Argentina: vendetta judicial contra militantes de izquierda

¡Anular los cargos contra
César Arakaki y Daniel Ruiz!

El día 8 de noviembre, un tribunal en Buenos Aires dictó sentencias de prisión  efectiva de 40 meses para César Arakaki, militante del Partido Obrero, y 36 meses para Daniel Ruiz del Partido Socialista de los Trabajadores. El juez les declaró culpables de “intimidación pública” y “atentado contra la autoridad” agravado por haber sido realizado, supuestamente, a mano armada y por una reunión de más de tres personas. En realidad, los dos participaron en una protesta de miles en contra de la “reforma” de las jubilaciones que fue agredida por la policía bonaerense.

El hecho que el policía que había originado la querella se retiró del proceso por inconsistencias en la acusación no les importó nada al fiscal y al juez. Tampoco se presentó evidencia alguna de que los inculpados hayan agredido a nadie. Para la burguesía, alguien tenía que pagar por la resistencia masiva a los planes antiobreros dictados por el FMI. El propósito del fallo atroz es de ilegalizar toda protesta.

Lo absurdo del veredicto es que se trata de conceptos jurídicos que ni siquiera existen en muchos países. Forman parte del Código Penal que data de 1921, de la época de la “Patagonia rebelde,” cuando trabajadores rurales de la región fueron sometido a ejecuciones sumarias por haber recurrido a la huelga, con un saldo de unos 1,500 huelguistas fusilados. La “justicia” clasista de los tribunales capitalistas sigue incólume un siglo después.

El movimiento obrero argentino debería haberse movilizado para exigir la anulación de los cargos contra Arakaki y Ruiz. Sin embargo, la realidad bochornosa es que, aunque los eventos se produjeron en medio de un paro general de 24 horas decretado por la CGT, ninguna central sindical siquiera se pronunció en defensa de los dos militantes perseguidos, ni mucho menos llamó a un paro para exigir su absolución. Los sindicatos deben actuar ahora mientras el caso sigue en apelación, y una nueva “reforma” antiobrera, la laboral, está en trámite.

Reproducimos a continuación la nota que publicamos en febrero de 2021.

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El lunes 8 de febrero reiniciaron en Buenos Aires las audiencias del juicio en contra de los militantes de izquierda argentinos César Arakaki y Daniel Ruiz. Se trata del más reciente episodio de una vendetta judicial que ha continuado desde diciembre de 2017, cuando la burguesía argentina buscó chivos expiatorios para justificar la sangrienta represión de una masiva protesta contra la antiobrera “reforma previsional” (de jubilaciones y pensiones) dictada por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Más de tres años después, continúa la embestida policíaco-judicial, que busca sentar un ominoso precedente, criminalizar la protesta e intimidar a aquellos que se atrevan a protestar en contra de los planes hambreadores de la burguesía argentina y sus padrinos imperialistas. Todos los defensores de los derechos democráticos deben exigir que se anulen los cargos, ¡ya!

Arakaki y Ruiz son dos de los varios militantes de izquierda que han sido sujetos a persecución y proceso judicial tras la brutal represión policíaca de la manifestación del 18 de diciembre de 2017. Ese día confluyeron en la plaza de los Dos Congresos en Buenos Aires unos 300 mil manifestantes para protestar en contra de las medidas hambreadoras con las que el entonces presidente Mauricio Macri pretendía terminar su cuatrienio. La reforma que reemplazó el ajuste automático de las jubilaciones con una fórmula complicada, resultó en un recorte de unos 5 mil millones de dólares y la pérdida de hasta 20 por ciento de los haberes de los pensionados.

Mientras dentro de la cámara los diputados debatían sobre las diversas fórmulas para elevar la edad de retiro para trabajadores y trabajadoras y reducir brutalmente sus pensiones, la policía arremetió con saña contra los manifestantes. Tanquetas con cañones de agua pretendieron barrer a los manifestantes de la plaza. Detrás, gendarmes y policías antimotines disparaban sus carabinas con balas de goma. En una clara emulación del actuar de sus colegas chilenos del cuerpo de Carabineros, disparaban a los manifestantes directamente al rostro, dejando a decenas de heridos de gravedad.

En un giro verbal que recuerda la “neolengua” de George Orwell, los trabajadores y militantes de izquierda que fueron blanco de esta brutal represión policíaca son acusados de “intimidación pública” (¡!). Para asegurarse de que las próximas medidas hambreadoras y rompesindicatos de la patronal pasen sin ninguna resistencia, la burguesía exige en bloque que se castigue ejemplarmente a militantes de organizaciones de izquierda.

César Arakaki es un actor y milita en el Partido Obrero (PO), mientras Daniel Ruiz es un sindicalista petrolero y militante del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU). Las dos organizaciones se reivindican del trotskismo. Además de intimidación pública, Arakaki y Ruiz enfrentan las acusaciones de atentado a la autoridad y lesiones a un oficial de la policía – a pesar de que, según se informa, el policía se ha retirado de la querella (Prensa Obrera, 11 de febrero). De ser hallados culpables, podrían pasar años en prisión.

El 12 de septiembre de 2018, Daniel Ruiz fue arrestado en Uruguay y entregado a la “justicia” argentina, que lo recluyó trece meses en “prisión preventiva” en una cárcel de máxima seguridad hasta que un tribunal ordenó que enfrentara su juicio en libertad. Por su parte, César Arakaki fue encarcelado en enero de 2018, pero luego fue liberado tras una serie de masivas movilizaciones en contra de la farsa judicial en su contra. Otro militante, Sebastián Romero, del PSTU, se encuentra en arresto domiciliario a la espera de que comience su juicio. Exigimos la liberación de Romero y la anulación de las imputaciones en su contra.

La arremetida represiva de la policía permitió que en diciembre de 2017 el Congreso argentino aprobara la iniciativa macrista. Para conseguir la mayoría, Macri contó con el apoyo de diputados del Partido Justicialista, el partido del actual presidente Alberto Fernández y de su vice, Cristina Fernández de Kirchner. Aunque hicieron campaña contra la reforma previsional de Macri, ahora el nuevo gobierno kirchnerista ha retomado el empeño de Macri de atacar las jubilaciones, otra vez siguiendo las directrices de los tiburones financieros del FMI, que como siempre exigen “reformas estructurales”, para refinanciar la deuda contratada por Macri.

En medio de la devastación de las crisis económica, social y sanitaria que ejemplifican la bancarrota del sistema capitalista a nivel mundial, la solidaridad proletaria internacional forma parte imprescindible de la lucha revolucionaria Al exigir la total e inmediata anulación de los cargos contra Arakaki, Ruiz y Romero, la Liga por la IV Internacional y su sección mexicana, el Grupo Internacionalista, decimos: ¡Un golpe contra uno es un golpe contra todos! ■