niños, entre otras cosas. Los marxistas insistimos: ¡Plenos derechos democráticos para gays y lesbianas! Estado e iglesia: ¡Fuera de las recámaras!

La familia nuclear capitalista es un elemento fundamental de la reproducción de la sociedad. Como tal, es esencial para producir una nueva generación, tanto de explotados como de explotadores y, en consecuencia, para transmitir los valores correspondientes de la sociedad burguesa. Que las mujeres puedan elegir entre embarazarse y no, hace temblar a los reaccionarios precisamente porque eso pone en cuestión los fundamentos ideológicos de su dominio y, en consecuencia, pone en riesgo a la mismísima propiedad privada.

Es por eso que hasta ex izquierdistas nacionalistas que han hecho sus paces con la burguesía suelen convertirse en feroces opositores al derecho al aborto. El caso más notorio en tiempos recientes es el del dirigente sandinista Daniel Ortega, que se hizo elegir por segunda vez presidente de Nicaragua, ahora afirmando una nueva fe cristiana y apoyando una ley que criminaliza el aborto en toda circunstancia. Es notable que los tres países de América Latina en donde está totalmente prohibida la interrupción del embarazo, aún en casos de violación y peligro para la vida de la mujer – o sea Nicaragua, El Salvador y Chile – son precisamente los países donde han triunfado contrarrevolucionarios auspiciados por el imperialismo yanqui.

La liberación de la mujer requiere la abolición de la propiedad privada de los medios de producción mediante una revolución socialista que, a su vez, establecerá las condiciones materiales para una genuina emancipación. Luchamos por que el proletariado se movilice no sólo por la plena legalización del aborto, sino también por el establecimiento de guarderías disponibles las 24 horas bajo control sindical. En México, un gobierno obrero y campesino haría un esfuerzo sistemático por liberar a la mujer de la esclavitud, colectivizando las labores que éste implica: establecería no sólo guarderías y escuelas sino también comedores y lavanderías colectivas. Sobre el fundamento de una economía colectivizada se puede sentar las bases para superar la miseria que ha sido el destino fatal de las masas de trabajadores e indígenas de América Latina desde tiempos inmemoriales.

El ligar la lucha por los derechos democráticos más elementales con la necesidad de la revolución socialista es parte integral de nuestra perspectiva y programa trotskistas de la revolución permanente, que a su vez implica la extensión internacional de la revolución socialista a los centros imperialistas para aplastar la contrarrevolución y movilizar sus enormes recursos económicos en beneficio de todos los explotados. Los comunistas del Grupo Internacionalista y de la Liga por la IV Internacional nos dedicamos a hacer realidad esta perspectiva. Te invitamos a que te unas a nosotros en esta lucha. ¡Aborto libre, gratuito y seguro! ¡Liberación de la mujer mediante la revolución socialista! n