La discriminación y exclusión de la población indígena es uno de los motivos fundamentales de la rebelión oaxaqueña. Nadie puede ignorarlo en la tierra de Benito Juárez, el indígena zapoteco que llegó a ser presidente de México en 1858 y encabezó la Guerra de la Reforma contra el poder eclesiástico y la resistencia al imperio de Maximiliano. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) lo reconoció en los resolutivos del foro sobre la “gobernabilidad” que convocó a mediados de agosto.

Sin embargo, la cuestión indígena no se limita al marco jurídico o de los derechos democráticos, ni a la remoción de uno que otro cacique y, ni siquiera, del sistema de cacicazgo priísta por sí mismo. Liberar a los descendientes de los habitantes originarios del peso de medio milenio de expoliación, sobreexplotación y hasta genocidio, colonial y republicano, exige toda una revolución social. Sólo con la toma de poder por parte de la clase obrera mexicana será posible hacer pedazos el poder de una clase dominante burguesa, y hasta oligárquica en los estados como Oaxaca, donde extrae sus ingresos fabulosos del sudor de los trabajadores indígenas.

La casta criolla que domina Oaxaca está íntimamente ligada entre sí: sus integrantes se ven en las suntuosas cenas en los hoteles de lujo y en los restaurantes exquisitos que abundan en esta ciudad colonial; visitan sus fincas para admirar sus toros y caballos de pura sangre. Los caciques mantienen pistoleros y guaruras a órdenes de sus corruptos diputados y congresistas para asesinar a maestros rebeldes. Ostentan sus vehículos SUV último modelo con vidrios polarizados y llantas de gran rodada (garcamóviles, como los llamaban en El Salvador durante la guerra civil de los años 80), de donde bajan damiselas en traje de noche para sus elegantes fiestas. Su prole practica la endogamia, y todos externan un desprecio abiertamente racista hacia los de tez morena.

Estos son los “grupos de poder fácticos” que dominan en el estado de Oaxaca, y fueron ellos los que salieron a la calle el 1o. de noviembre en una marcha priísta de apoyo al gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Querían una ciudad “limpia”, dijeron unas damas a un reportero norteamericano, alegando que la mayoría de los “appos” son de Chiapas o Guatemala, y que el dirigente sindical de la Sección XXII es un muxe (travesti). El reportero, James Daria, señala los “profundos conflictos económicos y raciales subyacentes en los actuales disturbios sociales” (Narco News Bulletin, 1o. de noviembre). Y el más hondo de estos conflictos es la cuestión indígena.

“Ya estamos avisados ... ya tienen listos los cuernos [de chivo, rifles AK-47] para cuando vengan esos pinches indios de la APPO” dijo un rico ganadero del Bajo Mixe, según relata Carlos Beas Torres, dirigente de la UCIZONI (La Jornada, 16 de octubre). Los maestros en huelga han planteado en sus reivindicaciones la defensa de la educación bilingüe en contra de recortes presupuestales decretados por el gobierno estatal que han perjudicado la instrucción en lenguas indígenas. Mientras tanto los priístas han amenazado de muerte a los coordinadores de Radio Huave (la más poderosa radio comunitaria del Istmo de Tehuantepec), Radio Ayuuk y Radio Umalalang.

Esta “otra guerra” contra los indígenas no se limita a las amenazas: a principios de agosto cuando una delegación del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) se dirigía a la capital estatal para reforzar el plantón, cayó en una emboscada, con un saldo de tres indígenas triquis muertos (Andrés Santiago Cruz, Pedro Martínez Martínez y el menor Octavio Martínez Martínez) y cuatro heridos. Y el 18 de octubre el maestro de primaria bilingüe Pánfilo Hernández (de Zimatlán) fue asesinado al salir de una reunión de la APPO.

Esta guerra tampoco es nueva. La región triqui, enclavada en la Mixteca oaxaqueña, ha sido blanco de una agresión constante por parte de los gobiernos federal y estatal en apoyo a los caciques priístas, resultando en el asesinato de muchos luchadores por los derechos indígenas desde los años 70, entre ellos Guadalupe Flores Villanueva, Luis Flores García, Nicolás López Pérez, Eduardo González Santiago, Efrén Zanabriga Eufrasio, Pedro Ramírez, Javier Santiago Ojeda, Paulino Martínez Delia y Bonifacio Martínez. Otro de los asesinados en años anteriores fue Bartolomé Chávez del CIPO.

Manta del MULTI en el Zócalo de Oaxaca, agosto de 2006.
(Foto: El Internacionalista)

Oaxaca, con 1.6 millones de indígenas, más de la mitad de la población total, es el estado con el mayor porcentaje de la población que habla lenguas indígenas (37 por ciento, en comparación con 24 por ciento en Chiapas) entre zapotecos, mixtecos, mazatecos, chinantecos, mixes, triquis y otras diez etnias más. De los 570 municipios del estado, 412 se rigen por los “usos y costumbres” indígenas, donde los puestos municipales están determinados por un sistema de cargos rotativos y asambleas generales en las que las decisiones se toman por consenso.

Aunque son menos corruptos que muchos otros ayuntamientos, no hay que idealizar los gobiernos indígenas tradicionales. Hay caciques indígenas priístas también, y en un número importante de comunidades indígenas (alrededor del 20 por ciento) hasta finales de los años 90, las mujeres no tenían el derecho a voto. Es evidente también la poca presencia de mujeres en las instancias directivas de la Sección XXII, a pesar de que el magisterio oaxaqueño tiene una clara mayoría femenina.

La centralidad de la opresión de los indígenas en la actual lucha oaxaqueña es ampliamente reconocida. En el foro de la APPO, los resolutivos pedían que una nueva constitución del estado incluya el “reconocimiento jurídico de los pueblos originarios y sus derechos entre ellos el uso de la lengua indígena y aceptar los acuerdos de San Andrés Larráinzar”. Sin embargo, ni el reconocimiento jurídico ni la autonomía codificada en los acuerdos de San Andrés, negociados con el EZLN luego de la rebelión chiapaneca de 1994, darán solución a la profunda opresión social de los pueblos indígenas. Y es que esta opresión tiene sus raíces en el capitalismo.

Citemos unas cifras indicativas: las zonas de población indígena de Oaxaca son las más rezagadas en términos de educación, con un 27 por ciento de las mujeres analfabetas y 34 por ciento de los niños que no asisten a la escuela. La pobreza es enorme: más del 70 por ciento de la población ocupada gana menos de 70 pesos diarios. El 55 por ciento de los hogares carece de alcantarillado o de cualquier sistema de drenaje, mientras el 40 por ciento de las casas tienen suelo de tierra, según información del censo del INEGI de 2000. Actualmente los indígenas pobres se sienten muy amenazados por el Plan Puebla-Panamá, que ha llevado a la compra masiva de tierras por especuladores que quieren adueñarse de un corredor al lado de la supercarretera.

Hemos escrito extensamente sobre la lucha contra la opresión de los pueblos indígenas en América Latina, llamando en varios de los países andinos por un gobierno obrero, campesino e indígena (ver “El marxismo y la cuestión indígena en el Ecuador”, El Internacionalista No. 4, mayo de 2004). Esta consigna sería apropiada también al nivel del estado de Oaxaca. En México como conjunto, donde el peso de la población indígena es bastante menor, las demandas del EZLN y del Congreso Nacional Indígena (CNI) se han centrado en torno a la autonomía indígena, codificada en los Acuerdos de San Andrés que fueron desechados por el Congreso nacional (con la anuencia, dicho sea al paso, del PRD). Como señalamos con respecto a Chiapas:

“Los marxistas apoyamos el derecho de los pueblos indígenas a decidir su propio destino. En las áreas de concentración indígena, apoyamos la reivindicación del derecho a la autonomía regional y local. Para que esto sea real debe incluir el control sobre los recursos naturales, incluyendo la tierra, el agua y el petróleo. Esto encontraría la resistencia enérgica de los gobernantes capitalistas de México, puesto que el estado de Chiapas, donde los indígenas mayas viven en una miseria generalizada, produce el 21 por ciento del petróleo del país, el 47 por ciento del gas natural y entre el 55 y el 60 por ciento de toda la fuerza eléctrica, principalmente en estaciones hidroeléctricas....

“La autonomía efectiva para los pueblos indígenas sólo será posible mediante una revolución socialista que establezca una economía planificada.”

–“México: Régimen en crisis”, 2da. parte, Cuadernos de El Internacionalista, enero de 1999

Oaxaca no tiene enormes recursos naturales como Chiapas, pero hay otra razón por la que una verdadera autonomía regional no puede realizarse en el marco burgués. Es que la economía de los campesinos indígenas está profundamente amenazada por el mercado capitalista, que es en último término la causa de la miseria en que viven los pueblos indígenas. Esto ha sido el caso desde el triunfo del capitalismo en el campo mexicano en la última mitad del siglo XIX, pero sus efectos se han visto acentuados en la última década por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que ha llevado a la importación de cantidades masivas de maíz y a la ruina de la agricultura campesina oaxaqueña.

A pesar de su identificación retórica con la Revolución Mexicana, el PRI surgió de la capa de grandes rancheros del norte (Obregón, Carranza) responsables del asesinato de Emiliano Zapata y Francisco Villa y de la derrota de los campesinos pobres y sin tierra. Los mismos rancheros siguen en el poder en Oaxaca y por sus intereses de clase se identifican con el hacendado guanajuatense Vicente Fox. Expropiar sus fincas y haciendas sería uno de los primeros pasos de cualquier revolución social.

Ni siquiera el viejo programa de Zapata, “la tierra es de quien la trabaja”, sería suficiente para responder a esto. Casi la mitad de la tierra cultivada de Oaxaca se encuentra bajo un régimen comunal, otra cuarta parte bajo el sistema ejidal y apenas un poco más de la cuarta parte es propiedad privada. Aún con el cultivo colectivo de la tierra, la urgente revolución agraria en el campo mexicano exige la industrialización de la producción agrícola, lo que sólo se llevará a cabo en beneficio de los campesinos indígenas en el marco de una economía socializada.

Es imprescindible también romper con todos los partidos burgueses. La mayor lucha de los indígenas oaxaqueños en el pasado fue la de la COCEI (Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo), centrada en Juchitán, que data de mediados de los años 70. Durante un tiempo la COCEI se alió con el Partido Comunista Mexicano, en tanto que los integrantes de la COCEI siempre fueron tratados como comunistas por los caciques priístas. Con la disolución de los restos del PC en el Partido de la Revolución Democrática, la COCEI también se integró al PRD.

Después de muchos años de movilización, la COCEI alcanzó el poder local. Sin embargo, como miembros de un partido capitalista, los perredistas juchitecos se han aliado con los mandatarios del estado y juegan un papel marcadamente conservador – a tal punto, que en la actual movilización un número importante de maestros de Juchitán han roto la huelga. Salta a la vista que el único lugar del estado donde hubo esquirolaje en grado significativo fue precisamente este baluarte del PRD.

La lucha en defensa de los pueblos originarios tampoco se identifica con el zapatismo, aunque la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 sí atrajo mucha atención a la condición indígena en México. El apoyo político que durante muchos años dio el EZLN al PRD no ayudó en nada a los indígenas chiapanecos ni a los del resto del país, como admitió el mismo Subcomandante Marcos en su Sexta Declaración de la Selva Lacandona de junio de 2005.

En agosto de 2005 hubo una reunión de representantes indígenas de todo México en una comunidad zapatista, donde los voceros del Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón” se quejaron:

“Da tristeza de que el EZLN dice algo cuando le pasa algo a los muy conocidos y cuando nos dan (golpes) a las comunidades, organizaciones y personas pequeñas y sencillas, desconocidas, no hablan nada.

“Se percibe un trato diferenciado del EZLN, por un lado prioriza su relación con el mundo de ONGs y organizaciones con poco o nulo trabajo de base y deja de lado al movimiento indígena de base, que es quien finalmente hemos salido y saldremos a la calle a luchar con ellos y nosotros.”

No es casualidad, pues, que en la actual huelga de masas en Oaxaca, pese a que ha involucrado cientos de miles de indígenas, el EZ y su “Otra Campaña” han sido un factor absolutamente nulo.

La liberación de los y las indígenas del yugo de su opresión secular no será posible en un régimen burgués, por muy “democrático” que finja ser. Lo que hace falta es la dirección de un partido obrero revolucionario que derroque al capitalismo. n

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