¡Forjar un partido obrero revolucionario! ¡Luchar por un gobierno obrero y campesino!

AMLO: populista, nacionalista,
súbdito del imperialismo yanqui

25 de SEPTIEMBRE – Las elecciones del 2 de junio fueron notables en al menos tres aspectos. Primero, por ser las más amplias de la historia del país, al abarcar la totalidad de los 500 diputados de la Cámara de Diputados federal, los 128 senadores y los gobernadores de nueve estados, además de la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, por el triunfo aplastante del populista burgués Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en todos los niveles. Y tercero, por ser la ganadora de la disputa por la presidencia, Claudia Sheinbaum Pardo, quien será la primera mujer jefa de estado de México.¹ Pero más allá de la rimbombante retórica de las campañas, es claro que no se han alterado los contornos de este país capitalista semicolonial.

Sheinbaum, quien tomará posesión el 1° de octubre, obtuvo casi 35 millones de votos (60 por ciento del total), más que el doble de los 16 millones (27 por ciento) de su principal contrincante, Xóchitl Gálvez. La nueva mandataria representa a Morena y sus satélites, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), siempre hábil para formar alianzas que le otorguen una rebanada del poder; y el Partido del Trabajo (PT), partido creado por ex maoístas. Por su parte, Gálvez fue la abanderada de una coalición de los tres partidos históricos de la burguesía mexicana, el Partido Acción Nacional (PAN), de rancio cuño clerical; el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el otrora partido de estado durante siete décadas; y los despojos del Partido de la Revolución Democrática (PRD). También concurrió el reaccionario Movimiento Ciudadano. Cabe destacar que todos y cada uno de estos movimientos, partidos, alianzas y coaliciones son representantes de la clase dominante burguesa.

Tanto partidarios como opositores del gobierno capitalista de Andrés Manuel López Obrador calificaron estas elecciones como un “plebiscito” sobre su cacareada “Cuarta Transformación”. Sheinbaum prometió continuar la obra de AMLO, que goza de hasta 70 por ciento de aprobación en las encuestas, mientras Gálvez la fustigó. Aunque en la campaña se atacaron con ferocidad, sus diferencias eran, si acaso, de táctica, sobre las proporciones respectivas de garrote y zanahoria que hay que emplear para mantener en funcionamiento los negocios capitalistas. Su meta común es evitar que un estallido entre “los de abajo” pueda salirse de su control. Estos partidos y políticos burgueses están unidos en lo esencial: la salvaguarda de los intereses de los explotadores nacionales y sus socios mayores imperialistas. Por ello, el Grupo Internacionalista, sección mexicana de la Liga por la IV Internacional, llamó a no dar ni un voto a estas coaliciones y partidos capitalistas.

Nuestra posición no era muy popular que digamos en algunos sectores sindicales históricamente combativos, que votaron abrumadoramente por Sheinbaum. Aunque aceptaran que Morena y su alianza electoral “Juntos Haremos Historia” son formaciones patronales, algunos dirigentes sostuvieron que las diferentes coaliciones “no son iguales”. Ante esta lógica de votar por el “mal menor”, nosotros reafirmamos que cualquier voto por la coalición y candidatos morenistas redundaría en el fortalecimiento del dominio capitalista sobre los explotados y oprimidos. Insistimos en la necesidad de luchar por la construcción de un partido obrero revolucionario, que funja como el tribuno de los oprimidos y que luche por un gobierno obrero y campesino en México, así como por la extensión de la revolución socialista al resto de América Latina y al norte, al interior del baluarte imperialista norteamericano.

Se trata de la perspectiva programática de la teoría de la revolución permanente de León Trotsky, elaborada en torno a las revoluciones rusas de 1905 y 1917, que mantiene plena validez hoy: en México, las tareas democráticas no realizadas por no menos de tres revoluciones burguesas fallidas no podrán resolverse por una imaginaria “Cuarta Transformación” burguesa, sino que sólo podrán completarse mediante la toma del poder por parte de la clase obrera. Para que derechos como la educación y la salud sean accesibles para todos, para que la tierra sea de los que la trabajen, para romper las cadenas con las que el imperialismo norteamericano mantiene a México como una semicolonia en su “patio trasero”, se requiere una revolución que derribe al capitalismo. Para dirigirla hace falta un partido obrero como el de los bolcheviques de Lenin y Trotsky. Forjar el núcleo de este partido es nuestra tarea..

La “Cuarta Transformación”: una radiografía marxista

La promesa reiterada una y otra vez por Claudia Sheinbaum durante su campaña fue que, de llegar a la presidencia, garantizará la continuidad de la Cuarta Transformación (o “4T”). En noviembre del año pasado, en el mitin que la consagró como “precandidata única” de Morena y sus aliados, aseguró que los proyectos del presidente López Obrador seguirán avanzando para construir “el segundo piso de la Cuarta Transformación” (El País, 19 de noviembre de 2023). Y en uno de sus últimos actos de campaña, en Villa Hermosa, Tabasco, proclamó: “Sepa desde aquí el pueblo de México, sepa querido presidente, que vamos a guardar su legado, que no vamos a traicionar, que no va a regresar la corrupción, que no van a regresar los privilegios, que vamos a llevar a nuestra nación, a nuestra patria por el camino de la justicia social, de la paz, de la seguridad y de la prosperidad compartida” (Reforma, 27 de mayo).

¿Pero qué es esta Cuarta Transformación? ¿En qué consiste el “legado” que Sheinbaum promete salvaguardar y continuar? Responder estas preguntas es clave, toda vez que tanto partidarios como detractores de AMLO han contribuido sistemáticamente a mistificar la naturaleza de su mandato.

“Cuarta Transformación” es la denominación que López Obrador ha impuesto a su gobierno, y su “proyecto de nación”. El ordinal hace referencia a los “tres momentos de profundas transformaciones” por los que ha pasado México a lo largo de su historia: la abolición de la esclavitud y la Independencia con respecto a España, conseguida tras una guerra revolucionaria iniciada en 1810; la Guerra de Reforma de 1857 a 1861 que separó la iglesia y el estado, estableciendo el predominio de éste, y  restauró la república tras vencer la invasión francesa del emperador Louis Napoleón Bonaparte; y la Revolución Mexicana iniciada en 1910. La afirmación por parte de AMLO y Morena de que hace falta una nueva “transformación” reconoce –así sea implícitamente– que, pese a que las tres previas, que implicaron luchas tenaces y sangrientas de los sectores plebeyos contra los opresores, siguen pendientes tareas fundamentales no resueltas. 

En su discurso de toma de posesión del 1° de diciembre de 2018, AMLO proclamó que “iniciamos hoy la cuarta transformación política de México”, que será “pacífica y ordenada”, en la que “se acabará con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México.” Después de hacer un repaso de las tres “transformaciones” anteriores, afirma que “la crisis de México se originó, no solo por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años”, sino también por el predominio en este periodo de “la más inmunda corrupción pública y privada”. Subrayó que “nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo”, lo que señala como “la causa principal de la desigualdad económica y social, y también de la inseguridad y de la violencia que padecemos” (Discurso del Lic. Andrés Manuel López Obrador durante su toma de Posesión, Presidencia de la República, 1° de diciembre de 2018).

“Erradicar la corrupción” ha sido siempre una bandera de los reformadores y no hay duda que, en materia de corrupción, igual que en fraude electoral, México ha sido campeón mundial. Pero presentar esto como la causa principal de la pobreza que aflige a la población trabajadora en México esconde sus verdaderos orígenes: el capitalismo y la dominación imperialista. AMLO hace gran alarde del contraste entre el ritmo de crecimiento económico del país de un 5 por ciento anual de los años 1930 hasta 1958, y luego de 6 por ciento hasta 1982, con las raquíticas cifras (2 por ciento anual) desde el momento en que se inician las políticas “neoliberales”. La verdad es que también en la supuesta época dorada del PRI-gobierno con su política económica “desarrollista” hubo mucha pobreza, desigualdad y corrupción. Esos flagelos tampoco van a eliminarse con un programa de obras de infraestructura y una campaña de moralización de la política burguesa.

En marzo de 2019, pocos meses después de asumir el poder, López Obrador declaró que el neoliberalismo en México había llegado a su fin. Al clausurar un foro de “planeación de la transformación”, AMLO declaró:

“Estamos iniciando una etapa nueva, un cambio profundo, una transformación; no es un simple cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Es el momento de expresar que para nosotros ya se terminó con esa pesadilla. Declaramos formalmente desde Palacio Nacional el fin de la política neoliberal, aparejada esa política con su política económica. Quedan abolidas las dos cosas: el modelo neoliberal y su política económica de pillaje, antipopular y entreguista.”

–Comunicado de prensa de la presidencia de la república, 17 de marzo de 2019

Con el mote de “neoliberalismo”, políticos burgueses supuestamente “progresistas” y seudosocialistas reformistas arremeten contra medidas económicas implementadas a partir de los años 1970 en todo el mundo capitalista. Se comenzó en Chile cuando la dictadura de Pinochet adoptó la política de “shock”, de austeridad brutal y privatización a ultranza, bajo la asesoría de los economistas “Chicago Boys”, liderados por Milton Friedman. En los años 1980, se hablaba de la “Reaganomics”, en referencia a las políticas de ajuste y rompesindicatos de Ronald Reagan en EE.UU. y Margaret Thatcher en Gran Bretaña. En México, bajo los últimos gobernantes priístas (de la Madrid, Salinas y Zedillo) se privatizó a precios de ganga a grandes sectores de una economía altamente estatizada que había sido resultado de la construcción por parte del estado de la infraestructura para la que la débil burguesía nacional no tenía los recursos propios. De este pillaje surgieron magnates como Carlos Slim.

Plantear la necesidad de una lucha política contra el “neoliberalismo” expresa la idea de sustituir un modelo capitalista por otro. En realidad, las múltiples políticas “neoliberales” no son otra cosa que ataques contra los derechos de los trabajadores, sus niveles de vida y los servicios sociales a que tenían acceso. No resultan de la implementación de una doctrina en lugar de otra, sino de una ofensiva patronal en todo el mundo para aumentar la explotación de los trabajadores. Este curso se inició justo después de la derrota de Estados Unidos en su guerra contra Vietnam en 1975, y sus primeros blancos fueron los propios trabajadores estadounidenses. Cientos de fábricas cerraron sus puertas, se despidió a miles de trabajadores públicos y en universidades públicas se introdujo cuotas para limitar la matrícula.

En los países imperialistas, esta ofensiva apuntó primordialmente a los sindicatos, cuya suerte tuvo como epítome la destrucción del sindicato de controladores aéreos de Estados Unidos en 1981 a manos de Reagan, y la derrota de la huelga de los mineros británicos de 1984-85 infligida por Thatcher. En Estados Unidos, a finales de los años 1960 la tercera parte de los trabajadores del sector privado estaban sindicalizados; hoy en día apenas lo está el 7 por ciento. Al mismo tiempo, la presión económica y militar del imperialismo contra la Unión Soviética se incrementó drásticamente, lo que llevó a la contrarrevolución y la destrucción de los estados obreros burocráticamente deformados del bloque soviético en Europa Oriental. Y luego, ya que no tenían que lidiar con una “amenaza comunista”, las burguesías en casi todos los países capitalistas desataron una ofensiva contra los servicios sociales.

Los “programas sociales” de AMLO: asistencialismo capitalista

La arremetida contra los trabajadores a escala internacional resultó de la necesidad económica de los capitalistas de contrarrestar la caída de la tasa de ganancia y no de una súbita infatuación por otro “modelo” capitalista. En consecuencia, los ataques denominados como “neoliberales” no pueden ser combatidos con una política “progresista” burguesa o mediante un programa de reforma del estado capitalista. En México, la divisa de una lucha contra el neoliberalismo fue la base para formar un frente popular de colaboración de clases alrededor de Cuauhtémoc Cárdenas, y luego de Andrés Manuel López Obrador (ambos escindidos del PRI), que buscó desviar las luchas de los explotados y oprimidos hacia los canales estériles del parlamentarismo burgués y atar nuevamente a los sindicatos “independientes” al estado mediante la regimentación corporativista en que se asentó el régimen del PRI-gobierno.

El régimen corporativista del priato y su sistema de seguridad social estaban orientados a abaratar el costo de la mano de obra para los patrones. Este sistema no resultó del triunfo de la Revolución iniciada en 1910, sino al contrario, del aborto de dicha revolución a manos de los generales constitucionalistas del norte del país. La “reforma agraria” distribuyó entre los campesinos pobres solo las peores tierras, mientras que fomentó las grandes explotaciones agroindustriales capitalistas en manos de un puñado de grandes magnates. El desmoronamiento de este régimen corporativista y la adopción de las políticas “neoliberales” a partir de los años 1980, que culminó en el Tratado de Libre Comercio con EE.UU. y Canadá en 1994, resultó en una caída estrepitosa de los niveles de vida de los trabajadores. El poder adquisitivo del salario mínimo llegó en 2014 a apenas la cuarta parte de lo que era en 1978.

Esta situación desastrosa no puede revertirse al regresar a un “modelo” previo, para el cual ya no existe el sustento económico. Sin embargo, los partidarios de AMLO sostienen que el “neoliberalismo” ha sido “abolido” en el país con la nueva política económica que radica en la plétora de “programas sociales” dirigidos al “combate de la pobreza”. El académico izquierdista norteamericano Edwin Ackerman, en un artículo en el blog de la New Left Review, dice que el “proyecto fundamental [de AMLO] ha sido alejarse del neoliberalismo para aproximarse a un modelo de capitalismo nacionalista-desarrollista” (Sidecar, 5 de junio de 2023). Ackerman cita como muestra la variedad de programas sociales que consisten en transferencias de dinero a sectores necesitados de la población. Según él, las transferencias de dinero “llegan ahora a 65 por ciento más personas que bajo los gobiernos previos. En 2021, a pesar de la crisis económica, el gasto social del gobierno alcanzó su nivel más alto en una década”. Ackerman sostiene que este “modelo de medidas de bienestar” apunta a un nuevo “estado de bienestar” (capitalista).

Según Ackerman, los programas sociales de AMLO operan bajo una lógica distinta a la de los programas de “combate a la pobreza” de los sexenios previos debido a su “aproximación más universal”. De los diversos programas de transferencia directa de efectivo algunos son, en efecto, “universales”, como las pensiones a adultos mayores, que ascienden hoy a 6 mil pesos bimestrales (el equivalente a 170 dólares mensuales) para cada adulto de más de 65 años. Los aumentos del salario mínimo, que gana la tercera parte de los trabajadores mexicanos, se han más que duplicado, y en la zona fronteriza del Norte ya superan el triple de lo que valían en poder adquisitivo (o sea, ajustados por la inflación) en 2018. Muchos otros programas están focalizados: a madres solteras, a estudiantes pobres, etc. Pero los cambios son meramente cuantitativos. Para los que ganan el salario mínimo, aun con las alzas sólo habrían logrado pasar de la miseria a la pobreza.

En cualquier caso, las transferencias directas de efectivo ya sean universales, ya sean focalizadas, forman parte de un esquema de medidas de asistencia social que los libremercadistas han empleado para eliminar las medidas de seguridad social. Para decirlo de otra manera, estas políticas no sólo no son anti “neoliberales”, sino son parte integral de ese “modelo”. De hecho, fueron formuladas e implementadas por los “Chicago Boys” en el Chile pinochestista. En una carta, fechada el 21 de abril de 1975, el mismo Milton Friedman instó al dictador: “Tome las providencias necesarias para aliviar” las condiciones “entre las clases más pobres” que serán afectadas por los despidos masivos de empleados públicos. Y Friedman, el artífice y padre del “neoliberalismo”, con su programa de “impuesto inverso sobre la renta”, es considerado el autor intelectual de programas como la “Bolsa Familia” en Brasil.

Más allá de que las transferencias de efectivo sean el otro lado de la moneda de la eliminación de la seguridad social (con la privatización de los servicios de salud y educación, por ejemplo) tienen el efecto de atomizar a los sectores oprimidos que reciben el dinero de manera individual y como dádivas, y no como resultado de la conquista de genuinos derechos democráticos. Tales políticas asistencialistas van de la mano de la destrucción de los sindicatos obreros y de medidas para derrotar la movilización colectiva de los trabajadores y los oprimidos. Así, el gobierno de AMLO no ha revertido las evaluaciones punitivas y antieducativas de los docentes que introdujo la contrarreforma de la enseñanza pública decretada por EPN y, con respecto a la salud pública, bajo López Obrador se ha reemplazado la negociación colectiva de salarios para con los institutos y secretarías de salud por la contratación individual.

La “4T” al servicio del imperialismo

Edwin Ackerman, lo mismo que muchos partidarios de AMLO, sostiene que el gobierno de la Cuarta Transformación se ha puesto del lado de los trabajadores y que busca implementar un “modelo nacionalista”. Sugiere que esto representa una suerte de ruptura con los dictados imperialistas. No es así.

Las credenciales nacionalistas de AMLO sí han causado irritación entre sectores imperialistas, como en su reciente desaguisado con la embajada estadounidense por las críticas del embajador a su reforma judicial. Durante la campaña electoral, un editorial del Wall Street Journal (20 de mayo) expresó su apoyo a Xóchitl Gálvez a la presidencia, debido a su “espíritu empresarial, la competencia, los sólidos derechos de propiedad y los mercados abiertos”. Estos ramplones portavoces del imperialismo se quejan de la visión económica “nacionalista y de izquierda” de AMLO, que restringe el sacrosanto “derecho” a invertir (o sea, a expoliar en forma semicolonial) en sectores de la economía mexicana como la producción de energía eléctrica y la explotación del petróleo y el litio. Su extrema arrogancia imperial les impide ver lo obvio: el gobierno de AMLO (y de su sucesora Sheinbaum) es nacionalista, pero firmemente subordinado al imperialismo.

Dos elementos prueban lo anterior: la política de López Obrador con respecto a los migrantes centroamericanos y caribeños ha respondido, punto por punto, a las exigencias antiinmigrantes de los gobiernos de Trump, primero, y Biden después. Trump se ha jactado una y otra vez de haber logrado mediante amenazas arancelarias a las exportaciones mexicanas que AMLO desplegara a 28 mil efectivos de la Guardia Nacional para la realización de patrullajes antiinmigrantes en las fronteras sur y norte del país para impedir el avance de los migrantes hacia la frontera con Estados Unidos. El éxito de la GN de AMLO en las funciones de “muro migratorio” para los EE.UU. ha sido contundente.

Es en el ámbito de la economía en donde mejor se puede apreciar la subordinación de AMLO a los imperialistas. Muy lejos de satisfacer las esperanzas que muchos izquierdistas depositaron en él, AMLO no hizo que México saliera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (ahora TMEC), sino que mantuvo la subordinación semicolonial de este tratado de expoliación imperialista. Además, con la política compartida por Sheinbaum y Gálvez de “aprovechar” las ventajas de la “relocalización” de las plantas maquiladoras que el gobierno norteamericano exige sacar de China, AMLO ha insistido en aprovechar la “ventaja competitiva”. ¿Y cuál sería ésta? La brutal explotación de la mano de obra mexicana. Como dejó de manifiesto la reciente huelga de los trabajadores de la armadora Audi en San José Chiapa, Puebla, los trabajadores automotrices mexicanos ganan apenas la décima parte que sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá.

Al ofrecer el Corredor Transístmico para el establecimiento de plantas maquiladoras en los nuevos parques industriales, AMLO no sólo ofrece a los inversores imperialsitas un catálogo de bienes raíces, sino tambien una mano de obra barata y regimentada para su brutal explotación. Los inversores han respondido con un nivel de inversión en el país sin precedentes. Las cifras no mienten. El monto de la inversión extranjera directa anual en México subió de 9.5 mil millones de dólares en el primer semestre de 2018 a 20.3 mil millones en el mismo lapso de 2024. Es más, el 97 por ciento de esas inversiones eran utilidades de inversores extranjeros que no se repatriaron. Es un claro voto de confianza del gran capital en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En vista de las airadas quejas que contra él que abundan en la prensa burguesa, calificándolo de autoritario, comunista o algo peor, hay que preguntarse cómo se explica esta disyuntiva aparente.

La clase obrera mexicana: un gigante dormido

Los imperialistas confían en que la “Cuarta Transformación”, tanto en su primera temporada como en su “segundo piso”, sabe cómo desactivar el descontento social. Están conscientes de que la clase obrera es un gigante dormido. Tanto los burgueses mexicanos como sus jefazos en Wall Street y Washington temen que un temblor social la despierte. La tarea de López Obrador y Sheinbaum es mantenerla somnolienta. La tarea de los revolucionarios proletarios es despertarla para activar su fuerza.

Luego de la masacre de Tlatelolco en 1968, México pasó a ser escenario desde los años 1970 de toda una serie de luchas defensivas de la clase obrera industrial, el campesinado pobre, el magisterio independiente y diversos grupos oprimidos. El desgaste del sistema tradicional de control corporativista sobre el movimiento obrero quedó a la vista de todos (y se intensificó) durante la llamada “Insurgencia Sindical” de los años 1970. Grupos guerrilleros daban muestra en esa misma época de la efervescencia en el campo, lo mismo que las tomas de tierras realizadas en diversas partes del país en los años 1980. El levantamiento indígena zapatista de 1994 exhibió el asqueroso racismo antiindígena inscrito en el ADN del México capitalista. Pero el programa político de estalinistas y socialdemócratas de aquella época sostenía que en México hacía falta una “revolución democrática” que abriera la vía para el pleno desarrollo del país.

En medio de estos trastornos de la sociedad mexicana, un grupo de viejos priístas alrededor de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo se escindió del partido de estado con el propósito de domar el descontento social y canalizarlo hacia la contienda electoral. López Obrador se unió a ellos, así como lo que quedaba del Partido Comunista, para formar en 1989 el Partido de la Revolución Democrática. Sin embargo, Sin embargo, tras los fracasos electorales de Cárdenas producidos por el fraude de 1988 (la famosa caída del sistema) y la también fraudulenta elección presidencial de 1994, la llegada al poder del magnate cocacolero Vicente Fox en 2000 y Felipe Calderón en 2006, y la intensificación de la represión, todo esto sirvió para azuzar y radicalizar las luchas sociales.

En los tres primeros sexenios del siglo XXI estallaban rebeliones plebeyas por doquier. Las luchas de trabajadores contra las contrarreformas al sistema de jubilaciones en 2004, la huelga de los trabajadores siderúrgicos de Lázaro Cárdenas en 2006, lo mismo que las movilizaciones contra la brutal represión de los pobladores de San Salvador Atenco y la ocupación de la capital de Oaxaca por la población empobrecida en respaldo a la huelga magisterial, que el asesino gobernador Ulises Ruiz Ortiz intentó aplastar a sangre y fuego, llevaron el país al borde del estallido. Las enormes movilizaciones de trabajadores en defensa del SME (Sindicato Mexicano de Electricistas) contra el decreto de extinción dictado por Calderón en 2009, las luchas de normalistas y maestros de la CNTE en Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, lo mismo que el clamor popular contra el secuestro y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en 2014, hicieron de este país un verdadero polvorín, un país a punto de reventar.

La existencia del frente popular, que encadena las organizaciones obreras “independientes” (que habían roto, aunque sólo parcialmente, el grillete del corporativismo sindical) y las masas trabajadoras a partidos burgueses como el PRD primero, y Morena después, fue clave en desviar estas luchas hasta neutralizarlas. Sin embargo, la burguesía quería desactivar toda lucha que posibilitara una movilización obrera a la cabeza de los oprimidas. Es esto lo que logró el gobierno de AMLO: el nivel de protesta social se redujo a mínimos históricos. Las combativas e incansables movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) prácticamente cesaron. Tras la gran movilización de los trabajadores de las maquiladoras de Matamoros en 2019-2020, las huelgas obreras se redujeron prácticamente a cero, hasta que los trabajadores de Audi en Puebla izaron las banderas rojinegras en febrero pasado. Aún en este caso, la urgente solidaridad obrera que se requería mediante la extensión de la huelga a otras plantas automotrices, como la de Volkswagen en Puebla simplemente no llegó.

AMLO logró esto valiéndose de un recurso que la burguesía no parecía imaginar ya: el insuflo de fuerza a los enmohecidos mecanismos de regimentación corporativista. Con la anuencia de las direcciones de sindicatos “independientes” como la de la CNTE, AMLO implementó un programa de recorporativización mediante el cual llevó de vuelta a los sindicatos que habían logrado escapar del control charro al redil corporativista. Un comentarista burgués inteligente lo planteó con claridad meridiana: en una columna, Jorge Zepeda Patterson (Milenio, 28 de mayo) le recuerda a la burguesía mexicana que un voto por Sheinbaum posiblemente acomode mejor a sus intereses que uno por Gálvez:

“Supongamos por un momento que Carlos Slim tiene razón cuando asegura que López Obrador ofreció seis años más de estabilidad política a nuestro país, al dar salida a la inconformidad de las mayorías en 2018. México no está en riesgo de una explosión social de carácter insurgente (…). Lo que evitó [el gobierno de AMLO] o, por lo menos, disminuyó, fue el impacto inmediato de la fractura que se ha abierto entre sectores populares, por un lado, y gobernantes y élites del país, por el otro. (…) Y justamente eso es lo que Xóchitl Gálvez no puede garantizar. Es decir, el riesgo de inestabilidad política y social es mayor con un triunfo de la oposición.”

En efecto: AMLO cumplió con la burguesía al desmovilizar las sempiternas protestas en México de trabajadores, indígenas, estudiantes, maestros.

¡Forjar un partido obrero revolucionario!

En los meses trascurridos desde las elecciones del 2 de junio, se ha instalado las dos cámaras del nuevo Congreso, donde Morena y sus aliados ahora cuentan con la mayoría necesaria para hacer reformas constitucionales. Apenas comenzando septiembre, López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para la “reforma al poder judicial” que se ha convertido en el principal foco de la arremetida de la oposición burguesa derechista contra el gobierno saliente. Desde el principio de su sexenio, jueces y magistrados se erigieron en un enorme obstáculo para la implementación de las políticas de AMLO, concediendo decenas de amparos y “suspensiones” a sus opositores en asuntos como la política energética, la construcción del Tren Maya y la puesta en marcha del Corredor Transístmico en Tehuantepec.

El centro de la reforma al poder judicial, aprobada en fast track por el Congreso federal y una aplastante mayoría de congresos estatales, se centra en la elección por voto popular de jueces y magistrados como una vía para, supuestamente, ejercer un “control democrático” sobre este poder. La oposición derechista y sus acólitos en los medios han puesto el grito en el cielo, acusando a AMLO de haber dado un “golpe de estado técnico” en la vía hacia la instauración de una “tiranía”. El inefable Carlos Marín ha repetido ad nauseam en una serie de artículos en Milenio que AMLO está atentando contra la democracia misma y hasta contra la Ilustración, toda vez que pretende acabar con la “división de poderes” defendida por el ilustrado moderado Montesquieu, partidario de una monarquía parlamentaria, antes que de una república democrática.

La elección democrática de jueces y magistrados no es ninguna medida extraordinaria. En México, fue práctica usual durante el siglo XIX, como lo es también en buena parte de los tribunales estatales en Estados Unidos. Aunque como marxistas revolucionarios votaríamos a favor de una medida tal, señalamos con claridad que no va a representar ningún cambio importante y que la “justicia” en este país seguirá siendo la justicia de los capitalistas. De hecho, el poder judicial es uno de los pilares del estado capitalista, junto con el ejército, la policía y, en general, el aparato represivo de que se vale la clase dominante para aplastar a los explotados y oprimidos cuando ponen su régimen de propiedad en riesgo. Esta naturaleza esencial no va a cambiar: el estado obedece invariablemente a la clase que lo creó. La reforma de AMLO garantiza que el poder judicial siga cumpliendo su cometido al servicio de la patronal y sus amos imperialistas, sólo que ahora bajo el manto de la “aprobación popular”.

A más de un siglo de abortada la Revolución Mexicana de 1910-1917, los lemas de los revolucionarios de entonces siguen sin hacerse realidad: la tierra no es de quien la trabaja (especialmente de los empobrecidos campesinos indígenas del sur del país) y el latifundio sigue siendo una realidad tan ominosa como a finales del siglo XIX y principios del siglo XX; las elecciones en México siguen llevando la marca del fraude, ahora técnicamente organizado por el Instituto Nacional Electoral y por los políticos burgueses de uno y otro signo que se valen del dinero, las amenazas y la violencia para “triunfar” en las elecciones; los derechos democráticos como el acceso universal a la educación, la salud y la vivienda siguen siendo tinta sobre el papel. Más bien se está socavando y destripando las conquistas del pasado. Además, México sigue siendo una semicolonia, acaso aún más estrechamente expoliada, por el imperialismo.

No será una “Cuarta Transformación” burguesa en este país la que resolverá estas tareas democráticas inconclusas, y menos aún eliminará la pobreza que es parte integral de la economía de un país capitalista semicolonial. Esas tareas se lograrán solamente mediante un gobierno obrero y campesino que luche por extender la revolución socialista al sur y al norte. La tarea de hoy es forjar el núcleo de un partido obrero revolucionario para orientar y dirigir esa lucha, que se puede constatar en cada frente de la guerra de clases.

Un partido tal haría las veces de tribuno de todos los oprimidos, luchando por la emancipación de la mujer mediante la revolución socialista que sentaría las bases de la socialización del trabajo doméstico. Sólo un partido comunista internacionalista puede encabezar la lucha por hacer realidad la autonomía de los pueblos indígenas, y su control sobre los recursos naturales, imposible bajo el capitalismo; la lucha por eliminar la secular pobreza en el campo que requiere la expropiación de los agronegocios y la voluntaria colectivización del agro; y la lucha contra la espeluznante explotación de la clase obrera mediante una revolución socialista que abra la vía para una economía mundial planificada que sirva a los intereses de la humanidad. Es así como se puede abolir, de una vez y para siempre, toda forma de esclavitud, el racismo y los demás males que engendra el capitalismo en esta su etapa de decadencia imperialista.

El Grupo Internacionalista y la Liga por la IV Internacional luchamos por construir, en el crisol de la lucha de clases, partidos obreros revolucionarios, leninistas y trotskistas, como secciones nacionales de una IV Internacional reforjada que pelee por la revolución socialista y su extensión a todo el orbe. ¡Únete a la lucha! ■

Para contactar el Grupo Internacionalista y la Liga por la IV Internacional, escribe a: internationalistgroup@msn.com

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