Narcogobierno colombiano perpetra masacre en Ecuador

¡Marchar a la base de Manta para expulsar a los militares norteamericanos! ¡Defender a las guerrillas de izquierda!

Policías colombianos circundan al cadáver de Raúl Reyes, asesinado en territorio ecuatoriano, en el
avión militar que lo transportó a Bogotá para ser exhibido como trofeo de caza. (Foto: Fernando Vergara/AP)

En la madrugada del 1° de marzo, aviones de guerra de la Fuerza Aérea colombiana lanzaron un ataque contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ubicado dentro de territorio ecuatoriano, a casi dos kilómetros de la frontera con Colombia. El propósito: asesinar al principal portavoz de las FARC para el exterior, Raúl Reyes. No hubo combate – los guerrilleros dormían, en ropa interior, sin uniforme. Después de dos bombardeos, llegaron tropas colombianas en helicópteros para ultimar a los guerrilleros heridos, dejando un saldo de 25 muertos, entre ellos el propio Reyes. Los militares colombianos entonces llevaron el cadáver del comandante guerrillero de vuelta a Colombia, donde lo fotografiaron como trofeo de caza.

Las huellas digitales del imperialismo norteamericano se ven por doquier en todo este macabro incidente. Los bombardeos se efectuaron con “bombas inteligentes” norteamericanas, según relataron los efectivos del ejército ecuatoriano que llegaron horas después al sitio en la provincia amazónica de Sucumbios. Los militares colombianos recibieron informes de inteligencia de las fuerzas norteamericanas basadas en la región, quienes habrían interceptado la señal de un teléfono satelital utilizado por Reyes, el “n° 2” de las FARC, al que luego localizaron, como admitió a la agencia AFP una “alta fuente del Ministerio de Defensa”. Hay indicios de que los informes de inteligencia provinieron de militares norteamericanos que operan desde la base de Manta, Ecuador en la costa del Pacífico.

Los imperialistas se jactan de sus crímenes. Aquí exhiben el cuerpo Che Guevara después de ser ultimado por militares bolivianos y la CIA, octubre de 1967.
(Foto: AP)

En términos más globales, resulta evidente que el asesinato a sangre fría de Raúl Reyes corresponde a la doctrina de “decapitación” de fuerzas insurgentes que enseñan los manuales de contrainsurgencia del Pentágono. En términos específicos, cabe mencionar que un mando del Comando Sur del ejército norteamericano, el contraalmirante Joseph Nimmich, visitó al comando general colombiano dos días antes del ataque. Todo indica que éste fue un operativo conjunto de los militares estadounidenses y sus socios colombianos del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, un personaje siniestro quien fue elegido presidente con el respaldo de los grupos paramilitares y del narcotráfico. George Bush en persona le dio su visto bueno posterior al operativo.

Es indudable el fin estratégico del operativo: aunque voceros de Washington y Bogotá repitieron hasta el cansancio su acusación de que Reyes era un “terrorista peligroso” para justificar el homicidio, el hecho es que éste era el jefe de la “diplomacia” de las FARC. Dos días antes, las fuerzas rebeldes habían entregado a cuatro parlamentarios colombianos que habían detenido, y era sabido por el gobierno colombiano que Reyes se preparaba para encontrarse con el presidente francés, Nicolas Sarkozy, para organizar el canje de Ingrid Betancourt, antigua candidata presidencial colombiana que también es ciudadana francesa, a cambio de algunos de los 500 guerrilleros presos. El gobierno colombiano tenía la clara intención de frustrar el canje.

La respuesta del presidente venezolano Hugo Chávez consistió en decretar la ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia, la retirada de todo el personal diplomático y el cierre de la frontera. Ordenó el envío a la frontera con Colombia de diez batallones del ejército, así como el despliegue de tanques y aviones. Al mismo tiempo, Chávez advirtió que un ataque así en territorio venezolano sería considerado como un casus belli (causa de guerra). Por su parte, el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa expulsó al embajador colombiano, retiró de Bogotá a su representante, trasladó 3.200 soldados a la frontera norte y pidió una sesión de emergencia del consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (la OEA). De pronto se agitó el espectro de una guerra en la franja norteña de la región andina.

Ante la batahola generalizada en las cancillerías ocasionada por el ataque colombiano, Uribe respondió con una serie de bobadas, mistificaciones e inventos. Dijo que en una computadora hallada intacta en el campamento (cuando todo lo demás quedó destruido por las bombas), encontraron documentos según los cuales el gobierno venezolano habría donado unos 300 millones de dólares a las FARC (una suma absurda, comparable con los dólares que Bogotá recibe de EE.UU. bajo el Plan Colombia); que la guerrilla colombiana habría financiado la campaña electoral de Correa en Ecuador; y que las FARC buscaban uranio para construir una “bomba sucia”. ¿Será que las “armas de destrucción masiva” no halladas en Irak se encuentran ahora en la selva amazónica? Pronto descubrirán que el mítico uranio africano fue transferido por Saddam Hussein a los laboratorios de lo que Washington y Bogotá satanizan como una “narcoguerrilla”. En ambos casos, estas armas imaginarias sirven para justificar un ataque criminal.

El New York Times (6 de marzo) escribió en un editorial que “es difícil creer, que en el siglo XXI, los gobiernos democráticamente electos de Colombia, Ecuador y Venezuela estén hablando de guerra”. Luego de instruir al gobierno ecuatoriano para que asegure a Colombia que no ayuda “al brutal grupo guerrillero que ha aterrorizado a Colombia durante décadas” (¡!) y de aconsejar a Bogotá y Quito que apacigüen su retórica, este vocero autorizado del imperialismo norteamericano responde al presidente venezolano con la misma soberbia imperial del rey de España, diciendo que “Sr. Chávez debería callarse”. Por su parte, el candidato demócrata a la presidencia Barack Obama declaró que Colombia “tiene todo derecho a defenderse” de las FARC, mientras la candidata Hillary Clinton denunció… a Hugo Chávez por haberse aliado, supuestamente, con “grupos terroristas”. El apoyo de la clase dominante de EE.UU. a su vasallo colombiano Uribe, y su hostilidad contra el nacionalista Chávez son unánimes.

Claro que el operativo colombiano violó descaradamente la soberanía de Ecuador, y que de acuerdo con la definición del protocolo adicional a la Convención de Ginebra aprobada en 1977 cumple con las condiciones para ser considerado como un crimen de guerra. Sin embargo, el derecho internacional es un mito bajo el capitalismo, más aún para los imperialistas yanquis y sus sátrapas que han proclamado las doctrinas de la guerra preventiva y practican la tortura en gran escala en sus campos de concentración. En todo caso, el incidente se saldó con un apretón de manos en Santo Domingo, cuando Uribe prometió no atacar de nuevo a sus vecinos – promesa vacía que sólo sirve para encubrir la componenda de los gobiernos burgueses a costa de los insurgentes.

Ante semejante crimen, la respuesta de los revolucionarios proletarios debe consistir en movilizar a los trabajadores en una lucha de clase contra el imperialismo y a sus aliados criollos. En primer lugar, hacemos un llamado a favor de la expulsión de todas las tropas, agentes de inteligencia y mercenarios norteamericanos de la región. Esto se puede concretar con una marcha hacia la base militar de Manta para correr a los militares norteamericanos. Al mismo tiempo, y no obstante las muchas diferencias políticas que tenemos con las fuerzas guerrilleras de Colombia –las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)– fuerzas pequeñoburguesas basadas en el campesinado que luchan por una “reconciliación” con sectores “democráticos” de la clase dominante, y no por la revolución socialista, los trotskistas defendemos las guerrillas de izquierda en la guerra civil en contra del sanguinario estado capitalista que sacude a Colombia desde hace décadas.

¿Militares ecuatorianos aliados de los oprimidos “en defensa de la soberanía”? Olvídanlo. Ejército ecuatoriano detiene a jóvenes sospechados de pertenecer a las FARC, 7 de marzo.
(Foto: Dolores Ochoa/AP)

En lugar de luchar por la acción obrera, sin embargo, el grueso de la izquierda latinoamericana se pone a la cola de los estados burgueses de Ecuador y Venezuela, buscando presionarles para que inicien una guerra contra Colombia. De esta manera, azuzan la ilusión de que estos regímenes nacionalistas son, de alguna manera, “antiimperialistas”, y que su intervención favorecerá la lucha revolucionaria en Colombia. Nada más falso. El presidente ecuatoriano Rafael Correa hizo hincapié en que sus fuerzas armadas han desmantelado al menos 40 campamentos de las FARC. El presidente venezolano Hugo Chávez llamó a las FARC a entregar a Ingrid Betancourt sin que se libere un solo guerrillero preso, e instó a la guerrilla a deponer las armas y a actuar como fuerza política. La última vez que se intentó tal aventura, en los años 80, fueron asesinados más de 3 mil militantes la Unión Patriótica (UP), formada por ex militantes de las FARC, incluyendo dos de sus candidatos presidenciales, ocho congresistas, 70 concejales y cientos de sindicalistas.

El ejemplo más nítido de la política de la izquierda oportunista de presionar a los gobiernos venezolano y ecuatoriano para que asuman “posiciones antiimperialistas” lo brinda el Corriente Marxista Revolucionaria (CMR) de Venezuela, un pequeño grupo que se reclama como trotskista, un error histórico garrafal, siendo que se integra al régimen nacionalista burgués de Chávez. La CMR, parte de la Tendencia Marxista Internacional de Allan Woods, sostiene en una declaración fechada el 3 de marzo: “En caso de realizarse cualquier nueva agresión por parte de Colombia, tanto los gobiernos venezolano y ecuatoriano estarían en su derecho a defenderse con todos los medios en su mano de esa agresión”. Aunque reconoce que “La guerra se puede convertir en la salida desesperada por mantenerse en el poder de Uribe”, argumenta que “guerra y revolución van unidas de la mano”.

Toda una gama de organizaciones “comunistas” y seudotrotskistas llaman en el mismo sentido a que “sus” gobiernos (burgueses) rompan relaciones diplomáticas con Colombia. Es el caso del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) de Argentina, que quiere que el gobierno de Cristina Kirchner cierre la embajada colombiana en Buenos Aires. El Partido de Trabajadores por el Socialismo (PTS), también de Argentina y sección madre de la Fracción Trotskista a escala internacional, propugna que “Los gobiernos de Kirchner, Lula y Evo Morales deberían romper relaciones con el gobierno colombiano” (La Verdad Obrera, 6 de marzo). ¿Con qué fin? Se trata, a todas luces, de un paso preliminar rumbo a la guerra. Al mismo tiempo, el grupo simpatizante de la FT en Venezuela, advierte: “alertamos que la salida de forzar una guerra fratricida en la región posiblemente sea una de las variantes que maneja la política del imperialismo de Bush para desangrar al movimiento de masas”.

Para auténticos trotskistas, y no los que ofrecen sus servicios como consejeros de gobiernos burgueses, la conjunción de guerra y revolución depende del carácter de clase de la guerra. Una guerra entre dos países capitalistas imperialistas, o dos países capitalistas semicoloniales, tendría el efecto contrario, de contraponer a los trabajadores de un país contra los del otro. Esto es lo que ha resultado en otras guerras fratricidas en América Latina, como en el conflicto bélico entre Paraguay y Bolivia en los años 30, o en la guerra del Alto Cenepa entre Perú y Ecuador en 1995. En esos casos, el apoyo de las agrupaciones “socialistas” y hasta “comunistas” a “su” burguesía sirvió para fortalecer la garra del nacionalismo burgués sobre las masas. Los leninistas nos guiamos no por quién desató una guerra, ni por la política de “izquierda” o derecha de los gobiernos, sino por el carácter de clase de los contrincantes. A estas alturas, una guerra de Venezuela y Ecuador contra Colombia sería una guerra fratricida entre tres países capitalistas semicoloniales sin diferencias cualitativas entre sí.

Esto podría cambiar en el caso de que el papel de EE.UU. pasara del de la asesoría y pertrecho al gobierno colombiano y se concretara en el enfrentamiento directo con el gobierno de Hugo Chávez. Esta posibilidad no puede descartarse, aunque las actuales dificultades del imperialismo yanqui en Irak y Afganistán hacen poco probable que se dé tal paso en el corto plazo. En ese caso, sería el deber de todo revolucionario proletario defender a Venezuela, país semicolonial, contra la embestida de la potencia imperialista. Aún en ese caso, que desataría una conflagración continental, la clase obrera no debe actuar como auxiliar o soporte político al gobierno nacionalista burgués de Chávez sino como fuerza de clase propia, luchando por organizarse en milicias obreras y campesinas independientes del control del ejército capitalista, y por confraternizar con el proletariado colombiano.

Para esto, el elemento clave es la construcción de un partido obrero basado en el programa trotskista de la revolución permanente, que luche por el inicio y la extensión de la revolución socialista a todo el continente, hasta las entrañas del imperialismo.

Gendarmes del imperialismo yanqui en América Latina. Izquierda: Álvaro Uribe de Colombia, con
Bush, octubre 2002. Derecha: Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil en la Casa Blanca, diciembre 2002.
(Fotos: El Colombiano, O Globo)

Para justificar su orientación política de apoyar y presionar a los gobiernos de Venezuela y Ecuador, toda una serie de organizaciones de izquierda hacen una comparación entre la Colombia de Uribe y el estado de Israel en el Medio Oriente. Con esto hacen eco de Chávez, quien comentó que Colombia “se ha convertido en el Israel de América Latina”. Para fundamentar esta caracterización, el mandatario venezolano cita “que hay mercenarios israelíes en Colombia, que han venido a instruir a los mercenarios y a los militares de Colombia”. Tiene razón al decir que Israel está entrenando a los sicarios uniformados y a “contratistas” en Colombia, además de extraer fuertes ganancias del jugoso negocio armamentista. También es cierto que los servicios de inteligencia militar israelíes se han especializado en los asesinatos con alta tecnología, haciendo caso omiso de fronteras y de toda pretensión de legalidad, tal y como ha hecho ahora Colombia contra Reyes.

Sin embargo, lo que la izquierda oportunista (siguiendo Chávez) pretende al hacer esta comparación es sustentar la tesis de que Colombia bajo Álvaro Uribe no es sino una extensión militar del imperialismo norteamericano: “Uribe, instrumento de EU en Sudamérica”, como escribe el periódico mexicano La Jornada (3 de marzo). Uribe, “el títere yanqui”, como dice el PTS argentino. “EE.UU. tiene un Gendarme en Medio Oriente: Israel.... Ahora quieren hacer lo mismo con Colombia: tener un Gendarme para combatir la revolución bolivariana en curso” sostiene el MST argentino. El Partido Socialista dos Trabalhadores Unido (PSTU) brasileño argumenta que el ataque contra Reyes “también fue una tentativa de reactivar el llamado Plan Colombia, cuyo objetivo es transformar el país en un puesto militar de avanzada del imperialismo yanqui en América Latina. Algo parecido al papel jugado por Israel en el Oriente Medio”. Al sostener esta tesis, estas organizaciones no sólo distorsionan la naturaleza del estado sionista de Israel, sino también el papel que ejerce Colombia actualmente.

Es falsa la concepción que Israel es sólo un puesto militar de Estados Unidos en el Medio Oriente. Lo que sí es cierto es que actúa como gendarme de Washington en la región; que oprime la población árabe de Palestina, cuyo territorio ocupó injustamente. También es cierto que ejerce el terrorismo de estado en gran escala. No obstante, es un estado burgués con sus propios intereses nacionales, que se alió con el imperialismo norteamericano del mismo modo en que previamente profirió sus servicios al imperio británico como guardián sobre el Canal de Suez. Los sionistas reprimieron y expulsaron a los palestinos mucho antes de que pasaran a ser cómplices de la dominación norteamericana sobre la región. Tampoco son los únicos aliados del imperialismo yanqui en Medio Oriente. Egipto recibe casi tanto dinero de las arcas del Pentágono como Israel, y Arabia Saudita tiene varias bases militares norteamericanas, como también tienen los emiratos petroleros del Golfo Árabe-Pérsico, en tanto que Israel no tiene ninguna. El hecho es que la hegemonía norteamericana sobre el Medio Oriente se ejerce a través de Israel y de los países árabes aliados.

Durante un tiempo la tesis de que Israel no era sino un puesto militar del imperialismo norteamericano se sostuvo con el mito de una “revolución árabe”, que en realidad nunca existió. En todo caso, los gobiernos burgueses de los países árabes, sean éstos de los jeques y reyes conservadores o de los coroneles nacionalistas, ni defendieron ni defienden a los palestinos. Sin embargo, la finalidad política que tiene esta tesis consiste precisamente en apoyar a los gobiernos árabes burgueses contra Israel, en llamar por la destrucción de Israel en una guerra con los países árabes y, en última instancia, en echar a la población de habla hebrea al mar, posición sostenida explícita y literalmente por el dirigente seudotrotskista argentino Nahuel Moreno.

Este argumento es contrario a los principios fundamentales del marxismo, que defiende el derecho democrático a la independencia de toda nación. En el Medio Oriente, hay dos pueblos en una sola tierra. Es evidente que la población hebrea tiene las características de una nación, aún si esta nación nació de un crimen histórico contra los palestinos; también constituye una nación la población árabe palestina, gran parte de la cual ha sido expulsada a la diáspora por la “limpieza étnica” perpetrada por los sionistas. Los trotskistas defendemos al oprimido pueblo palestino en contra del opresor sionista, al mismo tiempo que reconocemos que hay dos derechos democráticos contrapuestos sobre el mismo territorio. Aunque defendemos el derecho de autodeterminación de ambas naciones, subrayamos que éste no se puede realizar en forma equitativa bajo el capitalismo. Es así que la Liga por la IV Internacional (LIVI) aboga por una república obrera árabe-hebrea en una federación socialista del Medio Oriente.

La versión más acabada de la tesis que Colombia es igual a Israel proviene del Partido Causa Operária (PCO) de Brasil, adherido a otra corriente seudotrotskista, identificada con el Partido Obrero (PO) argentino de Jorge Altamira. En un editorial titulado “Colombia, el Israel de América Latina”, escribe:

“El imperialismo norteamericano requiere a toda costa una base aliada en América Latina.... Siguiendo el ejemplo de lo que hace en otros continentes donde tienen un país satélite, como en el caso del Medio Oriente con Israel, los EE.UU. están transformando a Colombia en esta base militar en el continente americano.”

En su artículo principal, bajo un cintillo que se refiere a Uribe como “testaferro de Bush”, ofrece el siguiente análisis:

“La constitución del enclave imperialista en Colombia, en realidad, representa una acción inédita del imperialismo en el continente, justificada precisamente porque los demás países no están dispuestos a entregarse totalmente a los EE.UU.... El imperialismo está intentando controlar totalmente el gobierno colombiano, aprovechándose de que la burguesía colombiana está bastante debilitada. Es lo mismo que ocurre en Irak actualmente....”

En otras palabras, EE.UU. estaría transformando a Colombia de semicolonia en colonia. En ese tenor, PCO llega al extremo de sostener:

“El ataque contra Ecuador es un avance del imperialismo en el sentido de la transformación de América Latina en un Medio Oriente, donde en nombre de la lucha contra el terrorismo en poco tiempo podría llegar a atacar hasta a Brasil.”

Como análisis, prácticamente todo elemento citado es falso, y su conclusión igualmente.

En primer lugar, Colombia no es simplemente una “república bananera” donde imperen las empresas imperialistas al estilo de la United Fruit en Centroamérica. La burguesía colombiana no está más debilitada que otras clases dominantes del subcontinente, y lejos de estar “exprimida entre el narcotráfico y la guerrilla”, tiene los bolsillos llenos de dólares precisamente porque grandes sectores capitalistas tienen inversiones en el lucrativo negocio del narcotráfico. Uribe, por su parte, no es simplemente un títere de Bush, sino el hombre de las fuerzas paramilitares, a tal punto que el estado colombiano está dirigido de hecho por un “narcogobierno”. Tampoco es cierto que todos los gobiernos sudamericanos con la excepción del de Colombia estén resistiendo de alguna forma al imperialismo yanqui.

El Brasil de Lula actúa como sheriff para el imperialismo yanqui en el Caribe. Tropas brasileñas con cascos azules de la ONU actúan como fuerzas coloniales mercenarias en Haiti.
(Foto: Alex Quesada para el New York Times)

Finalmente, la idea de que EE.UU. pudiera “llegar a atacar hasta a Brasil” pasa por alto el hecho de que el principal gendarme del imperialismo norteamericano en América Latina hoy por hoy no es la Colombia de Uribe sino el Brasil de Lula (basta considerar sus tropas de ocupación en Haití, así como el papel que ha jugado en Venezuela y Bolivia). Cabe señalar además que los aviones de la Fuerza Aérea Colombiana que habrían lanzado las bombas “inteligentes” contra el campamento en Ecuador eran de modelo Super Tucano, de la empresa brasileña Embraer, que se considera el avión de preferencia para la guerra contrainsurgente. Los Super Tucano son utilizados hasta por las empresas “contratistas” mercenarias como Blackwater.

En el fondo nuestras diferencias no son de análisis, sino de programa. La finalidad de la ecuación “Colombia = Israel” es justificar el apoyo a Chávez en una guerra contra Uribe. Para darle un barniz marxistoide a esta política, el PCO pretende que el gobierno venezolano refleja los sentimientos de las masas. Resumiendo su argumento, el PCO sostiene:

“Chávez expresa una tendencia de los pueblos y de las burguesías de reaccionar ante esta política del imperialismo para la región.... El conflicto entre las burguesías de los países andinos refleja las tendencias revolucionarias de las masas sudamericanas en su conjunto contra el imperialismo.”

Esta es la visión de los socialdemócratas de los países imperialistas que ven en los varios gobiernos de “centro-izquierda” del subcontinente una forma de resistencia al imperialismo, cuando en realidad estos regímenes semicoloniales sólo quieren aliviar un poco los términos de su sometimiento a los dictados del imperio al buscar un poco de autonomía.

Aunque en algunos países como Bolivia ha habido recientemente (en 2003 y 2005) levantamientos de las masas trabajadoras (y no de “las masas” en general) con potencial revolucionario, en otros países los sentimientos políticos que predominan en la clase obrera son más contradictorios. Por su parte, Chávez no representa una política antiimperialista, sino que, como buen nacionalista burgués, busca “diversificar” a sus amos al estrechar relaciones con los imperialistas europeos. De ahí sus propuestas de sustituir con el euro al dólar en las transacciones petroleras, así como su interés en los canjes de detenidos de las FARC mediante negociaciones con el presidente francés (y la hostilidad de EE.UU. y su aliado colombiano a éstos).

Detrás de su esquema se encuentra la concepción de un “frente único antiimperialista”, política heredada por el PCO brasileño del PO argentino de Altamira, en particular cuando éste estuvo aliado con Guillermo Lora del Partido Obrero Revolucionario (POR) boliviano. Frente al golpe del gorila Hugo Banzer en 1971, Lora recurrió a la tesis del “FUA” para justificar el “frente revolucionario antiimperialista” con el general Juan José Torres. Las ilusiones en una alianza con un sector de las fuerzas armadas burguesas prepararon la sangrienta derrota de los combativos mineros bolivianos.

Una década más tarde, en la guerra de las islas Malvinas/Falklands, Altamira enarboló la bandera del “frente único antiimperialista” para justificar su apoyo al ejército argentino (en lugar de una política de derrotismo para ambos bandos en esta guerra reaccionaria), aún admitiendo que “la ocupación de las Malvinas es una acción distraccionista, de la que la dictadura pretende sacar réditos” (Internacionalismo n°5, agosto-octubre de 1982). Más recientemente, un vocero de la Coordinadora por la Refundación de la Cuarta Internacional liderada por Altamira recurrió al “FUA” para justificar su apoyo a la candidatura de Evo Morales en las elecciones bolivianas de diciembre de 2005.

Hoy, con la misma metodología, el PCO y muchas otras organizaciones de izquierda están alimentando semejantes ilusiones en Hugo Chávez. Escribe el PCO:

“Debemos exigir que Chávez ponga en marcha un programa real de lucha contra el imperialismo, que comience con la movilización del pueblo, en primer lugar los obreros, y su armamento.”

Los trotskistas, en cambio, luchamos porque los trabajadores logren armarse con sus propios medios, y que sea la clase obrera –y no algún militar nacionalista con charreteras (o boina roja) – la que encabece la lucha contra el imperialismo.

¿Chávez “antiimperialista”? El diferendo con Uribe se resuelve con un apretón de manos en Santo Domingo, marzo de 2008. (Foto: AP)

La tesis del mítico “frente único antiimperialista” con sectores de la clase dominante está en abierta contradicción con el programa trotskista de la revolución permanente. El “FUA” fue adoptado en el IV Congreso de la Internacional Comunista (1922) con el propósito de justificar bloques políticos con “distintos grupos nacionalistas burgueses”. Fue apoyado por el holandés Henk Sneevliet (Maring), quien antes había impuesto al Partido Comunista de Indonesia que ingresara en Sarekat Islam. De hecho, el “frente único antiimperialista” es la fórmula predilecta para un frente popular con sectores de la burguesía en las colonias y semicolonias.

Pocos meses antes del IV Congreso de la Comintern, Sneevliet organizó la entrada del Partido Comunista chino en el Guomindang (KMT), el partido nacionalista encabezado por Sun Yat-sen Todos los dirigentes del PC chino se opusieron inicialmente a la política liquidacionista de entrar en el KMT, tal como Trotsky hiciera dentro del Buró Político del PC ruso. La tesis del “frente único antiimperialista” fue utilizada como justificación teórica de esta política oportunista, impuesta por Stalin y el “triunvirato”. Finalmente condujo a la masacre de los comunistas chinos en abril de 1927 por el generalísimo Chiang Kai-shek, líder del KMT luego de la muerte de Sun, considerado por la Comintern estalinizada como un “aliado” burgués.

Trotsky, en cambio, sostuvo que en la época imperialista, “Con respecto a los países de desarrollo burgués retrasado, y en particular de los coloniales y semicoloniales, la teoría de la revolución permanente significa que la resolución íntegra y efectiva de sus fines democráticos y de su emancipación nacional tan sólo puede concebirse por medio de la dictadura del proletariado, empuñando éste el poder como caudillo de la nación oprimida y, ante todo, de sus masas campesinas.”

La revolución permanente se fundamentó en la incapacidad de la burguesía de realizar las tareas históricamente asociadas con la revolución democrática, y en el hecho de que la alianza obrero-campesina sólo sería posible “luchando irreconciliablemente contra la influencia de la burguesía liberal-nacional”. La toma de poder por la clase obrera, dirigida por su partido comunista, debería pasar a la edificación socialista y la extensión internacional de la revolución, en particular a los centros imperialistas, explicó (“¿Qué es la revolución permanente? Tesis fundamentales” [1930]).

Trotsky elaboró su teoría sobre la base de la experiencia de la Revolución Rusa de 1905, que luego se vio confirmada por la victoriosa Revolución de Octubre de 1917, y que más tarde generalizó en respuesta a la derrota de la Revolución China de 1927. El PCO finge defender la revolución permanente, pero hace una alteración significativa en su presentación. Escribe:

“La adopción del programa de la revolución proletaria no es una condición para la lucha contra el imperialismo, pero la lucha consecuente contra el imperialismo conduce a la revolución proletaria, que es la única forma por la cual el imperialismo puede ser derrotado. Las masas deben superar las limitaciones del nacionalismo a través de su propia experiencia política.”

Este es un argumento no para organizar la lucha por el poder por la clase obrera, apoyada por los campesinos pobres, sino para dar apoyo “crítico” a los nacionalistas burgueses, alegando que así “las masas” (sin distinción de clase) por medio de “su propia experiencia política” llegarán a la conclusión de la necesidad de la revolución proletaria. De esta manera, el PCO convierte lo que para Trotsky eran preceptos programáticos de la vanguardia comunista en su lucha contra la burguesía “nacional” en una tendencia supuestamente objetiva, y por tanto objetivista. En lugar de luchar por la toma de poder por el proletariado como tarea inmediata, preconiza “exigir que Chávez ponga en marcha un programa real de lucha contra el imperialismo”. Se trata, en realidad, la política estalinista de la revolución “por etapas”.

La guerrilla no puede aplastar al narcogobierno colombiano y a su amo imperialista yanqui

EE.UU. ha financiado con miles de millones de dólares al ejército colombiano que trabaja con los
paramilitares. Izquierda: “entrenadores” norteamericanos. Derecha: paramilitares en mayo de 2002.
(Fotos: Latin American Studies, Ricardo Mazalán/AP)

En América Latina hoy es cierto que el gobierno colombiano quiere jugar un papel de gendarme al servicio del imperialismo norteamericano. Y para hacerlo le pagan bien: bajo el Plan Colombia, Bogotá ha recibido más de 4 mil millones de dólares del gobierno de EE.UU., lo que le coloca en tercer lugar entre los recipientes de la ayuda norteamericana (después de Israel y Egipto). Pero, en primer lugar, el plan no es la criatura de Uribe y su padrino Bush, sino del demócrata Bill Clinton y el presidente colombiano Andrés Pastrana, que negoció con las FARC antes de declararles la guerra. Segundo, Colombia no es el único gendarme latinoamericano del imperio. Los que sostienen esta tesis se olvidan del papel jugado por el Brasil de Lula, el sheriff del imperialismo norteamericano en Haití, o por la Argentina de Menem.

Tanto bajo Uribe como bajo Pastrana, Colombia ha sido un aliado estrecho de EE.UU., con sus fuerzas armadas bien integradas en el “sistema interamericano de defensa” dominado por el Pentágono. Al mismo tiempo, así como su antecesor Pastrana Arango fue un político típico de la oligarquía burguesa que entre liberales y conservadores ha dominado el país desde los inicios del siglo XX, el actual mandatario colombiano está estrechamente ligado a los grupos paramilitares que dominan el tráfico de drogas. De los 14 miembros del Congreso nacional que han sido detenidos o son fugitivos por sus conexiones con los escuadrones de la muerte, 13 son uribistas; también son aliados de Uribe 74 de los 87 congresistas identificados con los paramilitares, como lo es también el ex director del DAS (policía secreta) y el actual jefe de la policía nacional.

El mismo presidente Uribe fue identificado en un documento de la Defense Intelligence Agency de EE.UU., fechado septiembre de 1991, como un amigo íntimo del narcotraficante Pablo Escobar. El documento sostuvo que como senador de Antioquia, Uribe estaba “dedicado a la colaboración con el cartel de Medellín a altos niveles gubernamentales” (New York Times, 2 de agosto de 2004). Cuando era gobernador de Antioquia a finales de los años 90, inició las redes paramilitares bajo el programa “Convivir”.

Durante años, los dirigentes paramilitares anduvieron en todas partes, dando entrevistas a los grandes medios de comunicación, gozando de una evidente impunidad. La principal organización paramilitar, Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se jactó de tener un ejército privado de hasta 30.000 hombres (y 2.000 mujeres) en armas. Trabajó en estrecha colaboración con las FF.AA., hasta el punto de masacrar a unidades policiales que amenazaban con entrometerse en el narcotráfico que controlaba. A principios de esta década, las AUC cometieron un promedio de 200 masacres por año. Bajo presión de Washington, se proclamó la “desmovilización” de los ejércitos paramilitares, pero sólo para que algunos cabecillas gozaran de unas vacaciones en establecimientos especiales de gran confort, mientras miles de sus seguidores se han reactivado en la “nueva generación” de escuadrones de la muerte, con nombres como “Águilas Negras” y “Organización Nueva Generación” (ONG).

Lejos de luchar por derribar al imperialismo, las FARC buscan la coexistencia pacífica. Sólo que no
encuentran socios para un arreglo. Izquierda: Presidente colombiano Andrés Pastrana con Manuel
Marulanda (“Tirofijo”) de las FARC en fallidas negociaciones de paz. Derecha: Richard Grasso,
presidente de la Bolsa de Nueva York con comandante guerrillero Raúl Reyes en 2000.
(Fotos: Latin American Studies, Narco News Network)

El vínculo entre el gobierno colombiano y estos escuadrones de la muerte es tan notorio, como también lo son las torturas y asesinatos realizados a diario por sus fuerzas armadas, que algunos demócratas norteamericanos se refieren al régimen de Uribe como una “empresa criminal”. No obstante, los mismos liberales burgueses comparten la terminología del gobierno Bush al referirse a las FARC como una “narcoguerrilla”. La realidad, sin embargo, es que nunca se ha obtenido prueba alguna de que haya una conexión entre los grupos guerrilleros y el narcotráfico, mientras las cúpulas del gobierno colombiano y los mandos de las fuerzas armadas están profundamente involucrados en el transporte de drogas, hasta el punto de que a veces se realiza en aviones de la Fuerza Aérea. También son bien conocidos los lazos de la CIA con el narcotráfico, por ejemplo en su apoyo a la “contra” nicaragüense en los años 80. De hecho, el jefe de la misión militar yanqui en Bogotá fue descubierto lavando narcodólares y enviando cargamentos de drogas a través de la maleta diplomática.

Guerrilleros de las FARC-EP. Los trotskistas están del lado de las guerrillas de izquierda frente al gobierno capitalista. Al mismo tiempo insistimos que la revolución socialista será la obra de la clase obrera a la cabeza de los campesinos pobres.

Lo que sí se ha probado, y lo dicen abiertamente las FARC, es que los guerrilleros cobran “impuestos de guerra” sobre la producción de coca en las zonas bajo su control, como también lo hacen sobre los ganaderos, madereros, empresas mineras, etc. Para los marxistas, que nos oponemos a toda ley que criminalice la droga o su uso, no hay ninguna diferencia entre este impuesto y los que se cobran por la venta de bebidas alcohólicas, tabaco, o cualquier otra mercancía. Si de esto se quejan los burgueses colombianos es porque ellos son los mismos traficantes que tienen que pagar precios más altos para la coca que transforman luego en cocaína, o porque se benefician indirectamente de esta industria multimillonaria.

Nosotros defendemos el derecho de los campesinos colombianos de producir cualquier cultivo que quieran, al igual que apoyamos las movilizaciones de los campesinos cocaleros de Bolivia que exigen la expulsión de los militares norteamericanos que envenenan vastas zonas agrícolas con su “guerra contra las drogas”. Más de 3 millones de colombianos han sido desplazados por el gobierno y grupos paramilitares en esta guerra. Han forzado a cientos de miles de campesinos a buscar refugio en Ecuador, donde tienen una existencia precaria. En el Chocó, comunidades afrocolombianas enteras fueron despojadas de sus tierras por bandas de paramilitares que las traspasaron a grandes empresas para introducir el cultivo de palmas africanas. Estos sí son verdaderos crímenes de guerra.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo son la organización guerrillera de más larga duración y mayor implantación de toda América Latina. Sus orígenes se remontan a las luchas campesinas dirigidas por el Partido Comunista en los años 60, alrededor de la “república campesina” de Marquetalia y de Viotá en los departamentos de Tolima y Cundinamarca. El principal comandante de las FARC, Manuel Marulanda Vélez (“Tirofijo”) lleva ya 60 años en la guerrilla. Era un campesino liberal que, como miles de otros, se alzó en armas durante La Violencia que desató el asesinato del candidato presidencial y dirigente populista Jorge Eliécer Gaitán en abril de 1948, dejando un saldo de más de 400.000 muertos. Luego Marulanda se acercó al PC. Las FARC mantuvieron su relación con el Partido Comunista Colombiano hasta principios de los años 90, cuando el PCC en reacción al colapso de la URSS y del bloque soviético decidió alejarse de la “lucha armada”. Aunque su experiencia con la Unión Patriótica (UP) en los años 80 fue desastrosa, el PCC concentra su acción hoy en construir el Polo Democrático Alternativo, un típico frente popular burgués.

Extensión de la influencia guerrillera, según el Pentágono.
(Mapa: Military Review)

A principios de los años 2000, las FARC anunciaron la creación de un nuevo Partido Comunista Colombiano Clandestino (PCCC) que sigue la misma política estalinista que su antecesor. Es la misma concepción “etapista” que llevó al desastre en China en 1927 e incontables veces después. En un artículo escrito durante la campaña por la reelección de Uribe, el mismo Raúl Reyes escribió: “Las FARC-EP llaman a todos los colombianos para que nos unamos en el rechazo a la reelección y abogamos porque la alternativa a la actual crisis sea un gobierno nacional, pluralista, patriótico y democrático” (ANNCOL, mayo de 2005). Ahí el dirigente guerrillero no llama por ninguna revolución social, sino tan sólo por “desarrollar y modernizar la economía con justicia social”. Tampoco se pronuncia siquiera por una reforma agraria (y mucho menos la revolución agraria por la que luchan los trotskistas), ¡limitándose a proponer “una política agraria que democratice el crédito, la asistencia técnica y el mercadeo”!

En el año 2000, Reyes tuvo un encuentro amistoso con el presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York. No se trató de una iniciativa individual. En su discurso de saludo al Noveno Congreso de las FARC el año pasado, el mismo Marulanda llamó por “la integración de un Nuevo Gobierno de Reconciliación y Reconstrucción Nacional con la participación de todas las fuerzas democráticas” (Resistencia, junio de 2007). En definitiva, la política de las FARC es la del reformismo armado que busca un acuerdo con la burguesía y no su derrocamiento.

Los trotskistas defendemos a los guerrilleros izquierdistas frente al sanguinario gobierno capitalista. Al mismo tiempo advertimos a la vanguardia que en todas sus variantes – ya sea el foquismo al estilo de Che Guevara, con su pequeño núcleo de guerrilleros, o las varías políticas de “guerra popular” de los maoístas, sandinistas y otras corrientes que preconizan luchas de masas – la guerrilla no es y no puede ser una estrategia para la revolución socialista dirigida por la clase obrera. Es un programa que corresponde al medio campesino, y cuando mucho (como en el caso cubano) produciría un régimen burocrático antiobrero y nacionalista. Mientras defendemos los estados obreros deformados chino, cubano, vietnamita y norcoreano contra el imperialismo y la contrarrevolución interna, subrayamos que con su política estalinista de construir el “socialismo en un solo país”, obstaculizan la revolución socialista internacional. En la gran mayoría de los casos, la guerrilla o es derrotada por el poderío militar superior del imperialismo (como fue el caso de todos los intentos guevaristas en América Latina durante los años 60), o abre la vía para la consolidación de un nuevo estado capitalista, como en Argelia en 1961, o en Nicaragua a finales de los años 80.

En todo caso, aún si una guerrilla izquierdista ganara en el campo de batalla contra un gobierno represor –y los trotskistas luchamos por tal triunfo militar en China en los años 30 y 40, en Vietnam en los 60 y 70, y en Centroamérica en década de los 80– al llegar a los centros urbanos, el campesinado militarizado, aún bajo comandantes que se dicen comunistas, podría mostrarse hostil frente a los obreros. Trotsky señaló eso en su ensayo, “La guerra campesina en China y el proletariado” (septiembre de 1932) y de hecho, cuando tomó el poder en 1949, el Ejército de Liberación Popular chino reprimió a los obreros y a los trotskistas chinos en particular. Para evitar este desenlace, es imprescindible que los auténticos comunistas, leninistas-trotskistas, luchen para movilizar al proletariado urbano a la cabeza de los campesinos pobres en una lucha de clase contra el régimen burgués.

Esto dista mucho del sindicalismo “apolítico” de sectores de izquierda que se limitan a las tradicionales reivindicaciones salariales y de prestaciones en medio de una guerra civil. Ellos se sienten incapaces de enfrentar la brutal represión del estado y de los sicarios paramilitares. Claro que hay enormes obstáculos por superar en el intento de desarrollar la lucha obrera en un estado policíaco como el que ha imperado en Colombia desde decenios. El mismo Raúl Reyes era sindicalista antes de pasarse a la guerrilla debido a que los muchos asesinatos de sus compañeros le hicieron imposible continuar. Sin embargo, aunque se hace casi imposible la lucha sindical reformista, que opera dentro del marco capitalista, la respuesta no debe ser abandonar el terreno al enemigo de clase sino emprender medidas de lucha obrera clasista con huelgas de ocupación de instalaciones estratégicas y paros activos que desencadenan movilizaciones de masas contra el narcogobierno paramilitar.

Apesar de miles de asesinatos, el movimiento sindical colombiano está en pie de lucha. Contingente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia en multitudinaria marcha por las víctimas de crímenes de estado, Bogotá, 6 de marzo.
(Foto: CUT)

Colombia hoy es el país más peligroso del mundo para los sindicalistas, contando con más de 2.500 militantes sindicales asesinados desde 1986 por el gobierno y los paramilitares, y más de 25 sindicalistas muertos en lo que ve de este año. No obstante los enormes riesgos que corren, miles de valientes trabajadores siguen luchando en los sindicatos colombianos. Como respuesta, organizaciones sindicales en los países imperialistas han organizado impotentes boicots de consumo (particularmente de Coca-Cola, cuyos gerentes colombianos han sido particularmente descarados al ordenar el asesinato de representantes sindicales), mientras los burócratas de la AFL-CIO, trabajando en contubernio con la CIA, buscan sobornar a los sobrevivientes. Los militantes sindicales colombianos deben aprovecharse de toda oportunidad para salvar sus vidas, y al mismo tiempo cuidarse de no caer en las garras de esta mafia “sindical” anticomunista que desde Chile hasta El Salvador ha sido cómplice de los mismos escuadrones de la muerte.

Las marchas de solidaridad con las víctimas del terrorismo del estado y sus auxiliares paramilitares que movilizaron a más de 200.000 personas en las calles de Bogotá y a decenas de miles más en 20 ciudades colombianas (y alrededor del mundo) el 6 de marzo, que contaron con la participación de muchos organismos sindicales, demuestra que existe la valentía y el espíritu de lucha para enfrentar la maquinaria de la muerte. En la muchedumbre se oyeron muchas voces que expresaron solidaridad con los trabajadores ecuatorianos y venezolanos. “A la calle, a tumbar al gobierno paramilitar” gritaron estudiantes de la Universidad Nacional. Y, como siempre, ya han comenzado los atentados y asesinatos de los organizadores, incluyendo el presidente del sindicato de los empleados de Citibank, Leonidas Gómez.

En Ecuador, una serie de organizaciones de izquierda, sindicales, indígenas y estudiantiles han movilizado a decenas de miles en las calles el 6, 11 y 12 de marzo para defender “la soberanía” del país y repudiar el ataque de Bush y Uribe. El Partido Comunista Marxista-Leninista de Ecuador (PCMLE, estalinista) y los frentes de masas que anima, el Movimiento Popular Democrático (MPD) y el Frente Popular, hacen explícito su respaldo a “las acciones emprendidas por el gobierno de Rafael Correa, que defiende la inviolabilidad de nuestro país” (declaración del MPD, 6 de marzo). Las organizaciones indígenas CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) y ECUARUNARI (Confederación de los Pueblos de Nacionalidad Kichua) se movilizaron “Por la soberanía, el agua y un estado plurinacional”.

Protesta en Manta, Ecuador, marzo 2007, exige la salida de los militares EE.UU. de la base aérea.

Por muy importantes que fueran las marchas, el enfoque propiciado por los dirigentes –de defensa de la soberanía de Ecuador– desvía la lucha de los oprimidos y explotados para convertirla en apoyo al gobierno burgués de Rafael Correa. Respaldan al ejército ecuatoriano –el mismo que atacó salvajemente a los pobladores de Dayuma, y que hostiga permanentemente a los refugiados colombianos en la región fronteriza– en el conflicto con Colombia. Mientras muchas organizaciones se pronuncian por la cancelación anticipada del acuerdo de cooperación para la utilización de la base de Manta por militares norteamericanos para sus vuelos de espionaje, que vence en 2009 y que el mismo Correa ha dicho que no renovará, lo hacen en forma de pedido al presidente o a la Asamblea Constituyente. En cambio, los trotskistas preconizan la movilización independiente, de clase, contra el imperialismo que converja sobre la base de Manta para forzar la salida inmediata de EE.UU.

En Venezuela también, varios grupos de izquierda han enfocado sus protestas sobre el apoyo al ejército en un eventual conflicto bélico con Colombia. Esto sólo ayuda a Hugo Chávez a recuperar un poco de prestigio nacionalista después de su derrota en el referéndum constitucional del 2 de diciembre (ver “Venezuela: imponer el control obrero en la vía hacia la revolución socialista”). Para realmente golpear al imperialismo habría que luchar por la expropiación de los pulpos petroleros y otras empresas “multinacionales” que siguen sacando sus cuantiosos beneficios con el beneplácito del gobierno de Chávez. Esto no se restringe a las empresas norteamericanas, y puede concretarse actualmente en el apoyo a los trabajadores en huelga de SIDOR, fábrica de propiedad argentina, que han sido brutalmente agredidos y detenidos por la Guardia Nacional venezolana. Los huelguistas exigen la reestatización de la siderúrgica bajo control de los trabajadores, medida a la que se opone el gobierno nacionalista burgués de Chávez, debido a sus lazos que mantiene con el gobierno argentino de Cristina Kirchner. Hasta aquí no llegan sus pretensiones de construir el “socialismo del siglo XXI”.

La tarea principal en esta situación de agudas luchas de clases consiste en construir partidos obreros revolucionarios en todos estos países, forjados como partidos leninistas con base en el programa trotskista de la revolución permanente. Como ocurrió en la Revolución Rusa de Octubre 1917, para lograr las reivindicaciones de las masas campesinas, será necesaria una movilización obrera que se transforme en una insurrección de masas, luchando por la revolución proletaria y no por una mítica democracia burguesa que los trabajadores colombianos, ecuatorianos y venezolanos nunca han vivido y que no tendrán bajo el capitalismo.

Lo que hace falta es la vanguardia revolucionaria para dirigir las luchas y dotarlas con un programa que abra la vía hacia la revolución socialista internacional, que incluya a los trabajadores venezolanos, colombianos y ecuatorianos junto con sus compañeros y compañeras de clase en el Perú y Bolivia en una federación andina de repúblicas obreras, y que se extienda al corazón mismo del imperio. ■