marzo de 2024
Grupo
Centauro de la policia estatal de Guerrero ejecuta al
normalista Yanqui Kothan Gomez
Es el
estado capitalista :
La guerra contra los normalistas
de Ayotzinapa continúa
¡Movilización clasista contra la represión burguesa!
Contingente del Grupo Internacionalista en la marcha del 2 de octubre de 2024, conmemorando la masacre de los estudiantes en Tlaltelolco (1968) y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa (2014). (Foto: Revolución Permanente)
La noche del 7 de marzo el grupo Centauro de la policía estatal de Guerrero ejecutó al normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta en la ciudad de Tixtla. Yanqui y dos de sus compañeros habían salido momentáneamente de la celebración organizada por la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en celebración del 98 aniversario de la fundación de dicha escuela para comprar cigarros. Cuando pretendían volver, y sin mediar palabra, policías del grupo Centauro abrieron fuego contra la camioneta en que se transportaban. Yanqui murió en la escena con un balazo en la cabeza. Sus dos acompañantes fueron detenidos, uno por el ejército y otro por la policía, y se les mantuvo incomunicados durante más de diez horas, durante las cuales fueron torturados para que “confesaran” que ellos habían iniciado una agresión a tiros contra la policía.
El asesinato de Yanqui y la detención y tortura de sus compañeros sobrevivientes es parte del hostigamiento policíaco y militar que se cierne sobre las movilizaciones de los normalistas de Ayotzinapa (y de muchas otras escuelas normales rurales en el país). Antes de que comenzara el baile para celebrar el aniversario de la Normal, un piquete de la Guardia Nacional ya había amenazado a los normalistas. La propia ejecución de Yanqui forma parte integral de este contexto de hostigamiento. Apenas un día antes, Yanqui había participado en una protesta en el Palacio Nacional en la capital en apoyo a los padres de los normalistas de Ayotzinapa que siguen bregando para encontrar a sus hijos, desaparecidos por el estado burgués la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, hace ya casi diez años.
Inmediatamente después de la ejecución de Yanqui el estado burgués comenzó una torpe operación de encubrimiento. Con una grúa, la policía se llevó la camioneta en la que aún yacía el cadáver de Yanqui hacia el corralón municipal. Como señaló la propia FECSM en un comunicado publicado el 8 de marzo, es obvio que los policías pretendían desaparecer el cuerpo del normalista asesinado, junto con cualesquiera pruebas de su responsabilidad en el asesinato.
Debe quedar claro que no se trató de una operación realizada por unos policías “fuera de control”: se trata, al contrario, del funcionamiento ordinario del aparato estatal capitalista en Guerrero. Apenas unas horas después de la ejecución, el secretario de seguridad pública del estado de Guerrero, Rolando Solano Rivera, y el secretario general de gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, publicaron un comunicado en el que acusaban a Yanqui de haber disparado contra los policías que habrían detenido a los normalistas en un retén al identificar como supuestamente robada la camioneta en que se transportaban. Como en tantos otros casos, se pretendía construir una “verdad histórica”, es decir, una completa falsedad, para justificar la represión sostenida durante décadas contra los normalistas rurales y para asegurar a todos que esta situación no va a cambiar.
La mentira de los funcionarios guerrerenses fue tomada como moneda de buena ley por Andrés Manuel López Obrador, quien en su mañanera del 8 de marzo respaldó la versión de la policía estatal que aseguraba que los “muchachos disparan y responden los policías”. Tres días después, el 11 de marzo, AMLO tuvo que admitir que “el joven no disparó”, que “hubo abuso de autoridad”. Aún así, reiteró que seguirá dando pleno apoyo a Evelyn Salgado, gobernadora de la entidad, responsable en último término del intento de encubrimiento del asesinato de Yanqui.
No hay nada nuevo bajo el sol. La ejecución de Yanqui es apenas el más reciente capítulo de una historia de represión sistemática contra los explotados y oprimidos en uno de los estados más pobres del país, uno con una presencia indígena significativa y, sobre todo, sede de dos de los levantamientos guerrilleros izquierdistas más importantes del país en los años 1960 y 1970: los encabezados por los profesores rurales Genaro Vázquez y Lucio Cabañas en las regiones de la Montaña y la Costa Grande, respectivamente. Estos levantamientos fueron combatidos con una brutal guerra sucia que sembró el terror en las comunidades campesinas de municipios como Atoyac de Álvarez, con la desaparición de cientos de personas y con la realización de los infames “vuelos de la muerte” que despegaban desde la base de la Fuerza Aérea ubicada en Pie de la Cuesta, en Acapulco.
En septiembre de 2014, el espantoso crimen contra los estudiantes de Ayotzinapa se volvió un símbolo tristemente célebre a escala internacional de la carnicería que se ha vivido en en el estado de Guerrero, desde hace décadas. La desaparición de 43 normalistas y el asesinato de 7 personas más (entre las cuales había 4 normalistas que fueron torturados, como Julio César Mondragón, quien al día siguiente fue encontrado con el rostro desollado a un costado de la carretera), desencadenó una serie de movilizaciones en todo el país en las que miles de personas salieron a las calles al grito de “¡fue el estado!”
El que las masacres de este tipo ocurran regularmente en México desde mucho tiempo antes es una de las características del capitalismo semicolonial de este país. Cuando los mecanismos corporativistas no son suficientes para mantener el descontento plebeyo a raya, los capitalistas mexicanos, al servicio de sus amos imperialistas, no han dudado en recurrir a la represión más brutal y sangrienta. De hecho, la policía del estado de Guerrero y sus “cuerpos de élite” adquirieron su forma actual durante la Guerra Sucia y, por ello, actúan a sus anchas con plena impunidad. La presencia de los grupos “criminales” vinculados al narco es también producto de la Guerra Sucia: la Dirección Federal de Seguridad y el Ejército crearon una base de apoyo contrainsurgente permitiendo que campesinos se enriquecieran mediante el cultivo y comercialización de mariguana y amapola.
Como en el caso de los 43 de Ayotzinapa, la ejecución de Yanqui forma parte de la guerra contra las normales rurales que con tanto ahínco libraron los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y que ahora continúa el de la supuesta “Cuarta Transformación” del populista burgués López Obrador y su Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Como hemos señalado, las normales rurales siguen bajo asedio de una burguesía nacional que pretende deshacerse de ellas por ser “nidos de guerrilleros”, en palabras de la infame asesina de maestros disidentes Elba Esther Gordillo. Gobernadores de Morena como Rutilio Escandón en Chiapas y Evelyn Salgado en Guerrero se han ganado su lugar en la historia como represores de normalistas. No por casualidad, tras las protestas, Evelyn Salgado nombró como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública a otro militar, el general brigadier Gabriel Zamudio López, en sustitución de Jesús Castro Gutiérrez, “formadora de policías” entrenada en la International Association of Chiefs of Police, la asociación de los expertos en represión racista de Estados Unidos.
Diversas protestas de normalistas y de docentes agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han exigido el “esclarecimiento de los hechos” y “castigo a los culpables”. Su principal objetivo, sin embargo, ha sido ejercer presión sobre los gobiernos de Morena en Guerrero y a nivel federal para entablar “mesas de diálogo” con la gobernadora Salgado y el presidente López Obrador. La manera de enfrentar el poder asesino del estado capitalista no consiste en tener charlas con los jefes políticos de ese mismo estado sanguinario. Contra la represión burguesa los ruegos al estado no sirven de nada. Lo que hace falta es movilizar un poder mayor que el del estado capitalista, a saber, el poder de la clase obrera, que así que hace que todos los engranes del sistema se muevan, puede también pararlos en seco para detener la represión. Los trabajadores de la educación pueden jugar un papel clave en la extensión de una genuina lucha de clase contra la represión, a condición de que la libren con la más completa independencia con respecto al estado, pero también con respecto a los partidos y políticos burgueses. PRI, PAN, PRD, Morena, MC, etc., han dejado claro hasta la saciedad que son todos represores, y todos asesinos de normalistas.
Como hemos dicho, “En Guerrero, la guerra sucia nunca terminó” (Revolución Permanente, febrero de 2015). Y no terminará mientras la burguesía siga al mando. Hace falta luchar por un gobierno obrero y campesino que extienda internacionalmente la revolución socialista. Para ello, hace falta forjar un partido obrero revolucionario, basado en la perspectiva teórico-programática de la revolución permanente de Trotsky. Sólo la revolución socialista podrá hacer justicia a las víctimas de décadas de represión capitalista. ■