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marzo de 2008 ¡Marchar a la base de Manta para expulsar a los
militares norteamericanos! ¡Defender a las guerrillas de
izquierda! Narcogobierno
colombiano perpetra ![]() Policías colombianos circundan al cadáver de Raúl Reyes, asesinado en territorio ecuatoriano, en el avión militar que lo transportó a Bogotá para ser exhibido como trofeo de caza. (Foto: Fernando Vergara/AP) En
la madrugada del 1° de marzo, aviones de guerra de la Fuerza
Aérea
colombiana lanzaron un ataque contra un campamento de las Fuerzas
Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) ubicado dentro de territorio
ecuatoriano, a
casi dos kilómetros de la frontera con Colombia. El
propósito: asesinar al
principal portavoz de las FARC para el exterior, Raúl Reyes. No
hubo combate –
los guerrilleros dormían, en ropa interior, sin uniforme.
Después de dos
bombardeos, llegaron tropas colombianas en helicópteros para
ultimar a los
guerrilleros heridos, dejando un saldo de 25 muertos, entre ellos el
propio
Reyes. Los militares colombianos entonces llevaron el cadáver
del comandante
guerrillero de vuelta a Colombia, donde lo fotografiaron como trofeo de
caza.
Las
huellas digitales del imperialismo norteamericano se ven por doquier
en todo este macabro incidente. Los bombardeos se efectuaron con
“bombas
inteligentes” norteamericanas, según relataron los efectivos del
ejército
ecuatoriano que llegaron horas después al sitio en la provincia
amazónica de
Sucumbios. Los militares colombianos recibieron informes de
inteligencia de las
fuerzas norteamericanas basadas en la región, quienes
habrían interceptado la
señal de un teléfono satelital utilizado por Reyes, el
“n° 2” de las FARC, al
que luego localizaron, como admitió a la agencia AFP una “alta
fuente del
Ministerio de Defensa”. Hay indicios de que los informes de
inteligencia
provinieron de militares norteamericanos que operan desde la base de
Manta,
Ecuador en la costa del Pacífico.
En
términos más globales, resulta evidente que el asesinato
a sangre
fría de Raúl Reyes corresponde a la doctrina de
“decapitación” de fuerzas
insurgentes que enseñan los manuales de contrainsurgencia del
Pentágono. En
términos específicos, cabe mencionar que un mando del
Comando Sur del ejército
norteamericano, el contraalmirante Joseph Nimmich, visitó al
comando general
colombiano dos días antes del ataque. Todo indica que
éste fue un operativo
conjunto de los militares estadounidenses y sus socios colombianos del
gobierno
de Álvaro Uribe Vélez, un personaje siniestro quien fue
elegido presidente con
el respaldo de los grupos paramilitares y del narcotráfico.
George Bush en
persona le dio su visto bueno posterior al operativo. Es
indudable el fin estratégico del operativo: aunque voceros de
Washington y Bogotá repitieron hasta el cansancio su
acusación de que Reyes era
un “terrorista peligroso” para justificar el homicidio, el hecho es que
éste
era el jefe de la “diplomacia” de las FARC. Dos días antes, las
fuerzas
rebeldes habían entregado a cuatro parlamentarios colombianos
que habían
detenido, y era sabido por el gobierno colombiano que Reyes se
preparaba para
encontrarse con el presidente francés, Nicolas Sarkozy, para
organizar el canje
de Ingrid Betancourt, antigua candidata presidencial colombiana que
también es
ciudadana francesa, a cambio de algunos de los 500 guerrilleros presos.
El
gobierno colombiano tenía la clara intención de frustrar
el canje. La
respuesta del presidente venezolano Hugo Chávez consistió
en decretar
la ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia, la retirada
de todo el
personal diplomático y el cierre de la frontera. Ordenó
el envío a la frontera
con Colombia de diez batallones del ejército, así como el
despliegue de tanques
y aviones. Al mismo tiempo, Chávez advirtió que un ataque
así en territorio
venezolano sería considerado como un casus
belli (causa de guerra). Por su parte, el gobierno ecuatoriano de
Rafael
Correa expulsó al embajador colombiano, retiró de
Bogotá a su representante,
trasladó 3.200 soldados a la frontera norte y pidió una
sesión de emergencia
del consejo permanente de la Organización de Estados Americanos
(la OEA). De
pronto se agitó el espectro de una guerra en la franja
norteña de la región
andina. Ante
la batahola generalizada en las cancillerías ocasionada por el
ataque colombiano, Uribe respondió con una serie de bobadas,
mistificaciones e
inventos. Dijo que en una computadora hallada intacta en el campamento
(cuando
todo lo demás quedó destruido por las bombas),
encontraron documentos según los
cuales el gobierno venezolano habría donado unos 300 millones de
dólares a las
FARC (una suma absurda, comparable con los dólares que
Bogotá recibe de EE.UU.
bajo el Plan Colombia); que la guerrilla colombiana habría
financiado la
campaña electoral de Correa en Ecuador; y que las FARC buscaban
uranio para
construir una “bomba sucia”. ¿Será que las “armas de
destrucción masiva” no
halladas en Irak se encuentran ahora en la selva amazónica?
Pronto descubrirán
que el mítico uranio africano fue transferido por Saddam Hussein
a los
laboratorios de lo que Washington y Bogotá satanizan como una
“narcoguerrilla”.
En ambos casos, estas armas imaginarias sirven para justificar un
ataque
criminal. El
New York Times (6 de marzo)
escribió en un editorial que “es difícil creer, que en el
siglo XXI, los
gobiernos democráticamente electos de Colombia, Ecuador y
Venezuela estén
hablando de guerra”. Luego de instruir al gobierno ecuatoriano para que
asegure
a Colombia que no ayuda “al brutal grupo guerrillero que ha
aterrorizado a
Colombia durante décadas” (¡!) y de aconsejar a
Bogotá y Quito que apacigüen su
retórica, este vocero autorizado del imperialismo norteamericano
responde al
presidente venezolano con la misma soberbia imperial del rey de
España,
diciendo que “Sr. Chávez debería callarse”. Por su parte,
el candidato
demócrata a la presidencia Barack Obama declaró que
Colombia “tiene todo
derecho a defenderse” de las FARC, mientras la candidata Hillary
Clinton
denunció… a Hugo Chávez por haberse aliado,
supuestamente, con “grupos terroristas”.
El apoyo de la clase dominante de EE.UU. a su vasallo colombiano Uribe,
y su
hostilidad contra el nacionalista Chávez son unánimes. Claro
que el operativo colombiano violó descaradamente la
soberanía de
Ecuador, y que de acuerdo con la definición del protocolo
adicional a la
Convención de Ginebra aprobada en 1977 cumple con las
condiciones para ser
considerado como un crimen de guerra. Sin embargo, el derecho
internacional es
un mito bajo el capitalismo, más aún para los
imperialistas yanquis y sus sátrapas
que han proclamado las doctrinas de la guerra preventiva y practican la
tortura
en gran escala en sus campos de concentración. En todo caso, el
incidente se
saldó con un apretón de manos en Santo Domingo, cuando
Uribe prometió no atacar
de nuevo a sus vecinos – promesa vacía que sólo sirve
para encubrir la
componenda de los gobiernos burgueses a costa de los insurgentes. Ante
semejante crimen, la respuesta de los revolucionarios proletarios
debe consistir en movilizar a los trabajadores en una lucha de clase
contra el
imperialismo y a sus aliados criollos. En primer lugar, hacemos un
llamado a
favor de la expulsión de todas las tropas, agentes de
inteligencia y
mercenarios norteamericanos de la región. Esto se puede
concretar con una
marcha hacia la base militar de Manta para correr a los militares
norteamericanos. Al mismo tiempo, y no obstante las muchas diferencias
políticas que tenemos con las fuerzas guerrilleras de Colombia
–las FARC y el
Ejército de Liberación Nacional (ELN)– fuerzas
pequeñoburguesas basadas en el
campesinado que luchan por una “reconciliación” con sectores
“democráticos” de
la clase dominante, y no por la revolución socialista, los
trotskistas
defendemos las guerrillas de izquierda en la guerra civil en contra del
sanguinario estado capitalista que sacude a Colombia desde hace
décadas.
En
lugar de luchar por la acción obrera, sin embargo, el grueso de
la
izquierda latinoamericana se pone a la cola de los estados burgueses de
Ecuador
y Venezuela, buscando presionarles para que inicien una guerra contra
Colombia.
De esta manera, azuzan la ilusión de que estos regímenes
nacionalistas son, de
alguna manera, “antiimperialistas”, y que su intervención
favorecerá la lucha
revolucionaria en Colombia. Nada más falso. El presidente
ecuatoriano Rafael
Correa hizo hincapié en que sus fuerzas armadas han desmantelado
al menos 40
campamentos de las FARC. El presidente venezolano Hugo Chávez
llamó a las FARC
a entregar a Ingrid Betancourt sin que se libere un solo guerrillero
preso, e
instó a la guerrilla a deponer las armas y a actuar como fuerza
política. La
última vez que se intentó tal aventura, en los
años 80, fueron asesinados más
de 3 mil militantes la Unión Patriótica (UP), formada por
ex militantes de las
FARC, incluyendo dos de sus candidatos presidenciales, ocho
congresistas, 70
concejales y cientos de sindicalistas. El
ejemplo más nítido de la política de la izquierda
oportunista de
presionar a los gobiernos venezolano y ecuatoriano para que asuman
“posiciones
antiimperialistas” lo brinda el Corriente Marxista Revolucionaria (CMR)
de
Venezuela, un pequeño grupo que se reclama como trotskista, un
error histórico
garrafal, siendo que se integra al régimen nacionalista
burgués de Chávez. La
CMR, parte de la Tendencia Marxista Internacional de Allan Woods,
sostiene en
una declaración fechada el 3 de marzo: “En caso de realizarse
cualquier nueva
agresión por parte de Colombia, tanto los gobiernos venezolano y
ecuatoriano
estarían en su derecho a defenderse con todos los medios en su
mano de esa
agresión”. Aunque reconoce que “La guerra se puede convertir en
la salida
desesperada por mantenerse en el poder de Uribe”, argumenta que “guerra
y
revolución van unidas de la mano”. Toda
una gama de organizaciones “comunistas” y seudotrotskistas llaman
en el mismo sentido a que “sus” gobiernos (burgueses) rompan relaciones
diplomáticas con Colombia. Es el caso del Movimiento Socialista
de los
Trabajadores (MST) de Argentina, que quiere que el gobierno de Cristina
Kirchner cierre la embajada colombiana en Buenos Aires. El Partido de
Trabajadores por el Socialismo (PTS), también de Argentina y
sección madre de
la Fracción Trotskista a escala internacional, propugna que “Los
gobiernos de
Kirchner, Lula y Evo Morales deberían romper relaciones con el
gobierno
colombiano” (La Verdad Obrera, 6 de marzo). ¿Con
qué fin? Se trata, a
todas luces, de un paso preliminar rumbo a la guerra. Al mismo tiempo,
el grupo
simpatizante de la FT en Venezuela, advierte: “alertamos que la salida
de
forzar una guerra fratricida en la región posiblemente sea una
de las variantes
que maneja la política del imperialismo de Bush para desangrar
al movimiento de
masas”. Para auténticos trotskistas, y
no los que ofrecen sus servicios como consejeros de gobiernos
burgueses, la
conjunción de guerra y revolución depende del
carácter de clase de la guerra.
Una guerra entre dos países capitalistas imperialistas, o dos
países
capitalistas semicoloniales, tendría el efecto contrario, de
contraponer a los
trabajadores de un país contra los del otro. Esto es lo que ha resultado en otras guerras fratricidas en
América Latina, como en el conflicto bélico entre
Paraguay y Bolivia en los
años 30, o en la guerra del Alto Cenepa entre Perú y
Ecuador en 1995. En esos
casos, el apoyo de las agrupaciones “socialistas” y hasta “comunistas”
a “su”
burguesía sirvió para fortalecer la garra del
nacionalismo burgués sobre las
masas. Los leninistas nos guiamos no por quién desató una
guerra, ni por la
política de “izquierda” o derecha de los gobiernos, sino por el
carácter de
clase de los contrincantes. A estas alturas, una guerra de Venezuela y
Ecuador
contra Colombia sería una guerra fratricida entre tres
países capitalistas
semicoloniales sin diferencias cualitativas entre sí. Esto
podría cambiar en el caso de que el papel de EE.UU. pasara del
de
la asesoría y pertrecho al gobierno colombiano y se concretara
en el
enfrentamiento directo con el gobierno de Hugo Chávez. Esta
posibilidad no
puede descartarse, aunque las actuales dificultades del imperialismo
yanqui en
Irak y Afganistán hacen poco probable que se dé tal paso
en el corto plazo. En
ese caso, sería el deber de todo revolucionario proletario
defender a
Venezuela, país semicolonial, contra la embestida de la potencia
imperialista.
Aún en ese caso, que desataría una conflagración
continental, la clase obrera
no debe actuar como auxiliar o soporte político al gobierno
nacionalista
burgués de Chávez sino como fuerza de clase propia,
luchando por organizarse en
milicias obreras y campesinas independientes del control del
ejército
capitalista, y por confraternizar con el proletariado colombiano. Para
esto, el elemento clave es la construcción de un partido obrero
basado en el programa trotskista de la revolución permanente,
que luche por el
inicio y la extensión de la revolución socialista a todo
el continente, hasta las entrañas
del imperialismo. La Colombia de Uribe ¿el Israel de América Latina?
Para
justificar su orientación política de apoyar y presionar
a los
gobiernos de Venezuela y Ecuador, toda una serie de organizaciones de
izquierda
hacen una comparación entre la Colombia de Uribe y el estado de
Israel en el
Medio Oriente. Con esto hacen eco de Chávez, quien
comentó que Colombia “se ha
convertido en el Israel de América Latina”. Para fundamentar
esta
caracterización, el mandatario venezolano cita “que hay
mercenarios israelíes
en Colombia, que han venido a instruir a los mercenarios y a los
militares de
Colombia”. Tiene razón al decir que Israel está
entrenando a los sicarios
uniformados y a “contratistas” en Colombia, además de extraer
fuertes ganancias
del jugoso negocio armamentista. También es cierto que los
servicios de
inteligencia militar israelíes se han especializado en los
asesinatos con alta
tecnología, haciendo caso omiso de fronteras y de toda
pretensión de legalidad,
tal y como ha hecho ahora Colombia contra Reyes. Sin
embargo, lo que la izquierda oportunista (siguiendo Chávez) pretende al hacer esta comparación es
sustentar la tesis de que Colombia bajo Álvaro Uribe no es sino
una extensión
militar del imperialismo norteamericano: “Uribe, instrumento de EU en
Sudamérica”, como escribe el periódico mexicano La
Jornada (3 de marzo).
Uribe, “el títere yanqui”, como dice el PTS argentino. “EE.UU.
tiene un
Gendarme en Medio Oriente: Israel.... Ahora quieren hacer lo mismo con
Colombia: tener un Gendarme para combatir la revolución
bolivariana en curso”
sostiene el MST argentino. El Partido Socialista dos Trabalhadores
Unido (PSTU)
brasileño argumenta que el ataque contra Reyes “también
fue una tentativa de
reactivar el llamado Plan Colombia, cuyo objetivo es transformar el
país en un
puesto militar de avanzada del imperialismo yanqui en América
Latina. Algo
parecido al papel jugado por Israel en el Oriente Medio”. Al sostener
esta
tesis, estas organizaciones no sólo distorsionan la naturaleza
del estado
sionista de Israel, sino también el papel que ejerce Colombia
actualmente. Es
falsa la concepción que Israel es sólo un puesto militar
de Estados
Unidos en el Medio Oriente. Lo que sí es cierto es que
actúa como gendarme de
Washington en la región; que oprime la población
árabe de Palestina, cuyo
territorio ocupó injustamente. También es cierto que
ejerce el terrorismo de
estado en gran escala. No obstante, es un estado burgués con sus
propios
intereses nacionales, que se alió con el imperialismo
norteamericano del mismo
modo en que previamente profirió sus servicios al imperio
británico como
guardián sobre el Canal de Suez. Los sionistas reprimieron y
expulsaron a los
palestinos mucho antes de que pasaran a ser cómplices de la
dominación
norteamericana sobre la región. Tampoco son los únicos
aliados del imperialismo
yanqui en Medio Oriente. Egipto recibe casi tanto dinero de las arcas
del
Pentágono como Israel, y Arabia Saudita tiene varias bases
militares
norteamericanas, como también tienen los emiratos petroleros del
Golfo
Árabe-Pérsico, en tanto que Israel no tiene ninguna. El
hecho es que la
hegemonía norteamericana sobre el Medio Oriente se ejerce a
través de Israel y
de los países árabes aliados. Durante
un tiempo la tesis de que Israel no era sino un puesto militar
del imperialismo norteamericano se sostuvo con el mito de una
“revolución
árabe”, que en realidad nunca existió. En todo caso, los
gobiernos burgueses de
los países árabes, sean éstos de los jeques y
reyes conservadores o de los
coroneles nacionalistas, ni defendieron ni defienden a los palestinos.
Sin
embargo, la finalidad política que tiene esta tesis consiste
precisamente en
apoyar a los gobiernos árabes burgueses contra Israel, en llamar
por la
destrucción de Israel en una guerra con los países
árabes y, en última
instancia, en echar a la población de habla hebrea al mar,
posición sostenida
explícita y literalmente por el dirigente seudotrotskista
argentino Nahuel
Moreno. Este
argumento es contrario a los principios fundamentales del marxismo,
que defiende el derecho democrático a la independencia de toda
nación.
En el Medio Oriente, hay dos pueblos en una sola tierra. Es evidente
que la
población hebrea tiene las características de una
nación, aún si esta nación
nació de un crimen histórico contra los palestinos;
también constituye una
nación la población árabe palestina, gran parte de
la cual ha sido expulsada a
la diáspora por la “limpieza étnica” perpetrada por los
sionistas. Los
trotskistas defendemos al oprimido pueblo palestino en contra del
opresor
sionista, al mismo tiempo que reconocemos que hay dos derechos
democráticos
contrapuestos sobre el mismo territorio. Aunque defendemos el derecho
de
autodeterminación de ambas naciones, subrayamos que éste
no se puede realizar
en forma equitativa bajo el capitalismo. Es así que la Liga por
la IV
Internacional (LIVI) aboga por una república obrera
árabe-hebrea en una
federación socialista del Medio Oriente. La
versión más acabada de la tesis que Colombia es igual a
Israel
proviene del Partido Causa Operária (PCO) de Brasil, adherido a
otra corriente
seudotrotskista, identificada con el Partido Obrero (PO) argentino de
Jorge
Altamira. En un editorial titulado “Colombia, el Israel de
América Latina”,
escribe: “El imperialismo norteamericano
requiere a toda costa una base aliada en
América Latina.... Siguiendo el ejemplo de lo que hace en otros
continentes
donde tienen un país satélite, como en el caso del Medio
Oriente con Israel, los
EE.UU. están transformando a Colombia en esta base militar en el
continente
americano.” –Causa
Operária n° 472, 9 de
marzo En su artículo principal, bajo un cintillo que se
refiere a Uribe como “testaferro de
Bush”, ofrece el siguiente análisis: “La constitución del
enclave imperialista en Colombia, en realidad,
representa una acción inédita del imperialismo en el
continente, justificada
precisamente porque los demás países no están
dispuestos a entregarse
totalmente a los EE.UU.... El imperialismo está intentando
controlar totalmente
el gobierno colombiano, aprovechándose de que la
burguesía colombiana está
bastante debilitada. Es lo mismo que ocurre en Irak actualmente....” En otras palabras, EE.UU. estaría transformando a
Colombia de semicolonia en colonia. En ese tenor, PCO llega al extremo
de
sostener: “El ataque contra Ecuador es un
avance del imperialismo en el sentido de
la transformación de América Latina en un Medio Oriente,
donde en nombre de la
lucha contra el terrorismo en poco tiempo podría llegar a atacar
hasta a
Brasil.” Como análisis, prácticamente todo elemento
citado es
falso, y su conclusión igualmente. En
primer lugar, Colombia no es simplemente una “república
bananera”
donde imperen las empresas imperialistas al estilo de la United Fruit
en
Centroamérica. La burguesía colombiana no está
más debilitada que otras clases
dominantes del subcontinente, y lejos de estar “exprimida entre el
narcotráfico
y la guerrilla”, tiene los bolsillos llenos de dólares
precisamente porque
grandes sectores capitalistas tienen inversiones en el lucrativo
negocio del
narcotráfico. Uribe, por su parte, no es simplemente un
títere de Bush, sino el
hombre de las fuerzas paramilitares, a tal punto que el estado
colombiano está
dirigido de hecho por un “narcogobierno”. Tampoco es cierto que todos
los
gobiernos sudamericanos con la excepción del de Colombia
estén resistiendo de
alguna forma al imperialismo yanqui.
Finalmente,
la idea de que EE.UU. pudiera “llegar a atacar hasta a
Brasil” pasa por alto el hecho de que el principal gendarme del
imperialismo
norteamericano en América Latina hoy por hoy no es la Colombia
de Uribe sino el
Brasil de Lula (basta considerar sus tropas de ocupación en
Haití, así como el
papel que ha jugado en Venezuela y Bolivia). Cabe señalar
además que los
aviones de la Fuerza Aérea Colombiana que habrían lanzado
las bombas
“inteligentes” contra el campamento en Ecuador eran de modelo Super
Tucano, de la empresa brasileña Embraer, que se considera el
avión de
preferencia para la guerra contrainsurgente. Los Super Tucano son
utilizados
hasta por las empresas “contratistas” mercenarias como Blackwater. En
el fondo nuestras diferencias no son de análisis, sino de
programa.
La finalidad de la ecuación “Colombia = Israel” es justificar el
apoyo a Chávez
en una guerra contra Uribe. Para darle un barniz marxistoide a esta
política,
el PCO pretende que el gobierno venezolano refleja los sentimientos de
las
masas. Resumiendo su argumento, el PCO sostiene: “Chávez expresa una
tendencia de los pueblos y de las burguesías de
reaccionar ante esta política del imperialismo para la
región.... El conflicto
entre las burguesías de los países andinos refleja las
tendencias
revolucionarias de las masas sudamericanas en su conjunto contra el
imperialismo.”
Esta es la visión de los socialdemócratas
de los
países imperialistas que ven en los varios gobiernos de
“centro-izquierda” del
subcontinente una forma de resistencia al imperialismo, cuando en
realidad
estos regímenes semicoloniales sólo quieren aliviar un
poco los términos de su
sometimiento a los dictados del imperio al buscar un poco de
autonomía. Aunque
en algunos países como Bolivia ha habido recientemente (en 2003
y
2005) levantamientos de las masas trabajadoras (y no de “las masas” en
general)
con potencial revolucionario, en otros países los sentimientos
políticos que
predominan en la clase obrera son más contradictorios. Por su
parte, Chávez no
representa una política antiimperialista, sino que, como buen
nacionalista
burgués, busca “diversificar” a sus amos al estrechar relaciones
con los
imperialistas europeos. De ahí sus propuestas de sustituir con
el euro al dólar
en las transacciones petroleras, así como su interés en
los canjes de detenidos
de las FARC mediante negociaciones con el presidente francés (y
la hostilidad
de EE.UU. y su aliado colombiano a éstos). Revolución
permanente vs. apoyo al nacionalismo burgués Detrás
de su esquema se encuentra la concepción de un “frente
único
antiimperialista”, política heredada por el PCO brasileño
del PO argentino de Altamira, en particular cuando éste estuvo
aliado con Guillermo Lora del Partido Obrero
Revolucionario (POR) boliviano. Frente al golpe del gorila Hugo Banzer
en 1971,
Lora recurrió a la tesis del “FUA” para justificar el “frente
revolucionario
antiimperialista” con el general Juan José Torres. Las ilusiones
en una alianza
con un sector de las fuerzas armadas burguesas prepararon la sangrienta
derrota
de los combativos mineros bolivianos. Una
década más tarde, en la guerra de las islas
Malvinas/Falklands,
Altamira enarboló la bandera del “frente único
antiimperialista” para
justificar su apoyo al ejército argentino (en lugar de una
política de
derrotismo para ambos bandos en esta guerra reaccionaria), aún
admitiendo que
“la ocupación de las Malvinas es una acción
distraccionista, de la que la
dictadura pretende sacar réditos” (Internacionalismo
n°5, agosto-octubre
de 1982). Más recientemente, un vocero de la Coordinadora por la
Refundación de
la Cuarta Internacional liderada por Altamira recurrió al “FUA”
para justificar
su apoyo a la candidatura de Evo Morales en las elecciones bolivianas
de
diciembre de 2005. Hoy,
con la misma metodología, el PCO y muchas otras organizaciones
de
izquierda están alimentando semejantes ilusiones en Hugo
Chávez. Escribe el
PCO: “Debemos exigir que
Chávez ponga en marcha un programa real de lucha
contra el imperialismo, que comience con la movilización del
pueblo, en primer
lugar los obreros, y su armamento.” Los trotskistas, en cambio, luchamos porque los
trabajadores logren armarse con sus propios medios, y que sea la
clase
obrera –y no algún militar nacionalista con charreteras (o
boina roja) – la que
encabece la lucha contra el imperialismo.
La
tesis del mítico “frente único antiimperialista” con
sectores de la
clase dominante está en abierta contradicción con el
programa
trotskista de la revolución permanente.
El “FUA” fue adoptado en el IV Congreso de la Internacional Comunista
(1922)
con el propósito de justificar bloques
políticos con “distintos grupos nacionalistas burgueses”.
Fue apoyado por
el holandés Henk Sneevliet (Maring), quien antes había
impuesto al Partido
Comunista de Indonesia que ingresara en Sarekat Islam. De hecho, el
“frente
único antiimperialista” es la fórmula predilecta para un
frente popular con
sectores de la burguesía en las colonias y semicolonias. Pocos
meses antes del IV Congreso de la Comintern, Sneevliet organizó
la
entrada del Partido Comunista chino en el Guomindang (KMT), el partido
nacionalista encabezado por Sun Yat-sen Todos los dirigentes del PC
chino se
opusieron inicialmente a la política liquidacionista de entrar
en el KMT, tal
como Trotsky hiciera dentro del Buró Político del PC
ruso. La tesis del “frente
único antiimperialista” fue utilizada como justificación
teórica de esta
política oportunista, impuesta por Stalin y el “triunvirato”.
Finalmente
condujo a la masacre de los comunistas chinos en abril de 1927 por el
generalísimo Chiang Kai-shek, líder del KMT luego de la
muerte de Sun,
considerado por la Comintern estalinizada como un “aliado”
burgués. Trotsky,
en cambio, sostuvo que en la época imperialista, “Con respecto
a los países de desarrollo burgués retrasado, y en
particular de los coloniales
y semicoloniales, la teoría de la revolución permanente
significa que la resolución
íntegra y efectiva de sus fines democráticos y de su
emancipación nacional tan
sólo puede concebirse por medio de la dictadura del
proletariado, empuñando
éste el poder como caudillo de la nación oprimida y, ante
todo, de sus masas
campesinas.” La
revolución permanente se fundamentó en la incapacidad
de la burguesía de realizar las tareas históricamente
asociadas con la revolución democrática, y en el hecho de
que la alianza
obrero-campesina sólo sería posible “luchando
irreconciliablemente contra la
influencia de la burguesía liberal-nacional”. La toma de poder
por la clase
obrera, dirigida por su partido comunista, debería pasar a la
edificación
socialista y la extensión internacional de la revolución,
en particular a los
centros imperialistas, explicó (“¿Qué es la
revolución permanente? Tesis
fundamentales” [1930]). Trotsky
elaboró su teoría sobre la base de la experiencia de la
Revolución Rusa de 1905, que luego se vio confirmada por la
victoriosa
Revolución de Octubre de 1917, y que más tarde
generalizó en respuesta a la
derrota de la Revolución China de 1927. El PCO finge defender la
revolución
permanente, pero hace una alteración significativa en su
presentación. Escribe:
“La adopción del programa
de la revolución proletaria no es una condición
para la lucha contra el imperialismo, pero la lucha consecuente contra
el
imperialismo conduce a la revolución proletaria, que es la
única forma por la
cual el imperialismo puede ser derrotado. Las masas deben superar las
limitaciones del nacionalismo a través de su propia experiencia
política.” Este es un argumento no para organizar la lucha por el
poder por la clase obrera, apoyada por los campesinos pobres, sino para
dar
apoyo “crítico” a los nacionalistas burgueses, alegando que
así “las masas” (sin
distinción de clase) por medio de “su propia experiencia
política” llegarán a
la conclusión de la necesidad de la revolución
proletaria. De esta manera, el
PCO convierte lo que para Trotsky eran preceptos programáticos
de la vanguardia
comunista en su lucha contra la burguesía “nacional” en una
tendencia
supuestamente objetiva, y por tanto objetivista.
En lugar de luchar por la toma de poder por el proletariado como tarea
inmediata, preconiza “exigir que Chávez ponga en marcha un
programa real de
lucha contra el imperialismo”. Se trata, en realidad, la
política estalinista
de la revolución “por etapas”. La guerrilla no puede
aplastar al narcogobierno colombiano y a su amo imperialista yanqui
En
América Latina hoy es cierto que el gobierno colombiano quiere
jugar
un papel de gendarme al servicio del imperialismo norteamericano. Y
para
hacerlo le pagan bien: bajo el Plan Colombia, Bogotá ha recibido
más de 4 mil
millones de dólares del gobierno de EE.UU., lo que le coloca en
tercer lugar
entre los recipientes de la ayuda norteamericana (después de
Israel y Egipto).
Pero, en primer lugar, el plan no es la criatura de Uribe y su padrino
Bush,
sino del demócrata Bill Clinton y el presidente colombiano
Andrés Pastrana, que
negoció con las FARC antes de declararles la guerra. Segundo,
Colombia no es el
único gendarme latinoamericano del imperio. Los que sostienen
esta tesis se
olvidan del papel jugado por el Brasil de Lula, el sheriff del
imperialismo
norteamericano en Haití, o por la Argentina de Menem. Tanto
bajo Uribe como bajo Pastrana, Colombia ha sido un aliado estrecho
de EE.UU., con sus fuerzas armadas bien integradas en el “sistema
interamericano de defensa” dominado por el Pentágono. Al mismo
tiempo, así como
su antecesor Pastrana Arango fue un político típico de la
oligarquía burguesa
que entre liberales y conservadores ha dominado el país desde
los inicios del
siglo XX, el actual mandatario colombiano está estrechamente
ligado a los
grupos paramilitares que dominan el tráfico de drogas. De los 14
miembros del
Congreso nacional que han sido detenidos o son fugitivos por sus
conexiones con
los escuadrones de la muerte, 13 son uribistas; también son
aliados de Uribe 74
de los 87 congresistas identificados con los paramilitares, como lo es
también
el ex director del DAS (policía secreta) y el actual jefe de la
policía
nacional. El
mismo presidente Uribe fue identificado en un documento de la Defense
Intelligence Agency de EE.UU., fechado septiembre de 1991, como un
amigo íntimo
del narcotraficante Pablo Escobar. El documento sostuvo que como
senador de
Antioquia, Uribe estaba “dedicado a la colaboración con el
cartel de Medellín a
altos niveles gubernamentales” (New York Times, 2 de agosto de
2004).
Cuando era gobernador de Antioquia a finales de los años 90,
inició las redes
paramilitares bajo el programa “Convivir”. Durante
años, los dirigentes paramilitares anduvieron en todas partes,
dando entrevistas a los grandes medios de comunicación, gozando
de una evidente
impunidad. La principal organización paramilitar, Autodefensas
Unidas de
Colombia (AUC), se jactó de tener un ejército privado de
hasta 30.000 hombres
(y 2.000 mujeres) en armas. Trabajó en estrecha
colaboración con las FF.AA.,
hasta el punto de masacrar a unidades policiales que amenazaban con
entrometerse
en el narcotráfico que controlaba. A principios de esta
década, las AUC
cometieron un promedio de 200 masacres por año. Bajo
presión de Washington, se
proclamó la “desmovilización” de los ejércitos
paramilitares, pero sólo para
que algunos cabecillas gozaran de unas vacaciones en establecimientos
especiales de gran confort, mientras miles de sus seguidores se han
reactivado
en la “nueva generación” de escuadrones de la muerte, con
nombres como “Águilas
Negras” y “Organización Nueva Generación” (ONG).
El
vínculo entre el gobierno colombiano y estos escuadrones de la
muerte
es tan notorio, como también lo son las torturas y asesinatos
realizados a
diario por sus fuerzas armadas, que algunos demócratas
norteamericanos se
refieren al régimen de Uribe como una “empresa criminal”. No
obstante, los
mismos liberales burgueses comparten la terminología del
gobierno Bush al
referirse a las FARC como una “narcoguerrilla”. La realidad, sin
embargo, es
que nunca se ha obtenido prueba alguna de que haya una conexión
entre los
grupos guerrilleros y el narcotráfico, mientras las
cúpulas del gobierno
colombiano y los mandos de las fuerzas armadas están
profundamente involucrados
en el transporte de drogas, hasta el punto de que a veces se realiza en
aviones
de la Fuerza Aérea. También son bien conocidos los lazos
de la CIA con el
narcotráfico, por ejemplo en su apoyo a la “contra”
nicaragüense en los años
80. De hecho, el jefe de la misión militar yanqui en
Bogotá fue descubierto
lavando narcodólares y enviando cargamentos de drogas a
través de la maleta
diplomática.
Lo
que sí se ha probado, y lo dicen abiertamente las FARC, es que
los
guerrilleros cobran “impuestos de guerra” sobre la producción de
coca
en las zonas bajo su control, como también lo hacen sobre los
ganaderos,
madereros, empresas mineras, etc. Para los marxistas, que nos oponemos
a toda
ley que criminalice la droga o su uso, no hay ninguna diferencia entre
este
impuesto y los que se cobran por la venta de bebidas
alcohólicas, tabaco, o
cualquier otra mercancía. Si de esto se quejan los burgueses
colombianos es
porque ellos son los mismos traficantes que tienen que pagar precios
más altos
para la coca que transforman luego en cocaína, o porque se
benefician
indirectamente de esta industria multimillonaria. Nosotros
defendemos el derecho de los campesinos colombianos de producir
cualquier cultivo que quieran, al igual que apoyamos las movilizaciones
de los
campesinos cocaleros de Bolivia que exigen la expulsión de los
militares
norteamericanos que envenenan vastas zonas agrícolas con su
“guerra contra las
drogas”. Más de 3 millones de colombianos han sido desplazados
por el gobierno
y grupos paramilitares en esta guerra. Han forzado a cientos de miles
de
campesinos a buscar refugio en Ecuador, donde tienen una existencia
precaria.
En el Chocó, comunidades afrocolombianas enteras fueron
despojadas de sus
tierras por bandas de paramilitares que las traspasaron a grandes
empresas para
introducir el cultivo de palmas africanas. Estos sí son
verdaderos crímenes de
guerra. Las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo
son
la organización guerrillera de más larga duración
y mayor implantación de toda
América Latina. Sus orígenes se remontan a las luchas
campesinas dirigidas por
el Partido Comunista en los años 60, alrededor de la
“república campesina” de
Marquetalia y de Viotá en los departamentos de Tolima y
Cundinamarca. El
principal comandante de las FARC, Manuel Marulanda Vélez
(“Tirofijo”) lleva ya
60 años en la guerrilla. Era un campesino liberal que, como
miles de otros, se
alzó en armas durante La Violencia que desató el
asesinato del candidato
presidencial y dirigente populista Jorge Eliécer Gaitán
en abril de 1948,
dejando un saldo de más de 400.000 muertos. Luego Marulanda se
acercó al PC.
Las FARC mantuvieron su relación con el Partido Comunista
Colombiano hasta
principios de los años 90, cuando el PCC en reacción al
colapso de la URSS y
del bloque soviético decidió alejarse de la “lucha
armada”. Aunque su
experiencia con la Unión Patriótica (UP) en los
años 80 fue desastrosa, el PCC
concentra su acción hoy en construir el Polo Democrático
Alternativo, un típico
frente popular burgués. ![]() (Mapa: Military Review) A
principios de los años 2000, las FARC anunciaron la
creación de un
nuevo Partido Comunista Colombiano Clandestino (PCCC) que sigue la
misma
política estalinista que su antecesor. Es la misma
concepción “etapista” que
llevó al desastre en China en 1927 e incontables veces
después. En un artículo
escrito durante la campaña por la reelección de Uribe, el
mismo Raúl Reyes
escribió: “Las FARC-EP llaman a todos los colombianos para que
nos unamos en el
rechazo a la reelección y abogamos porque la alternativa a la
actual crisis sea
un gobierno nacional, pluralista, patriótico y
democrático” (ANNCOL, mayo de
2005). Ahí el dirigente guerrillero no llama por ninguna
revolución social,
sino tan sólo por “desarrollar y modernizar la economía
con justicia social”.
Tampoco se pronuncia siquiera por una reforma agraria (y mucho menos la
revolución agraria por la que luchan los trotskistas),
¡limitándose a proponer
“una política agraria que democratice el crédito, la
asistencia técnica y el
mercadeo”! En
el año 2000, Reyes tuvo un encuentro amistoso con el presidente
de la
Bolsa de Valores de Nueva York. No se trató de una iniciativa
individual. En su
discurso de saludo al Noveno Congreso de las FARC el año pasado,
el mismo
Marulanda llamó por “la integración de un Nuevo Gobierno
de Reconciliación y
Reconstrucción Nacional con la participación de todas las
fuerzas democráticas”
(Resistencia, junio de 2007). En definitiva, la política
de las FARC es
la del reformismo armado que busca un acuerdo con la
burguesía y no su
derrocamiento. Los
trotskistas defendemos a los guerrilleros izquierdistas frente al
sanguinario gobierno capitalista. Al mismo tiempo advertimos a la
vanguardia
que en todas sus variantes – ya sea el foquismo al estilo de
Che
Guevara, con su pequeño núcleo de guerrilleros, o las
varías políticas de
“guerra popular” de los maoístas, sandinistas y otras corrientes
que preconizan
luchas de masas – la guerrilla no es y no puede ser una estrategia
para la
revolución socialista dirigida por la clase obrera. Es un
programa que
corresponde al medio campesino, y cuando mucho (como en el caso cubano)
produciría un régimen burocrático antiobrero y
nacionalista. Mientras
defendemos los estados obreros deformados chino, cubano, vietnamita y
norcoreano contra el imperialismo y la contrarrevolución
interna, subrayamos
que con su política estalinista de construir el “socialismo en
un solo país”,
obstaculizan la revolución socialista internacional. En la gran
mayoría de los
casos, la guerrilla o es derrotada por el poderío militar
superior del
imperialismo (como fue el caso de todos los intentos guevaristas en
América Latina
durante los años 60), o abre la vía para la
consolidación de un nuevo estado
capitalista, como en Argelia en 1961, o en Nicaragua a finales de los
años 80. En
todo caso, aún si una guerrilla izquierdista ganara en el campo
de
batalla contra un gobierno represor –y los trotskistas luchamos por tal
triunfo
militar en China en los años 30 y 40, en Vietnam en los 60 y 70,
y en
Centroamérica en década de los 80– al llegar a los
centros urbanos, el
campesinado militarizado, aún bajo comandantes que se dicen
comunistas, podría
mostrarse hostil frente a los obreros. Trotsky señaló eso
en su ensayo, “La
guerra campesina en China y el proletariado” (septiembre de 1932) y de
hecho,
cuando tomó el poder en 1949, el Ejército de
Liberación Popular chino reprimió
a los obreros y a los trotskistas chinos en particular. Para evitar
este
desenlace, es imprescindible que los auténticos comunistas,
leninistas-trotskistas, luchen para movilizar al proletariado urbano a
la
cabeza de los campesinos pobres en una lucha de clase contra el
régimen
burgués. Esto
dista mucho del sindicalismo “apolítico” de sectores de
izquierda
que se limitan a las tradicionales reivindicaciones salariales y de
prestaciones en medio de una guerra civil. Ellos se sienten incapaces
de
enfrentar la brutal represión del estado y de los sicarios
paramilitares. Claro
que hay enormes obstáculos por superar en el intento de
desarrollar la lucha
obrera en un estado policíaco como el que ha imperado en
Colombia desde
decenios. El mismo Raúl Reyes era sindicalista antes de pasarse
a la guerrilla
debido a que los muchos asesinatos de sus compañeros le hicieron
imposible
continuar. Sin embargo, aunque se hace casi imposible la lucha sindical
reformista, que opera dentro del marco capitalista, la respuesta no
debe ser
abandonar el terreno al enemigo de clase sino emprender medidas de
lucha obrera
clasista con huelgas de ocupación de instalaciones
estratégicas y paros activos
que desencadenan movilizaciones de masas contra el narcogobierno
paramilitar. La lucha por una
federación andina de repúblicas obreras
Colombia
hoy es el país más peligroso del mundo para los
sindicalistas,
contando con más de 2.500 militantes sindicales asesinados desde
1986 por el
gobierno y los paramilitares, y más de 25 sindicalistas muertos
en lo que ve de
este año. No obstante los enormes riesgos que corren, miles de
valientes
trabajadores siguen luchando en los sindicatos colombianos. Como
respuesta,
organizaciones sindicales en los países imperialistas han
organizado impotentes
boicots de consumo (particularmente de Coca-Cola, cuyos gerentes
colombianos
han sido particularmente descarados al ordenar el asesinato de
representantes
sindicales), mientras los burócratas de la AFL-CIO, trabajando
en contubernio
con la CIA, buscan sobornar a los sobrevivientes. Los militantes
sindicales
colombianos deben aprovecharse de toda oportunidad para salvar sus
vidas, y al
mismo tiempo cuidarse de no caer en las garras de esta mafia “sindical”
anticomunista que desde Chile hasta El Salvador ha sido cómplice
de los mismos
escuadrones de la muerte. Las
marchas de solidaridad con las víctimas del terrorismo del
estado y
sus auxiliares paramilitares que movilizaron a más de 200.000
personas en las
calles de Bogotá y a decenas de miles más en 20 ciudades
colombianas (y
alrededor del mundo) el 6 de marzo, que contaron con la
participación de muchos organismos
sindicales, demuestra que existe la valentía y el
espíritu de lucha para
enfrentar la maquinaria de la muerte. En la muchedumbre se oyeron
muchas voces
que expresaron solidaridad con los trabajadores ecuatorianos y
venezolanos. “A
la calle, a tumbar al gobierno paramilitar” gritaron estudiantes de la
Universidad Nacional. Y, como siempre, ya han comenzado los atentados y
asesinatos de los organizadores, incluyendo el presidente del sindicato
de los
empleados de Citibank, Leonidas Gómez. En
Ecuador, una serie de organizaciones de izquierda, sindicales,
indígenas y estudiantiles han movilizado a decenas de miles en
las calles el 6,
11 y 12 de marzo para defender “la soberanía” del país y
repudiar el ataque de
Bush y Uribe. El Partido Comunista Marxista-Leninista de Ecuador
(PCMLE,
estalinista) y los frentes de masas que anima, el Movimiento Popular
Democrático (MPD) y el Frente Popular, hacen explícito su
respaldo a “las acciones
emprendidas por el gobierno de Rafael Correa, que defiende la
inviolabilidad de
nuestro país” (declaración del MPD, 6 de marzo). Las organizaciones indígenas CONAIE
(Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador) y ECUARUNARI
(Confederación de los
Pueblos de Nacionalidad Kichua) se movilizaron “Por la
soberanía, el agua y un
estado plurinacional”.
Por
muy importantes que fueran las marchas, el enfoque propiciado por
los dirigentes –de defensa de la soberanía de Ecuador–
desvía la lucha de los
oprimidos y explotados para convertirla en apoyo al gobierno
burgués de Rafael
Correa. Respaldan al ejército ecuatoriano –el mismo que
atacó salvajemente a
los pobladores de Dayuma, y que hostiga permanentemente a los
refugiados
colombianos en la región fronteriza– en el conflicto con
Colombia. Mientras
muchas organizaciones se pronuncian por la cancelación
anticipada del acuerdo
de cooperación para la utilización de la base de Manta
por militares
norteamericanos para sus vuelos de espionaje, que vence en 2009 y que
el mismo
Correa ha dicho que no renovará, lo hacen en forma de pedido al
presidente o a
la Asamblea Constituyente. En cambio, los trotskistas preconizan la
movilización independiente, de clase, contra el imperialismo que
converja sobre
la base de Manta para forzar la salida inmediata de EE.UU. En
Venezuela también, varios grupos de izquierda han enfocado sus
protestas sobre el apoyo al ejército en un eventual conflicto
bélico con
Colombia. Esto sólo ayuda a Hugo Chávez a recuperar un
poco de prestigio
nacionalista después de su derrota en el referéndum
constitucional del 2 de
diciembre (ver “Venezuela: imponer el control obrero en la vía
hacia la
revolución socialista”). Para realmente golpear al imperialismo
habría que
luchar por la expropiación de los pulpos petroleros y otras
empresas
“multinacionales” que siguen sacando sus cuantiosos beneficios con el
beneplácito del gobierno de Chávez. Esto no se restringe
a las empresas
norteamericanas, y puede concretarse actualmente en el apoyo a los
trabajadores
en huelga de SIDOR, fábrica de propiedad argentina, que han sido
brutalmente
agredidos y detenidos por la Guardia Nacional venezolana. Los
huelguistas
exigen la reestatización de la siderúrgica bajo control
de los trabajadores,
medida a la que se opone el gobierno nacionalista burgués de
Chávez, debido a
sus lazos que mantiene con el gobierno argentino de Cristina Kirchner.
Hasta
aquí no llegan sus pretensiones de construir el “socialismo del
siglo XXI”. La
tarea principal en esta situación de agudas luchas de clases
consiste
en construir partidos obreros revolucionarios en todos estos
países,
forjados como partidos leninistas con base en el programa trotskista de
la
revolución permanente. Como ocurrió en la
Revolución Rusa de Octubre 1917, para
lograr las reivindicaciones de las masas campesinas, será
necesaria una
movilización obrera que se transforme en una insurrección
de masas, luchando
por la revolución proletaria y no por una mítica
democracia burguesa que los
trabajadores colombianos, ecuatorianos y venezolanos nunca han vivido y
que no
tendrán bajo el capitalismo. Lo que hace falta es la vanguardia revolucionaria para dirigir las luchas y dotarlas con un programa que abra la vía hacia la revolución socialista internacional, que incluya a los trabajadores venezolanos, colombianos y ecuatorianos junto con sus compañeros y compañeras de clase en el Perú y Bolivia en una federación andina de repúblicas obreras, y que se extienda al corazón mismo del imperio. ■ |