enero de 2024

Contra el Protocolo Bullrich, los DNU y la Ley Ómnibus: 
El 24, desbordar el paro burocrático para paralizar CABA

Argentina:
Hacer trizas el Plan Motosierra
¡Luchar por un gobierno obrero!

El paro nacional, convocada por la CGT y las otras centrales sindicales de Argentina, en contra del alud de decretos y leyes antiobreras por el gobierno del ultraderechista Javier Milei, 24 de enero de 2024. La burocracia peronista sólo buscó presionar a los legisladores a votar contra cuando la meta debía ser paralizar la capital y Gran Buenos Aires rumbo a una verdadera huelga general con ocupaciones . (Foto: Ezequiel Putruele / Xinhua)

El 24 de enero, Argentina vivió el primer paro nacional desde 2019, al movilizarse los sindicatos, la izquierda y organizaciones comunitarias contra la avalancha de leyes antiobreras del presidente ultraderechista Javier Milei, que asumió el cargo a principios de diciembre. Mientras que la policía cifró en 80.000 el número de manifestantes en Buenos Aires, la verdad es que fueron muchos más –hasta 200.000 según algunos cálculos– quienes se dirigieron a la concentración frente al Congreso Nacional. (Era difícil hacer un balance, ya que muchos manifestantes estuvieron atascados en calles aledañas, sin poder llegar al punto de la concentración.) Otras decenas de miles de personas –quizá 150.000 en total– se manifestaron en todas las principales ciudades del país. La participación podría haber sido mucho mayor si no fuera por la decisión de los sindicatos del transporte público de mantener los trenes, el subte y los colectivos en funcionamiento hasta las 19 horas –limitando el impacto sobre los trabajadores no sindicalizados– y la reducida participación de los sindicatos industriales, que en su mayoría permanecieron en sus propias áreas.

Para descargar una versión pdf del volante, haz clic en la imagen.

Los dirigentes sindicales peronistas que hablaron desde el palco adoptaron un tono nacionalista (“la patria no se vende”) y se limitaron a presionar a los legisladores peronistas para que voten en contra de la “Ley Ómnibus” del gobierno que, de aprobarse, eliminaría un sinnúmero de programas sociales y leyes laborales, arrebatando el derecho de huelga y llevando a la destrucción de sectores enteros de la economía. La ley no llegó a votarse el 24, debido a disputas entre la burguesía, por lo que varios grupos de izquierda están llamando a una repetición del paro cuando el Congreso se reanude el 30 de enero. Pero las argucias parlamentarias no detendrán la arremetida. Aunque una decisión judicial del 24 suspendió la aplicación de algunas de las “reformas” antisindicales, el vasto alcance de los planes del gobierno para destruir toda protección contra los estragos del mercado capitalista deja claro que la única respuesta es movilizar el poder de la clase obrera y los oprimidos para echar a Milei y establecer un gobierno obrero revolucionario.

A continuación reproducimos el volante de El Internacionalista que se distribuyó en Buenos Aires el 24 de enero, así como en manifestaciones de solidaridad en la Ciudad de México, Nueva York y Berlín.

BUENOS AIRES – Después de una campaña electoral en la que el ultraderechista Javier Milei logró, incluso entre sectores de trabajadores, capitanear la bronca y el hartazgo generados por la política inflacionaria del gobierno peronista que dejó a casi la mitad de la población en la pobreza,1 el nuevo mandatario “libertario” asumió poderes el pasado 10 de diciembre. En su discurso de investidura, Milei anunció una política de “shock”2 que, de implementarse, hundirá a millones de trabajadores y pobres en la miseria: inquilinos desalojados de sus viviendas, obreros despedidos de sus trabajos, sindicatos destruidos, empresas en quiebra, educación y salud pública devastadas. Fue una verdadera declaración de guerra contra el movimiento obrero.

Ahora viene la primera respuesta de envergadura de los sindicatos y la izquierda. La Confederación General del Trabajo (CGT), que agrupa a la gran mayoría de los sindicatos industriales y estratégicos del país, ha convocado un paro nacional para el 24 de enero, con una concentración ante el Congreso Nacional. La medida ha sido luego ratificada por las otras importantes centrales, como la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) y la CTA de los Trabajadores (CTA-T), que agrupan a sindicatos de trabajadores de la educación (CTERA) y del estado (ATE). Asimismo, casi toda la izquierda, incluyendo el cartel electoral Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U) se adhiere al paro.

Frente a la amenaza mortal que representa el gobierno Milei, es fundamental movilizarse para esta prueba de fuerza. Sin embargo, es esencial advertir en contra de las ilusiones en la burocracia sindical pro capitalista que la convoca, que busca evitar un choque frontal con el gobierno rompesindicatos. Con una duración de sólo 12 horas a partir del mediodía, y con la intención de ejercer presión sobre los parlamentarios, el paro dista mucho de ser una lucha clasista en contra del régimen. Militantes con conciencia de clase deberían romper los límites impuestos por la cúpula sindical peronista y paralizar la Ciudad de Buenos Aires, luchando por formar comités intersindicales para preparar una auténtica huelga general contundente rumbo a un gobierno obrero revolucionario.

20 de diciembre: reducida protesta de izquierda y luego mega-DNU

La Plaza de Mayo medio llena durante la protesta convocada por la izquierda contra la política antiobrera
de Milei, 20 de diciembre de 2023.  (Foto: Luis Robayo / AFP)

Luego de su toma de posesión, el flamante presidente desató una ráfaga de medidas contra los trabajadores. Primero (12 de diciembre) vino la mega devaluación del ministro de economía Luis Caputo: de un solo golpe, el tipo de cambio oficial del dólar norteamericano pasó de 366 a 800 pesos argentinos. Luego (14 de diciembre), la ministra de seguridad Patricia Bullrich anunció su protocolo ilegalizando de plano los cortes de la vía pública y los bloqueos realizados por piqueteros, incluso por marchar en la calle. Ya para el fin de semana (17 de diciembre) se filtró de la Casa Rosada la noticia de que se pronto se emitiría un mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) con un alud de desregulaciones, privatizaciones, “liberaciones” de precios y “reformas” (sobre todo laborales) que se enfocarían en los trabajadores en su conjunto y en grandes sectores de la pequeña burguesía.

Se trató de un desafío frontal a los sindicatos y la izquierda. Las organizaciones piqueteras junto con los partidos del Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U) ya habían anunciado una protesta para el día 20. “Se van a movilizar 50.000 personas” proclamó Eduardo Belliboni,3 la principal figura mediática de los grupos piqueteros de izquierda y el líder del Polo Obrero, la organización piquetera del Partido Obrero (PO).  El recién electo diputado federal del Partido de Trabajadores Socialistas (PTS) Christian Castillo tuiteó que habría “decenas de miles” en la calle. El gobierno de Milei difundió una mentira clásica de la derecha latinoamericana: el fantasma de los “agentes cubanos y venezolanos”. En la prensa se especuló si los manifestantes osarían romper el protocolo antipiquetero de Bullrich.

Desde temprano en la mañana se anunció en altoparlantes y carteles en las estaciones de trenes de la ciudad “el que corta no cobra”. Esta fue la amenaza proferida por Milei en su discurso inaugural, de que cualquiera que bloquearía la circulación en las calles vería cancelado su plan social. Esto podría ser catastrófico para los desocupados que dependen de las prestaciones que reciben a través de las organizaciones piqueteras. También se habilitó una línea telefónica para soplones para denunciar a quienes les “obligan” a asistir a la protesta, y la ministra de seguridad incluso amenazó con cobrar a las organizaciones el costo del operativo policial. Tanto Bullrich como Milei fueron al departamento central de la Policía Federal para observar desde la “sala de situación” el desarrollo de la manifestación izquierdista.

En los hechos, sólo asistieron acaso unos 10 mil manifestantes: más de los 3 mil que anunció el ministerio de la seguridad, pero lejos de los 50 mil o de las decenas de miles esperados por los organizadores. Bullrich se burló de la “mini-marcha” y se jactó: “Hoy no se cortó la 9 de Julio. Hoy no se cortó el Puente Pueyrredón…. No vinieron en colectivos porque sabían que todos iban a ser intervenidos”. La prensa burguesa sentenció “Con un gran operativo policial, la marcha piquetera fue magra y no cortó las calles” (Clarín). O sea, la amenaza de represión bastó para imponer el “protocolo” antipiquetero. Viendo la reducida asistencia, el presidente Milei salió de la jefatura de la PF y se dirigió a la Casa Rosada, donde pocas horas después anunció su mega DNU que consta de 83 páginas y deroga o modifica unas 300 leyes sobre materia social.

El jefe de estado Javier Milei y la ministra de seguridad Patricia Bullrich observan en las pantallas del departamento central de la Policía Federal el desarrollo de la protesta de la izquierda, 20 de diciembre de 2023.

Las antipopulares medidas del megadecreto “Bases para la reconstrucción de la Economía argentina” constituyen un ataque sin precedentes contra los trabajadores argentinos. Representan una dramática transformación económica de la Argentina hacia una apertura total del mercado y una completa subordinación a los intereses del capital internacional. Atacan frontalmente el derecho de la clase obrera a organizarse y defenderse, atentando contra – o eliminando de plano – conquistas que son fruto de décadas de dura lucha de clases. Entre los DNU están:

• Derogar la Ley de Alquileres, lo que permitirá que los precios suben hasta las nubes.
• Sentar las bases para la transformación de todas las empresas del estado en sociedades anónimas con vistas a su privatización.
• Derogar la Ley de Abastecimiento y otros programas, eliminando los controles de precios de los alimentos y productos de primera necesidad.
• Eliminar progresivamente los subsidios a la energía, el gas y el transporte
• Socavar las huelgas en industrias “esenciales” o “trascendentales” al obligar a los trabajadores de mantener niveles mínimos de servicio del 75 por ciento (para la sanidad, educación, transporte, servicios públicos, telecomunicaciones y tráfico aéreo) o del 50 por ciento en casi todas las industrias estratégicas de producción de alimentos, transporte y exportación.
• Los piquetes que impidan el trabajo de los rompehuelgas y otras acciones sindicales combativas se considerarían causa justa de despido.
• Las indemnizaciones por despido se reducirán drásticamente
• Se eleva de 3 a 9 meses el “período de prueba” en el empleo durante el que los empresarios son libres de despedir a voluntad
• Se eliminan todos los límites a las exportaciones.

A diferencia de lo sucedido en la tarde con la escasa participación a la protesta de la izquierda, este mamotreto de medidas antipopulares provocó una oleada de cacerolazos semi espontáneos con cientos y miles que expresaron su espanto por los decretos de Milei. Cada barrio de la capital tenía al menos uno, y muchos convergieron hacia el Congreso, tomando la calle principal. También los hubo en muchos distritos bonaerenses y en otras partes del país. El protocolo “antipiquetero” se vio rápidamente en la basura ante estas protestas y la policía, salvo un ataque que realizó en la ciudad de Córdoba, no se atrevió a dispersarlas violentamente. Claro que el golpeteo de ollas y sartenes como protesta no detendrá a un gobierno de línea dura como el de Milei, pero indica que el descontento está ahí para ser movilizado.

Decimos de los cacerolazos que fueron medio espontáneos, porque además de los individuos aislados también quedó patente la participación de sectores pequeñoburgueses del ala kirchnerista del peronismo, cuyas organizaciones piqueteras boicotearon la marcha de la izquierda por la tarde. Pero lo que no es cierto, es el cuento del PTS que la “manifestación convocada por la izquierda llenó Plaza de Mayo y rompió el nuevo protocolo represivo”,4 ni que con eso “Abrimos el paso para que esa misma noche también fueran miles los que hicieran sonar las cacerolas”5 La verdad es que el día 20 los integrantes del FIT-U y sus organizaciones piqueteras y corrientes sindicales afines ocuparon apenas mitad de la Plaza y la calle en frente y se plegaron al “protocolo”, evitando desafiarlo frontal y ostensiblemente.

El recorrido difundido de la marcha iba a comenzar con una concentración frente al Congreso y otra en el Obelisco en la Avenida 9 de Julio, la más grande de la capital. Desde allí, las dos columnas cruzarían la 9 de julio y se dirigirían hacia la concentración en la Plaza de Mayo. Sin embargo, el día de la protesta, basándose quizás en cálculos de una asistencia muy inferior a la esperada, se cambió el lugar de la “marcha” para situarlo a dos cuadras de la Plaza de Mayo, evitando todas las avenidas y calles principales. Es más, poco antes del comunicado de la FIT-U anunciando el cambio, un rápido recorrido por la zona del Congreso reveló que no había ni un solo destacamento importante de policía estacionado allí. La policía ya estaba informada con mucha anticipación.

Policías de la Ciudad de Buenos Aires (centro, con casco) agreden al diputado federal del Partido de Trabajadores Socialistas Nicolás del Caño (derecha), el 20 de diciembre de 2023. ¡Policía fuera – Formar comités de defensa obrera para defender a piquetes y manifestaciones! (Toma de pantalla de video de Izquierda Diario)

Llegando a la Plaza de Mayo, en la “marcha” en la Diagonal Norte los manifestantes se ubicaron en un carril de la calle, marchando lentamente con filas de policías a los lados, y luego, cuando se juntaron suficientes personas, tomaron ambos carriles (a lo largo de una cuadra), lo que se reivindicó como una gran victoria. Fue allí donde la policía golpeó a unos manifestantes y agredió al diputado del PTS Nicolás del Caño, para luego retirarse y permitir la toma de ambos lados. Aunque el operativo represivo sólo constó de 5.000 policías (2.000 de ellos de la Ciudad, a quienes Bullrich acusó de falta de “firmeza”), puede que el impacto de las amenazas y el número relativamente limitado de manifestantes habrían hecho difícil “cortar” un cerco policial en puntos sensibles. Pero presentar la protesta como un éxito que “abrió paso” a protestas posteriores cuando ni se intentó romper el cerco policíaco sólo sirve para desorientar a los militantes.

El 20 de diciembre fue el 22 aniversario la masacre de la Plaza de Mayo y de las heroicas batallas callejeras de 2001 en las que 39 personas fueron asesinadas por la policía, lo que desató una huelga general y la renuncia y huida en helicóptero del presidente Fernando de la Rúa. Lo que estuvo en juego en este 20 de diciembre de 2023 era, como expresó el jefe del gobierno de la capital, Jorge Macri, “la lógica de quién controla la calle”. Su afirmación de que “El orden llegó para quedarse”, está lejos de ser concluyente, pero Milei y Bullrich tuvieron la ventaja en esta primera escaramuza. Si la izquierda hubiera desafiado abiertamente las medidas antipiqueteras, si hubiera ofrecido resistencia y obligado al aparato represivo a mostrar sus cartas, los cacerolazos sí habrían jugado en su apoyo y la izquierda se habría puesto a la cabeza de la resistencia. En cambio, se encuentra una vez más a la cola del peronismo.

27 de diciembre: protesta legalista, seguida por la Ley Ómnibus

Protesta contra la mega DNU de Milei frente a la Suprema Corte de Justicia, el 27 de diciembre, reunió a la izquierda y el movimiento sindical peronista. Esta vez sí hubo decenas de miles de manifestantes en la calle, haciendo trizas al “protocolo antipiquetero” de la ministra de seguridad Bullrich.  (Foto: Leandro Blanco / Telam)

El protocolo “antipiquetero” es un esfuerzo para reajustar la balanza histórica de fuerzas de clase en Argentina, borrando por completo la influencia de las organizaciones piqueteras. Milei ambiciona extirpar el peronismo, destripar a los sindicatos y eliminar de plano a la izquierda electoral, tildando a todos, erróneamente en cada caso, de “comunistas”. Su presidencia no será simplemente otro episodio de un gobierno reaccionario, al que luego seguirá uno supuestamente “progresista”. Que nadie se equivoque: Milei se juega el todo por el todo, y tiene el respaldo de grandes sectores de la burguesía nacional, así como de los organismos imperialistas. La clase obrera necesita una vanguardia marxista revolucionaria aún más resuelta, para movilizar la fuerza superior de la clase obrera argentina e internacional en una lucha de clases a ultranza.

El autonombrado “anarcocapitalista” libertario Milei, busca deshacerse del peronismo y de todo atisbo de “colectivismo”. Es difícil encontrar precedente histórico de una transformación tan radical de la que ha sido una de las economías más proteccionistas e intervencionistas de América Latina. El propio título del decreto es en parte un homenaje a las “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina” de Juan Alberdi, considerado autor intelectual de la Constitución de 1853. En ese tratado, Alberdi exponía su visión de una república que abrazara el libre mercado y citaba con aprobación la declaración de Bolívar de que “los nuevos Estados de la América antes española necesitan reyes con el nombre de presidente”. Sin duda, se trata de una inspiración ideológica para el actual mandatario argentino.

Su antecesor, Alberto Fernández de la coalición peronista Frente de Todos –ahora convertido en la Unión por la Patria (UxP)–, tuvo la distinción de ser el primer presidente democráticamente elegido que no enfrentó un solo paro nacional, a pesar del abismal colapso del nivel de vida de los trabajadores bajo su gobierno. Esto se debió a su estrecha colaboración con los jefes sindicales. Milei no ha mostrado ningún interés en negociar con la CGT y su decreto persigue dos de las fuentes económicas más importantes de la burocracia sindical peronista. La primera es el pago obligatorio de las cuotas, bastante común entre los gremios laborales pro capitalistas alrededor del mundo. El segundo es un vasto imperio financiero construido en torno a los planes de asistencia de salud gestionados por los sindicatos semicorporativistas.6

Este sistema de subcontratación de obras sociales fue concedido por la dictadura militar de Juan Carlos Onganía a finales de los años 1960, esencialmente como una forma de comprar a los líderes sindicales de la oposición peronista. Convirtió a los burócratas sindicales en directores ejecutivos de facto de compañías de seguros de salud a través de las cuales mantienen una caja negra de dudosas transacciones financieras. Los dirigentes de la CGT pueden dormir tranquilos ante la depauperación de la clase obrera, pero defenderán sus negocios con la ferocidad de cualquier mafioso. Milei desafía a la CGT y amenaza sus bases económicas. A pesar de la disposición de los jefazos sindicales a concertar con el nuevo mandatario, éste no se ha mostrado dispuesto, hasta ahora, a ofrecer concesiones.

Esto se vio el 27 de diciembre pasado cuando la CGT organizó una gran protesta frente a la Corte Suprema de Argentina, para potenciar su demanda de una medida cautelar contra el megadecreto de Milei por supuesta “inconstitucionalidad”. Esta vez sí reunió a decenas de miles de sindicalistas, piqueteros e izquierdistas, quienes desbordaron las calles en abierta violación del protocolo Bullrich. Se logró postergar durante las prolongadas vacaciones estivales de los tribunales hasta mediados de febrero la entrada en vigor de algunos aspectos de la reforma laboral. Pero viendo que este “paro legalitario” mantuvo la movilización dentro de las vías legales, con el propósito de presionar a los tribunales, Milei respondió esa misma noche con la publicación de su Ley Ómnibus, otro paquete de “reformas” que esta vez busca alterar o eliminar unas 600 leyes.

Algunas estipulaciones del mega DNU del 20 de diciembre entran inmediatamente en vigor, a menos que el Congreso vote contra, mientras otras requieren la acción de la legislatura para implementarlas. El eje central de la Ley Ómnibus es aprobar por adelantado al mega DNU y luego otorgar dos años de poder legislativo de emergencia al ejecutivo, con la opción de prorrogarlos por otros 2 años a decisión … del presidente. Este proyecto para un presidente-monarca y la abdicación por el Congreso de sus facultades constitucionales fue demasiado incluso para sectores de derechas, que perderían así toda influencia en el acontecer político del país. En consecuencia, Milei, cuyos partidarios ocupan sólo 40 de los 257 escaños en la Cámara de Diputados, tuvo que negociar con la “oposición dialoguista”.

El resultado provisional, en vísperas del paro nacional del 24 de enero, es que la “vacación” congresal sería de un año, y su prolongación dependería de la decisión del Congreso mismo. Varias medidas del megadecreto todavía precisarían la discusión y aprobación legislativa. Aun así, la adopción de la Ley Ómnibus, que podría llevarse a cabo en cualquier momento, asestaría un golpe tremendo a los derechos e intereses de los trabajadores. Así:

• Confiscaría el fondo de jubilación para el tesoro nacional al mismo tiempo que establecería que cualquier aumento de las pensiones de jubilación se determine por decreto ejecutivo.
• Elevaría las penas por obstaculizar el normal funcionamiento del transporte o los servicios públicos permitiendo penas efectivas de prisión por protestar.
• Ampliaría el derecho de “legítima defensa” de la policía y autorizaría explícitamente disparar por la espalda a un “sospechoso” que huye.
• Otorgaría al ejecutivo el poder de negociar concesiones de recursos –como el litio y el petróleo– sin necesidad de la aprobación de los gobiernos locales y estatales.
• La conversión de empresas del estado en sociedades anónimas procede, incluyendo la privatización de Aerolíneas Argentinas.
• Y, por supuesto, la “reforma” laboral para debilitar al máximo a los sindicatos va adelante.

La lógica de la Ley Ómnibus adelgazada es que los parlamentarios darían a Milei un año para realizar el trabajo sucio antes de que vuelvan al habitual cambalache parlamentario. De encontrar resistencia en las salas legislativas, no es de descartar que el “libertario” que ambiciona acumular y utilizar todos los recursos del estado contra el movimiento obrero, recurra a un plebiscito, típica maniobra seudodemocrática de gobernantes bonapartistas. Sin embargo, un plebiscito no tiene carácter legal vinculante, y dado el alcance de su programa de irrestricto poder ejecutivo, podría requerir un autogolpe para realizarlo, como el de 1992 en Perú por parte de Alberto Fujimori, otro “outsider” político cuyo programa de derecha dura chocó con su debilidad en el Congreso. Pero para eso, el aparato represivo argentino se queda corto.

Paro del 24 de enero: formar coordinadoras interfabriles

Muchos de los contingentes quedaron atascados en calles aledañas, sin poder llegar al punto de concentración en la Plaza de los Dos Congresos. Aquí las dos CTA en la Avenida de Mayo. (Foto: Marcelo Endelli / Getty Images)

Si bien la cúpula de la CGT mantenía la esperanza de una negociación con el gobierno y una intervención judicial, la publicación de la Ley Ómnibus la convenció de que sería necesaria una demostración de fuerza. Así el 28 de diciembre la dirección de la CGT anunció un paro nacional activo con una concentración frente al Congreso para el 24 de enero. Será el paro general más temprano contra un nuevo gobierno, pero forma parte de una política de presión. Coincide con la convocatoria de las sesiones de urgencia del Congreso, y mientras el cosecretario general de la CGT Héctor Daer habla de que, “si votan a favor [de la Ley Ómnibus] los diputados no podrán caminar por la calle,” desde la conducción cegetista se filtra que “lo que esperan es que la medida de fuerza habilite una mesa de diálogo con la Casa Rosada” (Clarín, 22 de enero).

La izquierda se ha limitado en gran medida a llamar a la burocracia sindical peronista a la acción. La mayoría de los partidos del FIT-U se movilizaron en la protesta de la CGT el día 27 de diciembre bajo consignas que pedían a la dirección de la CGT que convoque un paro nacional con “plan de lucha”. Pues bien, la CGT se ha adelantado y ha convocado un paro nacional activo, con concentración en el Congreso. ¿Y ahora qué? La primera reacción del PTS fue llamar a acompañar la huelga con asambleas en los lugares de trabajo para discutir cómo hacer que la protesta del día fuera lo más grande posible.7 La segunda reacción fue atribuirse la autoría del impulso para el paro, como expresó la declaración del 6 de enero de la Mesa del Plenario del Sindicalismo Combativo:

“Los dirigentes de la CGT tuvieron que convocar al paro general para el 24 de enero con movilización a Congreso, presionados por la bronca y después de las marchas del 20 de diciembre a Plaza de Mayo, que convocamos el sindicalismo combativo, el movimiento piquetero, organizaciones sociales, de derechos humanos, de mujeres, ambientalistas y la izquierda.”8

¡Qué autoelogio tan descarado como desorientador! Aunque la conducción cegetista sin duda fue influenciada por el ánimo de lucha que se evidenció en la más bien débil protesta de la izquierda del 20D, los mucho mayores cacerolazos semi espontáneos de la misma noche con la participación de sectores peronistas, y la movilización a Tribunales del 27D convocada por la misma Confederación, esta autocongratulación pasa por alto el hecho de que la cúpula sindical engarzada al movimiento peronista burgués tiene sus propios motivos por llamar a la movilización, y que es la política de estos “lugartenientes laborales de la clase capitalista” la que predomina, al menos hasta ahora. Esa izquierda confunde, en la famosa frase de Bismarck, quién es el caballo y quién el jinete en esta “alianza” en la que los peronistas tienen las riendas.

Los contingentes de la columna “independiente” de la izquierda en el segundo bloque frente al Congreso en el paro nacional del 24 de enero. Llamar a la CGT que convocara una acción concreta, un paro nacional, es una cosa. Pedirle a esta burocracia empedernida, maniatada al movimiento peronista burgués, que formulara un “plan de lucha” es brindarle apoyo político, sobre todo a sabiendas que ella rehusará a toda costa enfrentarse con el sistema capitalista.   (Foto: Izquierda Diario)

Para revertir la situación será necesario que los marxistas revolucionarios –trotskistas-leninistas– combatan políticamente contra la burocracia pro capitalista sobre la base de un programa de transición que apunte en dirección de la lucha por la revolución socialista. Y es precisamente esto lo que no hacen los varios grupos seudotrotskistas. Por ejemplo, en la declaración del Plenario del Sindicalismo Combativo, arriba citada, la principal consigna es: “Movilicemos a Congreso y en todo el país, de forma independiente de la burocracia para reclamar un Plan de Lucha para derrotar el plan motosierra de Milei”. “Independientes” a la cola de la burocracia. La misma idea es repetida por todos los componentes del Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad:

• Partido Obrero: “Vamos por un plan de lucha después del paro nacional hasta tirar abajo este ajuste” (19 de enero).
• Izquierda Socialista: “Coordinación sindical combativa y de izquierda paran y marchan el 24 por un plan de lucha” (17 de enero).

Reclamar a la CGT un plan de lucha es absurdo: ya lo tiene, y consiste en presionar a la oposición peronista.

En el Plenario Conjunto realizado el 17 de enero por el sindicato docente ADEMYS y el Plenario del Sindicalismo Combativo, representantes del MST repitieron que el paro nacional fue “arrancado” a la burocracia sindical. Casi nadie discrepó de esta afirmación. Sólo Marcelo Ramal, de Política Obrera, advirtió de la clara intención de la CGT de utilizar el Paro Nacional como una mera herramienta de presión política parlamentaria y de contener a la clase obrera dentro de estos canales. También planteó la consigna de promover coordinadoras interfabriles en el camino hacia la huelga general. Su intervención fue la única que no recibió aplausos en el plenario, lo que demuestra la profundidad de las ilusiones de los demás en la política de presión sobre los peronistas. Pero incluso lanzar la consigna de una huelga general es insuficiente: hay que preparar la lucha por la revolución socialista.

Llama la atención que casi nadie en la izquierda presente un programa de reivindicaciones transicionales en su propaganda en torno al paro del día 24 (y en las protestas anteriores). Cuando mucho, exigen clausulas gatillo en los contratos de trabajo para compensar por las pérdidas salariales debidas a la inflación galopante. Enfocan la lucha contra el plan Motosierra de Milei como si fuera otro paritario más. Pero con Milei no habrá negociación. No hay mención de la formación de grupos de defensa obrera, que serán imprescindibles frente a la represión contra huelgas “no autorizadas” y la determinación de encarcelar a piqueteros. Ni una palabra tampoco sobre imponer el control obrero, en particular en el sector transporte, donde son previsibles luchas en torno a alzas de tarifas, o en las empresas, como YPF o Aerolíneas, agendadas para la privatización.

Cuando se habla de ocupaciones de fábricas, se refieren empresas en quiebra. Eso sólo sería una medida para pedir subsidios del gobierno, cuando para derrotar los planes rompesindicatos del gobierno habría que movilizar la fuerza del movimiento obrero para ocupar las empresas rentables. Y supongamos que la CGT lanzara una huelga general contra el gobierno de Milei, como lo hizo parcialmente en los años 80 con una serie de poderosas huelgas generales en contra del gobierno de Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical. El resultado, en aquel entonces, fue la victoria del peronista Menem, quien llegó con su apoyo con una plataforma que prometía el no pago de la deuda, para luego darles la espalda y lanzar la orgía de privatizaciones, desregulación y especulación financiera de los 90 por la que Argentina todavía está pagando hoy.

La agonizante decadencia de Argentina es inseparable de la decadencia de la clase capitalista que la gobierna y de la putrefacción del sistema imperialista a escala mundial. Esto implica luchar en contra del yugo imperialista ejemplificado por los interminables planes de ajuste del Fondo Monetario Internacional, y el plan de Milei de dolarización plena, que llevará a la ruina a grandes sectores de la economía argentina. Pero cabe preguntar ¿cuál es la alternativa? El régimen económico de proteccionismo y subsidios del peronismo está agotado. Como escribimos sobre las elecciones de noviembre pasado, aún si Massa hubiera ganado, él también habría impuesto una austeridad brutal. La única alternativa real al colapso económico de Argentina es luchar por un gobierno obrero y la revolución socialista internacional.

Hoy, ante el entusiasmo de Milei a favor de Israel en medio de su guerra genocida, junto con los Estados Unidos, contra la población árabe palestina de Gaza, algunos en la izquierda tachan a su gobierno de sionista. Sin embargo pasan por alto su alianza con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, títere del imperialismo de EE.UU. y la OTAN, quien fue invitado de honor en la toma de posesión de Milei, y se rehúsan a defender a Rusia contra la guerra subsidiaria imperialista en torno a Ucrania que apunta a una Tercera Guerra Mundial cuyo objetivo final es fomentar la contrarrevolución para destruir al estado obrero deformado chino. De hecho, lejos de defender a China y Rusia frente a la arremetida unida de todas potencias imperialistas, la mayor parte de la izquierda trotskoide en Argentina, particularmente los herederos del seudotrotskista Nahuel Moreno, están en la misma trinchera que el imperialismo yanqui … y Javier Milei.

La Liga por la IV Internacional subraya que para dirigir una lucha clasista en contra de los planes hambreadores y rompesindicatos del actual gobierno capitalista con tintes bonapartistas, al igual que contra sus antecesores peronistas, la tarea principal es forjar un auténtico partido trotskista que luche en contra del capitalismo en toda la línea, como parte de una IV Internacional reforjada sobre la base del programa internacionalista proletario de los Bolcheviques de Vladimir Lenin. ■