marzo de 2016
El sindicalismo independiente bajo ataque:
¡no permitamos
que la CNTE sufra la suerte del SME!
Mexico: ¡Aplastar la guerra capitalista contra el magisterio!
Profesores “regularizados” exigen pagos frente a las instalaciones del IEEPO, 15 de diciembre de 2015. La andanada patronal contra la educación pretende destruir a la disidencia magisterial, comenzando por uno de sus sectores más desprotegidos. Todo el magisterio debe movilizarse en su defensa.
¡Libertad inmediata a los maestros presos! ¡Boicot a la evaluación punitiva! ¡Defender a la Sección XXII!
¡Huelga nacional del sector educativo! ¡Extenderla al proletariado industrial para poner alto a la represión asesina!
¡Romper con todos los partidos y políticos burgueses, PRI, PAN, PRD y Morena! ¡Forjar un partido obrero revolucionario!
OAXACA, Oax., 20 de febrero – México vive traumatizado por la violencia, pero no por una violencia genérica, violencia en general, como suelen presentarla los voceros de la burguesía, ya sean los políticos, los medios de comunicación o los organismos de derechos humanos. El país es azotado por las matanzas realizadas por bandos de la clase dominante en pugna, y por la burguesía entera en contra de todos los explotados y oprimidos. En los últimos nueve años de la “guerra contra las drogas” (2007-2015) ha habido más de 185 mil homicidios dolosos en México, según un conteo de la revista tijuanense Zeta (26 de enero), lo que no incluye siquiera las más de 30 mil desapariciones. Estas cifras duplican con creces el número total de muertos en Afganistán e Irak durante el mismo lapso.
En vísperas de la visita del papa Francisco a México, después de que el jefe de la ultra reaccionaria iglesia católica dijera que “México vive un pedacito de guerra civil”, el gobierno de Enrique Peña Nieto, en voz de su secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se apresuró a decir que el país enfrenta “dificultades”, pero que las “estamos superando”. Pese a la jactancia del actual presidente priísta sobre un imaginario “México en Paz”, su sexenio ha resultado ser aún más mortífero (con unas 65 mil muertes violentas en tres años) que los “años de plomo y sangre” de su antecesor panista Felipe Calderón, cuyo saldo mortal fue de 96 mil en seis años, según las estadísticas oficiales.
Ya se trate del asesinato de tres normalistas y el secuestro 43 de sus compañeros de Ayotzinapa, Guerrero a finales de septiembre de 2014 o de la reciente ejecución de la alcaldesa de Temixco, Morelos a unas horas de tomar posesión, las autoridades y los medios se refieren invariablemente a la “violencia del narco”. No contabilizan a las víctimas de los militares que acribillan a civiles a mansalva. Pretenden que hay una guerra entre el estado y los traficantes, cuando en realidad se trata de varias fracciones de la burguesía que ora compiten, ora se alían entre sí, dependiendo de las circunstancias. Y notablemente, silencian la brutal represión dirigida en contra de los trabajadores.
Después de siete décadas del régimen bonapartista (de carácter militar-policíaco) y luego semibonapartista del PRI-gobierno, México se ha convertido en una “dictablanda” militarizada bajo el gobierno tripartito (PRI-PAN-PRD) del Pacto por México. Las engañosas formas de una democracia burguesa se combinan con golpes brutales en contra del movimiento obrero independiente y toda lucha social que desborde los canales de control del omnipotente estado capitalista. Desde comienzos de 2013, Peña Nieto ha intentado aniquilar a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y sobre todo a su poderosa Sección XXII de Oaxaca. Busca imitar así el ataque de Calderón contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Hasta ahora, sin embargo, no ha podido quebrar la resistencia del combativo magisterio.
Actualmente, ante el fracaso de su privatizadora “reforma energética” –que no ha podido atraer los esperados capitales internacionales a las subastas de los campos petrolíferos del Golfo de México debido a la caída vertiginosa del precio del petróleo– Peña Nieto vuelve a la carga con su intento de imponer su privatizadora “reforma educativa”, dictada por los organismos financieros internacionales como la OCDE, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Ahora, después de la recaptura del “Chapo” Guzmán, el presidente de copete y tacones, lacayo de Wall Street y Washington, intenta erigirse en hombre fuerte, enviando a policías y soldados a someter a los maestros insurgentes.
En efecto, el cuarto año del sexenio peñanietista comienza con decenas de profesores y luchadores sociales oaxaqueños encarcelados. Aún están frescas las escenas de la imposición de la “evaluación docente” a punta de fusil en Michoacán y el intento de hacerlo en Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Esta lucha dista mucho de ser puramente gremialista. Si el magisterio independiente no ha podido derrotar definitivamente los planes gubernamentales de privatizar y regimentar la educación pública, el gobierno por su parte tampoco ha logrado desarticular a la resistencia magisterial que ha sido la espina dorsal de la lucha social en todo el sur y el occidente del país. He aquí la principal línea de batalla entre el estado capitalista y la clase obrera en México hoy.
En esta coyuntura, fortalecer la lucha de los profesores es la clave para dar una contundente respuesta de clase a la represión asesina del régimen y sus tentativas de criminalizar la protesta social. Para esto urge forjar una dirección revolucionaria con un programa clasista y extender la lucha al proletariado industrial. Esta política de lucha de clases se opone por el vértice a la de colaboración de clases tanto de la actual dirección de la CNTE (perredista en Michoacán y la Ciudad de México, priísta en Oaxaca) como de sus contrincantes estalinistas. Todos buscan apoyar fuerzas burguesas en las elecciones próximas, como han hecho tantas veces en el pasado. Los trotskistas del Grupo Internacionalista, en cambio, abogamos por forjar un partido obrero revolucionario.
Las actuales batallas en México se inscriben en un marco internacional de creciente putrefacción del capitalismo mundial, que en su octavo año de depresión internacional enfrenta una nueva crisis económica. Hoy en día ningún partido o político burgués impedirá la pauperización de los trabajadores, ni siquiera los populistas como el Morena de Andrés Manuel López Obrador en México, o el “socialista” del Partido Demócrata Bernie Sanders en Estados Unidos. De hecho, como ejemplifican Alexis Tsipras y SYRIZA en Grecia, no obstante sus promesas de campaña, estarán obligados a implementar la política de austeridad y privatización exigida por el gran capital. Y para esto necesitan intensificar la represión.
Todos los planes de reformas “democráticas” (burguesas) están condenados al fracaso. Nuevas asambleas constituyentes y constituciones no alterarían para nada el curso en declive del sistema capitalista que, ante nuestros ojos, se precipita hacia la barbarie. La noche de Iguala, el crimen contra Ayotzinapa, es el presagio del desastre por venir. En concreto, ante la arremetida de “los de arriba”, la única salida para “los de abajo” es una lucha para derribar la dictadura capitalista e instalar un gobierno obrero y campesino que inicie la revolución socialista. Y en contra de todo nacionalismo, esta revolución tiene que ser internacional extendiéndose al corazón del imperialismo, como planteó el gran revolucionario bolchevique León Trotsky.
Crónica de la ofensiva contra la educación pública
Después de ser detenidos el 29 de octubre de 2015, mandos medios de la Sección XXII de la CNTE son trasladados al penal de alta seguridad de El Altiplano por la sanguinaria Policía Federal.
El ataque contra la educación pública en México tiene como componente fundamental el empeño patronal de destruir al que es ahora el principal componente del sindicalismo independiente del país, la CNTE. Inmediatamente después de su toma de posesión el 1° de diciembre de 2012, efectuada tras una muralla de acero en medio de protestas brutalmente reprimidas, Peña Nieto suscribió el “Pacto por México” con las dirigencias de su Partido Revolucionario Institucional y de los partidos más importantes de la “oposición”, el clerical-derechista Partido Acción Nacional y el nacionalista Partido de la Revolución Democrática. Así los principales partidos de la semicolonial burguesía mexicana iniciaron un cogobierno para implementar contrarreformas exigidas por el capital imperialista en los ámbitos educativo, energético y laboral.
En un claro indicio de la decadencia del capitalismo, en los tres casos se requirió desbaratar conquistas democráticas “consagradas” en la Constitución mexicana, producto de la abortada Revolución Mexicana de 1910 a 1917. Ya para finales de febrero de 2013, al concluir el primer trimestre del gobierno peñanietista, el Congreso de la Unión y las dóciles legislaturas estatales aprobaron en tiempo record las enmiendas correspondientes en el campo de la educación. Las leyes para su implementación fueron legisladas a rajatabla y al vapor. Estas políticas patronales pretenden:
- reducir el financiamiento a la educación pública en todos los niveles;
- establecer presupuestos escolares de acuerdo con el “rendimiento” de los estudiantes;
- dejar así sin recursos a las escuelas de las zonas más empobrecidas para luego cerrarlas; y
- mediante “evaluaciones” estandardizadas de maestros y estudiantes, hostigar a los docentes para luego despedirlos en masa (especialmente los disidentes).
Como ya señalamos, el propósito de la Ley del Servicio Profesional Docente es eliminar el 4.8 por ciento de la plantilla magisterial al año, o sea, despedir anualmente a unos 25 mil maestros.
Emblemáticamente, Peña Nieto nombró como su primer secretario de educación al infame Emilio Chuayffet, un dinosaurio priísta que fungió en el gobierno de Ernesto Zedillo como secretario de gobernación. En tal posición presidió la matanza de Acteal perpetrada por paramilitares (armados y entrenados por el gobierno) en contra de la comunidad religiosa de Las Abejas. El secretario asesino de indígenas se convirtió en secretario asesino del sindicalismo magisterial independiente. En agosto pasado, Chuayfett fue reemplazado por Aurelio Nuño, el ex “coordinador de mensaje y mercadotecnia” de la campaña presidencial de Peña y luego jefe de gabinete en Los Pinos. El primer edecán se convierte en “primer educador” sin un atisbo de formación o conocimiento pedagógico.
Apenas un día después de la aprobación de la contrarreforma, se anunció el arresto de Elba Esther Gordillo, la “presidenta vitalicia” del corporativista Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Habiendo sido instalada a dedazo por el presidente Salinas de Gortari, fue removida de igual modo por el presidente Peña Nieto. La movida sirvió para proveer un chivo expiatorio para su “reforma educativa”, y para fortalecer los mecanismos corporativistas de control del magisterio. Horas antes de ser instalado, el nuevo jefe, Juan Díaz de la Torre, delfín de Elba Esther, fue llamado a Gobernación donde Osorio Chong le dio sus órdenes de marcha. Así el SNTE, como parte del aparato estatal, sirve de policía laboral para impedir el surgimiento de un sindicato independiente. Señalamos en aquel momento:
“Como en el pasado, el SNTE será instrumental para implementar los ataques patronales contra los maestros que regimienta. En este caso, el proceso de ‘evaluación universal’ que ahora goza de ‘rango constitucional’ (de modo que no puede ser alterado por negociación sindical ni por leyes del Congreso) será usado como pretexto para despedir a decenas de miles de maestros. En particular estarán bajo la mira los de las secciones afiliadas a la CNTE, corriente magisterial que no ha roto con el SNTE pero que en los hechos actúa como gremio independiente, convocando a paros de cientos de miles de maestros y que los gobiernos burgueses desde el priísta de la Madrid han intentado destruir.”
–“¡Alerta! Charrazo contra la charra Gordillo busca aniquilar la resistencia magisterial”, Revolución Permanente No. 2 (mayo de 2013).
Muchos maestros comprendieron la gravedad del ataque gubernamental. La más importante de las movilizaciones fue la huelga de los maestros guerrerenses afiliados a la Coordinadora de Trabajadores del Estado de Guerrero, la CETEG, instancia local de la CNTE. Ellos arremetieron contra el gobernador perredista Ángel Aguirre y los partidos que aprobaron la ley estatal de “reforma” (PRD, PRI, PAN y MC), rompiendo cristales y prendiendo fuego a oficinas partidarias. También apedrearon las oficinas de dos gremios corporativistas: la CTM y el odiado SNTE (ver “¡Por una huelga nacional de la educación!” y “¡Defender al magisterio independiente de Guerrero!” en Revolución Permanente N° 2). Pero la CNTE no desató huelgas en otros estados y los maestros guerrerenses se quedaron aislados.
Para mediados de agosto de 2013 los docentes de
Michoacán y Oaxaca decretaron paros laborales y
establecieron un enorme campamento de más de 40 mil
trabajadores de la educación en el Zócalo de la Ciudad
de México. Hubo paros de solidaridad del magisterio del
D.F. y de Tabasco. Los aguerridos maestros sacudieron a
la capital, cercando el aeropuerto en dos ocasiones y
realizando multitudinarias marchas contra las medidas
privatizadoras. Para intentar acallar las protestas, el
gobierno federal prometió realizar un “diálogo” con los
maestros disidentes, medida tramposa que fue aplaudida
por la dirección de la CNTE. Finalmente, el 13 de
septiembre, un megaoperativo de la Policía Federal y
granaderos del D.F. desalojó el plantón del Zócalo (ver
“Polvorín
México”, en Revolución Permanente N° 3,
octubre de 2013).
Por más de tres semanas, profesores de la CNTE ocuparon el Zócalo de la Ciudad de México. Antes de que la plaza fuera retomada por la polic{ia federal y granaderos del Gobierno del Distrito Federal el 13 de septiembre de 2013, en un gesto de desafío los maestros prendieron fuego a sus casas de campaña.
Imponiendo la evaluación punitiva en los estados dominados por el SNTE, el gobierno la suspendió temporalmente en los bastiones del magisterio independiente. Temía sobre todo a las enormes movilizaciones por el secuestro y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Pero el ataque se reanudó durante el verano del año pasado. Después del boicot electoral de junio encabezado por los maestros guerrerenses y oaxaqueños, el 21 de julio, miles de efectivos del ejército y gendarmes de la policía federal se desplegaron en la capital y puntos estratégicos de Oaxaca. Tomaron las instalaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) para purgar a esta instancia de toda influencia de la Sección XXII.
Limitándose a un par de marchas de protesta, la dirección sindical no preparó ninguna paralización. Advertimos en ese entonces:
“[A]ún si fuera correcto hacer un repliegue temporal ante las provocaciones gubernamentales, la decisión de la Sección XXII ha tenido un efecto desmovilizador. Que los sindicatos independientes del magisterio actúen separadamente, estado por estado, debilita enormemente su protesta…. [L]a Asamblea Nacional de Representantes de la CNTE aprobó realizar una ‘huelga nacional’. Ahora se ha anunciado una ‘convención magisterial nacional’ para el 12 de septiembre. Si en esa ocasión no se toman las decisiones necesarias para realizar la huelga, todo esto resultará ser letra muerta.
–“¡Derrotar la embestida contra la CNTE!”, suplemento de El Internacionalista, agosto de 2015
El repliegue de la CNTE no detuvo al gobierno, sino que lo envalentonó. El jueves 29 de octubre, al mismo tiempo que la policía desalojaba al plantón alrededor del “nuevo IEEPO”, fueron arrestados cuatro profesores, tres de ellos dirigentes sectoriales del magisterio oaxaqueño y uno delegado ante la Asamblea Nacional de Representantes (ANR) de la CNTE: Juan Carlos Orozco Matus, de Salina Cruz; Othón Nazariega Segura, del sector Periferia; Efraín Picaso Pérez, del sector Estatales; y Roberto Abel Jiménez García, delegado ante la ANR, que es la dirección nacional de la CNTE.
Tras ser arrestados, los cuatros mentores, resguardados por policías encapuchados como si se tratara de peligrosos narcotraficantes, fueron trasladados en medio de un aparatoso operativo policíaco en un avión de la Policía Federal al penal del Altiplano en Almoloya, Estado de México. Los cuatro son acusados de delitos graves de orden federal en conexión con el boicot electoral, para impedir que salieran libres bajo fianza y por los que pueden alcanzar hasta 40 años de cárcel. Al mismo tiempo se anunció que había otras 26 órdenes de aprehensión para dirigentes de la Sección XXII. Al enfocarse en cuadros medios, el gobierno busca paralizar la capacidad de movilización del magisterio oaxaqueño mientras enreda a los altos dirigentes en el juego de presiones políticas.
La acusación de delitos “contra el consumo y riqueza nacional” está dirigida en contra de los maestros por haber dirigido el cerco a la refinería de Salina Cruz y la toma de las instalaciones de almacenamiento de combustibles de Pemex en El Tule, días antes del 7 de junio. Asimismo, las acusaciones de robo y motín están vinculadas con las tomas de juntas distritales del Instituto Nacional Electoral que pretendía organizar el embuste electoral (ver “México: ¡Repudiar las elecciones bajo la bota militar!” suplemento a El Internacionalista, junio de 2015).
Quema de material de la farsa electoral en Oaxaca el 7 de junio pasado.
Las acusaciones contra los maestros disidentes no son más que una reedición del infame delito de “disolución social” contra el que protestaron trabajadores y estudiantes desde la represión del movimiento ferrocarrilero de 1958-1959, hasta el movimiento estudiantil de 1968, que incluyó en su pliego petitorio su abrogación. Hoy, al igual que hace medio siglo, el gobierno burgués pretende utilizar el encarcelamiento de dirigentes sindicales para fortalecer su dominio corporativista sobre los trabajadores. En el caso actual, el propósito de Peña Nieto consiste en deshacerse de una vez por todas de quienes desde 2013 se han opuesto combativamente a su “reforma” educativa.
Sin embargo, no ha logrado sus propósitos. Cuando intentó implementar la “prueba de habilidades y conocimientos” al primer contingente de docentes de Oaxaca, se desató un encono tal que no sólo movilizó a los mentores sino también a padres de familia y sectores de la comunidad que siempre han apoyado a la Sección XXII. El secretario de educación Nuño informó que serían enviados al estado entre 8 y 10 mil policías adicionales para realizar el examen bajo punta de fusil. Un reportaje por Arturo Cano en La Jornada (29 de noviembre de 2015) relató como se cercó al IEEPO, ubicado simbólicamente al lado de la 28a Zona Militar:
“En la oscuridad, llegaron dos maestras que traían en sus mochilas carteles y mantas: una de ellas con dibujitos escolares, pero que en lugar de lápices o cuadernos mostraba toletes y cascos: ‘Así evalúa el gobierno a los maestros de México’….
“El magisterio de Oaxaca no termina de procesar el golpazo del 21 de julio. La asistencia a las asambleas estatales ha disminuido en porcentajes significativos e incluso hay algunos dirigentes escondidos (nada raro si la autoridad anuncia que hay pendientes una treintena de órdenes de aprehensión).
“Sin embargo, son muchos los que se empeñan en la resistencia. Como los maestros que se encabritaron cuando después del segundo escarceo con la policía uno de los líderes comenzó a cantar Venceremos, pieza que indica el final de un acto.
“Lo pararon en seco. A gritos y mentadas. ‘¡Charros!’ ‘¡Vendidos!’ ‘¡Hay que aguantar!’”
Nuestros camaradas que participaron
en la marcha subrayaron como en varios momentos la
acción contundente de los maestros obligó a los
gendarmes a retirarse de sus retenes. El espíritu de
lucha de los maestros oaxaqueños no se ha apagado.
¿Cuántos profesores cedieron ante las amenazas del gobierno y presentaron el examen, “el gran tótem de la reforma educativa”, como lo describe Cano? La Secretaría de Educación Pública federal sostiene que de los 6 mil convocados en Oaxaca fueron 2,600 que se sometieron escrutinio computarizado, lo que aún si fuera cierto dista mucho de representar una “jornada histórica” como sostiene la SEP.
En las semanas subsiguientes han continuado las movilizaciones. El 14 y 15 de diciembre hubo una caravana a los penales de Molino de las Flores y Almoloya convocada por la CNTE nacional exigiendo la libertad de los profesores de la Sección XXII ahí recluidos. En un foro celebrado el segundo día de la caravana un vocero del Grupo Internacionalista subrayó que la lucha por la liberación de los maestros y por detener la privatización de diversos sectores a través de las reformas estructurales sólo será posible mediante una lucha clasista de todos los gremios afectados, lo que requiere sobre todo una dirección revolucionaria. El 19 de diciembre hubo una marcha nacional de la CNTE en la Ciudad de México.
El 5 de febrero hubo otra marcha nacional en el D.F., con una participación de unos cinco mil profesores. Fue notable esta vez la asistencia de diez secciones estatales y una representación de las diferentes regiones de Oaxaca, la delegación más numerosa, pero también se notó la ausencia de las organizaciones sociales. Hubo entre los maestros enojo contra los dirigentes, que sólo hicieron bloquear el cruce de El Caballito en el Paseo de la Reforma como medida de presión para que fueran recibidos los integrantes de la Comisión Política, lo que no obtuvo resultado. Esta pasividad de la cúpula sólo puede mermar la combatividad de las bases y causar desánimo. Los camaradas del GI nuevamente repartimos nuestra propaganda abogando por una huelga nacional.
La lucha por una dirección revolucionaria
A pesar de la combatividad y entrega de los maestros, los ataques del gobierno no han sido derrotados. El gobierno desgastó las multitudinarias movilizaciones de 2013 mediante el engaño del “diálogo”, para luego recrudecer los ataques contra la CNTE a partir de mediados de 2015. Mediante la imposición policíaco-militar de las “evaluaciones” docentes, la arremetida del gobierno de Gabino Cué en Oaxaca para purgar pedagogos de la Sección XXII del IEEPO, el arresto y las órdenes de aprehensión en contra de cuadros medios de este gremio, el arresto de normalistas en Michoacán y el despliegue policíaco para aplastar las movilizaciones en Chiapas, el gobierno y los partidos burgueses han fortalecido su alianza reaccionaria contra la educación.
Para combatir esta santa alianza capitalista se necesita una dirección revolucionaria, tanto dentro del magisterio como en la lucha política nacional. El apego de la dirección de la CNTE al juego de presiones y maniobras de la política burguesa no sólo impide un triunfo sobre los enemigos de la educación pública, sino que ha llevado al abandono de sectores particularmente golpeados dentro del gremio. Este es el caso de los más 6 mil maestros mal llamados “regularizados” de la Sección XXII. Aunque fueron contratados por el IEEPO y tienen la certificación reglamentaria, el “nuevo IEEPO” se rehúsa reconocerlos. Pretende que serían unos “aviadores” aunque siguen dando clases sin haber recibido pago alguno desde hace más de un año. Sólo sobreviven gracias al apoyo de la comunidad.
Durante todo el mes de diciembre hubo un foro de denuncia en el Zócalo de Oaxaca frente al Palacio de Gobierno, impulsado por el sector de Periferia, para exigir la libertad de los profesores y otros activistas presos. A finales del mes se convirtió en un foro de los maestros “regularizados” para la denuncia de la cerrazón del gobierno y el acopio de víveres. El 6 de enero, hubo una asamblea estatal en la que participaron unos mil profesores afectados y el secretario general de la Sección XXII, Rubén Núñez Ginéz. Los maestros perjudicados querían convocar una gran marcha, pero la dirigencia daba vueltas para impedirlo, alegando la falta de quórum. También se intentó (sin éxito) impedir que el profe Juan Hernández Sánchez del GI hablara.
Si la Sección XXII no desata todo su poder en defensa de estos maestros bajo ataque, no sólo estaría dejando a su suerte a miles de docentes, sino que además abre el flanco para el siguiente ataque gubernamental. Como reza el viejo adagio de la lucha de clases, un golpe contra uno es un golpe contra todos. Todo el magisterio debe movilizarse para exigir: ¡Plaza inmediata para los 6 mil profesores “regularizados”! ¡Pago inmediato de sus salarios devengados!
Además de menoscabar la defensa de los maestros que se encuentran en esta situación, cediendo ante la negativa de la “junta militar del IEEPO” –como lo ha descrito con precisión la Sección XXII– de tomar cartas en el asunto, la dirigencia de la CNTE en Oaxaca busca su salvación en las elecciones estatales programadas para junio. Entre el 28 y el 30 de enero se celebró el “I Congreso Político Extraordinario de la Sección XXII” para fijar el rumbo del gremio en los próximos meses. El “Documento orientador” (10 de enero) para el mismo, declaró terminantemente:
“Actualmente la publicidad gubernamental pretende hacernos creer que las políticas de este gobierno, incluidas en el mal llamado Pacto por México, suscrito por Enrique Peña Nieto y los dirigentes del PRI, PAN y PRD, PVEM darán solución a viejos y nuevos problemas que enfrentan el pueblo y la nación. De la misma manera, se encuentran involucrados los partidos satélites como son: MORENA, PT, MC, PSD, NA….”
No obstante, en los “Resolutivos” aprobados por el Congreso Político Extraordinario leemos:
“Los trabajadores de la Educación nos manifestamos por el voto de castigo a los partidos que firmaron el pacto por México y que avalaron las reformas estructurales, PRI PAN, PRD, VERDE ECOLOGISTA Y PANAL.”
Para cualquier persona enterada de la política mexicana, esto equivale a un llamado a votar por Morena, el partido de López Obrador.
Hay que subrayar que el “voto de castigo” es el recurso que han utilizado los dirigentes de la CNTE oaxaqueña una y otra vez para llamar a votar por partidos y políticos burgueses. En el 2006, en medio de la sublevación que expulsó al gobierno y la policía de la capital del estado durante seis meses, la Sección XXII y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), donde el magisterio tuvo un papel destacado, llamaron a emitir un “voto de castigo” en contra del PRI, por la represión del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. En los hechos esto constituyó un llamado a votar por el PRD (y por la candidatura presidencial de AMLO) ¡en el momento mismo en que los diputados locales perredistas se sumaron al llamado de URO para que la policía federal reprimiera a la APPO!
Luego en el 2010, como reconoce el mismo “Documento orientador”, la dirección de la Sección XXII llamó al voto de castigo contra el PRI. Gracias a esto se eligió el gobernador Gabino Cué Monteagudo, el mismo que en julio de 2015 emitió el decreto para lanzar la purga del IEPO e iniciar la represión contra los maestros. Ahora pueden tildarlo “traidor-gachupín”, pero la verdad es que Cué ha sido fiel a los intereses de su clase, la burguesía, y los dirigentes del magisterio independiente llamaron a votar por este político capitalista. Para todo trabajador con conciencia de clase, esta reiterada experiencia de la “traición” debe ser una prueba contundente de cómo la colaboración de clases lleva a la derrota. No obstante, ahora la Sección XXII se propone repetirla.
Cabe preguntar, ¿por qué el cambio de política en el Congreso Extraordinario? Un elemento sería que los profesores son gran parte del personal que realiza las campañas electorales de varios partidos, y así se opondrían a llamar por el voto nulo, en blanco o la abstención. Pero el factor más destacado en este viraje fue la posición de los estalinistas del Frente Popular Revolucionario (FPR), el “frente de masas” del Partido Comunista de México marxista-leninista (PCM-ml), y la corriente que anima dentro del magisterio, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE). La declaración política de la asamblea estatal del FPR, fechada el 12 de enero, declaraba “Que nos sumamos al llamado popular de impedir el retorno del PRI a la gubernatura del estado y los demás partidos que firmaron el pacto por México”.
Luego, pocos días antes del Congreso, un artículo firmado por Ricardo Rojo publicado en Noticias de Oaxaca y reproducido en el sitio del FPR esbozó la crítica de los estalinistas a la dirección de la Sección XXII. Rojo se quejó: “Los que elaboraron el documento, descalifican a todos los partidos, a todos”, dando a entender que no todos son iguales. Más adelante plantea una disyuntiva: “¿Van a permitir [los maestros de la Sección XXII] que el PRI o los partidos del Pacto por México se queden con la gubernatura del estado? o ¿Van a aprobar un plan táctico que dentro del proceso electoral derrote a los partidos del Pacto y permita a los maestros dar un paso adelante en su proceso de sanar su crisis?” Pero el voto por Morena no será ningún avance, sino que constituirá otro golpe contra la independencia política del magisterio.
Ese mismo día, el 25 de enero, el FPR anunció la formación de un “frente contra el PRI” para las próximas elecciones estatales. Los otros dos componentes de dicho frente serían el Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) y Comuna Oaxaca. Su propósito es que “en el próximo proceso electoral no permitirán que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gane” (NVI Noticias, 25 de enero). Fuera del estado, la referencia a “Comuna Oaxaca” puede sugerir que se trata de uno más de los grupos sociales vinculados a la APPO. En realidad, es la organización política de Flavio Sosa Villavicencio, un payaso notorio de la política burguesa en Oaxaca y hoy el principal sostén en el estado de López Obrador y su Movimiento de Regeneración Nacional.
En 2006, Flavio Sosa era (a pesar de su aspecto de estudiante radical) el portavoz en Oaxaca de la corriente perredista Nueva Izquierda de “los Chuchos”. Era así uno de los elementos burgueses de la APPO, que definimos entonces como una organización de corte frentepopulista, que subordinaba los trabajadores a sectores de la clase capitalista. Comuna Oaxaca no salió del PRD en esa época, pese a que los legisladores locales de este partido dieron pleno apoyo al sanguinario URO, y siguió jugando un papel activo en este partido burgués al menos hasta 2013. Después Comuna Oaxaca se alineó cada vez más abiertamente con Morena y AMLO, llegando a ser componente clave de este nuevo partido populista del capitalismo mexicano.
Como el político electorero burgués que es, Flavio Sosa fustiga el boicot electoral del año pasado. Según Sosa, la Sección XXII “cometió un exceso, un error político que va a tener grandes consecuencias muy negativas”, acusándola de haber “favorecido al PRI indirectamente” (Proceso, 17 de junio de 2015). Además, Sosa culpó al magisterio de la militarización del estado para las elecciones, y no a los gobiernos federal y local: “Los maestros disidentes lograron lo que no pudo Ulises Ruiz Ortiz en el 2006: militarizar una elección para que ganara el PRI”. De 2006 a la fecha, este farsante ha sido un enemigo de clase de toda lucha radical del magisterio. Sus llamados a la mesura sólo sirven para allanar la vía a la derrota.
Uno de los principales argumentos del FPR para justificar su llamado a un “voto de castigo” contra los partidos del Pacto por México es el deseo de contrarrestar la represión asesina. El año pasado, su camarada Gustavo Salgado fue vilmente asesinado en el estado de Morelos. Los maestros de la XXII, por su parte no sólo han sido brutalmente reprimidos, sino que también son objeto de una campaña de linchamiento mediático. Sin embargo, votar por Morena no va a proteger al magisterio. Al contrario. Muestra de ello es que en la campaña presidencial de 2012, AMLO propuso para la Secretaría de Gobernación Marcelo Ebrard, represor-jefe de la protesta contra la toma de posesión de Peña Nieto, y para Seguridad Pública el contralmirante Manuel Mondragón y Kalb, luego nombrado Comisionado Nacional de Seguridad por Peña.
Es más, López Obrador siempre ha buscado mantener buenas relaciones con los mandos del aparato represivo. Así lo hizo como jefe de gobierno del Distrito Federal, y en la campaña electoral de 2012 el ahora dirigente de Morena declaró que, de ser electo, no retiraría las tropas de las calles, que “el Ejército va a seguir cumpliendo con sus funciones” hasta que se haya “capacitado a la nueva Policía Nacional”. Agregó que a diario “voy a estar hablando con los soldados, con los policías” (El Sur [Acapulco], 24 de mayo de 2012). Seis años antes, según un informe del 31 de enero de 2006 del embajador estadounidense revelado por Wikileaks, AMLO le habría asegurado “que deseaba darle a los militares más poder y autoridad en las operaciones antinarcóticos porque eran la fuerza menos corrupta de las agencias mexicanas y podría ser la más efectiva”.
¿Una “república amorosa” (lema de AMLO en 2012) apuntalada por los fusiles del Ejército Mexicano? Al abrazar a los militares, López Obrador repite el gesto de Cuauhtémoc Cárdenas, entonces candidato a la presidencia por el PRD, al mismo tiempo que visitó al EZLN. Como todo político y partido burgués, AMLO y Morena se basan en el estado capitalista, cuyo núcleo duro (como lo sabe todo marxista) lo constituyen los “destacamentos especiales de hombres armados” que son la policía y los institutos castrenses, junto con sus accesorios, los tribunales y las prisiones. Cuando los manifestantes que protestan por Ayotzinapa gritan “¡Fue el estado!” el autor del crimen, tienen razón. Es ese aparato y este estado que representan un constante peligro mortal para los maestros y estudiantes insurgentes, y no sólo la política del gobierno en turno que los administra.
Al llamar hoy por un “voto de castigo” en contra de los partidos del Pacto de México, y así a favor de Morena, el FPR-PC-UTE repiten la fórmula del “frente popular” contra el fascismo que lanzaron sus antecesores estalinistas en los años 1930. Pero fue esta venenosa política de colaboración de clases, que encadena el movimiento obrero a un sector de la burguesía (la “progresista”, “antifascista”, “antiimperialista”), lo que impidió la revolución proletaria y así, lejos de derrotar al fascismo, abrió la vía para la reacción bonapartista en España y Francia. Incumbe a los comunistas auténticos decir la verdad en voz alta: que ningún partido o político burgués va a defender al magisterio, que tenemos que forjar nuestro propio partido obrero revolucionario.
No olvidemos que el FPR al igual que la Sección XXII llamó a votar por Gabino Cué en el 2010, y hasta le proveyó un subsecretario de asuntos indígenas (Zenén Bravo) durante los primeros meses de su gobierno, hasta que fue echado sin más como un limón exprimido (“¡Derrotar la embestida contra la CNTE!”). El llamado a votar a favor de Morena es una receta para el desastre, como lo fue hace seis años llamar a votar a favor de Cué. Ya sea Salomón Jara o quienquiera que resulte el candidato de Morena a la gubernatura de Oaxaca, la verdad es que defenderá una política burguesa para mantener a toda costa la buena marcha de los negocios capitalistas.
Contra la guerra capitalista en contra del magisterio urge desplegar una contraofensiva proletaria. Para ello, precisamos el apoyo de los batallones pesados del proletariado mexicano en apoyo a los maestros y en defensa del derecho de sus hijos a la educación. Este apoyo tiene que concretarse en una huelga nacional el sector educativo que logre extenderse a sectores de la clase obrera también bajo ataque como los petroleros (se ha anunciado el despido de 15 mil trabajadores de Pemex para este año), electricistas y telefonistas. La clave para el triunfo no radica solamente en la combatividad de los maestros en lucha (de la que han dado muestras de sobra una y otra vez), sino en adoptar una política consecuentemente obrera y revolucionaria.
Esto requiere romper la camisa de fuerza que es el corporativismo de los seudo sindicatos charros. Éstos son parte integrante del estado capitalista, herencia del sistema de partido de estado priísta que los partidos de la “alternancia” han conservado para poder mantener maniatada a la clase obrera. El principio rector n° 7 del Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación (MDTEO) afirma con razón: “Que el SNTE es y ha sido un instrumento de control político de la burguesía y su Estado”. Asimismo, el principio rector n° 18 reconoce: “Que en su estructura de poder el SNTE es antidemocrático y corporativo”. Pero los resolutivos del I Congreso Político Extraordinario de la Sección XXII, llaman a sentar las bases de un “nuevo esquema de sindicalismo sin salirnos del SNTE”. Así como el frente popular, esto es un callejón sin salida para los trabajadores.
Azuzando el temor ante la represión, la actual dirigencia de la Sección XXII insiste en que para “actuar en los cauces legales del Estado se ha procedido inmediatamente a nombrar una dirigencia sindical para conseguir la Toma de Nota” por parte de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la Secretaría de Trabajo. La realidad es que el control corporativista del estado-patrón capitalista se expresa en las disposiciones de la legislación laboral mexicana en su conjunto. La famosa “toma de nota” siempre ha sido utilizada para desconocer a sindicatos y dirigencias que luchan hasta por la más mínima autonomía con respecto al estado. Fue por esto que estallaron las jornadas de lucha del MDTEO de 1985-1986. Como dejó en claro esa prueba de fuerza, así como la ola de asesinatos de maestros disidentes que le siguió y que instigó la cúpula del SNTE, para vencer es imprescindible forjar una dirección capaz de movilizar a las bases para superar, y de hecho derrotar, los “cauces legales del estado”.
El presidente y los altos directivos del SNTE son nombrados a dedazo por el gobierno; sus finanzas dependen del erario público y no es un órgano del movimiento obrero sino de la patronal. Es por eso que la perspectiva de “reformar” este seudo sindicato no puede prosperar. Se requiere una política de completa independencia de clase, luchando por sustituir al SNTE (al igual que al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana) con un auténtico sindicato obrero, y por romper todo lazo con el estado y los partidos y políticos capitalistas. Ahora la Sección XXII anuncia que se emplazará a los gobiernos estatal y federal a un paro indefinido el 29 de febrero (que el paro se realice es otra cosa). Pero la arremetida patronal sólo podrá ser derrotada luchando no por la toma de nota, sino por la toma de poder por la clase obrera a la cabeza de todos los explotados.
Como insistió León Trotsky en su perspectiva de revolución permanente, el programa que tuvo su máxima expresión en la Revolución Bolchevique del Octubre Rojo de 1917 en Rusia, en los países semicoloniales y de tardío desarrollo capitalista, la débil burguesía criolla es incapaz de realizar siquiera las elementales tareas democráticas de la revolución burguesa. Esto plantea la necesidad de luchar, como Trotsky lo planteó en su Programa de Transición (1938), por un “gobierno obrero y campesino” –una alianza del proletariado “no con las clases medias en general, sino con las capas explotadas de la ciudad y el campo, contra todos los explotadores, e incluso los explotadores ‘medios’”– como primer acto de la revolución socialista internacional.
He aquí el programa del Grupo Internacionalista y nuestra Liga por la IV Internacional. ■