Argentina:
¡Anular los cargos contra Polo Obrero!
¡Alto a la persecución contra
el movimiento piquetero!

Eduardo Belliboni (centro), principal referente del Polo Obrero y blanco del ataque judicial, en la marcha del 20 de diciembre de 2023 contra las medidas antiobreras del flamante gobierno de Javier Mlei.  (Foto: Polo Obrero)

BUENOS AIRES – El programa de “choque” del ultraderechista presidente argentino Javier Milei, con su programa de brutal austeridad, recortes masivos, despidos y privatizacionesal por mayor¹ va de la mano de la criminalización de la protesta social y la intensificación de la represión en contra de la izquierda y movimientos sociales. El 20 de diciembre, poco después de su asunción, el nuevo régimen desató a una policía azuzada en contra de manifestantes izquierdistas y emitió un “protocolo antipiquetes”, bajo el cual quienquiera que participe en el corte de calles, incluso al participar en una manifestación, podría perder sus beneficios sociales.² El 12 de junio, cuando el dócil Senado aprobó el presupuesto de Milei, decenas de los que se manifestaban en las afueras del Congreso fueron arrestados. Y el 11 de septiembre, cuando manifestantes se reunían para protestar contra el veto de Milei a una ley que aumentaba los montos de jubilaciones, la policía apaleó a los manifestantes, roció gas pimienta a una niña de 10 años y abrió fuego contra la multitud con balas de goma.

Esta campaña para “recuperar” las calles de manos de los manifestantes ha sido acompañada por una ofensiva judicial que tiene como blanco de ataque a todas las organizaciones de la izquierda. Esta campaña incluye varias amenazas para imponer que los manifestantes paguen el costo de la embestida policial en las manifestaciones. La más prominente de las ofensivas recientes ha sido el procesamiento de dirigentes del Polo Obrero, la organización de masas de desempleados auspiciada por el Partido Obrero (PO). Las organizaciones piqueteras como el Polo Obrero son un fenómeno exclusivo de la Argentina que se retrotrae a la década de los 1990 cuando miles de trabajadores desempleados comenzaron a cortar carreteras. Éstas se multiplicaron tras la severa crisis económica y política de 2001, el llamado Argentinazo, cuando una serie de gobiernos, tanto peronistas³ como conservadores, buscaron comprar paz social al encaminar beneficios sociales en los niveles estatal y federal a través de organizaciones piqueteras, para que los distribuyeran por medio de redes clientelares.

Cada vez que estos programas sociales sufrían alguna de sus regulares recortes, había frecuentes protestas en Buenos Aires que tenían el objetivo de presionar al gobierno y competir por recursos limitados. Sacar a los piqueteros de las calles y limitar su base de apoyo ha sido uno de los principales objetivos políticos del gobierno de Milei. Esto ha resultado en el procesamiento el 29 de julio de 15 miembros del Polo Obrero, empezando por su principal dirigente, Eduardo Belliboni, y dos de Barrios de Pie, un movimiento peronista disidente, bajo la acusación de administración fraudulenta de fondos gubernamentales y supuesta “extorsión” de trabajadores desempleados, por supuestamente exigirles que participen en manifestaciones piqueteras. El 24 de septiembre habrá una audiencia para conocer una apelación del Polo Obrero en la que se presentará evidencia para refutar las acusaciones presentadas por el juez Sebastián Casanello. En conjunción con esto, un día antes (23 de septiembre), se ha convocado protestas internacionales en varios países.

La Liga por la IV Internacional participará en protestas en México, Estados Unidos (Oakland) e Italia, para exigir: ¡Anular todos los cargos en contra del Polo Obrero! ¡Alto a la persecución contra el movimiento piquetero!

El caso judicial contra el Polo Obrero, acusado entre otras cosas de usar fondos para apoyar las campañas electorales del Partido Obrero, ha estado llena de abusos. Durante una redada realizada en las oficinas de la asociación civil del Polo Obrero, la policía desconectó las cámaras de seguridad de las oficinas para que no quedara registro del saqueo que realizaba. La acusación de que el Polo Obrero exigía a sus miembros que participaran en manifestaciones para no perder sus prestaciones se basa en el testimonio anónimo de miembros “arrepentidos”, pero dicho testimonio no fue presentado en la acusación para que no pudiera ser cuestionado ni refutado. El juez rechazó la petición del PO de presentar evidencia de 43 ollas populares y centros de desempleados que ha organizado en 18 provincias, así como publicaciones impresas y equipo adquirido (con el visto bueno previo del gobierno) con los fondos referidos. Entretanto, el “Ministerio de Capital Humano” ha retenido alimentos de las ollas populares, manteniéndolo bajo candado en galpones hasta que casi ha caducado.

La arremetida políticamente motivada del régimen ha hecho a Belliboni del PO un blanco desde el principio, por ser la voz del sector del movimiento piquetero que más duramente ha protestado en contra del gobierno. En una conferencia de prensa realizada el 30 de julio, en la que Belliboni mostró publicaciones y facturas del material comprado para refutar las acusaciones contra el Polo, dijo que “nos han tomado como enemigos”. En efecto, prosiguió, “somos enemigos del gobierno” de Milei, que “va a llevar al país a un desastre como nunca vimos, inclusive peor que en los 90.”⁴ Sin duda, es posible encontrar casos de corrupción y clientelismo entre las diversas organizaciones piqueteras, que buscan presionar a políticos locales y nacionales para conseguir dinero y suministros para redistribuir entre sus integrantes. Pero esto es más claro en el caso de las organizaciones peronistas aliadas a la oposición kirchnerista,⁵ que cumple las reglas del nuevo gobierno. Estas organizaciones no están siendo objeto de redadas ni han sido arrastradas a los tribunales.

La izquierda y la clase obrera deben oponerse sólidamente a cualquier intento de perseguir y procesar judicialmente a aquellos que resisten los ataques del estado capitalista, incluida la profundamente corrupta casta judicial, tanto bajo el gobierno ultraderechista de Milei, como bajo sus predecesores peronistas y conservadores. Al mismo tiempo, es necesario hacer un balance de la “estrategia” de actuar como receptores de fondos gubernamentales. Buena parte de la izquierda argentina, a lo largo de las últimas dos décadas, aceptó el papel de canalizadores de fondos para la distribución de prestaciones sociales y, por lo tanto, actúan como intermediarios del estado capitalista. Esta integración se puede ver en las acusaciones contra Belliboni y el PO de desviar fondos de un programa de bienestar estatal, Potenciar Trabajo, que ayudaban a administrar. Este papel termina por abrir la vía para acusaciones como éstas, y subordina a la izquierda y al movimiento obrero al estado del enemigo de clase. Si los fondos son recortados, entonces se acabó.

Aunque algunos grupos de izquierda como el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) no se han involucrado directamente en los planes sociales, aun así dependen fuertemente del financiamiento gubernamental de sus aparatos a través de las leyes financieras electorales de Argentina, como parte del reformista cártel electorero Frente de la Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U).⁶ (De ahí lo absurdo de acusar al Polo Obrero de canalizar dinero a las campañas electorales del Partido Obrero, también integrante del FIT-U, ya fuertemente financiadas por el estado.) Además, cuando el Partido Obrero se escindió en 2019 entre la dirección (incluido Belliboni) y la vieja guardia en torno a Jorge Altamira, quien formó más tarde Política Obrera, la corriente de los dirigentes del PO acudió a los tribunales capitalistas para tomar el control de la organización en la provincia de Tucumán. Y aunque Altamira (con razón) calificó al PO “oficial” como “rueda de auxilio” del estado por llamar a mantener al gobierno derechista de Julio Macri en funciones en 2019 con la esperanza de mantener el flujo de dinero,⁷ Polo Obrero también recibió cuantiosas cantidades de fondos gubernamentales cuando Altamira estaba al mando.

El grito de batalla de los revolucionarios proletarios y de todos los trabajadores con conciencia de clase debe ser ¡Fuera el estado capitalista de nuestras organizaciones! Difícilmente se puede presentar esta consigna si se actúa como parte de la administración del estado, usándolo para resolver diputas internas o aceptando sus fondos en las campañas electorales. Esta “estrategia” ha abierto la vía para que el estado burgués ahora lance una ofensiva en contra de las organizaciones de la clase obrera. Al mismo tiempo que luchamos por la defensa del Polo Obrero y sus militantes en contra de este ataque de la clase dominante, debemos insistir en la independencia política del movimiento obrero con respecto al estado de los patrones. Se necesita de una movilización masiva de la clase obrera para conseguir incluso una poca de justicia de parte de la clase dominante y sus tribunales.

Así como llamamos a desechar los cargos inventados en el caso de la vendetta judicial contra César Arakaki, militante del PO, y Daniel Ruiz, del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU), que enfrentaban la posibilidad de varios años de prisión tras la sangrienta represión policial de las protestas contra el Fondo Monetario Internacional en diciembre de 2017,² hoy la Liga por la IV Internacional llama por:

¡Anular los cargos contra Eduardo Belliboni, “Tango” Dotti, Jeremías Cantero y otros dirigentes del Polo Obrero!

¡Alto a la represión del movimiento piquetero!

¡Manos fuera del Polo Obrero y el Partido Obrero!

¡Por la completa independencia del movimiento obrero con respecto al estado capitalista!

Para contactar el Grupo Internacionalista y la Liga por la IV Internacional, escribe a: internationalistgroup@msn.com

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