abril de 2005   

Duro ajuste de cuentas entre la burguesía

¡Romper con AMLO, el PRD y su frente popular! ¡Forjar un partido obrero revolucionario!

MÉXICO, 25 de abril—Con inusitada anticipación, ha comenzado la carrera electoral por la presidencia de la república. Aunque falta más de un año para las elecciones de julio de 2006, y a pesar de que ninguno de los tres principales partidos burgueses ha definido oficialmente al que será su candidato, se perfila ya un duro enfrentamiento cupular entre distintos sectores de la burguesía mexicana. El aspecto más dramático de esta encendida “disputa familiar” tiene como foco el proceso politiquero que el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) han iniciado para despojar del fuero ejecutivo a Andrés Manuel López Obrador (“AMLO”), jefe del gobierno del Distrito Federal, con el propósito evidente de impedirle que contienda como candidato presidencial del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En la batalla sobre el desafuero, el Grupo Internacionalista alerta que la amenaza de una futura prohibición antidemocrática está siendo utilizada, con apreciable éxito por lo demás, para recabar simpatías y apoyo político para López Obrador y al PRD, partido nacionalista burgués, frente a las torpes medidas del PRI y del PAN para mantenerse en las poltronas del poder.  Al mismo tiempo que defendemos el elemental derecho democrático de que cualquier partido político se presente en las elecciones con los candidatos que decida (incluso si se trata de los grandes partidos capitalistas), señalamos que los obreros, campesinos y demás sectores explotados y oprimidos no deben dejarse confundir por las maniobras electoreras, ni depositar ninguna confianza en ningún bando burgués. En la ruleta política de la “democracia” burguesa, es el capital el que determina el resultado del juego. Con el comienzo del período preelectoral, reiteramos que urge romper con el frente popular alrededor del PRD, que encadena a los trabajadores a un sector de la clase dominante; reiteramos también que para todos los que quieren barrer con el actual régimen de miseria y represión la clave es forjar un partido obrero revolucionario en contra de todos los partidos patronales.

El gobierno de Fox ha intentado en vano imponer una serie de “reformas estructurales” para cumplir con las exigencias de las instituciones financieras imperialistas y sus socios menores de la burguesía mexicana. Éstas incluyen la venta al capital privado (tanto nacional como imperialista) del sector energético, el desmantelamiento de lo que queda sistema de jubilaciones y pensiones con el que el régimen corporativista del PRI-gobierno¹ intentó domesticar a la clase obrera, así como la completa eliminación de las conquistas laborales que estorban, aunque sea sólo un poco, la insaciable sed de ganancia de los capitalistas. Insatisfecha por la incapacidad del ranchero guanajuatense, la burguesía mexicana busca alternativas distintas para llevar a cabo sus planes hambreadores. El PRI, a pesar de sus interminables luchas intestinas, se declara listo para volver a la presidencia. De la misma manera, el PRD quiere mostrar a sus amos capitalistas- imperialistas su responsabilidad y capacidad de controlar el descontento social y mantenerlo dentro de cauces inofensivos de las instituciones políticas de la burguesía.

La actual maniobra del gobierno foxista y el PRI contra López Obrador tiene el propósito eventual de impedir que su nombre aparezca en las boletas electorales del año próximo. Lo que quieren es que, una vez que esté sujeto a proceso penal, según Artículo 111 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, “AMLO” carezca del derecho a participar en las elecciones. Pero pasarán meses hasta que esto se concrete. En este momento, ni siquiera es candidato del PRD (hay otros, incluyendo el sempiterno candidato perredista Cuauhtémoc Cárdenas, que disputan la candidatura), y ningún partido ha presentado, ni mucho menos inscrito, a su abanderado. Por ahora, a 14 meses de las elecciones, se trata de un prefraude que se prepara contra un precandidato en el período preelectoral y que sirve de pretexto para inflar al frente popular. En caso de que Fox y el PRI se atrevan a realizar su locura – imponer una prohibición contra el político que es de lejos el más popular de los precandidatos en las encuestas de opinión pública – entonces defenderíamos el derecho de López Obrador a presentarse como candidato presidencial, en el marco del empeño en desenmascarar  su candidatura y las de los demás partidos capitalistas.

El norte para los comunistas es siempre de luchar por la independencia política revolucionaria del proletariado y todos los oprimidos respecto a los políticos, partidos, gobiernos y el estado de sus patrones y opresores capitalistas. Esto nos opone por el vértice a múltiples grupos oportunistas que se han sumado a la causa de López Obrador y al frente popular del cual el PRD es el punto focal, bajo el pretexto de defender sus derechos democráticos.

De hecho, la actual lucha contra el desafuero de AMLO ha constituido el lanzamiento de su precampaña electoral. Así lo dicen no solamente sus detractores (“Autodestape” grita la portada de La Crisis [25 de abril]), sino también sus defensores. Eso podía desprenderse inequívocamente del gran esfuerzo de marketing político, muy profesional, encarnado en los ubicuos carteles con fotos de López Obrador que proclamaban, “No está sólo”. Con 250 mil personas colmando el Zócalo el 29 de agosto pasado, unos 500 mil el 7 de abril, y más de un millón en la misma Plaza de la Constitución ayer, López Obrador ha probado su “poder de convocatoria” a los operadores políticos y poderes fácticos de la política burguesa mexicana: “Con la marcha López Obrador dio un salto en las preferencias electorales: diputados”, tituló La Jornada (25 de abril). En nombre de la defensa de los derechos democráticos, se está intentando construir “el movimiento político-ciudadano más importante en la historia de la República” – o sea, un frente popular clásico – afirmaron las fracciones de PRD, PT (Partido del Trabajo) y PVEM (Partido Verde) en la Cámara de Diputados.

Algunos de los participantes en la marcha al Zócalo de la Ciudad de México del 24 de abril hacen patente que se trató de dar apoyo político a López Obrador y su partido, el PRD, del sol azteca, por su símbolo (en amarillo).  (Foto: Samkit Shah/AP)

En cuanto a los derechos democráticos, los marxistas advertimos que el fuero de los que detentan cargos ejecutivos en un estado capitalista, que impide acciones legales en su contra mientras estén en funciones, es un arma fundamentalmente antidemocrática. El fuero parlamentario, que prohíbe el arresto de legisladores, es una protección heredada de los tiempos feudales que impedía que un rey (o presidente) pudiera simplemente dictar la prisión de todo opositor y arrojarlo en las mazmorras del régimen. En cambio, en nombre de asegurar la “gobernabilidad”, el fuero ejecutivo protege a los comandantes supremos de los cuerpos represivos mediante los que se imponen los dictados de la burguesía. Fue a causa del fuero presidencial (Artículo 110 constitucional) que Luis Echeverría quedó exento de toda acción penal por haber ordenado, como secretario de Gobernación, la Masacre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968, en la que la policía y el ejército mataron a cientos de manifestantes estudiantiles, y luego por haber desatado, esta vez como presidente de la República, la Masacre de Jueves de Corpus del 10 de junio de 1971, hasta que terminó su sexenio en 1976.

Junto con el fuero ejecutivo, hay toda una serie de medidas y doctrinas jurídicas parecidas (inmunidad soberana, que protege a los gobiernos; lesa majestad, que prohíbe insultar al jefe del estado; inmunidad ejecutiva, que permite a los jefes de gobierno mantener el sigilo sobre sus actas) a las que los marxistas nos oponemos terminantemente. El propósito de estos fueros radica en dotar a los gobernantes capitalistas de la mayor impunidad posible para así valerse de las medidas que consideren necesarias para suprimir el descontento social. No obstante eso, aunque eliminar la inmunidad de López Obrador no fue un acto de por sí antidemocrático, su destitución como gobernante electo del DF sí sería un abuso que habría que condenar. Esto corresponde a principios jurídicos de la ley mexicana que, en el fondo, no presumen la inocencia de un acusado sino hasta que se presenta un fallo de culpabilidad. Pero si detrás de la acción del Congreso de la Unión del 7 de abril para desaforar a AMLO son evidentes mezquinos motivos políticos, los gritos de “la patria en peligro” por parte de sus partidarios tienen también un fin electorero no muy oculto que digamos.

Evidentemente no hay ninguna comparación entre lo que imputan a Andrés Manuel López Obrador y los verdaderos crímenes sangrientos cometidos a gran escala por el régimen priísta durante las siete décadas de su “dictadura perfecta” (expresión del derechista escritor peruano Mario Vargas Llosa). La acusación en contra de Andrés Manuel López Obrador es un embuste obvio y hasta ridículo: es acusado de haber pasado por alto durante un par de semanas un dictamen de un juez bloqueando la construcción de una vía de acceso a un nuevo hospital. No hay nada que sugiera siquiera que él hubiera ordenado o firmado nada al respecto, siendo entonces que lo consideran responsable por la acción de alguno de sus subalternos en el Gobierno del DF. Pero que esta acusación sea absurda, no quiere decir que no haya cosas por los que sería fundamentalmente justo quitar el fuero al jefe de gobierno del DF, entre ellas:

•  los desalojos en la delegación Xochimilco, en agosto de 2003, de moradores que ocupaban predios “irregulares”, que irónicamente fueron comprados de organizaciones vecinales ligadas al mismo PRD (ver “México 1985: Del sismo al frente popular”, en este número de El Internacionalista);
•  los desmanes de la policía capitalina en el marco de la campaña “tolerancia cero”, emprendida por la Secretaría de Seguridad Pública del DF con la asesoría de Giuliani Associates, la empresa del ex alcalde de Nueva York (a un costo al erario público de unos US$4 millones), incluyendo los retenes policíacos nocturnos del transporte público para “esculcar” a los pasajeros supuestamente en busca de armas (con la obvia intención de intimidar a la población);
•  la imposición de un estado de sitio en el pueblo de San Juan Ixtayopan en Tláhuac en noviembre pasado, luego del linchamiento de tres elementos de la Policía Federal Preventiva, presumiblemente realizando labores de inteligencia contrainsurgente; o
•  los despidos de empleados, más recientemente de 29 trabajadores, la mayoría mujeres, de Locatel, dados de baja a finales de marzo y luego perseguidos por la policía, que disolvió un mitin de protesta y tomó presa a una de las organizadoras.

Tampoco hay que olvidar la arremetida por policías antimotines contra huelguistas estudiantiles de la UNAM ordenada por Cuauhtémoc Cárdenas, el 4 de agosto de 1999, y la sangrienta carga de los granaderos de la SSP, golpeando salvajemente con sus toletes y escudos a estudiantes cuando manifestaban el 11 de diciembre del mismo año frente a la embajada norteamericana a favor de la libertad de Mumia Abu-Jamal, acción ordenada por el jefe policíaco de Rosario Robles, ambos del PRD, cuando ellos eran los jefes de gobierno del DF. “Desaforadamente” nos gustaría verlos todos en la banca de acusados por ese “abuso de poder” y esos actos de violencia; sin embargo, semejantes causas legales no prosperarían en el sistema jurídico burgués, y con el fuero ejecutivo mexicano serían imposibles.

Más allá de las particularidades legales, la enorme afluencia a los mítines lopezobradoristas se debe en gran parte al sentimiento de desilusión que se ha propagado ante el hecho de que la esperada derrota del PRI en las elecciones del año 2000 no se tradujo en beneficio alguno para la población. Muy al contrario, abrió la vía para la implementación por Fox de las mismas políticas privatizadoras que caracterizaron a los últimos sexenios priístas (De la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo). Pero de ahí no hay que sacar la conclusión de que otro político burgués que promete el “cambio democrático” haría mejor. López Obrador en Los Pinos [la residencia presidencial mexicana] hará lo mismo.

La experiencia del gobierno de Fox ha mostrado que los intereses capitalistas, tanto de la débil burguesía mexicana como de sus socios mayores en Washington y Wall Street, que hicieron necesario un régimen de mano dura y que no pudo tolerar más que un pobre simulacro de “democracia” en México – apenas separado de Estados Unidos por la más larga frontera terrestre entre el empobrecido “tercer mundo” semicolonial y el “primer mundo” imperialista – no desaparecieron con la caída del PRI. En el marco del capitalismo en su época de decadencia imperialista, la clase obrera sólo puede esperar la intensificación de los ataques patronales, el incremento de la miseria y la multiplicación de los mecanismos de subyugación. Por eso, la respuesta al desencanto producido por el gobierno foxista tiene que ser una intensificación de la lucha revolucionaria.

Cuando Fox asumió funciones a finales del año 2000, el autodenominado “gobierno del cambio” anunció que había llegado, para quedarse, el ansiado reino de la democracia. Promesas grandilocuentes sobre crecimiento económico y reformas políticas endulzaban los oídos de incautos y crédulos. Proclamando el inicio de una “transición sin turbulencias”, su principal objetivo consistía en poner en funcionamiento nuevos mecanismos de control social que resultaran más baratos y eficaces que aquellos de los que se sirvió el régimen del PRI-gobierno. Tras décadas de servicio al orden burgués, los mecanismos de sujeción corporativista² característicos del régimen priísta se sentían anquilosados y cada vez menos capaces de contener el creciente descontento obrero engendrado por la crisis de la deuda de principios los años 80. El pesado aparato estatal parecía caduco y excesivamente costoso. Bajo Fox, de la receta priísta de represión con “prestaciones sociales” se redujo a la sola represión. Como escribimos hace cuatro años, cuando el gobierno foxista daba sus primeros pasos:

“Del régimen semibonapartista decaído se pasó al ‘gobierno de las marcas’ con la presencia en el gabinete (debidamente seleccionado por empresas de headhunters) de represen­tantes del Grupo Carso, el Grupo Vitro, Cemex, Bimbo, Modelo, Maseca, además de Proctor & Gamble y la Union Carbide ... Cuando habla de un gobierno ‘plural e incluyente’ el ex magnate cocacolero quiere señalar la inclusión de un alto ejecutivo de la Pepsi-Cola.”

–”Fox deja caer la máscara”, Suplemento de El Internacionalista, 8 de marzo de 2001

El propósito del gobierno constituido por los representantes directos de toda una serie de trusts capitalistas, junto con representantes de los más rancios grupos de la reacción católica y hasta fascistoide en el país, fue imponer el desmantelamiento de los restos del “estado social” heredado del PRI. El nuevo régimen se preparó para utilizar los mecanismos clásicos del terror blanco patronal pero finalmente se sintió demasiado débil como para hacerlo. Dependió en última instancia del mismo aparato estatal que el priato. Ante ello, el PRI busca hacer un comeback, ofreciendo un “gobierno con decisión” que sí imponga, no importa cuanta represión sea necesaria, las políticas requeridas por la burguesía. Los gángsteres priístas aparecen como los tipos rudos que “saben cómo hacer el trabajo sucio”.

Y, claro, también está la opción burguesa de recambio del frente popular erigido en torno al PRD desde 1988. A mediados de los años 80, la crisis de la deuda tuvo como consecuencia una drástica caída de los niveles de vida de los trabajadores, junto con la depauperación de grandes sectores la pequeña burguesía urbana y rural. Tras una ola de huelgas obreras (mineros de Cananea, siderúrgicos de Sicartsa, Volkswagen, Ford), protestas estudiantiles y magisteriales (el movimiento de la UNAM contra las cuotas de 1986-1987, la huelga de la CNTE de 1989), y efervescencia en el campo que culminó en el alzamiento in­dígena zapatista en 1994,  la burguesía mexicana necesitaba urgentemente un apagafuegos que extinguiera lu­chas sociales potencialmente explosivas.

Desde su aparición, el PRD no ha sido otra cosa que una nueva versión del PRI. Formado, de hecho, por viejos militantes de ese partido y por toda una serie de grupos pertenecientes a la “izquierda socialista” (o sea, reformistas consumados), el PRD se intentó poner sistemáticamente a la cabeza de todo movimiento social que amenazara con salir de los cauces burgueses. Este modus operandi tenía el propósito de canalizar las luchas para dirimirlas “pacíficamente” en el parlamento burgués. Tras más una década de llevar las luchas de los explotados y oprimidos a la derrota, el frente popular se volvió cada vez más impopular entre los que eran su base. La huelga de la UNAM en 1999-2000 fue un importante punto de inflexión, pues por primera vez, decenas de miles de estudiantes en huelga en el que había sido un bastión incuestionado del PRD, se rehusaron a vender la huelga, en contra de lo que intentaban hacer los perredistas universitarios en su afán de no afectar la candidatura presidencial del “ingeniero” Cárdenas en julio de 2000.

Hoy, tras los ataques de Fox contra López Obrador, una parte importante de la población se ha indignado por el uso tramposo de las propias reglas de la burguesía. La “manifestación silenciosa” del 24 de abril en el Zócalo reunió, según cifras del GDF, a 1.200.000 personas – siendo así la movilización política más grande de la historia de México. A pesar de que algunos medios burgueses intentan pintar a López Obrador como un “radical” irresponsable, la verdad es que se trata de un político nacionalista burgués clásico que ha reactivado al frente popular cardenista. El decálogo de su “movimiento de resistencia pacífica” contra el desafuero enfatiza que no debe haber “bloqueos ni ocupaciones de instalaciones públicas o privadas”. Con la clásica jerga hueca del populismo, se trata de implementar una política de presión con el visto bueno de la burguesía nacional y sus amos imperialistas. Y eso es justamente lo que ha pasado.

Con la excepción de algunas ligas patronales como la Coparmex, la burguesía mexicana se ha mostrado temerosa de que las disputas cupulares puedan lanzar chispas potencialmente peligrosas que desencadenen una conflagración social incontrolable. Los analistas burgueses se preguntan por qué Fox ha generado un “enfrentamiento social” donde no lo había, y si López Obrador logrará contener a sus simpatizantes. Después de cada movilización a favor de AMLO, los medios se regocijan respirando tranquilamente, diciendo que el “saldo es blanco”. Incluso medios burgueses han azuzado el temor en los mercados bursátiles para ganar apoyo por parte de la burguesía a favor de AMLO. Así, por ejemplo, Milenio (6 de abril) proclamaba a ocho columnas: “Cae la bolsa por el desafuero”, para informar dos días después que el discurso de López Obrador en el Zócalo había dado “confianza a los mercados financieros”.

Lejos de que la embestida contra AMLO sea resultado de un complot entre Fox y los imperialistas norteamericanos (como afirman falsamente los seudomarxistas de Militante), en su visita a principios de marzo la mismísima secretaria de estado de EE.UU., la halcona Condoleezza Rice,  afirmó que el gobierno de EE.UU. aceptaría con beneplácito un gobierno de izquierda en México. Según reportó Reforma (10 de marzo), “Rice descartó que a Estados Unidos le generen preocupación los triunfos electorales y los gobiernos encabezados por políticos de izquierda”, poniendo el ejemplo del gobierno de Lula en Brasil como uno con el que el presidente Bush tiene una “excelente relación”.

Con sus multitudinarias movilizaciones pacíficas del 7 y del 24 de abril Andrés Manuel López Obrador está mostrando, en la práctica, cómo puede contener movilizaciones sociales. Cuenta, además, con el apoyo de los sindicatos “independientes” cuyas dirigencias burocráticas se están sumando con una nada disimulado entusiasmo al frente popular recientemente revivificado. La dirección del Sindicato Mexicano de Electricistas acaba de anunciar que incluirá “el tema de López Obrador en las demandas del 1° de mayo”, al mismo tiempo que unos 40 sindicatos anunciaron la realización de mítines en todo el país entre el 3 y el 11 de mayo “para expresar su rechazo al desafuero de Andrés Manuel López Obrador, en defensa de la vida democrática y en contra de las privatizaciones que pretende imponer el gobierno” (La Jornada, 24 de abril).

Los burócratas sindicales “independientes” se cuidan de decir que no necesariamente dan “apoyo político” a López Obrador, sino que se movilizan exclusivamente en defensa de “la democracia”. El mismo día [de su conferencia de prensa], una serie de “organizaciones sindicales, campesinas, civiles, estudiantiles y feministas, así como artistas e intelectuales” convocaron a “conformar un frente contra la imposición”. Los organizadores “precisaron que la intención no es impulsar la candidatura presidencial de López Obrador”, sino actuar en “defensa de la democracia y las libertades”, y proponer “soluciones para los principales problemas del país”. Se trata de un frente popular clásico, que al igual todo frente de colaboración de clases se basa en un programa con un mínimo común denominador: la supuesta defensa de la democracia, la justicia, la libertad y otras mentiras burguesas. Como escribió León Trotsky en vísperas de la Segunda Guerra Mundial imperialista, “en los países coloniales y semicoloniales – no sólo en China y la India sino también en Latinoamérica – el fraude de los ‘frentes populares’ sigue paralizando a las masas trabajadoras, convirtiéndolas en carne de cañón de la burguesía ‘progresista” (“Manifiesto de la IV Internacional sobre la guerra imperialista y la revolución proletaria mundial”, mayo de 1940).

Ejemplo de aquellos que equiparan la “lucha contra el desafuero” con la “lucha por la democracia” es el más reciente número de El Socialista (No. 302, 2a quincena de abril de 2005), periódico de los seguidores del difunto seudotrotskista argentino Nahuel Moreno. En la portada, que consiste en una gran foto de López Obrador, se lee en grandes letras “NO permitamos el atropello antidemocrático de Fox, el PRI y el PAN. Por el derecho de votar por AMLO o por cualquier candidato”. En el artículo de la contraportada, el POS se pronuncia por una lucha contra el desafuero que consista en una huelga general:

“Para defender eficazmente los derechos democráticos y además derrotar los planes neoliberales, hay que preparar una huelga general en el país. No sólo está planteado echar abajo el desafuero. También es indispensable que la lucha se encamine contra el propio gobierno de Fox y la alianza PRI-PAN, que lo sostiene y que pretende llevar adelante las impopulares contrarreformas estructurales.”

Este argumento, que representa la esencia de lo dicho por muchos otros reformistas, tiene el objeto de colocar una muy tímida hoja de parra a lo que es, en los hechos, un apoyo político a López Obrador y al frente popular erigido en torno al PRD burgués. Para justificar su descarada defensa de una institución tan antidemocrática como el fuero, estos grupos de izquierda se ven obligados a presentar su postura como si se tratara esencialmente de una defensa del derecho democrático a presentarse como candidato en las elecciones. Pero aquí surge el pequeño problema de que López Obrador ni siquiera es candidato de su partido. La realidad es que AMLO no está excluido de las boletas electorales, y lo que hace en este momento es montar su campaña electoral sobre la base de la lucha contra el desafuero, con la participación de una serie de organizaciones de la izquierda oportunista que no son capaces resistir la enorme presión de un millón doscientas mil personas en la calle.

“Sin avalar las medidas claramente autoritarias del gobierno, que demuestran cómo esta democracia burguesa degradada es incapaz de respetar sus propias leyes y mecanismos de control y engaño institucionales, los socialistas de la LTS no podemos dejar de señalar que la figura constitucional del fuero es en sí misma reaccionaria (y por ello no puede ser apoyada, defendida o avalada), ya que sobre esa base la clase dominante – desde la edad media – ha dado impunidad a sus acciones contra los dominados.”

Sobre esta base, la LTS se negaba explícitamente a pronunciarse contra el desafuero. Pero eso ha cambiado. En la más reciente edición de su periódico, escriben:

“Los socialistas de la LTS hemos planteado que el fuero es un mecanismo institucional reaccionario, institución que en México se ha utilizado durante el priato, y más recientemente bajo el actual régimen de la alternancia, para dar impunidad a genocidas y represores como Echeverría, y a políticos del PRI y el PAN. Pero dado que el desafuero implica hoy un salto en el recorte de los derechos democráticos más elementales, lo rechazamos como una maniobra para excluir políticamente a un candidato que cuenta con el apoyo de millones de personas, y demandamos el derecho irrestricto de AMLO a participar en las elecciones.”

–Estrategia Obrera No. 43, 16 de abril de 2005

Entonces, ya puede dar un respiro de alivio y asumir la posición habitual de los morenistas de nadar con la corriente de todo movimiento pequeñoburgués o burgués. Para ellos, esto no es nada nuevo. Lo que siempre han anhelado es un frente popular más combativo. Después del fraude electoral de 1988, los dos bandos de la recién escindida corriente morenista llamaron a convocar una huelga general para imponer a Cuauhtémoc Cárdenas como presidente. Una de las dos alas morenistas urgió al candidato mismo de convocar la huelga. Pero Cárdenas, con el pudor del buen burgués que es y la larga experiencia de político priísta que tenía, resistió la tentación, y de hecho desmovilizó a las masas cardenistas, al igual que AMLO promete hacer hoy.

Otro grupo que en forma abusiva pretende representar el trotskismo, pero que en realidad sólo lo desfigura, es Militante, que ha estado muy activo en las manifestaciones contra el desafuero de López Obrador. “¡Si hay desafuero, habrá revolución!” proclamó estentóreamente su periódico (Militante, 2 de abril). ¡Del llamado morenista por una huelga general hemos llegado al llamado por la revolución ... a favor de una candidatura burguesa, con la excusa de “resistir” el fraude electoral más de un año antes de la elección! Militante tiene el descaro de llamarse la “corriente marxista” del PRD, un partido capitalista, contrariando así el principio más fundamental de la política marxista: la independencia de clase del proletariado con respecto a todos los partidos burgueses. Si los morenistas se especializan en ir a la zaga de todo movimiento de masas, desde el peronismo hasta la contrarrevolución rusa liderada por Yeltsin, la corriente Militante con su política de “entrismo profundo” prefiere disfrazarse por completo y asumir la postura de perredistas “consecuentes”.

Esto no les ha salvado, sin embargo, de las acciones antiobreras del gobierno perredista del DF. Entre los trabajadores despedidos en la Locatel había partidarios de Militante, entre ellos Beatriz Godínez, quien fue tomada presa durante 15 horas por la policía de “su” gobierno capitalista. En el más reciente número de su periódico escriben lastimosamente:

“A pesar de estar en contra de los ataques a AMLO por parte de la burguesía y el imperialismo, somos despedidos por el GDF; a pesar de haberlo apoyado en la manifestación que colmó el Zócalo capitalino el jueves 7 de abril, somos reprimidos por el GDF. Por eso decimos que es necesario transformar al PRD en un instrumento de lucha y [que] el GDF debe girar 180 grados su política laboral de forma inmediata. O se está con los trabajadores o se está contra los trabajadores.”

—Militante No. 137, abril de 2005.

Su propia experiencia enseña que el gobierno de AMLO “está contra los trabajadores”, pero no vamos a dejar de respirar hasta que aprenden este abecé del marxismo. Por cierto, en el mismo artículo se refieren a los 60.000 (¡!) efectivos de la Policía Bancal e Industrial en el DF como “trabajadores en uniforme”. Estos ilusos no reconocen el carácter de clase de su partido, ni del puño armado de la burguesía. Generaciones de trabajadores han recibido de la experiencia de la represión (“la universidad de las duras patadas”), valiosas lecciones sobre la naturaleza del estado capitalista. Pero pareciera que estos “marxistas” perredistas, que tanto aman a AMLO y que están locos por Hugo Chávez, serían realmente de lento aprendizaje, o que de plano no quieren aceptar esta lección de la lucha de clases.

Si para los morenistas (POS y PTS) y Militante las fórmulas del seguidismo son archisabidas, a estas alturas los centristas de izquierda del Grupo Espartaquista de México (GEM) tampoco son novatos, y se están adiestrando rápidamente. Después de combatir durante casi una década al frente popular erigido en torno al PRD, justo cuando Cárdenas ganó las elecciones para el gobierno de la Ciudad de México en 1997, el GEM, en plena deriva hacia el abstencionismo y el abandono del programa revolucionario del trotskismo, declaró que en México no había – ni puede haber – un frente popular. El Grupo Internacionalista, cuyos fundadores salieron del GEM en medio de una serie de expulsiones en diferentes secciones de la corriente espartaquista (Liga Comunista Internacional, LCI), insistió que justo en ese momento era más necesario que nunca luchar por que la clase obrera y los oprimidos rompieran con esa perniciosa alianza de colaboración de clases. En una carta abierta al GEM (mayo de 1997), afirmamos, “Para combatir al frente popular, hay que reconocer que existe.”

No se trató tan sólo de una “diferencia de análisis”, como algunos miembros de la LCI trataron luego de minimizar, sino de una cuestión programática fundamental. Su revisionismo sobre el frente popular abrió la vía para toda una serie de nuevas y vergonzosas revisiones políticas. Descubrieron que México aún habría resabios feudales, para luego descubrir que su “descubrimiento” era falso y antimarixsta. No por casualidad, la tesis del “semifeudalismo” es la justificación predilecta de los estalinistas para sus alianzas frentepopulistas con sectores “democráticos”, “progresistas” y hasta “antiimperialistas” de las burguesías nacionales en los países coloniales. A esto siguió la afirmación de que los “sindicatos” corporativistas en México, los mecanismos de sujeción directa de la clase al estado capitalista, que organizan equipos de rompehuelgas y son responsables de los asesinatos de cientos de luchadores obreros, serían parte del movimiento obrero. Como señalamos a la época, el GEM no quería reconocer la existencia del frente popular en México precisamente porque no quería combatirlo.

Ahora tenemos la prueba. La LCI y el GEM han enganchado su vagón como furgón de cola del tren del frente popular.  Workers Vanguard (N° 846, 15 de abril), periódico de la Spartacist League/U.S., principal sección de la LCI, publica un artículo en primera plana con el título, “México: ¡Abajo con el ataque de Fox contra el alcalde López Obrador!” Luego agrega en subtítulo: “¡Romper con el PRD! ¡Por la independencia política de la clase obrera!” Este susurro a la izquierda del escenario sólo sirve de hoja de parra, mostrando que su ingreso a la constelación del frente popular es plenamente consciente y avergonzado. Tomar partido por López Obrador en contra de el ataque Fox, no importa las salvedades que añaden aparte, es darle apoyo político. Pensamos en casos paralelos: “¡Abajo con el ataque de los republicanos contra el presidente Clinton!” durante el impeachment, por ejemplo. O, “¡Abajo con el ataque de Bush contra Gore!” luego de las elecciones de 2000, cuando la presidencia de EE.UU. fue decidida por un derechista Tribunal Supremo. No importaría cuántas veces se dijera “¡Romper con el Partido Demócrata!” esto habría implicado indiscutiblemente dar apoyo político a un sector de la burguesía.

El texto del artículo reproduce una traducción de un volante del GEM, repartido en la manifestación del 7 de abril. Repitiendo en términos casi idénticos la (nueva) postura de los morenistas, el GEM afirma:

“Los comunistas del Grupo Espartaquista de México nos oponemos al desafuero de Andrés Manuel López Obrador, sin darle ningún apoyo político. El intento de Fox y sus cómplices del PRI por impedir que un candidato nacionalista burgués contienda en las elecciones es un golpe contra los derechos democráticos de la población. Su blanco en última instancia son las masas que en vano ponen sus esperanzas en el PRD como alternativa a la rapacidad del PAN y el PRI. Al oponernos al desafuero defendemos el derecho de nuestra clase a organizarse y a luchar contra el conjunto de la clase capitalista.”

Reiteramos que el fuero ejecutivo, tanto en el caso del jefe del GDF como el del presidente de la República, otorgando la inmunidad ante toda inculpación, es una medida antidemocrática, y que hasta ahora no se ha negado el derecho de AMLO de presentar su candidatura. Pretender lo contrario es entrar de plano en la jugada electorera del PRD, que arremete contra el desafuero para ampliar el apoyo político al frente popular. Eso se muestra con claridad meridiana en el hecho de que buscan el apoyo de gente que afirma que no van a votar por López Obrador. La participación en los actos contra el desafuero “no implica el apoyo a la candidatura (a la Presidencia de la República) de Andrés Manuel López Obrador ni del PRD”, dice el SME, con la misma justificación que el GEM. Este último negó la existencia misma de un frente popular cardenista, para luego convertirse en sputnik  (compañero de viaje) del frente popular lopezobradorista.

No olvidemos que cuando el POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) entró en la órbita del Frente Popular español en los años 30, comenzó su capitulación con la excusa de que sólo estaba luchando por la liberación de los huelguistas encarcelados a causa de la huelga minera de Asturias (1934), pero que supuestamente no estaba de acuerdo con el programa del Frente Popular, etc. Cuando la LCI hoy dice defender los derechos democráticos al apoyar la inmunidad legal de López Obrador, cuando pretende que los imperialistas favorecen a Fox sobre AMLO, están repitiendo la propaganda electoral del PRD y participando en su campaña. Y cuando sostiene que ha habido un salto cualitativo hacia atrás en la conciencia de la clase obrera, en realidad habla de la marcada evolución a la derecha de su propia conciencia.

Los trotskistas del Grupo Internacionalista, en cambio, subrayamos que un presidente perredista en México no constituiría ninguna piedra en el zapato del imperialismo ni de la clase dominante mexicana, y que los derechos democráticos sólo pueden conquistarse mediante la toma de poder por la clase obrera. Independientemente de si el próximo presidente sea Roberto Madrazo del PRI, Santiago Creel del PAN, López Obrador (o Cárdenas) del PRD o cualquier otro candidato burgués, sus previsibles políticas en materia económica, represiva y sometimiento servil a los dictados del imperio del norte serán prácticamente idénticas. La clase obrera debe prepararse para una contraofensiva clasista contra sus rapaces patrones. Hace falta urgentemente que explotados y oprimidos tomen su futuro en sus propias manos. Para ello es indispensable forjar un partido de vanguardia, obrero y revolucionario, que luche por la revolución socialista en México y por su extensión más allá de las fronteras, al resto de América Latina y hasta al corazón mismo del imperio del norte. n