29 de agosto de 2013
¡No al “diálogo” tramposo con el régimen rompesindicatos!
Polvorín México
¡Convertir
el paro magisterial
en
huelga nacional contra las reformas!
La CNTE ha llevado a cabo acciones inéditas. Bloqueo por maestras y maestros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el 23 de agosto.
¡Contra la
represión, acción obrera contundente por doquier!
¡Que la CNTE sepulte finalmente al corporativista SNTE!
29 de AGOSTO – Durante dos semanas, los aguerridos maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han convulsionado la Ciudad de México con furiosas protestas multitudinarias de una combatividad jamás vista en la capital del país. Decenas de miles de docentes airados gritando “traición” han lanzado un paro magisterial en múltiples estados en repudio de la nefasta “reforma” educativa privatizadora maquinada por el gobierno federal del Pacto por México (PRI-PAN-PRD) acatando órdenes de los organismos financieros imperialistas. Para hacerlo, la disidente CNTE ha arrollado el obstáculo del corporativista “Sindicato” Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), verdadera policía laboral del capital.
Esta rebelión magisterial no tiene nada que ver con los desfiles laborales obligatorios de los gremios corporativistas, ni se asemeja a las enormes marchas de desgaste que encierran a los trabajadores en el callejón sin salida del “frente popular” de la oposición nacionalista-burguesa. En una serie de acontecimientos inéditos, la CNTE estableció un enorme plantón de unos 40 mil maestros en el Zócalo, que se ha extendido varias cuadras en todas direcciones hasta cubrir gran parte del Centro Histórico de la ciudad; los maestros corrieron a las dos cámaras del Congreso Nacional de sus sedes respectivas, cercando además el Palacio de Justicia Federal y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; luego clausuraron durante más de nueve horas los accesos al aeropuerto internacional.
Con esto, los combativos maestros causaron zozobra en la clase dirigente, particularmente entre sus representantes políticos más derechistas. Los medios de comunicación burgueses han creado un clima de linchamiento, azuzando una histeria popular contra la huelga. Pero ante la firmeza y voluntad de lucha de los huelguistas, el gobierno de Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, finalmente cedió formalmente en un par de puntos: aceptó posponer la discusión y aprobación de la ley del Servicio Profesional Docente; asimismo, para lograr la retirada del plantón ante el aeropuerto, acordó aceptar una “mesa de diálogo” en la que la CNTE pudiera presentar sus posiciones.
Los dirigentes “moderados” de la CNTE han presentado estos dos pasos como un logro importante. Sin embargo, este “diálogo” es un fraude, y más que eso, una trampa. Como dicen Peña Nieto, Chuayfett (secretario de Educación) y Osorio Chong (Gobernación) al unísono: no van a negociar nada. Es más, al tratar sólo la ley del servicio docente, presentan a los maestros como interesados exclusivamente en sus propios puestos, y no en sus estudiantes. Por otra parte, si la CNTE acepta algo, se hará cómplice del atraque a los derechos de los mentores. Y mientras tanto, se prepara el terreno para la represión. Como escribió Julio Hernández López en su columna “Astillero”, “los poderes ‘reformistas’ … preparan el puño de hierro tras el guante dialoguista de seda” (La Jornada, 26 de agosto).
Sin duda, el gobierno mal juzgó el tesón y la capacidad de resistencia de los maestros. De otro modo no habría presentado su “reforma” educativa pocos días antes de abrir la discusión de la energética. Pensó que podría someter a votación las leyes secundarias de la contrarreforma educativa sin contratiempo alguno. El que el presidente haya cambiado el lugar y ahora la fecha de su Informe dos veces –de San Lázaro al Campo Militar Marte (con su indeleble imagen marcial) para terminar presentándolo arrinconado en su residencia de Los Pinos– muestra el impacto de las protestas magisteriales. Pero ya se ha blindado al Congreso con la muralla de acero que pusieron para la toma de posesión el 1° de diciembre, han pedido refuerzos policíacos del estado de México y el ombudsman capitalino ha dado su visto bueno anticipado a la represión.1
Todo indica que, “diálogo” o no, se prepara la aprobación relámpago de la última de las leyes secundarias. Se votará “más rápido de lo que creen”, declara el presidente priista de la Comisión Permanente del Congreso. Se anuncia la apertura de la sesión ordinaria del Congreso para el mismo día 1° de septiembre. La votación y promulgación ocurrirán acto seguido. Entonces se estará ante un hecho consumado. Pero esto no detendrá a los adeptos de la impotente política de presión: vendrán los amparos, las peticiones a la Suprema Corte de Justicia, todos condenados al fracaso porque el estado capitalista no es neutral sino, como subrayaron Karl Marx, Friedrich Engels y todos los grandes marxistas, una maquinaria para la subyugación de los trabajadores en interés del capital.
¡Ni corporativismo ni frentepopulismo!
El gobierno preparó “el puño de hierro tras el guante dialoguista de seda”. Repesión contra manifestantes el día del Informe de Peña Nieto, el 1° de septiembre.
Es urgente una discusión estratégica seria sobre el porvenir de esta lucha vital. El futuro del magisterio y de la educación pública, laica, gratuita y universal en México está en riesgo. De ser implementada, esta “reforma” rompesindicatos instigada por el capital financiero internacional puede resultar en decenas, y quizás cientos de miles de despidos –además de que conducirá a una privatización brutal del sistema escolar, con la consiguiente exclusión de los alumnos más necesitados mediante la introducción de cuotas. En México, es de resaltar que la “reforma” peñanietista cuenta con el aval de todos los partidos burgueses. ¿Cómo vencer, entonces, frente a este ataque de la clase capitalista en su conjunto contra el magisterio combativo?
Lo primordial es que hay que luchar sobre la base de la independencia revolucionaria de clase del movimiento obrero frente al estado capitalista y todos los partidos, políticos, coaliciones y corrientes burgueses. La política de la dirección de la CNTE es bien diferente. Aunque se ha distanciado más que en el pasado de los charros del corporativista SNTE, criticando su sometimiento al gobierno priista, su orientación consiste en presionar al estado burgués. Incluso saludó el encarcelamiento de la asesina presidenta vitalicia del gremio Elba Esther Gordillo, que representó un golpe dirigido fundamentalmente no contra el SNTE, que siempre ha servido fielmente a sus amos oficiales, sino contra el magisterio combativo que resiste los planes privatizadores.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, al igual que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y un sinnúmero de sindicatos y corrientes sindicales “independientes” (y no pocos grupos que engañosamente se proclaman socialistas) en el último cuarto de siglo, ha seguido el camino del frente popular alrededor de las figuras de Cuauhtémoc Cárdenas y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y luego Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que ahora encabeza el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Esta coalición de colaboración de clases sirve para subordinar el movimiento obrero, los campesinos, estudiantes, indígenas y otros sectores oprimidos al ala nacionalista y populista de la burguesía.
Aunque Morena ha sido poco visible en esta lucha –como también lo fue AMLO en Oaxaca durante su campaña electoral de 2006, cuando no pisó la entidad y fue muy reticente con respecto a la abnegada lucha de los maestros– la orientación frentepopulista de la dirección de la CNTE ha quedado nítidamente plasmada en su adhesión a la “Proclama por la nación” que lanzó la convocatoria para la marcha del sábado, 31 de agosto, en contra de la “reforma” energética (ver recuadro). Dicha proclama se basa en la defensa de la “soberanía de la nación”. Pero esta soberanía –o sea, el ejercicio de la autoridad suprema dentro del territorio nacional– es precisamente lo que Peña Nieto va a utilizar contra los maestros rebeldes y los opositores a sus planes privatizadores de los recursos energéticos de México.
El Grupo Internacionalista, basado en la política bolchevique de Lenin y Trotsky, defiende la independencia de las naciones semicoloniales, oprimidas por el imperialismo, como parte de la lucha por la revolución obrera. Al defender la nacionalización del petróleo y de la energía eléctrica, lucha por la expropiación de todos los capitalistas parásitos que se alimentan de Pemex y la CFE –incluidos los capitales nacionales– y por el control obrero mediante la toma de las instalaciones por parte los trabajadores, en contra del estado mexicano y del seudo-sindicato corporativista, el STPRM, que se alista para participar en el banquete capitalista que repartiría las piezas más jugosas de la paraestatal.
Al combatir políticamente al frentepopulismo, el GI insiste que no se puede vencer la represión anunciada y derogar las leyes secundarias y también las enmiendas a los artículos 3 y 73 de la Constitución presionando a los partidos y políticos burgueses. Los voceros del capital no serán convencidos con argumentos sobre la manera más eficaz de mejorar la educación, lo que en todo caso no es su meta. Sólo entienden por la fuerza. Para los trabajadores, su fuerza radica en la posición clave que ocupan en la producción de valores. Será indispensable entonces convertir el paro magisterial en una huelga nacional contra todas las reformas antiobreras: educativa, energética y laboral. A la represión hay que responder con contundente acción obrera en todo el país.
Habrá que movilizar a todos los sectores de la educación (bachilleres, UNAM, IPN, UAM, UACM y demás universidades), a los trabajadores de la salud, del IMSS, pero también a los telefonistas, los trabajadores del metro, a los trabajadores del automóvil como los de Nissan en Cuernavaca, a los siderúrgicos de Lázaro Cárdenas, y en general a los “batallones pesados” del proletariado que tienen el poder de parar la maquinaria de producción capitalista. Se puede ocupar el Zócalo por largo tiempo, y hasta bloquear Reforma durante dos meses y medio, como hizo López Obrador en 2006, sin que eso surta efecto. Pero un bloqueo de algunas refinerías de Pemex por parte de maestros y con la anuencia de los trabajadores petroleros durante una semana sería otra historia bien distinta.
El Grupo Internacionalista subraya también que esta batalla contra la “reforma” antieducativa capitalista es un momento clave en la lucha contra el corporativismo, obstáculo mayor a la lucha obrera en México desde los años 1930. El arresto de “La Maestra” Gordillo y su sustitución por su lugarteniente Juan Díaz de la Torre no cambiaron ni un ápice la naturaleza del SNTE como instrumento de control laboral gubernamental. Una declaración de la Coordinadora del 20 de agosto dice, “Hoy, con el Paro Indefinido Nacional, la CNTE confirma ser en los hechos el auténtico sindicato, propinando una soberana derrota al charrismo sindical del SNTE”. Correcto, y ya que el gremio de Gordillo-Díaz apoya a pie juntillas las leyes contra el magisterio, es la hora de sepultar este cadáver putrefacto.
Sobre todo, la lucha sobre la contrarreforma educativa es política, y tiene que ser librada políticamente, peleando por formar el núcleo de un partido obrero revolucionario que luche por un gobierno obrero y campesino para iniciar la revolución socialista y extenderla internacionalmente. Como enfatizaba una camarada norteamericana, delegada sindical del United Federation of Teachers de Nueva York y activista de los Class Struggle Education Workers (Trabajadoras Clasistas de la Educación) hablando con maestras y maestros oaxaqueños en el plantón y en los bloqueos, la ofensiva contra el magisterio es internacional, afecta a Estados Unidos como a México, y no es sólo una política (neoliberal) sino el producto del capitalismo.
Cronología de la rebelión magisterial
El Zócalo capitalino enteramente ocupado por el plantón de la CNTE. Hasta 40 mil maestros se mantuvieron ahí durante semanas, enfrentando frío y lluvias fuertes.
Desde que fue acordada por el Pacto de México el 2 de diciembre de 2012, al día siguiente de su toma de posesión, el presidente priista ha intentado hacer aprobar su “reforma” educativa por fast-track (al vapor). El proyecto de reforma constitucional fue enviado al Congreso apenas una semana después. Presentada el 10 de diciembre de 2012, fue aprobada con pocas enmiendas por la Cámara de Diputados el día 19 del mismo mes y por el Senado dos días después. Luego, en tiempo record, las modificaciones a los artículos 3 y 73 de la Constitución fueron ratificadas por la mayoría de los estados. Las enmiendas fueron validadas el 6 de febrero y promulgadas por el Congreso el 25 del mes.
Un día después cayó Gordillo, detenida bajo acusaciones de malversación de fondos, como si sus viajes a Dallas para hacer compras en el lujoso almacén Neiman Marcus fueran el peor de sus crímenes. El Grupo Internacionalista advirtió que el golpe del gobierno peñanietista no fue dirigido contra el SNTE, que bajo sus dirigentes nombrados a dedazo del presidente, desde Jonguitud hasta Díaz de la Torre ha servido invariable y fielmente al estado-patrón, sino contra los maestros disidentes de la CNTE. Exigimos, “¡Suelten a la agente estatal Gordillo, para que los maestros mismos la enjuicien por asesina!” (ver “¡Alerta! Charrazo contra la charra Gordillo busca aniquilar la resistencia magisterial”, Revolución Permanente N° 2, mayo de 2013).
Poco después estalló el combativo paro magisterial dirigido por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG). Los maestros guerrerenses arremetieron contra el gobernador perredista Ángel Aguirre y los partidos que aprobaron la ley estatal de “reforma” (PRD, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano), rompiendo cristales y prendiendo fuego a oficinas partidarias. También apedrearon las oficinas de dos gremios corporativistas: la CTM y el odiado SNTE (ver “¡Por una huelga nacional de la educación!” y “¡Defender al magisterio independiente de Guerrero!” en Revolución Permanente N° 2). Lamentablemente, la CNTE no desató huelgas en otros estados y los maestros guerrerenses se quedaron aislados.
Ante el descontento que bulle entre los docentes, el gobierno acordó celebrar foros regionales sobre la reforma educativa y entregar los resultados a las instancias legislativas. La CNTE organizó los foros en diez estados con una asistencia de más de 10 mil participantes. Las propuestas fueron recopiladas y entregadas al gobierno, que las pasó a los integrantes del Pacto por México que luego … no hicieron nada. Los legisladores que dictaminaron las leyes secundarias no conocían las propuestas. No sorprende, entonces, que los maestros griten “engaño”. Pero en realidad el PRI y sus partidos paleros nunca tuvieron la intención de tomarles en cuenta, sino que sólo querían “administrar” y desgastar la protesta (ver “Traición y venganza”, Proceso, 25 de agosto).
El 14 de agosto, Peña Nieto envió las tres leyes secundarias al Congreso. Sintiéndose timados una vez más por el gobierno federal, la respuesta de los maestros de la CNTE fue contundente. En su asamblea estatal del 17 de agosto la sección XXII decidió por unanimidad y con un apoyo masivo de las bases iniciar una jornada de lucha estallando un paro de labores indefinido. Tomaron la decisión de enviar a sus 74 mil agremiados hacia la Ciudad de México para instalarse en plantón en el Zócalo de la capital. La prensa burguesa, desde el conservador El Imparcial hasta el liberal Noticias, reaccionó con furia, clamando sangre magisterial, mientras muchos docentes arrancaron para México jurando que iban a rebasar la tímida dirigencia de la CNTE.
Ese mismo fin de semana la sección XVIII de Michoacán decidió irse a paro también. En Tabasco los maestros hicieron lo mismo aunque por demandas locales propias. El miércoles 21 los maestros de la sección IX del Distrito Federal iniciaron un paro de 48 horas. Luego la sección VII de Chiapas entró en paro indefinido a partir del 28 de agosto. Mientras tanto, contingentes de maestros empezaron a llegar desde 20 estados de la republica para fortalecer el plantón capitalino, convirtiéndolo así en el más numeroso en la historia reciente del país. El gobierno del DF, a cargo de Mancera y del PRD burgués, reclamó al magisterio, exhortándolo a no utilizar la Ciudad de México como “campo de batalla”.
El lunes 19 los maestros de la sección XXII, temiendo un “albazo” legislativo que aprobara sin discusión las leyes que implementan la reforma educativa, marcharon hacia la Cámara de Diputados. En el Palacio de San Lázaro, los legisladores despóticamente se rehusaron a recibir una comisión, lo que desató un enfrentamiento en el cual los maestros se defendieron contra la policía con todo que estuvo a la mano. No obstante, la comisión de educación de la Cámara aprobó las tres leyes secundarias. En respuesta, el martes 20 la CNTE bloqueó en cuatro puntos el Paseo de la Reforma, y en una “operación hormiga” realizada a partir de las 3:30 de la madrugada del miércoles 21, “tomó” la sede de la Cámara, cercándola con miles de maestros.
Maestros corren al Congreso: la Cámara de Diputados en el Palacio de San Lázaro fue cercada por miles maestros para evitar on “albazo” legislativo. No obstante, los diputados fueron al Senado, que a su vez también fue bloqueado. Finalmente se escondieron trás un fuerte resguardo policíaco en el Centro de Convenciones de Banamex en el límite con Naucalpán (Edomex), justo al lado del Campo Militar N° 1.
Cuando durante el día los diputados intentaron mudar su sesión al Senado, se instaló un plantón de cientos de huelguistas ahí también. Finalmente, las dos cámaras del Congreso se fugaron a los límites de la ciudad, a unos 18 km de distancia de sus palacios, para instalarse en el centro de convenciones Banamex ubicado cerca del Campo Militar N° 1, colindante con el Estado de México. En ese lugar, simbolizando el papel del parlamento como sirviente del gran capital fuertemente protegido por su brazo armado, la policía y la oficialidad militar, los diputados aprobaron de madrugada, en sólo siete minutos, el establecimiento de un Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación así como la Ley General de Educación, dejando en la mesa la Ley de Servicio Profesional Docente.
Horas después, el Senado hizo lo mismo. El viernes 23 de agosto ante lo evidente del atraco y de la política de los legisladores de “Ni los veo, ni los oigo”, el magisterio emprendió una acción ejemplar: cercó el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ocupando el Circuito Interior durante más de nueve horas. Asustado, para lograr la retirada de los maestros el gobierno federal por medio de la Secretaría de Gobernación ofreció una mesa de negociación. Pero apenas se retiró el último maestro, el secretario Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que nadie detendrá la reforma educativa, que no cederá ante “quienes quieren llevar nuestro país al enfrentamiento, a la violencia”, que si el diálogo no sirve, actuará para imponer “el imperio de la ley”.
Ahora estamos viviendo el teatro del “diálogo” en el que los legisladores “escuchan con oídos sordos”, como lo expresó un dirigente de la CNTE, mientras en la calle los cuerpos policíacos y militares preparan su ataque. Los voceros del gobierno dejan ver que, pasado el Informe del presidente, ya para el 2 de septiembre se aprobará la última de las leyes de la “reforma”. Los dirigentes magisteriales declaran que se responsabilizará al gobierno “de los desencuentros que se desencadenen en todo el país” y que “la CNTE se retirará de la ciudad de México en los días siguientes para iniciar ‘una estrategia de lucha larga en distintas regiones’”. Pero su única estrategia es desgastar el movimiento con movilizaciones frentepopulistas sin fin.
Un atraco capitalista a la educación pública
Durante los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, el gobierno federal firmó acuerdos con el corporativista SNTE bajo la denominada Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), incluyendo la Evaluación Universal de maestros, las pruebas Enlace, y el concurso de plazas. Para implementar estas medidas, el SNTE no sólo recibió millones de pesos en subsidios del erario federal sino que también nombró personal clave de la Secretaría de Educación Pública y sus contrapartes estatales. Las “reformas” fueron enfrentadas con especial ahínco en los estados de Oaxaca, Michoacán y Guerrero, baluartes de la CNTE, donde año tras año los maestros han quemado las pruebas e impedido la metodología productivista de la llamada carrera magisterial.
Todo este plan tuvo su origen en los organismos financieros internacionales del FMI (Fondo Monetario Internacional), Banco Mundial y OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico). Estas agencias también exigieron que México introdujera cuotas en universidades públicas, lo que provocó la huelga de diez meses de la UNAM de 1999-2000 que finalmente preservó la gratuidad de la enseñanza superior en la Universidad Nacional. Ahora con la llegada de Peña Nieto a la presidencia y su equipo de neo-“científicos” priistas, la burguesía mexicana entera busca elevar las recetas privatizadoras imperialistas a rango constitucional, con un particular esfuerzo para destruir el “estorbo” que representan la CNTE y la resistencia magisterial.
En su cobertura de la actual insurgencia docente, Proceso (25 de agosto) incluye un artículo titulado “La guillotina se esconde en las leyes secundarias”. Veamos lo que contienen, no sólo con respecto a los maestros, sino también para los padres de familia. Por ejemplo, el quinto transitorio al Articulo 3° de la Constitución señala que el gobierno debe: “fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta.”
Las palabras edulcoradas sobre “autonomía”, “compra de materiales” y “participación” de padres de familia podrían sonar bien. En realidad sirven de pantalla para un plan que se propone reducir paulatinamente el aporte del gobierno federal a la educación y remplazarlo con “contribuciones” de las familias. Así quieren implementar un dictado del Banco Mundial que plantea:
“Si se toma en consideración la heterogeneidad de la clientela en educación secundaria, y el hecho de que este nivel educativo tiene una menor probabilidad de contar con una base comunitaria y de ser capaz de financiarse sobre la base de impuestos locales o de contribuciones en especie, podría exigírseles a las familias que realicen contribuciones privadas.”
–Banco Mundial, Ampliar oportunidades y construir competencias para los jóvenes: Una agenda para la educación secundaria (2005) [nuestra énfasis]
Esta exigencia del Banco Mundial corresponde al interés de los grandes capitalistas en reducir su “contribución” impositiva. De esta manera se ve cómo en nombre de la “autonomía” escolar, se irá socavando el principio de la educación pública, laica y gratuita para todos, al perjuicio de los más necesitados, cuyas familias no tienen los recursos para hacer “contribuciones privadas” –ni tendrían por qué hacerlas.
En cuanto a los derechos laborales de los maestros, la “reforma” educativa no sólo acata los dictados del FMI, el Banco Mundial y la OCDE, sino que se inspira también en la virulenta propaganda antisindical de organismos “no gubernamentales” (ONGs) como Mexicanos Primero de Claudio X. González, patrocinador de la película ¡De Panzazo!, financiados con sumas millonarias provenientes de la empresa privada. Según estos enemigos de la educación pública, si las telesecundarias no tienen televisores, si los niños presentan problemas de desnutrición, si las aulas no tienen bancas ni pizarrones, si en las evaluaciones los niños mexicanos no pueden competir con los niños de Finlandia, es por culpa de “malos maestros”. La solución: despedirlos.
De esta manera en el artículo 53 de la iniciativa de Ley General del Servicio Profesional Docente se decreta que “en los casos de quien no se incorpore a los programas de regularización o no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la autoridad educativa”. Quiere esto decir que si los mentores se rehúsan a participar en la evaluación “voluntaria”, o sus respuestas no son del gusto de los “expertos” del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, cuyo monopolio en la materia ahora tiene rango constitucional, serán despedidos, sin derecho a apelar ante los tribunales laborales.
Y para evitar que los maestros realicen más marchas y paros laborales en defensa de sus derechos el artículo 76 de la misma Ley dicta que “el personal docente y el personal en funciones de dirección o de supervisión…, que no asista a sus labores por más de tres días consecutivos, o discontinuos en un periodo de treinta días naturales, sin causa justificada será separado del servicio público sin responsabilidad para la autoridad educativa”. Con esto, se amenaza con despedir la totalidad del magisterio por cualquier huelga.
Como dijo el profesor de telesecundaria Pedro Ramírez Vázquez en un artículo recién publicado por La Jornada (24 de agosto):
“Que nadie se engañe, al gobierno federal, a los partidos integrantes del pacto, a las cámaras de Diputados y Senadores, no les interesa la educación de los niños y jóvenes de nuestro país, mucho menos mejorar el servicio educativo. Desde diciembre de 2012, con la aprobación de la mal llamada reforma educativa, han engañado, tergiversado y mentido –lo siguen haciendo- a la opinión pública y a los padres de familia. No es colocando en la picota a los trabajadores de la educación como se resolverá el deterioro educativo.”
El gobierno hace como si la causa del bajo nivel educativo en el país radicara en la falta de evaluación de los mentores. Pero no se trata simplemente de ceguera, por parte del gobierno y del Pacto por México, ante la realidad social de México. De manera consciente la burguesía quiere eliminar el carácter gratuito de la educación y que ésta llegue a todos los rincones del país. Los exámenes estandarizados a los alumnos indicarán el grado de “rendimiento” de una escuela y del profesor. Esta política mercantilista de la educación lo que pretende es cerrar las escuelas que no cumplan con estándares de eficiencia y despedir a los profesores rebeldes.
En un país en donde existe una brecha abismal entre el campo y la ciudad, en donde según las estadísticas oficiales hay 7.5 millones de personas en situación de hambruna, en donde miles de comunidades rurales carecen de los servicios más elementales como agua corriente, electricidad, drenaje, ¿cómo es que los alumnos de estas zonas pueden obtener un resultado “eficiente” en una prueba Enlace? ¿Cómo una alumna cuya lengua materna es zapoteco, mixteco, mixe, náhuatl, uno de los varios idiomas mayas o cualquier lengua indígena, puede obtener en la prueba escrita en español un resultado comparable al de estudiantes que residen en zonas de clase media de las grandes ciudades?
Marchando a Los Pinos el día 28 de agosto, los maestros gritaron, “¡Si no hay abrogación, habrá revolución!” De hecho, para mejorar la educación en México se requiere nada menos que una revolución socialista, que barra con este sistema de explotación que constantemente reproduce la pobreza en gran escala y la discriminación social mientras que priva a las escuelas públicas de las más elementales necesidades. En lugar de exigir “contribuciones privadas” de familias empobrecidas, como hacen los “expertos” de la OCDE y los “científicos” del régimen priista, una verdadera reforma educativa comenzará con suministrar desayunos y almuerzos gratuitos a todos los alumnos. No se puede aprender con el estómago vacío.
La lucha por la revolución socialista
Los trotskistas del Grupo Internacionalista hemos intervenido en la actual batalla por defender la educación pública y el magisterio contra el atraco del capital. Hemos vendido cientos de ejemplares de nuestro periódico, Revolución Permanente, con artículos relevantes sobre la lucha contra la “reforma” antieducativa. Hemos realizado intervenciones en asambleas de la Sección XXII de Oaxaca y de los integrantes de la CNTE acampadas en el Zócalo capitalino. Hemos iniciado y repetido las visitas de maestros huelguistas a la UNAM, donde pudieron explicar a los estudiantes la importancia vital de esta lucha.
Al defender a la CNTE contra los charros del corporativista SNTE, el GI ha subrayado la importancia primordial de la lucha por la independencia de los sindicatos del estado capitalista. Nunca se podrá defender los intereses del magisterio cuando el dirigente del gremio es nombrado por el presidente del país, ni si la existencia misma del sindicato depende de la “toma de nota” de una Secretaría del Trabajo cuya misión es impedir todo rasgo de combatividad obrera. La manera de romper el grillete del corporativismo, o sea del control estatal sobre el magisterio, es mediante una convulsiva lucha de clases. El momento actual es la mejor oportunidad en décadas de librarse de la mano muerta del SNTE que ha encadenado al magisterio y obstaculizado su lucha durante décadas.
Durante largo tiempo, muchos activistas de la CNTE y algunos grupos de izquierda han llamado a la democratización del SNTE. Pero este gremio corporativista nunca podrá ser democratizado sin una ruptura previa del control estatal. Como demuestra la imposición de Díaz de la Torre, al igual que sus antecesores Gordillo y Jonguitud, el SNTE no se basa en los trabajadores sino en el aparato del estado capitalista, del cual forma parte. Frente a la arremetida de todos los partidos capitalistas contra la CNTE, en la que los charros del SNTE sirven de punta de lanza, simplemente para defenderse es urgente correr a toda la burocracia corporativista, incluyendo las decenas de miles de comisionados que componen el aparato de este seudo-sindicato del estado-patrón, inclusive ocupando las instalaciones gremiales donde sea factible, probando en los hechos que la CNTE es el verdadero sindicato.
Los auténticos comunistas rechazamos toda “evaluación” de los maestros y estudiantes por las autoridades del estado capitalista que quieren destruir la educación pública, romper los sindicatos y despedir a cientos de miles de maestros. Una verdadera evaluación, con valor científico y pedagógico, que serviría a mejorar la educación, no sólo no sería punitiva, sino que debería ser ejercida por los mismos educadores en conjunto con los realmente interesados en mejorar la educación pública. Esto requiere que el gobierno escolar lo ejerzan consejos de profesores, estudiantes, padres de familia y trabajadores.
En el Manifiesto Comunista (1848), Marx y Engels fueron de los primeros partidarios de la “Educación pública y gratuita de todos los niños”. Al mismo tiempo llamaron a “sustraer la educación a la influencia de la clase dominante”, y luego en su “Crítica del Programa de Gotha” (1875) de la socialdemocracia alemana, Marx agregó: en lugar de nombrar el estado (capitalista) educador del pueblo, “Lo que hay que hacer es más bien substraer la escuela a toda influencia por parte del gobierno y de la Iglesia”.
Hace un siglo, los capitalistas aceptaron la educación pública, contra su voluntad, por la necesidad de tener una fuerza laboral con educación básica. Hoy en día los capitalistas quieren aprovechar el sistema educativo para lucrar, para entrenar una nueva generación de esclavos asalariados con habilidades y disciplina pero sin la capacidad de pensar independientemente. En cualquier sociedad justa, los actuales “reformadores” de la escuela, del presidente de la república para abajo, serían castigados severamente por abusar de los niños, entre sus múltiples crímenes.
Para llegar a esta sociedad, primero los trabajadores tienen que arrancar el poder de los explotadores y opresores mediante una revolución socialista. Para eso, el paso primordial es forjar un partido obrero revolucionario, basado en el programa trotskista de la revolución permanente. Esta es la lección principal que hay que sacar en el marco de la actual rebelión magisterial. ■
- 1. Hasta el ex alcalde de Nueva York Giuliani, asesor del ahora jefe perredista del gobierno del Distrito Federal Miguel Ángel Mancera cuando éste era su secretario de seguridad pública (léase, jefe de policía) bajo la administración de López Obrador, pide cárcel para los huelguistas.
Contra la “reforma” energética, ¡expropiar
a los capitalistas,
echar a los contratistas!
¡Imponer el control obrero en Pemex y la CFE!
Para el sábado 31 de agosto se ha convocado una manifestación en el Distrito Federal y otros estados “en defensa del sector energético”. El documento base es una “Proclama en defensa de la nación” firmada por sindicatos como el SME, la CNTE y el STUNAM, así como por prominentes políticos burgueses como Cuauhtémoc Cárdenas y Mario Saucedo, del PRD, e intelectuales que han hecho carrera en su cauda. El texto sostiene que la “defensa del sector energético es la lucha por la nación” y que “como mexicanos y mexicanas que somos, lanzamos un ¡ya basta! para poner un alto al despojo de las ganancias de Petróleos Mexicanos y sus prerrogativas para explorar, explotar, refinar y distribuir los productos petrolíferos y gasíferos que, entre otros, como los mineros y el agua, son propiedad exclusiva de la nación por definición constitucional” (La Jornada, 28 de agosto).
Se trata de una clásica movilización de frente popular de colaboración de clases. Al plantear la oposición a las medidas privatizadoras en términos de la defensa de la “soberanía nacional”, la movilización del sábado, como las decenas que la han antecedido en los últimos tres lustros, se restringe por completo al terreno netamente burgués. La palabrería nacionalista que apela a los “verdaderos patriotas” a luchar contra los “vendepatrias” tiene el propósito de borrar toda línea de clase. Sin embargo, los intereses de los trabajadores mexicanos están esencialmente contrapuestos a los de sus explotadores criollos. Por ello, para los marxistas revolucionarios es fundamental plantear la batalla contra la privatización del sector energético en términos de lucha de clases.
La reforma de Peña Nieto, como las que emprendieron Zedillo, Fox y Calderón para permitir una participación cada vez más amplia del capital privado en Pemex y Comisión Federal de Electricidad, es un ataque contra los trabajadores, no contra “la patria” burguesa. Para poder defenderse, el proletariado mexicano debe actuar con plena independencia de clase para así poder desplegar su enorme poder social. Cárdenas y López Obrador, lo mismo que el PRD y Morena, al pretender encabezar la lucha contra las privatizaciones, buscan no más que mantenerlas bajo su control para impedir que la ira de los trabajadores se salga de los marcos de la política de presión burguesa, ejercida sobre todo en el parlamento. En todo caso, ni uno ni otro objetan la participación de capital privado en el sector energético, siempre y cuando éste sea “nacional”.
Hay grupos de izquierda que plantean como objetivo de la lucha la “renacionalización” del sector energético. Sin embargo, la nacionalización de una determinada rama industrial a manos de un régimen burgués es una herramienta común de las débiles burguesías de los países de desarrollo capitalista tardío para realizar la industrialización del país mediante inversiones que sobrepasan con mucho las capacidades de los capitalistas particulares. No obstante, los trotskistas defendemos la propiedad estatal de la industria energética como una medida contra los imperialistas, ávidos de recuperar lo que perdieron con la nacionalización del petróleo por el presidente Lázaro Cárdenas en 1938. Su privatización hoy acarreará un ataque brutal a los trabajadores.
Para parar en seco la arremetida burguesa, hace falta que los trabajadores ocupen las instalaciones, echando a los administradores del estado capitalista e imponiendo el control obrero tanto en Pemex como en Comisión Federal de Electricidad. Esto supone la formación de comités obreros que luchen contra los pistoleros corporativistas del STPRM y del SUTERM, lo mismo que contra el canto de sirenas del frente popular burgués erigido en torno a Cárdenas y López Obrador.
Tales comités obreros tendrían que abrir los libros de contabilidad para demostrar la falsedad de la “quiebra” de Pemex y CFE, lo mismo que para constatar la profundidad de la “participación” de capitalistas privados en el sector. Asimismo, tendrían que expulsar a todos las empresas contratistas privadas (incluidas las que son propiedad de los sátrapas charros) y expropiarlas sin compensación en el marco de una lucha por un gobierno obrero y campesino que extienda la revolución socialista a escala internacional.
La clave para hacer realidad esta perspectiva, la única capaz de derrotar la embestida de Peña Nieto, es una dirección revolucionaria, una vanguardia comunista armada con el programa trotskista de la revolución permanente. ■